Etiqueta: generalitat

Sin novedad en Catalunya

Cuatro meses y un día desde la aplicación del 155 en Catalunya. También, ejem, desde la declaración —parece que solo con la puntita, por lo piado en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo por sus promotores— de la República Catalana. Y claro, desde la convocatoria de unas elecciones cuyos resultados permanecen en barbecho cuando el implacable calendario señala que se celebraron hace ya diez semanas.

El balance de este revolcón de efemérides es nada entre dos platos. Ni cenamos ni se muere padre, como sentencia el hosco dicho castellano. Estridencia arriba, estridencia abajo, estamos donde estábamos en las jornadas de autos, solo que con unas cuantas personas en la cárcel, otras expatriadas y ni se sabe cuántas emplumadas judicialmente. Que vivamos tal anormalidad como si fuera la más absoluta de las normalidades es un preciso y al tiempo tristísimo retrato de la situación.

¿Ven realmente nervioso al Gobierno español? ¿Notaron algún tembleque en el Borbón supuestamente desairado el otro día en la cosa esa tan crematística de los móviles? ¿Perciben en la cacareada Comunidad Internacional la menor intención de cantarle las cuarenta a Mariano Rajoy? Y lo fundamental: ¿Quién sigue tomando hasta la más pequeña decisión ejecutiva en Catalunya?

Saben las respuestas y, si no se engañan, también tienen los elementos de juicio suficientes para sospechar que va a seguir siendo así. Sí, incluso tras el acuerdo, casi parto de los montes, entre las formaciones soberanistas para investir a Jordi Sánchez y dejar en el limbo a Puigdemont. Quienes lo han alcanzado deberían tener claro que tampoco se lo pasarán.

Rajoy da primero

Empiezo a teclear a las 9 y 7 minutos de la noche del sábado, 21 de octubre, tras la comparecencia del todavía president de la todavía legítima Generalitat, Carles Puigdemont. Un mensaje en el que, como toda respuesta al anuncio del ataque más brutal contra las instituciones propias de Catalunya, apenas se han enhebrado media docena de lamentos y algo parecido a la convocatoria de un pleno del Parlament —amenazado de inminente secuestro— para, ya si eso, ver qué se hace.

Allá quien quiera engañarse. Puigdemont ha dicho exactamente nada. Nada en catalán. Nada en castellano. Nada en inglés. Nada, digo, en comparación con la batería de medidas concretas que, horas antes, había puesto sobre la mesa el Estado español a través del presidente de su gobierno. Destitución del Govern al completo y sustitución de sus miembros por unos administradores de fincas de probada rojigualdez, conversión del Parlament en una cámara de la señorita Pepis, intervención de las cuentas —la pela es la pela, más en Madrid que en Barcelona— y, cómo no, toma al asalto de los medios públicos de comunicación. Un virreinato en toda regla, edulcorado con la promesa de la convocatoria de unas elecciones en las que deben ganar los buenos.

Cabe cualquier reacción menos la sorpresa. Solo desde una ingenuidad estratosférica o desde una ceguera sideral se podía esperar que el primer paso atrás lo diera España. Bastante era que, durante un tiempo que para el ultramonte cañí ha sido una eternidad, Rajoy haya hecho como que hacía de él mismo. Si ha esperado, ha sido para cerciorarse de que le salen las cuentas. Y le salen. ¿Y enfrente?

Generalitat, ¿por qué?

¿Qué gana la Generalitat denunciando como “ayuda de estado ilegal” el acuerdo con el Gobierno español que acaba con la histórica discriminación a las empresas vascas conectadas a la alta tensión? Me lo pregunto desde que en Onda Vasca empezamos a trabajar esta noticia —sí, fuimos nosotros los que la sacamos, aunque luego fuéramos víctimas de la habitual rapiña de la profesión—, y sigo sin encontrar la respuesta. No paso del perro del hortelano, de los amigos que hacen innecesarios los enemigos, del escorpión y la rana o, en fin, del inveterado —¡y muy español, hay que joderse!— pecado capital de la envidia.

Tan triste como suena. Uno mira y remira las circunstancias y no atisba otro asidero. Ese pacto, arrancado con sangre, sudor y lágrimas, no supone ningún privilegio. Todo lo que hace es acabar con un agravio que implicaba, ahí estaba el tumor, un lastre insufrible para las compañías secuestradas por el perverso mecanismo eléctrico.

Y aquí viene la segunda parte de esta reflexión, más desazonadora todavía. No ha sido a 600 kilómetros sino en casa, donde los acusicas del Palau de la Plaça de Sant Jaume han encontrado sus más entusiastas justificadores. Las argumentaciones han ido desde el socorrido “Eso pasa por pactar con el PP corrupto” al memo “Se lo merece Urkullu por no apoyar el procés”, aunque la más reveladora es la que sostiene que la denuncia es muy procedente porque la medida beneficia a las empresas explotadoras de personas. Eso, en labios de los mismos que hace unos días, tras caerse del caballo camino de Damasco, repetían que lo que hace falta es una “auténtica política industrial”.

Responsable de bien poco

“Yo fui el responsable de todo el 9-N”, reivindica Artur Mas ante el tribunal que lo juzga. Como titular, un regalo. Lástima que la épica se pierda en la letra pequeña. Primero, cuando se pone en plan chivato ma non tropo y deja caer como quien no quiere la cosa que contó con la ayuda del resto de su gobierno, de buena parte del aparato institucional y, en última instancia, de miles de voluntarios. Segundo, al argumentar con una cobardía notable que el Tribunal Constitucional no advirtió de las consecuencias de seguir adelante con el programa. Y tercero y definitivo, en el momento en que confiesa sin reparos que lo que durante meses se presentó como el cara o cruz definitivo no llegó ni a simulacro. Anoten: “No se trataba de hacer una consulta o proceso participativo con vinculaciones legales inmediatas, sino de conocer la opinión de la gente después de inmensas movilizaciones ciudadanas”.

Repasen la hemeroteca y comprobarán que en aquel tiempo se vendía que tras la victoria del doble sí se iniciaría el camino sin retorno hacia la ruptura con España. Cuestión de meses, según la que ya entonces era segunda o tercera versión de la cacareada hoja de ruta. Dos años y pico después vamos por la sexta. Así que el despropósito es todavía mayor de lo que denunciábamos. Ya no es que se juzgue al anterior president de la Generalitat y a dos consejeras por haber promovido el ejercicio democrático del derecho a decidir. Resulta que están en el banquillo —de acuerdo, insisto, con la propia revelación de Mas— por haber montado una especie de encuesta a gran escala que ya sabían que no llevaba a ninguna parte.