Ada Colau reconoce que ha fracasado en su intento de evitar la huelga del metro de Barcelona. No solo eso. Por alguna razón que me abstendré de interpretar, hace públicos los sueldos de los trabajadores. 33.000 euros es la media, de la que tampoco diré ni pío. En la previa, la alcaldesa había solicitado la desconvocatoria del paro que, según su muy docto entender —algo sabe de reivindicaciones y protestas—, es una medida desproporcionada.
¿Y qué hacemos ahora con ella? ¿La arrumbamos de fascista explotadora de la clase obrera o nos liamos a zurriagazos con los señoritos operarios del suburbano que exigen por encima de sus posibilidades? Con lo fácil que sería, ¿verdad?, si el munícipe que pone pie en pared perteneciera a la casta fachuna de rigor. Ahí no cabría la menor duda de que la culpa correspondería en exclusiva a la perversa autoridad, brazo ejecutor del insaciable capital en su sádica carrera precarizadora y laminadora de derechos básicos. O así.
Quizá la enseñanza de todo esto sea, sin embargo, que no hay que venirse muy arriba con el lenguaje panfletero. Ocurre en más de un conflicto (y en más de diez) que las demandas, por justas que sean o lo parezcan, no se pueden satisfacer al cien por ciento. Si tras un número razonable de intentos se sigue en las mismas, suele proceder levantarse de la mesa y reconocer el fracaso, lo cual nos devuelve al principio de estas líneas, pues eso es exactamente lo que ha tenido que hacer, muy a su pesar, Ada Colau. Política real se llama el invento. Aunque descubrirlo y asumirlo supone perder barniz lírico, también es un síntoma de madurez y normalidad.