Protección de datos, Europa toma la delantera

Por fin el trabajo de años del Parlamento Europeo ha llegado a buen puerto en materia de protección de datos. Hace poco más de una semana la legislación de 1995 fue actualizada a la era digital para dar más herramientas a las autoridades para poder plantar cara a las empresas que infrinjan las leyes y vulneren los derechos individuales de los ciudadanos al respecto de sus datos.

Entre las normas más aplaudidas se encuentra la garantía la Derecho al Olvido y la obligatoriedad a agilizar la portabilidad de datos así como un refuerzo al consentimiento explícito de los usuarios para el tratamiento de sus datos utilizando -por fin- un lenguaje claro que no deja espacio a las ambigüedades en el que todas las cláusulas sobre privacidad quedan lejos de posibles interpretaciones.

Según los comisarios europeos Frans Timmermans y Vera Jourová «las nuevas normas garantizan que el derecho fundamental a la protección de datos personales están disponibles para todos los ciudadanos». Además, «ayudan a estimular el mercado digital único europeo mediante el fomento de la confianza de los consumidores en los servicios en línea».

De esta forma el Reglamento General de Protección de Datos endurece las penas para las empresas que se salten las normas con multas que pueden alcanzar el 4% de su facturación global de modo que no puedan saltarse nunca el consentimiento «claro y afirmativo» de cada persona en cada caso.

Las grandes empresas, además, tendrán que designar un «oficial de protección de datos» si tratan datos sensibles a escala y estarán obligadas a informar si sufren alguna filtración durante las 72 horas siguientes al problema. Además, la responsabilidad de la misma se extenderá a cualquier procesador de datos que haya estado relacionado con la misma.

El Derecho al Olvido, además, pasa a convertirse en una Ley, del mismo modo que la portabilidad de datos para que pasen de un proveedor a otro de datos debe facilitarse siempre que así lo desee el propietario de los mismos. En caso de que se trate de datos de menores o de que estos hayan cedido datos a redes sociales, los mismos quedarán a merced de lo que decidan hacer con ellos sus tutores legales siendo una autoridad única la que puede tomar decisiones al respecto de las quejas que surjan por su uso.

La legislación continental entrará 20 días después de su publicación y todos los Estados miembros sin excepción tendrán un plazo máximo de dos años para implementarla en su respectiva legislaciones nacionales.

Publicado por

Gaizka Manero López

Nacido en 1982 en Portugalete, Bizkaia, soy doctor en "Periodismo, Comunicación y Memoria en la era digital" por la Universidad del País Vasco.

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