Pederastia eclesial, no hay marcha atrás

El movimiento se demuestra andando. Por eso es una buena noticia que la Ertzaintza esté investigando ahora mismo más de cuarenta casos de abusos sexuales cometidos por religiosos en Euskadi. Lo es, sobre todo, porque indica que después de años, incluso decenios, de silencio, las personas que los sufrieron vencen el pánico y se deciden a denunciar a los monstruos que les robaron la infancia y les destrozaron la vida. Como decía el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, cada día el goteo va creciendo porque las víctimas se animan a dar el paso después de ver que otras lo están haciendo.

Eso, por sí solo, insisto, es muy positivo porque se va agrietando un muro que parecía inexpugnable. Con todo, no debemos llamarnos a engaño. La mayoría de las denuncias acabarán archivadas porque será prácticamente imposible probar los hechos fehacientemente. Es la gran ventaja con la que juegan los depredadores. Lo acabamos de ver en el caso del que fuera director del colegio San José de Bemeo, al que dos ex alumnas acusan de haber abusado de ellas en 1979 y 1980. Abordado por el periodista de EITB Asier Sánchez, el individuo espetó que harían falta imágenes para demostrarlo, y aún se adornó diciendo que todo es un malentendido porque él era muy cariñoso con sus pupilas. Seguramente el caso acabará en el cajón, pero eso no debe desanimarnos. Lo fundamental es que se ha abierto una espita que ya no hay modo de volver a cerrar. Incluso yéndose de rositas en lo judicial gracias a las facilidades de la legislación vigente, los autores de los atropellos ya no quedarán impunes: conoceremos sus nombres, sus rostros y sus fechorías.

De Barrionuevo a Marlaska

Tengo edad para recordar aquella heladora frase del ministro de Interior José Barrionuevo a las preguntas del diputado del PNV Marcos Vizcaya sobre el paradero de Mikel Zabalza. “Aparecerá o será encontrado”, espetó el que, andando el tiempo, acabaría en la cárcel de Guadalajara por haber ordenado el secuestro de Segundo Marey. Como bien sabemos, y ahora tenemos certificado por las estremecedoras grabaciones de los infames Perote y Gómez Nieto, efectivamente, Zabalza apareció en el Bidasoa. Lo habían arrojado después de que a sus torturadores se les fuera la mano. Palabras literales.

35 años después, el que ocupa el cargo de Barrionuevo en un gobierno también con un presidente del PSOE, Fernando Grande-Marlaska, pareció ayer un digno —o sea, indigno— remedo de su antecesor. Ante la pregunta del senador jeltzale Imanol Landa sobre lo que haría su Ejecutivo para esclarecer el asesinato de Zabalza tras la revelación de la espeluznante conversación, el juez al que Europa ha sacado los colores seis veces por mirar hacia otro lado en casos de tortura, volvió a despejar a córner. “Ese asunto tendrá que ser valorado por el Poder Judicial, que es quien lleva, sustenta y dirige la investigación”, fue su bochornosa a la par que ilustrativa respuesta. Los ministros de la porra son, en esencia, iguales.

Los dueños del vertedero

Sorprende la rapidez y la contundencia de la empresa Verter Recycling para denunciar lo que consideran “detención ilegal” de su propietario, su ingeniero jefe y su gerente. Cómo hubiéramos agradecido una celeridad semejante para haber aclarado las circunstancias de la tragedia —parece que nada accidental— del vertedero de Zaldibar, su vertedero, según consta en el registro de la propiedad. Pero no. Todo lo que hemos tenido en estos casi seis meses eternos han sido tibias notas de despeje a córner, pobres excusas y, en definitiva, silbidos a la vía. Para qué otra cosa, si el marronazo del desplome se lo estaba comiendo a mordiscos el gobierno vasco o, más concretamente, el lehendakari.

Y miren, yo no digo que el ejecutivo o el propio Iñigo Urkullu hayan estado acertados en todas sus decisiones, especialmente en los primeros días tras el desplome, cuando mostraron más titubeos de los necesarios. Pero nos conocemos lo suficiente, porque tenemos un puñado de casos calcados a este, para saber que el carroñerismo político no se iba a parar en barras. Como botón de muestra, los buitres de signo ideológico opuesto cacareando las mismas letanías presuntamente en nombre de los dos trabajadores sepultados. Sin descartar otras responsabilidades, ahora el foco está donde debe, en los dueños de la empresa.

Muertos ‘de más’

Como señaló atinadamente Juanjo Álvarez ayer en la tertulia de Euskadi Hoy de Onda Vasca, resulta tremendo que en la técnica estadística existan conceptos como Mortalidad esperada o Exceso de defunciones. Es uno de los aprendizajes siniestros y no exentos de morbo de esta pesadilla interminable. Lo primero viene a ser la previsión de muertos en un periodo, supongo que en función del comportamiento medio de otros años en las mismas fechas. Lo segundo, lógicamente relacionado con lo anterior, es el número de fallecimientos que se dan por encima de la estimación.

Y ahí es donde se han roto todas las marcas. Con datos puros y duros de los registros civiles en la mano, resulta que solo entre el 13 de marzo y el 22 de mayo murieron en el estado español 43.000 personas más de las que se esperaba. La cifra está muy por encima del balance oficial de fallecidos por coronavirus que aporta el ministerio de Sanidad. Se puede argumentar que no necesariamente cabe achacar al maldito covid19 cada uno de los decesos de más. O no, por lo menos, como consecuencia directa. Otra cosa es cuántas de las muertes han sido por efecto colateral del virus, al deberse a dolencias eclipsadas ante la emergencia sanitaria. Averiguarlo es un reto que tiene la ciencia y que nos dará la estremecedora dimensión de la tragedia.

La verdad, por fin

Supongo que debemos felicitarnos porque presuntamente se haya restablecido la verdad histórica del atentado que acabó con la niña de 20 meses Begoña Urroz el 27 de junio de 1960. No fue ETA, sino una singular organización que se presentaba como antifranquista y antisalazarista, y que atendía al pomposo nombre de Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, por sus siglas, DRIL. Ocurre, tirando de refranero español, que para este viaje no hacían falta alforjas y que a buenas horas, mangas verdes. Hacía muchos años que se conocía cada pormenor de la acción criminal. Prácticamente desde que —creo que sin mala intención— Ernest Lluch echó a rodar la historia y fue comprada por golfos ávidos de efemérides truculentas, decenas de estudiosos y contemporáneos de los hechos han documentado sin lugar a la duda la autoría del grupo hispanoluso.

En todo caso, la novedad, que debe enunciarse entre el pasmo y la indignación, reside en la circunstancia de que la fuente del desmentido que pretende quedar como oficial sea la misma que durante todo este tiempo ha dado pábulo a la versión manipulada. No hablo, ojo, de los investigadores que firman la monografía titulada Muerte en Amara. La violencia del DRIL a la luz de Begoña Urroz, sino de la entidad que la avala, el tal Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo escorado ya sabemos a qué lado. Cuánto dolor y cuánto bochorno nos hubiéramos evitado sin el empeño en sostenella y no enmendalla… hasta ahora.

Por lo demás, y para los que levantan el mentón y hasta exigen peticiones de perdón, esta revelación no convierte a ETA en buena. Cerca de mil muertos lo atestiguan.

Cabacas, ya cinco años

Cuando pedimos justicia para Iñigo Cabacas, hacemos un enorme ejercicio de voluntarismo, y lo sabemos. Por desgracia, no hay modo de reparar lo que ocurrió. Ninguno. Nada le devolverá la vida. Nada aliviará el sufrimiento de su familia. A lo máximo que podíamos aspirar era a no hacer mayor la herida. El tiempo, estos cinco crueles años, ha demostrado que ni eso se ha conseguido. Al contrario, da la impresión de que cada movimiento ha profundizado en el dolor de sus allegados y en la absoluta sensación de impotencia y amargura de cualquier persona con un gramo de corazón. Como he hecho desde la primera vez que escribí sobre lo que nunca tendría que haber ocurrido, vuelvo a denunciar la colosal falta de humanidad que ha envenenado el tristísimo episodio. Mírese cada quien el ombligo y conteste honestamente qué ha tapado o qué ha amplificado por el más abyecto de los partidismos.

Y la cosa es que, a primera vista, no parecía tan difícil, como poco, determinar las responsabilidades básicas. Menos, cuando la inmensa mayoría de los testigos y protagonistas tienen la condición de servidores de la ley. ¿Es aceptable ampararse en la oscuridad, la confusión o la tensión? ¿Es profesional? Desde luego, es una actitud muy cobarde y, a la larga, perjudicial para un cuerpo, la Ertzaintza, contra el que hay algo más que una campaña de acoso y derribo sistemático. Claro que este asunto se ha utilizado como ariete en esa guerra sin cuartel, pero por eso mismo, la herramienta más eficaz, además de la más honesta, para hacer frente a los pescadores de río revuelto habría sido una transparencia fuera de la menor duda.

El precio de torturar

Seguimos para bingo. Octava condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por no investigar una denuncia de torturas. Pero no pasa absolutamente nada. Se pregunta el precio, se saca la chequera, se paga, y aquí paz y después, gloria. 20.000 cochinos euros de indemnización es un precio de risa para la impunidad. ¿Qué estado se va a resistir a apretar las tuercas a cualquier desgraciado si todo lo que arriesga es una calderilla que, para colmo, no sale de los bolsillos de los torturadores ni de sus jefes, sino de las arcas comunes?

Ahí es donde el dedo acusador señala también a los propios magistrados europeos, que no pasan del rapapolvo. A esta sentencia le seguirá otra, y luego una más, y así hasta infinito. El mensaje que nos lanza la justicia europea es que estamos ante una cuestión menor, más de forma que de fondo. No hay color entre la sanción por hacer la vista gorda ante una vulneración de los derechos básicos y, pongamos, el puro que le puede caer a una administración por la sola sospecha de haber dado ayudas públicas no bendecidas a este o a aquel sector.

Claro que tampoco nos engañemos. Este escándalo, el enésimo, no ha merecido ni un comentario a pie de página de la precampaña para las elecciones generales repetidas del 26 de junio. Ni siquiera las fuerzas que dicen venir a cambiar esto como un calcetín han dicho esta boca es mía. Saben muy bien que el asunto no vende una escoba entre los posibles votantes. Antes, al contrario, se diría que existe una especie de comprensión, cuando no aprobación tácita, de los malos tratos infligidos en esta o aquella dependencia policial.