Descargas, la nueva batalla entre la Administración e internet

Durante los últimos meses las noticias en las que las Administraciones han tomado el control de diferentes dominios de páginas web han sido más o menos habituales. Acciones en las que los Gobiernos, para defender los derechos de autor han ido cercando las web más polémicos o que más daño hacen a los grandes creadores y las distribuidoras. Sin embargo, a pesar de la movilización que ha provocado esto en internet, los legisladores parecen querer ir un paso más allá y el objetivo ahora es cualquier plataforma que deje enlazar a estas webs.

Como no podía ser de otra forma, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), encabezada por Microsoft, Google y Facebook han mostrado su desacuerdo al intentar mostrarles como colaboradores de las descargas ilegales y ante la posibilidad de acciones legales que pudieran ir en su contra.

Pero, ¿cuál ha sido el detonante? Al parecer, las páginas libgen.org y sci-hub.org han sido acusados de la distribución de millones de artículos ilegalmente y, en la denuncia interpuesta por la editorial Elsevier se ha solicitado que se prohiba dar alojamiento a ambas, así como que desaparezcan de los resultados de búsqueda en webs como Bing, Google o Yahoo!. Las grandes tecnológicas, de momento, las han eliminado y, aunque no se han pronunciado todavía, podría presentar una queja formal para conseguir que las dejen al margen de esta guerra.

Para la CCIA, las empresas intermediarias -buscadores, por ejemplo- no toman parte de las actividades de las webs a las que enlazan con lo que consideran que ellas no deben formar parte de unas medidas cautelares que a la larga acaban atacando a la raíz de su negocio. Enlazar con una web de descargas y mostrársela al usuario no significa ni que se esté de acuerdo con la actividad que realiza esa página y, de facto, ni siquiera conocerla.

De facto, si la web es declarada ilegal, ésta será obligada a cerrar con lo que desaparecería del sistema de búsquedas. De lo contrario, y hasta que haya sentencia, las páginas son perfectamente regulares y no mostrarlas solo serviría para dar una visión distorsionada a los clientes y, por tanto, bajar la calidad del servicio que les ofertan.

Los grandes buscadores, sistemas de alojamiento, etc. siempre han defendido su posición ante cualquier actividad ilícita o que pudiera redundar en un daño a un tercero. Sin embargo, sus departamentos jurídicos también defienden que la neutralidad previa a una sentencia judicial no significa en ningún caso apoyar las descargas ilegales.

Parece que se ha abierto un nuevo frente entre la industria del espectáculo y la tecnológica. La duda es saber qué postura tomarán las administraciones ante la enorme presión que ambos lobbys ejercerán sobre el gobierno.

Publicado por

Gaizka Manero López

Nacido en 1982 en Portugalete, Bizkaia, soy doctor en "Periodismo, Comunicación y Memoria en la era digital" por la Universidad del País Vasco.

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