Catalunya votó el domingo -con 2.262.424 sufragios contados en un referéndum en precario y épico- y sus autoridades se sienten legitimadas para dar un paso sin precedentes en el Estado español: declarar la independencia. No sé qué es peor, si negar la posibilidad de cambio porque no existen precedentes o rechazarla para no crear precedentes. Es lo que ocurre en España, cuyo terror a la evolución es tanto como su adicción a las reformas superficiales, cuya consecuencia es su atraso democrático y social y la eterna vigencia de sus males estructurales. Para empeorarlos, añade el factor de la represión violenta -más de 900 heridos- contra un pueblo pacífico, mostrando así su feroz intransigencia y su vieja calaña franquista. Cada porrazo fue un motivo más para escapar de España.
Tengo para mí que la crisis catalana, sea cual sea su devenir, ha sido providencial y jamás podremos agradecer lo suficiente a la ciudadanía de aquel país su contribución y su esfuerzo por hacer cambiar las cosas. Era necesario. No había otra forma de persuadir al Estado. Había que cuestionar las reglas de juego que, como se ha demostrado, estaban trucadas desde 1978 y aún antes, pues la Constitución nació del fraude la Transición y el franquismo subyacente. Años antes, Euskadi lo intentó por medio del plan del lehendakari Ibarretxe, respaldado por la mayoría del Parlamento vasco, que recibió un estrepitoso portazo en las Cortes. No son las iniciativas audaces las que crean división, sino la ausencia de soluciones y la negación del debate. Si España no se atreve a evolucionar tendrá que hacerse por la vía de la confrontación y a un precio más caro que el de un pacto. Resulta que hay una sociedad movilizada y harta de esperar al camión de la mudanza.
En este contexto de pereza al cambio, que Rajoy dejó patente en la noche del 1 de octubre, hay que inscribir la proposición del lehendakari Urkullu, realizada en su discurso del reciente pleno de política general, en orden de que la mejor salida al “laberinto político territorial” está en el “horizonte del Estado confederal”, en cuyo modelo tendrían cabida la “bilateralidad” y el “reconocimiento de la realidad nacional propia” de Euskadi y por consiguiente “la plurinacionalidad del Estado”. Los conceptos están claros y queda que la mayoría del pueblo español, a rastras con su indolencia y a expensas de sus dirigentes, con más de caciques que de líderes, tengan la talla intelectual requerida para aceptar la validez de estas ideas y se avengan a discutirlas y plasmarlas en un acuerdo.
¿Y qué?
Si España fuese inteligente y quisiera recuperar el afecto de Catalunya tras apalearla, aceptaría la flexible propuesta de cambio. No hay un modelo confederal único, de manera que algunos tipos existentes en Europa y el mundo pueden ser regresivos respecto de la actual situación. Ni tampoco hay un canon federal válido que pueda servirnos de referencia, de lo que se deriva el despiste de Pedro Sánchez y el PSOE a la hora de articular una propuesta concreta. Y cuando estamos hablando de estos asuntos, y Euskadi y Catalunya apremian hacia la innovación, toman la palabra los listos de la clase, profesores de derecho o políticos advertidos, expertos de salón, loros de tertulia, y sueltan el espantajo: “Ningún texto constitucional avala la autodeterminación”, como si lo existente negara la contingencia de lo nuevo o se ignorara que la mayoría de las constituciones tienen sus raíces manchadas de sangre y fueron elaboradas con el detritus generacional y no con la finura de la seda jurídica. Para mayor escarnio, los profetas de la verdad constitucional se jactan de su inmutabilidad señalando que solo Etiopía y el país caribeño de San Cristóbal y Nueves recogen legalmente en sus textos el principio de la independencia. Vamos, que es un producto exótico. Si a Catalunya y Euskadi le impiden una solución a la británica o la canadiense, se verán abocados a hacerlo a lo Kosovo.
No hay precedentes, proclaman con engolado dogmatismo. ¿Y qué? Tampoco existía el voto femenino, ni el matrimonio gay, ni divorcio, ni el derecho a la huelga, ni la cláusula de conciencia y ni siquiera se reconocía el derecho a la vida. Y ahí están. Lo que no existe se inventa, porque solo su imaginación ya determina que puede realizarse. Esta es la razón de la innovación y de todos los procesos de mejora ética y productiva. Lo que no existe se crea, maldita sea, a voluntad e impulso de una mayoría suficiente. Y más que un argumento para seguir estancados es una provocación para que un país se reinvente más allá de la molicie de sus gobernantes.
¿Qué impide a una Constitución recoger el derecho a la separación pactada de una parte del territorio del Estado? Nada, ni la inmanencia, a la que se apela como razón sagrada, lo prexistente, la nación previa. No hay verdad histórica que perdure sino en los mitos. La historia es una escombrera para argumentar una cosa y la contraria. No hay panaceas, ciertamente; pero sí buenas salidas para problemas cuya causa está más en el atraso de una sociedad acomodada en el pastoreo.
¡Viva los confederados!
El primer rasgo del posible Estado confederal es que cada uno de los pueblos, al tiempo que se configuran en una entidad plurinacional, hacen reserva de su soberanía, de modo que, llegado el caso, podrán recabar su independencia bajo unas reglas pactadas. La soberanía propia no cesa nunca, acaso se cede a reserva de ulterior llamada a ejercerla de pleno. La estabilidad del sistema y su operatividad estribarían en que la convivencia común no amenazaría la identidad de los pueblos y que la fórmula confederal garantiza sin tensiones el respeto a la personalidad de Euskadi, Catalunya y demás naciones.
Un segundo rasgo es que las competencias de cada parte y las del Gobierno general, así como las de Bruselas, estén perfectamente tasadas, de manera que quede en desuso el Tribunal Constitucional con su escandalosa parcialidad, uno de los mayores fiascos de la democracia española, malnacida tras la dictadura. En este contexto, a la mayoría independentista catalana le vendría bien un tiempo de debate para convencer al resto de su país y cerrar las heridas abiertas, además de articular un referéndum pactado, con marchamo internacional y preparar su economía y finanzas hacia el nuevo escenario de libertad. No es tan fácil pasar del Sí de ahora, convulso y emocional, a un Sí definitivo, bien pensado.
Ahora bien. ¿Está España preparada para afrontar el debate y acometer una configuración que reconozca el derecho de autodeterminación? No, hoy está muy lejos de una visión democrática avanzada. Rajoy es su patético exponente. Solo hay que ver la pobre cultura política de la masa de votantes del Partido Popular y no pocos del PSOE. Cabe confiar en la teórica apertura intelectual de las bases de Podemos, que constituyen una minoría más indignada con la crisis y sus efectos económicos que un grupo social influyente desde una actitud moderna en lo público, capaz de liquidar los estragos del franquismo y el gran engaño de la Transición. Y se podría atisbar alguna expectativa renovadora en algunos sectores socialistas, pero sus miedos a la disminución electoral les inclinan hacia tibias posiciones.
Si todo lo ocurrido en Catalunya y lo que venga, si todo el sacrificio y el heroísmo catalán no han servido para mover a España de su caduco modelo constitucional, es que nada es posible y procede la solución extrema de la ruptura democrática, moral y políticamente justificada. La próxima vez que alguien nos hable de precedentes, porque no los hay o por el riesgo de crearlos, para impedir la renovación profunda del Estado, habrá que presentar la dimisión como ciudadanos de España y otorgarnos la carta de independencia. ¿Si no tienen imaginación, cómo van a albergar motivos para cambiar?
