No quiero una Euskadi con prisiones y prisioneros

Los artículos 10 y 12 del vigente Estatuto de Autonomía de Gernika recogen la competencia exclusiva de Euskadi en materia de prisiones, que ahora, de prosperar las negociaciones entre el PP y el Partido Nacionalista Vasco de cara a los presupuestos generales del Estado 2018, podría pasar, por fin, a ser gestionada por el Gobierno de Lakua. Catalunya tiene ese poder desde 1984. Con el descaro inherente a una recién llegada, la nueva secretaria del Partido Popular del País Vasco, Amaya Fernández, declaró hace poco, sobre la trasferencia de las prisiones, que «Euskadi también puede y debe gestionar esta competencia, pero las cosas no son de hoy para mañana, y una de las condiciones esenciales para asumirla es la disolución de ETA». ¡38 años después! Los campeones de la legalidad, quienes piden a los catalanes el cumplimiento de las leyes, se burlan de ellas y, además, sabiendo de su calculada omisión, te dicen, sin ironías, que hay que ir poco a poco. Todos los gobiernos españoles, de Suarez a Rajoy, pasando por González, Aznar y Zapatero, sistematizaron la desobediencia a una norma con rango de ley orgánica. ¿Por qué? Porque convenía. El pretexto, ya lo sabemos, era y es ETA.

Vamos a creernos que, esta vez sí, Madrid entregará a Euskadi la administración de las cárceles. No quisiera restar satisfacción por este hecho; pero no me parece a mí que tengamos que tomarnos el traspaso con mucho entusiasmo. La “organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria”, según recoge el artículo 10.14 de nuestro Estatuto, no implica que tengamos en nuestras manos la política penitenciaria, es decir, la capacidad de decidir la libertad o el modo de cumplimiento de las condenas de los reclusos, porque esa potestad recae en los jueces encargados, cuando no la ejerce directamente el Ministerio de Interior con su proverbial sentido de la separación de poderes y su férreo control del sistema judicial. No nos engañemos, lo que regiremos será el orden de las cárceles. Por así decirlo, ahora nosotros seremos los carceleros.

Disponer de la competencia de las prisiones tendrá una incidencia menor de la que creemos en el proceso de paz y convivencia en el que estamos desde el fin de ETA. ¿Nos permitirá excarcelar a los presos enfermos? ¿Será posible trasladarlos de prisiones españolas a alguna de las disponibles aquí? ¿Tendremos capacidad para cambiar o mejorar el régimen de cumplimiento de las penas impuestas? Y en todo caso, ¿están nuestras cárceles, en cuanto a instalaciones, disponibilidad de medios, cualificación del personal y programas de reinserción a la altura de una sociedad ética y democrática como la vasca, sensibilizada tras tantos años de abusos del Estado, que no concibe la privación de libertad como venganza sino como instrumento de reintegración social?

No hay paz con prisioneros

Si la competencia de prisiones se materializa, y derivado de la aceptación por los presos de ETA de las condiciones legales para su excarcelación y reinserción, es previsible que en poco tiempo la mayoría de ellos, sino todos, podrían ser trasladados a penitenciarias vascas. Será por acuerdo político. El hecho es relevante, más que como símbolo, como una posibilidad de intervenir positivamente en la normalización de la convivencia y dejar atrás el recuerdo del terror y sus efectos sociales y emocionales. ¿Cómo elaborar un relato veraz y completo del pasado con la circunstancia latente de varios cientos de hombres y mujeres encarcelados? Los prisioneros son una anomalía de presente y futuro. Son una excepción absoluta. Sería deseable que lo antes posible diésemos por terminado su castigo, por doloroso que resulte para las víctimas y especialmente extraño para aquellas que mantienen activo su odio. Todo tiempo de violencia prescribe con el olvido.

No deberíamos tener prisioneros de naturaleza política porque, a pesar del daño causado durante décadas, la dictadura y la Transición, primero, y, después, el terrorismo de Estado adquirieron una incalculable responsabilidad en que la violencia se prolongara. Creo que la sociedad vasca y quizás también la española si dispusiera de un análisis menos condicionado, entenderían que no hay paz plena con prisioneros. Dadas las cosas como están en la política real, no confío demasiado en la acción de las élites dirigentes en esta materia, que seguramente, aun estando de acuerdo en el objetivo de liberar a los militantes de ETA, preferirán hacerlo bajo un sigilo vergonzante, a través de indultos y ventajas diversas, en parte por temor a la reacción de cierta opinión pública y también por lo mal leída que tienen la historia de este país y la de otros que sufrieron sus propios conflictos, como Irlanda del Norte. Si lo quieren así, la excarcelación por la puerta trasera, háganlo; pero conste que la democracia no es un sistema que necesite esconderse para llevar a cabo lo que, valiente y responsablemente, le corresponde hacer.

Mejor sin prisiones

Pero hay más ciudadanos en nuestras cárceles de Basauri, Martutene y Zaballa. Según datos ministeriales, 1.239 entre preventivos y penados, la mitad por delitos de robo, hurto y tráfico de drogas. No estamos tan mal, pero lejos de la situación de los países noreuropeos, cuya población reclusa es muy baja en razón de su reducida tasa de delincuencia. Me gustaría saber cuál es el horizonte del Gobierno vasco en lo referente a las prisiones y las acciones de carácter social, educativo y laboral para los reclusos. Sabemos que, aún sin tener la competencia, interviene en estas políticas y subvenciona a organizaciones humanitarias, como la Fundación Adsis, para el acompañamiento y apoyo de los reclusos tras su puesta en libertad.

La cárcel es el fracaso de la sociedad democrática. Es su frustración, ante la incapacidad de prevenir el delito y promocionar el respeto a las normas y derechos. Si el objetivo de una sociedad utópica es la clausura del modelo carcelario como instrumento de castigo y resocialización, hay que señalar que la erradicación de la pobreza es la política prioritaria. A la pobreza están asociados una gran parte de los delitos que llevan a miles de personas a prisión. E inseparablemente de la lucha contra la pobreza, la educación prepara a las personas para la responsabilidad.

Lo normal es que Euskadi, como sociedad ética, busque modelos de excarcelación de la mayor parte de los presos por delitos de hurto y robo. No conseguimos nada teniendo a toda esa gente metida en prisión. Si queremos cerrar los ojos a la realidad, los apartaremos en esos lugares surrealistas y así seguiremos sin elaborar proyectos preventivos y de reinserción. No deberíamos tener ni el 50% de los presos actuales. 

A estos presos, los llamados comunes, hay que sumar los reclusos enfermos mentales, cuyos delitos están vinculados al tráfico de drogas. La cárcel es una fábrica de locos, un lugar donde el que entra sano sale enfermo y el que entra enfermo se agrava. Lo saben los psicólogos que trabajan en estos entornos. Ninguno de ellos tendría que estar en prisión; pero ni siquiera tenemos un derecho definido de salud mental, al igual que existe un derecho a la salud física.

Para los demás, los delincuentes peligrosos -pederastas, violadores, corruptos, asesinos, homicidas- no tenemos solución alternativa a la cárcel. La maldición es que siempre habrá un número reducido de personas irrecuperables. Tres penitenciarias en la CAV son demasiadas. No es bueno ni pertinente tener tantos prisioneros. Y los tenemos porque así hemos creado este sistema de crimen y castigo. Me gustaría que, con la potestad de las cárceles en nuestras manos, hagamos las cosas de tal modo que la privación de libertad sea inútil. Tenemos una democracia cobarde. En Euskadi nos sobra valía, y, sin embargo, nos falta valor.

JOSÉ RAMÓN BLÁZQUEZ

Consultor de comunicación