CiU logra lo inesperado: La Diputación de Barcelona

Esta semana en el pleno del Senado hemos felicitado a los catalanes del Grupo CIU. Su portavoz Jordi Vilajoana, estaba exultante. Y nos decía: “Hace siete años no teníamos nada, pero es que nada de nada. Ni un sitio donde caernos muertos que es además lo que quería el tripartito del PSC, ERC e ICV. Y hoy lo tenemos todo. Para que veáis lo que es la política”.

“La gente se cansa de experimentos y eso va a pasar con Bildu, continuaba. Si mantenéis bien el tipo las aguas volverán a su cauce. Pero lo que más nos ha extrañado ha sido lograr la Diputación de Barcelona. El ayuntamiento era posible, pero no la Diputación y ésta es una plataforma de poder extraordinaria. Estamos que flipamos”.

El mapa resultante de las elecciones del domingo 22 ha dado la vuelta al reparto de fuerzas en la Diputación de Barcelona. El organismo provincial, gran desconocido para muchos ciudadanos, tiene una enorme potencia en medios humanos, materiales y económicos. Para todo aquel que quiera administrar recursos públicos es un caramelo. Y, no menos importante, quien lo controla tiene en sus manos un instrumento de considerable influencia territorial.

CiU ha logrado la mayoría, aunque necesitará pactos para gobernar. De los 17 diputados con que partía, ha subido a 20 -la absoluta está en 26- superando al PSC, que de 24 ha bajado a 19. El PP ha obtenido seis (antes tenía cuatro), ICV-EUiA cuatro (los mismos que en el anterior mandato) y ERC dos (también se queda igual). Sólo en las primeras elecciones, las de 1979, CiU había vencido al PSC (19 a 17). Aquel año se formó un gobierno de unidad encabezado por Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat provisional. Un año después, accedió al cargo Francesc Martí Jusmet, fruto de un acuerdo PSC-PSUC. Desde entonces, la entidad siempre ha estado controlada por la izquierda.

Los responsables de CiU no contaban con ganar en la Diputación y los del PSC con perderla. Una cosa era un vuelco en el Ayuntamiento de Barcelona, posible según indicaban las encuestas desde hacía meses, pero otra muy distinta reproducir el vuelco en el ente provincial. Para ello, el 22-M la federación nacionalista debía imponerse en la mayoría de partidos judiciales, las unidades territoriales que sirven de base para la elección de los diputados. Y lo hizo.

Materializado este cambio -la constitución de la Diputación se hará después de la de los ayuntamientos del 11 de junio- toca pactar su gobierno. En los últimos mandatos lo aseguraban PSC, ICV-EUiA y ERC. Ahora, hay varios escenarios. Desde un acuerdo CiU-PP, que algunas fuentes ven como el más posible, hasta la sociovergencia, una opción que no puede descartarse. Todo podría depender de si el órgano provincial forma parte de una negociación más amplia que incluya ayuntamientos con mayorías aún abiertas. Lo que parece claro es el que su próximo presidente, que sustituirá al socialista Antoni Fogué, será de CiU.

En cualquier caso, nadie quiere renunciar a gestionar esta entidad. Con un presupuesto consolidado para este año de 661,8 millones de euros (un 6,5% menos que el 2010), despliega, pese a la crisis, una ingente cantidad de fondos en cooperación con los ayuntamientos. Allá donde estos no llegan solos pueden hacerlo con su ayuda. Para ello hay un plan de concertación mediante el que se apoyan inversiones en infraestructuras, equipamientos, servicios y actividades en prácticamente todos los ámbitos, entre otros, bienestar social, cultura, educación, deportes, comercio, desarrollo económico, salud, consumo, medio ambiente, espacios naturales, urbanismo o vivienda.

La Diputación cuenta con una plantilla de 3.980 personas, de las que 1.031 son de organismos autónomos. El gasto de personal asciende a 260,9 millones de euros, el 38,4% del total del presupuesto. A pesar de este volumen, los últimos años el número de trabajadores se ha reducido (en un 15% desde el 2005). Las retribuciones de su presidente -si tiene dedicación exclusiva- asciende a 9.184 euros al mes, una cantidad superior a la del alcalde de Barcelona. Los diputados con cargos ejecutivos rozan los 7.000 euros. La voluntad de CiU y del PP es adelgazar esa institución, en estructura y en empleados. Actualmente está dotada de doce áreas, además de la presidencia, cada una con una laberíntica organización de gerencias, oficinas y servicios repletos de cargos. Y sus brazos se extienden mucho más allá, mediante entidades con personalidad propia de lo más variadas, entre las que están el Instituí del Teatre, el Consorci de Comunicació Local o el Patronat d’Apostes.

No me extraña que Vilajoana nos dijera lo que nos dijo. Paciencia, siete años de travesía del desierto y ver como la ciudadanía catalana se da cuenta que el cambio está muy bien, pero es mejor que las aguas vuelvan a su cauce. Y volverán a nada que trabajemos y lo hagamos bien.

El Parlamento Catalán apoya la consulta independentista de Barcelona y el Derecho de Autodeterminación

La aprobación del reconocimiento del derecho de autodeterminación en el Parlamento Vasco en su día fue todo un escándalo político que puso en alerta a más de uno. La misma fue aprobada ésta semana en el parlamento catalán, con apoyo de CIU,  pero casi ha pasado desapercibido. Hay otros intereses y entre ellos no descalificar a CIU a la que el PSOE y el PP cortejan. Como se ve, todo es relativo.

De todas formas y aunque, de momento, estas cosas no tengan mucho eco, van creando opinión y van quitándole pólvora a la palabra y haciendo normal lo que es normal en democracia: apelar a la voluntad popular. No está mal. Otra cosa será si en algún momento a CIU se le ocurra que el derecho aprobado se quiera ejercitar. Y eso si pondría en alerta al Cuartel General del Ejército y a las cúpulas del PP y PSOE. Pero de momento se va pian pianito.

Ocurrió esta semana en el Parlamento catalán que  proclamó el jueves 10 de marzo que el derecho a la autodeterminación es «irrenunciable» para Cataluña. Fue una moción que aprobaron Convergencia i Unió, Esquerra y Solidaritat Catalana per la Independencia y que sirvió para apoyar la consulta soberanista de Barcelona que se celebrará el 10 de abril. PSC y PP votaron en contra. ICV se abstuvo al considerar que las consultas se han utilizado como un «juego político». Pese al triunfalismo que exhibió el diputado Uriel Bertran, de Solidaritat -que presentó la moción-, la declaración aprobada no aporta más que  las otras tres que el Parlament votó con anterioridad

Pero Bertran quiso ver en el texto un acercamiento de CIU, el grupo mayoritario, a la independencia. La diputada Dolors Batalla (CiU) enfrió sus ánimos: «La moción dice lo que dice, no la interprete. Ha dicho que CiU camina a la independencia; no nos haga decir lo que no decimos y que no pensamos». La federación nacionalista aprobó el texto tras rebajarlo sustancialmente. Aún así, optó en el debate por un perfil bajo. No habló ninguno de sus máximos representantes.

Con sinceridad hay que decir que CiU votó por la autodeterminación porque no va más allá de una simple declaración. Por el mismo motivo se suma a los referendos sin validez legal. Pero el grupo parlamentario ya ha aclarado que no apoyará la ley para proclamar la independencia que está pendiente de votarse en el Parlament. El propio Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió, afeó hace dos semanas a su socio de federación que apoyara la independencia en la calle pero se achicara en la Cámara. Oriol Pujol, presidente del grupo parlamentario de CiU, justificó en una entrevista a Catalunya Radio el miércoles esta ambigüedad. Aseguró que, pese a que la mayoría de diputados de CIU aspiran a la independencia, su grupo prefiere optar por las «cartas ganadoras».

Lo llamativo es que aquí, al pobre Juan José Ibarretxe le machacaron por algo menos contundente. Veremos si Sortu es legalizada, y ETA desaparece. Esto se va a animar.