Perplejidad infinita

Seguimos para bingo. Una descomunal cantada del gran latigador de la judicatura que atiende por Pablo Llarena provoca que la Fiscalía de Bruselas mande a la papelera la orden de entrega de los consellers expatriados en la capital de Bélgica, que lo es también, por cierto, de la Unión Europea. Los beneficiados por la anchoa se hacen un selfi partiéndose la caja con unas birras matutinas en la mano. Los perjudicados, osease el Tribunal Supremo, se ponen de morros como niños malcriados con nula tolerancia a la frustración y lamentan “la ausencia de compromiso de la Justicia belga”. Por si no fuera bastante descuajeringue con haber sido los autores de la metedura de pata y con la propia rabieta, inmediatamente después de hacer los pucheritos, los altos togados reconocen que todavía no han leído el fallo que están poniendo a caldo.

Esto, y siento que el esquema de la columna sea calcado al de la de ayer, casi al mismo tiempo que nos enteramos de que el ya president a todos los efectos de la Generalitat, Quim Torra, es un señor que hace año y medio se presentó en Ferraz cargando unas bolsas de plástico para formar parte de la claque callejera de Pedro Sánchez en los días en que fue depuesto como secretario general del PSOE. Eso, mientras no dejan de aparecer artículos del susodicho desbordantes de rancio esencialismo. Sin embargo, el procesismo de salón insiste en la martingala oficial de “los cuatro tuits sacados de contexto” y nos acusa de viles colaboracionistas del unionismo a los que no sabemos disimular el inenarrable escándalo que nos causa la elección de alguien con semejante trayectoria acreditada.

Togas contra Catalá

A buenas horas han descubierto algunos que el chisgarabís Rafael Catalá es un bocachancla con cartera ministerial adosada. Anda que no lo ha demostrado largamente adelantando al milímetro lo que iba a pasar con Iñaki Urdangarín o teledirigiendo con su lengua suelta a los togados por el turbio mar del Procés. Por no hablar, claro, de cómo se ganó a pulso la reprobación de todos los partidos menos el suyo tras hacer mangas y capirotes con las fiscalías, en comandita con el difunto Maza, para limitar el daño en las cloacas genovesas. Se pregunta uno dónde estaban entonces todas esas asociaciones gremiales de lo jurídico que ahora se muestran ofendidísimas porque el individuo ha soltado mierda sobre uno de los suyos.

Soy el primero en proclamar que un miembro del gobierno no debe poner en la picota —a lo Gila, además: “Todos saben que alguna persona tiene algún problema”— a un juez. Ni siquiera a uno que nos ha revuelto el estómago. Si de verdad sabía algo que inhabilitaba al fulano para meter sus narices en un asunto tan delicado como la actuación depredadora de La Manada, tenía que haberlo puesto en conocimiento de las instancias oportunas. Si solo es un tiro por elevación para embarrar más el campo y quedar bien con la calle, es cierto que no puede estar un minuto más en el cargo. Sin embargo, anoto a continuación que ni las citadas asociaciones de jueces ni el sacrosanto CGPJ tienen la menor legitimidad para pedir la dimisión de Catalá. Primero, porque no lo hicieron cuando debieron. Y segundo, porque al hacerlo, incurren en lo mismo de lo que acusan al ministro: atacar la separación de poderes.

¿Legislar en caliente?

Hay que ver cómo cambia el cuento. Ahora el gobierno español anuncia que revisará la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal, y prácticamente todo el arco político se apunta el tanto. Dicen que es el clamor de la calle y que hay que ponerse inmediatamente manos a la obra. Desde aquí, me sumo a la exigencia —a ver si esta vez lo hacen bien—, pero inmediatamente me hago una pregunta en voz alta, ustedes me dirán: ¿No habíamos quedado en que no se debía legislar en caliente?

Reitero que a mi me parece más que procedente y anoto mi vana esperanza de que en lo sucesivo esta forma de actuar marque tendencia. Qué gran retrato se han hecho los que en esta ocasión no han tenido remilgos en demandar, casi tea en mano, no ya cambios legales sino la crucifixión de los cinco malnacidos de La Manada, mientras que hace unas semanas trataban de turbamulta manipulada por el fascio a quienes salían a expresar su rabia por el asesinato del niño Gabriel Cruz. No faltaron los grandes santurrones que pidieron comprensión hacia la asesina en atención a su sexo, su origen y el color de su piel.

Y no, no es solo porque las violaciones les merezcan un trato diferente. Depende de cuáles. Yo tengo memoria. El pasado diciembre, cuatro depredadores alevines agredieron sexualmente a una niña en un trastero de Barakaldo. Hubo un par de pancartas en alguna concentración deslucida, de puro trámite, pero los apóstoles del buen rollo corrieron a apelar a la educación en valores, antes de ordenar discreción y respeto… para los victimarios, por supuesto. Ojalá lo de estos días suponga el fin de tanta hipocresía.

‘Fariña’ fina

Agradezco con entusiasmo a la juez Alejandra Fontana y más todavía al ex cacique pepero de las Rías Baixas, José Alfredo Bea Grondar, en calidad de instigador, que a estas alturas de la liga haya cometido la enorme torpeza de ordenar el secuestro del libro de Nacho Carretero titulado Fariña. Entre mi monumental despiste para ciertas cuestiones y mi agenda —digamos— complicada, jamás hubiera tenido conocimiento de tal obra, de no haber mediado la bronca originada por el absurdo intento de la magistrada de ponerle puertas al campo. Ni siquiera la publicidad de la serie de televisión —bien hecha, pero creo que pierde respecto al libro— me habría empujado a comprar el magnífico trabajo de Carretero, con el que he disfrutado un potosí. Y creo no haber sido el único. Tanto en papel como en formato digital, las ventas se han multiplicado por ene gracias a la decisión judicial.

Efecto Streisand, creo que lo llaman en fino. En castizo, darle tres cuartos al pregonero. Menudo tolo, que dicen en mi querida Galicia, el tal Bea Grondar, que habría pasado desapercibido entre los mil choricetes citados en el texto. Otra cosa es que, pese al paradójico resultado promocional, no debamos perder de vista lo principal, es decir, que estamos ante un intolerable caso de censura. Incluso aunque todo haga indicar que no vaya a tener mucho más recorrido en tribunales, como tal hay que denunciarlo sin rodeos. Al tiempo, el asunto también nos vale para distinguir un verdadero ataque a la libertad de comunicación del intento de pillar cacho propagandístico haciéndose pasar por víctima de la tijera. Algún caso ya se ha dado.

Claro que fue injusto

Bilbao e Iruña, 150 kilómetros de distancia poco más o menos. Mismo día y casi misma hora. En la capital foral, por impulso del gobierno de Uxue Barkos, se honra a las víctimas del terrorismo con la ausencia estentórea de UPN y PP, que berrean no sé qué de farsas y blanqueos. En la Villa de Don Diego, bajo la organización del ejecutivo de Iñigo Urkullu, se hace exactamente lo mismo, aunque esta vez la ausencia a gritos es de EH Bildu. Para retorcer la esquizofrenia hasta el límite, sí acuden representantes de Eusko Alkartasuna. He ahí el retrato de nuestra normalización eternamente en obras. O, bueno, si me pongo cenizo, a punto de liquidación por derribo. No hacen falta progresivas ni bifocales para ver que la resistencia está, como siempre, en los extremos, que más que tocarse, se magrean que es un primor.

Si lo miramos por el flanco navarro, la espantada de regionalistas y los rajoyanos es la prueba evidente —ya lo dijo el nada sospechoso presidente de la AVT— de la utilización carroñera de las víctimas, en teste caso, de ETA. El perfecto correlato está en el acto de la demarcación autonómica, donde la sigla que engloba lo que se presenta como izquierda soberanista hace mutis alegando que el lema contiene palabras tabú y busca su humillación. Revelador argumento, cuando resulta que el lema tan supuestamente vejatorio, además de haber sido edulcorado, es de parvulario de convivencia: “Fue injusto. Sociedad y víctimas, construyendo juntas el presente y el futuro”. Ese es el punto de dolorosa involución en el que estamos. Aún no se puede asumir ni lo más primario. Y me temo que irá a peor.

Llarena for president

Como faltaban astros en el firmamento judicial, acaba de irrumpir la supernova con toga que atiende por Juan Pablo Llarena. Apenas anteayer todavía nos liábamos con su apellido y escribíamos de oído Llanera o Llaneras. Pero ya no hay lugar a confusión, a fuerza de verlo en quintales de titulares, cada vez más psicodélicos. Y fíjense que la primera leyenda que lo acompañaba era la de tipo prudente y razonable a carta cabal, en contraste con la legionaria ideologizada Carmen Lamela, condición que pareció confirmar mandando a casa a Carme Forcadell.

Ya ahí debimos ver que tal puntada no carecía de hilo. Libraba de la cárcel a la anterior presidenta del Parlament, no por bonhomía o espíritu de ecuanimidad, sino al precio de pasar a tercera fila de la política. Conquistada esa playa, repitió la jugada —corregida y aumentada— cuando en una imitación de andar por casa de su colega Salomón, excarceló a unos consellers y dejó entre rejas a Junqueras.

Solo era la preparación para su gran pirueta judiciosa, de momento, la más reciente. Es puro encaje de bolillos, atiendan: desoye la petición de la Fiscalía de ordenar detener a Puigdemont en Dinamarca bajo el argumento de que es el president expatriado quien busca ser detenido. ¿Para qué? Pues para ser enviado a prisión y, de ese modo, tener derecho a delegar el voto y, sobre todo, a ser elegible de nuevo como cabeza de la Generalitat. Y todo eso se lo guisa y se lo come solo el Juan Palomo de la Judicatura hispana, que aun tiene el desparpajo de dejar por escrito en el correspondiente auto que —poco más o menos— ha parado un golpe a la nación española.

Actos y consecuencias

Un jurista vasco de reconocido prestigio por quien profeso admiración, respeto y cariño me reprocha que me estoy volviendo un radical. Se refiere a mi columna de ayer, que curiosamente escribí con el freno de mano echado y que no envié a publicar sino después de repasarla media docena de veces para evitar que pareciera que me estaba lanzando por el peligroso tobogán de la demagogia facilona. Nada más lejos de mi intención que dar la impresión de que llamaba a las capuchas y las antorchas. Al contrario, mi pretensión, incluso a fuerza de un ejercicio de autocontención franciscana, era y es templar el debate sobre cómo hay que actuar con unos críos que, teniendo un gigantesco historial de tropelías violentas, terminan arramplando con una vida y aun tienen el cuajo de vanagloriarse públicamente de haberlo hecho.

La receta no puede ser, en ningún caso, hacer como que no ha pasado, so pretexto de la martingala que sostiene que no hay que echar gasolina al fuego. ¿Cómo explicar que en esta vaina los genuinos incendiarios son los santurrones que predican desde sus elevados púlpitos que la sociedad es la culpable, salen con el topicazo de las familias desestructuradas o se encaraman a la cansina letanía de la educación en valores? ¡Como si el primero de esos valores no debiera ser tener claro que los actos acarrean consecuencias! Confieso que me resulta imposible entender, salvo como perversión que debería ser inmediatamente tratada, que los mismos que llaman a la necesidad de hacer un esfuerzo por empatizar con los verdugos sean incapaces de mostrar un sentimiento remotamente parecido hacia las víctimas. Y así nos va.