Google y el derecho al olvido, ¿algo más que un buscador?

Decía hace más de dos milenios Aristóteles que «el hombre es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio». De este modo, uno de los padres de nuestra civilización y forma de pensamiento parece haber sido la fuente de inspiración para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie a favor de Google en el caso que enfrenta al gigante informático con la Agencia de Protección de Datos estatal.

 

De momento ha sido el abogado central del Tribunal el que ha realizado un dictamen preliminar no vinculante -pero que normalmente los jueces siguen en el 80% de los casos- en la que concluye que Google, el mayor buscador de datos de nuestro tiempo, no tiene obligación de borrar ningún contenido a petición de un particular.

 

Curiosamente, si nos remontamos al origen del litigio veremos que el «particular» que inició esta batalla en pro de la defensa del llamado derecho al olvido fue la propia agencia estatal cuando exigió a los de Mountain View que eliminase de sus resultados de búsqueda un anuncio publicado en un periódico de subastas de inmuebles relacionados con deudas con la Seguridad Social.

 

Un abogado, Mario Casteja, se dio cuenta al teclear su nombre en Google que aparecía relacionado con un embargo que, por fortuna para él, pudo solucionar a su favor. Sin embargo, su nombre seguía relacionado en internet a su deuda ya satisfecha. El dato no sólo carecía de relevancia sino que podía resultar un daño a su imagen.

 

La Agencia de Protección de Datos hizo suya la cruzada -ya que se negó a eliminar el anuncio original en el periódico, algo que hubiera solventado mucho más rápido el entuerto, alegando que mantener la publicación tenía justificación legal y daba máxima publicidad a las subastas-. Y entonces la maquinaria legal de Google se puso a trabajar. Y como no hay mejor defensa que un buen ataque, llevaron frente a la Audiencia Nacional a la Agencia explicando que corresponde a la fuente original corregir las informaciones erróneas o caducas ya que si fueran ellos los que se dedican a eliminar resultados de sus búsquedas estarían atentando contra la libertad de expresión.

 

Fue entonces cuando se formularon dos preguntas que, aunque se aplicaban a este caso, tendrían una trascendencia mayor fuera cual fuera su sentido. La primera era si el particular tenía derecho al olvido. Derecho a solicitar a los buscadores desaparecer de sus indexadores cuando la información no fuera correcta o, simplemente, a borrar su «huella digital». La segunda, si el derecho de la Unión era aplicable a una persona física con nacionalidad española… y a una jurídica estadounidense.

 

De momento parece que la primera duda se ha resuelto. El Tribunal considera que Google tan sólo se dedica a difundir la información que existe sobre Casteja en la red. Información que Google -no olvidemos- nunca genera, sólo la transmite. Casteja ha explicado que «la privacidad está cada vez más amenazada» ya que las personas no podemos escoger «dónde salir». Admite que Google sólo «corta y pega» y que «esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión». Desde aquí nos preguntamos si la responsabilidad no debería recaer en quien sigue publicando una información obsoleta que daña la imagen del letrado: la propia Agencia de Protección de Datos.

 

La conclusión es clara: cualquier web sujeta a ser indexada para aparecer en los buscadores será quien se encargue de que la información que publica sea correcta y, si lo desea, acceder a borrar la información -siempre que sea veraz- de un tercero. Los buscadores son meros mensajeros, altavoces que replican lo que otros escriben en la web. Como decía Aristóteles, somos dueño de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Ahora más que nunca.

Publicado por

Gaizka Manero López

Nacido en 1982 en Portugalete, Bizkaia, soy doctor en "Periodismo, Comunicación y Memoria en la era digital" por la Universidad del País Vasco.

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