Los «virtuosos y decentes» del TC

A buenas horas, mangas verdes. Juan José González Rivas se despidió ayer como presidente del Tribunal Constitucional español clamando que los miembros de la entidad que abandona deben ser ejemplo de virtud y de decencia. Y con la carrerilla cogida, pidió a los cuatro magistrados de estreno tras el último enjuague partidista que actúen con discreción, lealtad institucional y huyendo de la crispación. Lo sorprendente es que nadie en el auditorio rompiera reír o a llorar amargamente ante semejante muestra de cinismo. El cesante sabe (o debería saber) mejor que nadie que si por algo se ha caracterizado el Constitucional en sus últimas actuaciones ha sido exactamente por lo contrario de lo que él aventó. Basta repasar las actuaciones recientes para comprobar que el altísimo Tribunal ha ejercido no ya de contrapeso sino de tosco enmendador de los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo.

Pero como toda situación mala siempre es susceptible de ser empeorada, con las últimas incorporaciones, se riza el rizo de la ideologización hasta dar de lleno en el sectarismo más grosero. Y no solo por el ya célebre Enrique Arnaldo sino por su contraparte de la izquierda en el pasteleo, Ramón Sáez, cuyas sentencias rezuman doctrina por arrobas. Para que no falte nada, hoy será elegido como nuevo presidente de la cosa Pedro González Trevijano, ponente de la desparpajuda sentencia que tumbó el primer estado de alarma y rector de la Universidad Juan Carlos Primero en los días de los másteres opacos de Pablo Casado y Cristina Cifuentes, entre otros niños bien con carné del PP. Ya ni disimulan.

El bipartidismo vuelve a ganar

Como no podía ser de otra manera, se ha consumado el pasteleo vergonzoso del bipartidismo rancio en la renovación del Tribunal Constitucional. Los cuatro magistrados de cuota, propuestos a razón de dos por cabeza, han sido refrendados en las soberanísimas Cortes españolas. Cuentan los titulares gordos, siempre dispuestos a entrar al trapo de rigor, que en la (ruborizante) votación telemática presuntamente secreta ha habido entre siete y once díscolos de las formaciones que apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez. Se añade, como si fuera una muestra de rebeldía del carajo, que Arnaldo, el señalado como más facha de todos, ha obtenido algún respaldillo menos que sus compañeros de plancha. Tremendo logro, ¿verdad?

Vamos a ver cómo le decimos con cariño y con el debido respeto al diputado Odón Elorza y al resto de los versitos sueltos de aluvión que su autocacareada dignidad por haber seguido los designios de su conciencia es justo lo contrario de lo que predican. En plata, una muestra de indignidad como la copa de tres pinos. Si de verdad te parece mal que tu partido haya aceptado en una trapisonda a un furibundo hooligan con toga, lo que tienes que hacer es entregar el acta. Hay que ser cobarde y tener rostro para apoyar tu decencia en la certeza de que tus compañeros de sigla van a apechugar con el grueso de la decisión. En el caso del exalcalde de Donostia, ya huele el rollito de eterno enfant terrible, pero solo la puntita.

Por lo demás, si ha habido un triunfador, es el ínclito Arnaldo, que se ha hecho ungir por sus rivales ideológicos y los ha retratado como lo que son: una panda de ladradores que a la hora de la verdad no muerden.

Otra vez el Constitucional

Si no encerrara decenas de miles de dramas, resultaría una historia chusca, a la altura del partido y la institución judicial que la han protagonizado. En marzo de 2020, Vox exigió la suspensión de la agenda del Congreso “hasta que las autoridades sanitarias certifiquen que se ha recuperado el control y no haya riesgo para la salud”. Y los abascálidos no se quedaron ahí. Dado que uno de los primeros diputados en contagiarse fue Javier García Smith, alias Geyperman, sus 51 compañeros se ausentaron del hemiciclo y provocaron la suspensión de un pleno. En las audiotecas consta el cabreo de la todavía por entonces vocinglera mayor del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. “El Congreso no se pone en cuarentena. Eso es inaceptable e inasumible. Los parlamentos no se cierran ni en una guerra”, proclamó la hoy outsider genovesa, afeando la actitud sus aliados requetediestros. Andando el tiempo, y una vez reducida hasta lo sanitariamente razonable la agenda de las Cortes, a Vox se le inflamó la vena y se plantó en el Tribunal Constitucional a presentar recurso de amparo contra el cierre… que nunca fue total.

Como saben, lo penúltimo es que la altísima magistratura ha tumbado esa clausura que no lo fue por seis votos a cuatro. Un togado conservador —qué raro, ¿verdad?— cambió a última hora de opinión y deshizo el empate. El argumento es que el Congreso impidió el desempeño de las funciones de los diputados, cuando debió hacerlas compatibles con las medidas para frenar la pandemia. Otra vez muletazos de adorno a toro pasado. Ya puestos, la parte carca del Constitucional debería fallar contra el propio órgano porque también suspendió su actividad.

Premiar el mal comportamiento

No dejo de imaginar la cara que llevarán estos días los 5.000 pardillos de los tres territorios de la CAV que pagaron religiosamente y a tocateja las multas que les impusieron por saltarse las normas del confinamiento en el primer estado de alarma. Como tantas veces ocurre, no hay buena acción que quede sin castigo. O, en este caso, sin su burlesco agravio comparativo frente los autores de las 14.740 sanciones que decidieron pasarse el pago por el forro y ven ahora cómo todos esos expedientes se van a la papelera. No solo no reciben el correctivo que merecen por su incivismo, su insolidaridad, su rostro de alabastro y, sobre todo, su contribución a la difusión del virus en un momento en que morían miles de personas cada semana, sino que resultan agraciados con el premio de la impunidad. Todo ello, gentileza de sus desprendidas señorías del Tribunal Constitucional que anularon, año y medio después de los hechos, el primer estado de alarma decretado por el gobierno español, con el aval, ojo, de la mayoría parlamentaria.

El mensaje para la sociedad es demoledor, máxime, cuando todavía estamos lejos de haber vencido a la pandemia. Se nos viene a decir que basta un decimal judicioso discutible —recordemos que la resolución salió adelante por una diferencia de un solo voto— para que decidamos que merece la pena liarse la manta a la cabeza y pasarse por la sobaquera las normas que determinen las autoridades sanitarias. Si creen que exagero, piensen en los botellones salvajes que se han convertido en moda porque quienes los perpetran intuyen que se irán de rositas.

El estado de alarma no existió

Siempre pensé, y ahora lo hago con más motivo, que a los cinco minutos de aplausos de las ocho de la tarde a los sanitarios y a los colectivos comprometidos en la lucha contra la pandemia deberían haber seguido otros diez o quince de abucheos a los que que estaban colaborando con la difusión del virus. Entre esos jorobadores de la marrana ha destacado por méritos propios el llamado poder judicial, especialmente en sus escalones más altos. A lo largo de año y medio eterno, y particularmente en los momentos más graves, los Superiores de Justicia —con doble subrayado para el vasco— y el Supremo han venido saboteando miserablemente el esfuerzo sobrehumano de los sectores en primera línea de batalla, de las autoridades y, en la derivada final, de cada ciudadano de a pie que aportaba su granito de arena por incómodo que le resultase. Sus muy elevadísimas señorías lo hacían, para más recochineo, en nombre los derechos fundamentales que quedaban conculcados por la legislación ex-cep-cio-nal con la que se trataba de evitar las hasta seiscientas muertes diarias que llegó a haber en la fatídica primavera de 2020. Inasequibles al desaliento, los de las togas negras jamás se han rendido, como lo prueba que a iniciativa de Vox —¡Sí, malotes progres, de Vox!— el Tribunal Constitucional está a punto de declarar ilegal el primer estado de alarma. Por si no fuera suficiente con que las zarpas neofascistas prendieran la mecha, el ponente de la sentencia es Pedro González Trevijano, a la sazón, rector de la Universidad Rey Juan Carlos en el momento de los escándalos de los másteres. Lo tremendo es que el fulano se saldrá con la suya.

Gaspar contra el Cupo

No era suficiente con el cada vez más crecido figurín figurón naranja. Ni con los susánidos de las Caciquelandias Bética y Penibética. Faltaba para el duro centralista ese gran reventador de todo lo que toca que atiende por Gaspar Llamazares. De fracaso en fracaso hasta la hostia final, el médico a palos que se cargó Ezker Batua antes de convertir en excrecencia de alquiler a Izquierda Unida Federal funge ahora como portavoz de su grupúsculo en la Junta General del Principado de Asturias, es decir, el parlamento de aquellos lares. Su penúltima hazaña en calidad de tal ha sido sacar adelante una proposición que abre la puerta, ojo al dato, a que el gobierno regional denuncie la última actualización del Cupo vasco ante el Tribunal Constitucional. El Convenio navarro parece que se libra. Tósanle al Rasputín natural de Logroño.

¿Con 5 de los 45 escaños? ¿Cómo ha sido posible? Sí, eso tiene también su miga. Sumen los 3 de Ciudadanos y los 9 —oh, sí— de Podemos, descuenten la abstención vergonzante de la mayoría socialista (14), y les salen los números de la tiña. PP y Foro Asturias votaron en contra, lo cual no deja de componer un peculiar retrato.

Como de costumbre en estos casos, la justificación del berrinche es la vaina de la insolidaridad y los privilegios. Hay que tenerlos blindados para salir por esa petenera desde el lugar al que se le ha venido sufragando el acero y el carbón a precio de caviar iraní. Una pena, que el capo sindical Villa ya no esté —eso dicen— en condiciones de responder por la lluvia de millones a cambio de la paz social y los votos. Es lo que tiene que nos conozcamos tanto.

Lo técnico y lo político

Enorme contrariedad, resulta que el Cupo vasco no es constitucional. Lo dice nada menos que en el periódico global en español, me cachis en la mar, una eminencia del Derecho, a ver quién es el cuñao que le replica a su ilustrísima. Qué más querían, ¿verdad?, tiñosillos, bronquistas y, en general, pescadores de río territorial revuelto, que desde la mismísima privilegiada e insolidaria Vasconia apareciera un cátedro con quinquenios a darles la razón en sus ataques furibundos a la peculiaridad fiscal. Hasta a algunos de los partidarios les he visto hiperventilando ante el mensaje del erudito. Fuera de concurso, los entreverados que, haciéndose los perspicaces, señalan: “Ojo, que no dice Concierto, sino Cupo”.

La cosa es que puede decir misa. Conocemos lo suficiente el paño como para no morder semejante anzuelo. Para empezar, ustedes y yo sabemos que hay, como poco, seis docenas de juristas tan expertos o más que el que nos ocupa, que les dirían justo lo contrario y se lo argumentarían con idéntica contundencia. Nada es constitucional o inconstitucional, todo es según el color del cristal de la lupa ideológica con que se escudriña lo que sea. Hasta en el Tribunal encargado específicamente de la cosa encontrarán magistrados que emiten conclusiones como la noche y el día respecto al mismo hecho.

Así que menos hacer como que nos caemos del guindo. ¿Que la negociación del Cupo es pelín abstrusa? Nadie lo niega. ¿Que lo político se impone a lo técnico? ¡Toma, claro! Exactamente igual que ocurre con la exposición de la luminaria en cuestión, que es puramente política aunque se embadurne de barniz jurídico.