Tras la sentencia

Inquieta pensar que sin presión social no se habría llegado a una sentencia como la del Tribunal Supremo sobre La Manada. Personalmente, la considero muy justa poniendo en relación los hechos y las condenas. Sin embargo, creo que el sistema no puede funcionar así. De saque, cabe preguntarse qué ocurre en los miles de casos que no tienen la relevancia mediática que ha adquirido este en concreto. Y luego está algo que, no comprendo por qué razón, su solo enunciado resulta una verdad incómoda entre personas que se dicen demócratas y progresistas: no tiene un pase que la Justicia se imparta por petición popular, a golpe de pancarta y desgañitamiento en la calle. Concedo que esta vez ha salido bien, pero me aterra volver a los tiempos en que se exigían castigos ejemplares tea en mano.

Reflexionemos al respecto y, ya puestos, démosle un par de vueltas a otras cuestiones. Por ejemplo, a la radical incoherencia a la que hemos asistido. Muy buena parte de las personas que corrieron a mostrar su alborozo por el aumento de la pena al doble son las mismas que nos cantan las mañanas sobre la reinserción como fin único y verdadero de las condenas y contra lo que califican como inútil punitivismo. Eso, cuando directamente no pontifican que habría que derribar todas las cárceles. Este servidor, que tiene pasado ese sarampión bienpensante, les anima a desprejuiciarse de una vez y a perseverar. Nadie se convierte en facha desorejado por pretender que los crímenes se paguen —sí, ese es el verbo— con arreglo a un mínimo sentido de la proporción. ¿Acaso no era eso lo que reclamábamos para el quinteto de ya probados violadores?

Como poco, respeto

No me avergüenza confesar que mi argumento más sólido contra la prisión permanente revisable es el hecho de que su aplicación depende de la Justicia española. Me fío entre poco y nada del modo en que se puede utilizar la traída y llevada figura penal en un sistema que, de saque, contempla más años de cárcel para los jóvenes de Altsasu que para asesinos sin sentimientos como José Bretón. Por lo demás, después de haber visto cómo se retuerce la legislación —o se incumple sin ningún disimulo— de acuerdo con intereses políticos, como vemos con los presos de ETA o con los dirigentes del Procés encarcelados preventivamente, resulta difícil no sospechar de un uso a discreción de semejante herramienta para el escarmiento.

Me uno, por lo tanto, a la petición de derogación, no sin dejar de señalar, a riesgo de escandalizar a la concurrencia, que comprendo perfectamente muchas de las razones que aportan quienes solicitan mantenerla. Incluso aunque no fuera así, les aseguro que no perdería de vista que se trata de una evidente mayoría social, tanto en España como en Euskal Herria. Eso, como poco, merece un respeto que está brillando por su ausencia entre los que, curiosamente, se presentan como la releche en verso del progreso, la equidad, la democracia y me llevo una. Es un insulto inadmisible tratar como una turbamulta inculta y pastoreable a personas —millones, insisto— que tienen a bien pensar que además de la cacareada reinserción, el fin de una temporada entre rejas también es pagar por un acto que no debió cometerse. Sobra, una vez más, la estomagante superioridad moral de los castos, puros y justos.