Al Gobierno vasco en funciones le correspondía tomar la decisión sobre la paga de navidad de sus empleados y lo ha hecho. Por ese lado, no hay absolutamente nada que objetar. Ha cumplido exactamente con lo que se le estaba pidiendo. ¿Cabe sorprenderse o llamarse a engaño por cómo ha zanjado el asunto? Tampoco. Era de parvulario político que aprovecharía la ocasión para despedirse con un gesto póstumo de magnanimidad que, de paso, se lo pondría un poquito más en chino a los sucesores, gero gerokoak. Para nota, el despiporrante informe jurídico —los hermanos Marx no lo habrían mejorado— en el que se sostiene la resolución. Bien es cierto que esas fintas y contrafintas legaloides, por retorcidas y lisérgicas que sean, obedecen a una causa justa y legítima. Se trataba de derrotar con las mismas armas del derecho a la carta la arbitrariedad inaceptable de bailar a los funcionarios un buen pico de su sueldo. ¿Por qué el mismo ejecutivo tragó hace dos años con el tajazo del 5 por ciento lineal del salario ordenado desde Madrid por José Luis Rodríguez Zapatero? La respuesta está en la misma pregunta.
Este galimatías de la mal llamada paga extra no ha visto todavía su último capítulo. El virrey Carlos Urquijo guarda un as jurídico en la manga. Nadie descarte que dentro de equis, cuando la pasta no sea ni un recuerdo, empiecen a llegar notificaciones exigiendo su devolución. A quienes la hayan percibido, claro, porque esa es otra. Cada una de las administraciones ha tenido que buscar su propia solución más o menos creativa para hacerle un escorzo al gran marrón dejado sobre su tejado por el Gobierno español. Debería hacernos pensar que no haya habido una respuesta única o, por lo menos, mayoritaria. Esta medida no es solamente un sablazo a los bolsillos de quienes tienen una nómina del sector público. También es un gran mordisco a la capacidad de decidir sobre nuestros propios asuntos.