Lo que debe callarse

Otra de esas realidades incómodas que se tiende a ocultar. O a justificar cuando saltan los setecientos cerrojos impuestos por los tiranuelos que decretan lo que se puede y no se puede contar. Ya sé yo que tras estas líneas llegarán enojadísimas hidras de la moral correcta a gritar, quizá con otras palabras, que es que no se puede ir pidiendo guerra, que hay cosas que pasan y son imposibles de evitar o, como gran comodín, que peor es lo de los corruptos del PP. Me ocurrió cuando escribí sobre los miles de secuestros y violaciones continuadas de niñas en Rothertham o sobre las centenares de agresiones sexuales de Colonia, Hamburgo, Düsseldorf u otras ciudades alemanas.

Vacunado contra los que defienden la intolerancia en nombre —qué asco— de la tolerancia, vuelvo a citar a Marieme-Hélie Lucas, argelina y radicalmente feminista: “La izquierda postlaica tiene miedo de que la tachen de islamófoba”. También cito, porque es de justicia, al autor y medio que publican la noticia. Fue Enric González, nada sospechoso de racista machirulo, espero, quien daba cuenta el viernes en El Mundo de una denuncia firmada por más de 20.000 mujeres —en muy buena parte, musulmanas— que viven o trabajan en las inmediaciones del Boulevar de La Chapelle, en París. Cada día son sometidas a todo tipo de acosos físicos y verbales por parte de los varones que campan a sus anchas en el lugar. “Salope (puta) es lo más bonito que te gritan”, lamenta una de las mujeres que aportan su testimonio en el reportaje. ¿Y no ha habido consecuencias de la denuncia pública? Sí, sus firmantes han sido acusadas de ser del Frente Nacional.

Rotherham y los canallas

Rotherham, ¿les suena? Es bastante probable que no, a pesar de que lo que se ha sabido que ocurrió en esta ciudad inglesa durante 16 años constituye una inconmensurable ignominia que, en condiciones (medio) normales, habría sido noticia de apertura prolongada y material de abasto prioritario para tertulias y columnas. Estamos hablando —es decir, deberíamos estar hablando— de 1.400 menores sistemáticamente violadas, secuestradas, prostituidas, torturadas y vendidas por un puñado de libras. En un lugar del presunto primer mundo, en la llamada sociedad de la información, y prácticamente a la vista pública. Pero ni las autoridades políticas, ni la policía, ni los servicios sociales movieron un dedo. Tampoco, oh sorpresa, las beatíficas ONGs. Las víctimas que, venciendo el pánico, se atrevieron a denunciar lo que les habían hecho fueron tratadas de busconas o, en el mejor de los casos, de adolescentes fantasiosas. Las mandaban a casa advirtiéndoles sobre las consecuencias que podría tener abrir la boca. A las amenazas de sus extorsionadores se unían las de los representantes del sistema que supuestamente velaba por ellas.

Si no tenían conocimiento previo de la tremebunda historia, se estarán preguntando dónde estaban los —¡y las!— apóstoles del discurso de género, con su soniquete del empoderamiento y sus diatribas de la sociedad heteropatriarcal. Se lo desvelo: estaban y están echando tierra a todo esto. Aunque las víctimas pertenecían a la comunidad paquistaní, sus victimarios, también. Compréndanlos, no querían pasar por racistas. Era (y es) preferible guardar silencio. Cómplice, naturalmente.