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Rajoy, registrador

A tres horas del debut de España en el Mundial de Rusia, se conoce que Mariano Rajoy ha comunicado su renuncia también al escaño en el Congreso de los Diputados, genio y figura hasta su sepultura política. En la noticia se añade que ya ha pedido el reingreso como registrador de la propiedad, lo que provoca una mezcla de estupor, ternura y aroma de cutrez institucional. Estará muy bien lo de evitar las puertas giratorias, pero chirría un tanto la imagen de un señor que ha ocupado una de las más altas magistraturas del Estado escriturando un dúplez con plaza de garaje y trastero en Santa Pola, que es donde tiene la plaza. Y tampoco es que esté mal pagada la cosa, pero quizá cabría encontrar algo intermedio entre esto y los consejos de administración remunerados a millón.

Eso aparte, en este mutis hay una cuestión que, como dijo él mismo sobre la cerámica de Talavera en uno de sus célebres ditirambos, “no es menor, o dicho de otro modo, es mayor”: habrá que reconocerle al expresidente del PP y de España sus redaños para marcharse a cuerpo gentil en lo jurídico. Sin el aforamiento de su acta, se las puede ver en los juzgados ordinarios mañana o pasado mañana. Y ojo, que parece que hay una fila de causas de color marrón acechándole. No suena descabellado, por ejemplo, que lo citen para pedirle explicaciones por el famoso Eme Punto Rajoy. Estemos preparados para que le toque protagonizar algún que otro telediario. Y suerte tendrá si la cosa se queda ahí, porque teniendo en cuenta algún que otro precedente y la gravedad de los sumarios, tampoco se puede descartar otro desenlace. Por si acaso, Mariano, sé fuerte.

Garoña, no y no

Menuda sorpresa. El Consejo de Seguridad Nuclear ha evacuado —en sentido fisiológicamente literal, como quien dice— su decisión sobre la central de Santa María de Garoña. Pulgar hacia arriba. Procede alargar indefinidamente la vida de la chatarra burgalesa. Y si casca, que casque, les ha faltado añadir a los infalibles sabios de parte que, para que no se diga, se cubren las vergüenzas aclarando que la reapertura estaría condicionada a “la realización de las inversiones necesarias”. Ustedes y yo, que no hemos nacido ayer, sabemos que eso quiere decir que con una mano de chapa y pintura bastará para que los propietarios vuelvan a poner en peligro a decenas de miles de personas.

De acuerdo, no voy tan rápido. Todavía falta la última palabra, que ha de salir de labios del gobierno español. ¿Qué creen que decidirá, teniendo en cuenta que han sido los tres miembros del CSN elegidos por el PP los que han votado por el permiso para seguir? No pinta demasiado bien el asunto. Es poco probable que los integrantes de la camarilla de Rajoy, empezando por el titular de las cosas de la energía, quieran jugarse su futura entrada por la puerta giratoria. Qué casualidad, por cierto, las subidas sin freno del recibo de estos últimos días y sus correspondientes justificaciones de pata de banco. Que si la falta de lluvia y viento. Que si la electricidad que producen las nucleares es mucho más barata.

Miente, en todo caso, quien pretenda que lo de Garoña va de nucleares sí o no. Es una cuestión de seguridad primaria y de decencia básica. Simplemente, que vuelva a funcionar un cascajo así es una amenaza inasumible.

Buscar salidas

Aparte de proporcionar una coartada para la bulla demagógica y ser un agradecidísimo relleno de tertulias (incluida la que dirige o así este servidor en Onda Vasca), el asunto del momio laboral que se le procuró al cesante Mikel Cabieces a la vera verita de Kutxabank vuelve a poner sobre el tapete la delicada cuestión de los políticos que se quedan a dos velas. ¿Qué hacemos con la nada desdeñable cantidad de cargos, carguetes, carguillos y cargazos públicos que pierden la nómina cuando cae el gobierno que les da de pastar?

Con los de relumbrón y quizá hasta los de tercera fila, ya sabemos —porque lo acaba de revelar Mario Fernández y porque la práctica tiene lugar frente a nuestras narices— que los usos y costumbres, o sea, las leyes no escritas, marcan la búsqueda de una sinecura de toma caviar y moja. Luego ya la suerte, la disposición de chollos para repartir o el tamaño de los servicios prestados decidirán si la puerta giratoria desemboca en el despacho de una compañía de postín, un negociado en cualquiera de las tropecientas empresas parainstitucionales o en algún ayuntamiento que conserve el partido conseguidor.

Pero, sobre todo si el descalabro electoral es gordo, no suele haber suficientes caramelos para repartir. En esa tesitura, quienes lo tienen más jorobado son los políticos de infantería. Deberán conformarse con la aplicación de las leyes sí escritas que estipulan, como mucho, una indemnización y una palmadita en la espalda. Les propongo que se pongan en las pieles de estas personas que se saben el eslabón más débil. ¿Hasta dónde podría llevarles su instinto de conservar el puesto?

Leyes no escritas

A su edad, con su currículum, su carácter y su patrimonio, Mario Fernández es uno de los pocos seres humanos de nuestro entorno que pueden permitirse el lujo de no andar midiendo las palabras. O de conducirse con una sinceridad que, rozando la soberbia en algunos casos —Kutxabank c’est moi —, resulta singular cuando lo que se lleva alrededor son los sobreentendidos, los eufemismos, las miradas hacia otro lado y, como muchísimo, las medias verdades. Quizá hubo un tiempo en el que el expresidente de la-entidad-más-solvente-de-españa tuvo que vestirse de lagarterana, pero parece que ya no está por la labor. Y la prueba es la torrencial nota que hizo pública el viernes, coincidiendo con su declaración ante la fiscalía del País Vasco por el caso (más bien casillo) de los 243.000 euros perdidos y hallados en el templo.

Sin pelos en la pluma, Fernández deja negro sobre blanco que quien le pidió el favor de buscarle una canonjía remunerada a Mikel Cabieces fue “un líder del PP”. Bonito ¡zasca! para la sustituta del aludido aunque no nombrado, Arantza Quiroga, que días atrás había bocabuzoneado que el marrón era obra del binomio PNV-PSE. Anotado el enésimo ridículo de la irundarra, no perdamos de vista el meollo, que está en la justificación de los hechos que, como si tal cosa, deja caer el veterano banquero. La colocación de cesantes obedece a “una ‘ley no escrita’ que ha funcionado con todos los gobiernos y todos los partidos durante los últimos 30 años”. Si bien se refiere a cargos relacionados con la lucha anti-ETA, no recuerdo una explicación tan clara del funcionamiento de las puertas giratorias.

Corrupción institucional

Al girar la puerta, no necesariamente hay una eléctrica o una teleco. Alberto Ruiz-Gallardón, por ejemplo, se encontró con un Consejo Consultivo. El de la Comunidad de Madrid, esa que anda afeando a los demás no sé qué privilegios y prebendas. Puede sonar a premio de consolación, pero, oigan, son 8.500 euros del ala al mes por una reunión semanal que se celebra los miércoles, salvo, imagino, cuando le toca Champions a los merengues. Hasta el sastre de Tarzán trabaja más. El lote incluye coche oficial, despacho, secretaria (o secretario, digo yo) y la utillería de rigor, a saber, Iphone del copón, tablet de quitar el hipo y resmillería personalizada. ¡Ah! Y para que luego digan de la temporalidad de los contratos, se trata de un puesto vitalicio. Sin periodo de prueba ni nada. Aquí te ficho, aquí cobras la primera dieta: no se le habían secado las lágrimas por la dimisión del martes, y el jueves estaba ya a la orden. Solo el Tribunal Constitucional resolviendo recursos contra Catalunya tiene acreditada tal celeridad.

Por lo demás, al progre más ultra (o viceversa) no le va a faltar buena compañía. Preside la cosa Ignacio Astarloa, presunto muñidor de algún indulto firmado por el propio Alberto, culo conocedor de una amplia panoplia de cargos, y todavía diputado en el Congreso; las incompatibilidades son para para los pringaos. También hay otra media docena de perfectos desconocidos y, rematando el lustre, ese simpático bribón de la política que atiende por Joaquín Leguina. Se pregunta uno qué necesidad tendrá este ganado de andar con sobres y cajas B, si tienen la corrupción institucionalizada.