Canon digital, todos pagamos

En este blog siempre hemos pensado que intentar regular internet -lo bueno y lo malo- es como intentar ponerle puertas al campo. A un campo del tamaño del desierto del Sahara. También hemos pensado que las políticas de defensa y desarrollo de los derechos de autor y de la cultura en este país son absolutamente obsoletas, injustas y fuera de lugar. Muy en la línea de los contenidos de los programas políticos de los partidos -gobernantes y no-. El último ejemplo es el del canon digital que el Gobierno Rajoy ha aprobado y que después de la operación Padawan que sacó a relucir lo mejor de las sociedades de derechos de autor en el Estado.

 

Las mismas personas que atacaron el canon digital que gravaba a aquellos que consumían productos que potencialmente podían realizar una copia de un contenido cultural -incluimos el software- ahora han redactado y aplaudido una ley que intenta matar moscas a cañonazos.

 

El Consejo de Ministros anunciaba la defunción del antiguo régimen de retribución por las copias de particulares a los creadores, actores, editores, etc mediante las entidades de gestión de derechos de autor para hacerlo «a ejercicio vencido» mediante una partida en los Presupuestos Generales del Estado.

 

¿Qué significa esto? Que en vez de pagar un canon aquellos que se compren dispositivos susceptibles de realizar las copias -algo tan moderno como una fotocopiadora o un CD virgen- lo pagaremos todos los ciudadanos mediante impuestos. Es cierto que, al menos, la cifra es sustancialmente menor a la que se abonaba hasta ahora: se pasarán de 115 millones en 2011 a 5 millones de euros en 2012. Esto significa que cada uno de nosotros pagará 11 céntimos por realizar copias privadas de los contenidos sujetos a derechos de autor que hemos consumido.

 

Sin embargo, las dudas que surgen sobre toda esta nueva normativa es enorme. Por ejemplo, ¿cómo se repartirá el importe entre las ocho entidades de gestión radicadas en el Estado? A pesar de que nuestra industria cultural es relativamente pequeña -sobre todo si lo comparamos con los gigante anglosajones- hay cuatro de autores (SGAE, CEDRO, VEGAP y DAMA); dos de intérpretes (AIE y AISGE) y otras dos de productores (AGEDI y EGEDA). De momento, Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del ejecutivo sólo ha dicho que el reparto se llevará a cabo por orden ministerial y que en el caso de soportes sonoros el 50% irá al autor, el 25% a los artistas intérpretes o ejecutores y el resto a los productores. En los medios audiovisuales se repartirá a partes iguales entre autores, intérpretes y productores y en el caso de los libros los autores se quedarán el 55% y los editores el 45% del reparto.

 

Los métodos para calcular la cantidad a repartir serán «objetivos»: el volumen de copias comercializadas, el impacto sobre la venta de ejemplares de las obras, el precio medio o el impacto de las nuevas tecnologías en la difusión sobre los contenidos. En un «país de lectores», malos tiempos para los libros. En un «país de consumidores de cine nacional», malos tiempos para los actores y productoras españolas. En un «país de top manta», ¿cómo calcular las ventas reales de un grupo o cantante?

 

Los cálculos y la legislación han caído tan bien que CEDRO -la SGAE del libro y sin desfalcos conocidos- ya ha denunciado a España ante la Unión Europea puesto que la «compensación equitativa por copia privada» -bonito nombre para el nuevo canon- no es suficiente ni «adecuada a los titulares de los derechos».

 

No sorprende si tenemos en cuenta que en una reunión privada de Wert con las asociaciones les prometió una cifra que rondaría los 40 millones de euros anuales, 8 veces más de lo previsto y 1.000 veces menos de lo dedicado a Bankia y compañía.

 

La duda que nos surge aquí es doble. Como entendemos que nadie puede ser gravado dos veces por un mismo impuesto -y una multa es un pseudo impuesto- ¿supone que este pago vinculado a nuestros impuestos nos da barra libre para las descargas de cualquier contenido desde cualquier web sita en el Estado? Si es así me temo que los autores verán disminuir drásticamente sus ventas sabiendo que será legal descargarse contenidos de internet.

 

La otra cuestión que formulamos es que si tenemos en cuenta que dentro de la industria musical -por poner el ejemplo más flagrante- cerca del 40% de las compras se realizan vía online -iTunes, Spotify y compañía- y que estas no están reguladas en la nueva normativa, ¿qué sentido tiene hablar de CDs y pen drives? Los estudios denotan que la prensa de papel tiene un margen de década y media de vida como mucho, que en muchos países «desarrollados» incluso la venta de películas en la nube supera a la de soportes físicos y la de música -caso de Estados Unidos- es insignificante en CD. Me temo que es otro caso de normativa mala, lenta y desfasada de un gobierno -sea cual sea su color- malo, lento y desfasado. En fin, otra vez será.

 

PD: no podemos despedirnos sin realizarnos una última pregunta. Si tenemos en cuenta que el acuerdo preliminar se llevó a cabo entre Wert, las asociaciones y las productoras a puerta cerrada, ¿cuánto tardará el ministro en ocupar un cargo destacado en una de ellas? Son muy lucrativas -por lo menos lo eran hasta su llegada-.

Canon digital, nuevos pasos para eliminarlo

El polémico canon digital ha sufrido un nuevo [Enlace roto.]. El pasado día 29 de marzo, la Audiencia Nacional española consideró que la orden ministerial «afectada de un vicio radical que determina su nulidad de pleno derecho». Esta sentencia se une a la de octubre de 2010 del Tribunal de Justicia Europeo que falló que su aplicación era «indiscriminada» y «contraria» a la directiva europea sobre su aplicación en aparatos y soportes «no utilizados» por usuarios privados. Es decir, eximía de su pago a las Administraciones, empresas y profesionales.

Todo ello se suma a la conclusión de la Audiencia Provincial de Barceloa que se suma al veredicto de la UE y que absolvió a la tienda de informática [Enlace roto.], propiedad de la empresa Padawan, del pago que le exigía la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Por el contrario, un juzgado de Madrid obligó a efecto2000.com al pago del canon desde 2003 a la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), si bien, se trata de una resolución «recurrible».

Uno de los motivos de disputa reside en que los jueces europeos consideran que el canon ha de calcularse «por estimación» debido a que el legislador es «incapaz» de discernir qué actos se van a destinar a la copia privada. Es por ello que recomienda aplicar el importe mínimo en todos los casos. Así, el «problema» se agrava si tenemos en cuenta que el Gobierno no ha tenido en cuenta todas las excepciones y que multitud de dispositivos se encuentran en un «limbo legal», como es el caso de los teléfonos móviles inteligentes o los lápices de memoria.

Por eso desde el máximo tribunal continental hablan de la necesidad de encontrar un nuevo sistema que vincule el canon y el supuesto uso que se le va a dar a cada dispositivo.

Historia del canon


El canon digital es una compensación por copia que tiene como objetivo retribuir a los creadores por la pérdida de sus derechos exclusivos y que, desde 1987 son cobrados colectivamente por entidades de gestión de los derechos de autor. Así, como la tecnología permite realizar copias de un contenido sin permiso explícito de su creador, la Ley impone unos cánones a los dispositivos y soportes de almacenamiento que son pagados por los fabricantes y que éstos últimos repercuten en el consumidor.

En 2006, con un amplio apoyo de la cámara baja española, los legisladores acuerdan aumentar el ámbito de actuación del canon y deciden aplicarlo a cualquier dispositivo digital susceptible de ser utilizado para realizar copias de contenidos protegidas por los derechos de autor. Sin embargo, el listado de estos aparatos fue conflictivo, ya que los deudores y los acreedores de la compensación fueron incapaces de pactar una lista conjunta.

El problema es que todas las variaciones legales están provocando una carrera de nulidades con efecto retroactivo que, normalmente, incluyen la devolución de parte del pago que se llevó a cabo. Y todo esto se une a que determinados dispositivos están en un limbo legal ya que la Ley de Propiedad Intelectual sólo deja exentos del pago a los discos duros, sin delimitar exactamente qué entiende por este concepto.

De momento, aunque haya sentencias que parecen bloquearán y transformarán profundamente el canon digital y su pago, los ciudadanos seguimos abonándolo.