{"id":5322,"date":"2014-07-11T21:01:24","date_gmt":"2014-07-11T19:01:24","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.deia.com\/anasagasti\/?p=5322"},"modified":"2014-07-11T21:01:24","modified_gmt":"2014-07-11T19:01:24","slug":"archivos-historicos-de-quien-son","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.deia.eus\/anasagasti\/2014\/07\/11\/archivos-historicos-de-quien-son\/","title":{"rendered":"Archivos hist\u00f3ricos: \u00bfDe qui\u00e9n son?"},"content":{"rendered":"<p><strong><strong>Viernes 11 de julio de 2014<\/strong><\/strong><\/p>\n<p>La consulta de la documentaci\u00f3n de algunos archivos hist\u00f3ricos espa\u00f1oles se ha convertido en un tema extremadamente pol\u00e9mico que puede acabar en un esc\u00e1ndalo de alcance internacional. Las dificultades con que nos encontramos los investigadores a la hora de trabajar en los archivos p\u00fablicos derivan de las insuficiencias y las contradicciones de la pol\u00edtica archiv\u00edstica espa\u00f1ola. Hoy es una evidencia que la ley del Patrimonio Hist\u00f3rico Espa\u00f1ol de 1985 es obsoleta, entre otras cosas, porque se contradice con la ley de Protecci\u00f3n de Datos de 1999 y con la reciente ley de Transparencia. Persisten las arbitrariedades a la hora de interpretar cu\u00e1les son los datos personales que pueden realmente afectar \u201ca la seguridad, al honor de las personas, a la intimidad privada y a familiar, y a la propia imagen\u201d. Y eso hace que muchos responsables de archivos se vean obligados a interpretar una normativa poco precisa y a actuar a menudo como censores, restringiendo el acceso a muchos documentos.<\/p>\n<p>Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que afectan a esta cuesti\u00f3n que tendr\u00edan que servir de directriz m\u00e1xima. La sentencia de Francisco Tom\u00e1s y Valiente del 14 de febrero de 1992 defend\u00eda el predominio del \u201cinter\u00e9s p\u00fablico de la informaci\u00f3n sobre el hipot\u00e9tico derecho al honor\u201d. Seg\u00fan esta sentencia, las restricciones tendr\u00edan que ser una excepci\u00f3n y siempre habr\u00eda que dar prioridad al \u201cderecho a la informaci\u00f3n veraz\u201d. La otra fue la redactada por Mar\u00eda Emilia Casas el 23 de febrero del 2004, y afect\u00f3 al famoso programa de TV3 dirigido por Dolors Genov\u00e8s sobre el consejo de guerra a Manuel Carrasco i Formiguera. La sentencia fue bien clara: hab\u00eda de \u201cprevalecer el derecho a la difusi\u00f3n p\u00fablica de las investigaciones sobre el derecho al honor de las personas cuando la informaci\u00f3n se ajusta a los usos y m\u00e9todos caracter\u00edsticos de la ciencia hist\u00f3rica\u201d.<\/p>\n<p>Los \u00faltimos a\u00f1os se han producido unos hechos realmente inaceptables en dos archivos espa\u00f1oles que hay que denunciar p\u00fablicamente. El actual ministro de Defensa, Pedro Moren\u00e9s, ha vetado la desclasificaci\u00f3n de unos 10.000 documentos militares correspondientes a los a\u00f1os 1936-1968, aunque la anterior ministra, Carme Chac\u00f3n, hab\u00eda autorizado su consulta y eventual reproducci\u00f3n. Mucho m\u00e1s grave es lo que pasa con la documentaci\u00f3n hist\u00f3rica del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperaci\u00f3n. El 15 de octubre del 2010, a propuesta del ministro Miguel \u00c1ngel Moratinos, el Consejo de Ministros declar\u00f3 como secreta y reservada gran parte de la documentaci\u00f3n sobre la actividad diplom\u00e1tica, las relaciones internacionales y la pol\u00edtica exterior espa\u00f1olas sin fijar una limitaci\u00f3n temporal, por lo cual esta restricci\u00f3n pod\u00eda afectar tanto a la documentaci\u00f3n del siglo XX como a la del XVIII. Parece que el esc\u00e1ndalo Wikileaks influy\u00f3 bastante en este acto, inaceptable en cualquier Estado democr\u00e1tico, dado que incumple la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola y la internacional. El ministro utiliz\u00f3 el argumento que se hac\u00eda eso con el fin de garantizar \u201cla seguridad y la defensa del Estado\u201d, y para hacerlo utiliz\u00f3 la vieja ley franquista de Secretos Oficiales de 5 de abril de 1968. Pero la cosa no acaba aqu\u00ed. Hace unos meses, el actual ministro de Asuntos Exteriores, Garc\u00eda Margallo, ha tomado una medida dr\u00e1stica que ha significado la interrupci\u00f3n de numerosas investigaciones que hac\u00edan historiadores espa\u00f1oles y extranjeros: ha decidido el cierre del archivo hist\u00f3rico del Ministerio de Exteriores con la excusa de que todos sus fondos se trasladan al Archivo Hist\u00f3rico Nacional y al Archivo General de la Administraci\u00f3n, en Alcal\u00e1 de Henares. Ahora bien, dada la escasez de medios humanos y materiales de estos dos archivos, todo hace prever que esta documentaci\u00f3n no podr\u00e1 ser consultada en muchos a\u00f1os. De momento la subdirecci\u00f3n general de Archivos del Ministerio de Cultura, responsable de estos dos centros, ha decretado el cierre absoluto e indefinido de esta documentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Estas actuaciones de ministros del Gobierno Rajoy suponen una clara vulneraci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos para acceder a la documentaci\u00f3n hist\u00f3rica y un incumplimiento flagrante de acuerdos y normativas internacionales (Consejo de Europa, Consejo Internacional de Archivos, Unesco, etc\u00e9tera). La existencia de pol\u00edticos que vetan el acceso a la documentaci\u00f3n, o dificultan su consulta, refleja la limitada calidad de la democracia espa\u00f1ola. Impedir el libre conocimiento del pasado es una violaci\u00f3n directa de los derechos humanos, de unos derechos tan b\u00e1sicos y elementales como cualquiera de los que conforman una democracia plena. Son ya numerosas las asociaciones y los grupos de historiadores que han protestado por estos hechos y que piensan denunciarlos ante organismos internacionales.<\/p>\n<p>El poder del Estado sobre los archivos no puede derivar en una excesiva consideraci\u00f3n sobre su titularidad y en la creencia de que no se trata de un servicio p\u00fablico. Los administradores del poder no pueden actuar como si los archivos fueran suyos, del Gobierno, y no de todos los ciudadanos. Esta actitud del Gobierno Rajoy contrasta con la adoptada por el Ejecutivo argentino que, como hace pocos d\u00edas explicaba en Barcelona el ministro de Defensa, Agust\u00edn Rossi, ha puesto a disposici\u00f3n de todo el mundo la documentaci\u00f3n confidencial de las fuerzas armadas (actas Secretas de la Junta Militar de 1976-1983, \u201clistas negras\u201d de intelectuales, artistas, periodistas\u2026) localizada recientemente en un cuartel de Buenos Aires. Las lecciones de democracia se dan con hechos, no con palabras<\/p>\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Viernes 11 de julio de 2014 La consulta de la documentaci\u00f3n de algunos archivos hist\u00f3ricos espa\u00f1oles se ha convertido en un tema extremadamente pol\u00e9mico que puede acabar en un esc\u00e1ndalo de alcance internacional. 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