Huelga de celo, curioso concepto. Para empezar, si la pone en práctica un cuerpo policial, como es el caso de Gasteiz, es preciso negar tajantemente que se esté haciendo. O sea, hay que tomar por imbécil a la ciudadanía. Por más imbécil, en realidad, porque ya de partida se ha decidido zurrar a los gobernantes en la badana de los sufridos contribuyentes. De acuerdo, como en todos los conflictos, puesto que la capacidad de presión de un colectivo es directamente proporcional a las molestias que pueda causar al común. Solo que este caso, la jodienda se ceba en el bolsillo de los pringados y las pringadas de a pie.
Así, a primera vista, no se diría que es el mejor modo de conseguir que se simpatice con una causa. Claro que, conociendo algún percal uniformado y dotado de porra —¡no todos son iguales, ojo!—, tampoco extraña que a los multistas se la bufe un kilo caer bien o mal. Por lo demás, basta buscar el negativo de la foto para que a uno le asalte la duda. Si en estos días de frenesí sancionador es cuando cumplen la ley, ¿será que hasta la fecha no lo hacían? O prevaricaban antes o prevarican ahora, y eso es bastante más delito que cruzar un paso de peatones en rojo.
No se deje de notar otra paradoja. La (no) huelga se hace para denunciar la falta de recursos, y sin embargo, su efecto es multiplicar por un congo la productividad traducida en ingresos de escándalo para las arcas municipales. Y aquí procedería la reflexión final sobre el porqué de las normas, el grado variable de cumplimiento que se nos exige según las circunstancias, y la sospecha del carácter puramente recaudatorio de algunas.