Se pierde uno en el proceloso mar de la libertad de expresión. Y no será porque de un tiempo a esta parte no llevemos acumulados episodios que abundan en el asunto. Pero según el rato que toque, el chusquero de guardia o, sobre todo, la materia en que se hinque el teclado o se vierta la saliva, estamos ante un sanísimo ejercicio de la democracia o frente a la más abyecta e intolerable de las actitudes.
Tenemos así que desorinarse de risa sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco o el secuestro de Ortega Lara sea un comportamiento libre de cualquier reproche, incluso digno de aplauso, mientras que un autobús naranja con pitos y rajas fletado por unos fachas es una incitación al odio del recopón que debe ser prohibida de raíz. O viceversa, vuelvo a repetir, porque la martingala funciona exactamente al revés: los que reclaman el derecho a hacer chistes homófobos, xenófobos o vomitivamente misóginos luego reclaman pelotón de ejecución para unos tipos que sueltan cuatro mendrugadas sobre los españoles en un programa de ETB.
Les confieso que ni siquiera sé cuál es la vara buena. Me limito a rogar que nos quedemos con una que sirva para todo. Si hay barra libre, que lo sea igual para las mofas de las víctimas del terrorismo que para cualquiera otra de las demasías que he citado. Y si lo que procede es impedir que se difundan mensajes gratuitamente dañinos para este o aquel colectivo, digo lo mismo: trato idéntico para la chanza que pueda ofender a lo tirios y para la que vaya a escocer a los troyanos. Basta ya de la ley del embudo de los campeones mundiales de la superioridad moral. No parece tan difícil.
No hay derecho a amenazar ni a calumniar a nadie. Ahora bien, todas las personas no necesitan un grado extremo de protección de la ley: los menores sí. Y dentro de los menores, los que están en una situación especialmente vulnerable más aún. Eso sí, cuanta más protección se tenga en teoría, menos efectiva suele ser en la práctica.
Menos en las injurias a la Corona: en eso la correlación es absoluta.