Protección de datos, Europa toma la delantera

Por fin el trabajo de años del Parlamento Europeo ha llegado a buen puerto en materia de protección de datos. Hace poco más de una semana la legislación de 1995 fue actualizada a la era digital para dar más herramientas a las autoridades para poder plantar cara a las empresas que infrinjan las leyes y vulneren los derechos individuales de los ciudadanos al respecto de sus datos.

Entre las normas más aplaudidas se encuentra la garantía la Derecho al Olvido y la obligatoriedad a agilizar la portabilidad de datos así como un refuerzo al consentimiento explícito de los usuarios para el tratamiento de sus datos utilizando -por fin- un lenguaje claro que no deja espacio a las ambigüedades en el que todas las cláusulas sobre privacidad quedan lejos de posibles interpretaciones.

Según los comisarios europeos Frans Timmermans y Vera Jourová «las nuevas normas garantizan que el derecho fundamental a la protección de datos personales están disponibles para todos los ciudadanos». Además, «ayudan a estimular el mercado digital único europeo mediante el fomento de la confianza de los consumidores en los servicios en línea».

De esta forma el Reglamento General de Protección de Datos endurece las penas para las empresas que se salten las normas con multas que pueden alcanzar el 4% de su facturación global de modo que no puedan saltarse nunca el consentimiento «claro y afirmativo» de cada persona en cada caso.

Las grandes empresas, además, tendrán que designar un «oficial de protección de datos» si tratan datos sensibles a escala y estarán obligadas a informar si sufren alguna filtración durante las 72 horas siguientes al problema. Además, la responsabilidad de la misma se extenderá a cualquier procesador de datos que haya estado relacionado con la misma.

El Derecho al Olvido, además, pasa a convertirse en una Ley, del mismo modo que la portabilidad de datos para que pasen de un proveedor a otro de datos debe facilitarse siempre que así lo desee el propietario de los mismos. En caso de que se trate de datos de menores o de que estos hayan cedido datos a redes sociales, los mismos quedarán a merced de lo que decidan hacer con ellos sus tutores legales siendo una autoridad única la que puede tomar decisiones al respecto de las quejas que surjan por su uso.

La legislación continental entrará 20 días después de su publicación y todos los Estados miembros sin excepción tendrán un plazo máximo de dos años para implementarla en su respectiva legislaciones nacionales.

Facebook vs Alemania, lucha por la privacidad

Interesada o desinteresadamente parece que las grandes empresas de Silicon Valley están condenadas una y otra vez a chocar con Berlín. Primero fue Google la que tuvo problemas con su Street View; luego fue Uber la que chocó con la legislación laboral germana; Amazon por problemas fiscales o la legislación del derecho al olvido. Ahora parece que le ha tocado el turno a la empresa de Mark Zuckerberg una de la que más flirtea con el derecho a la privacidad de los usuarios.

Los contendientes de esta batalla son una usuaria cuya cuenta fue bloqueada por utilizar un pseudónimo en vez de su nombre real y que está amparada por la Autoridad de Protección de Datos de Hamburgo y por otro lado, la red social que no solo bloqueó la cuenta sino que exigió una identificación oficial a la usuaria para luego cambiar su nombre sin que esta pudiera hacer nada.

La usuaria argumentó -vía Autoridad- que cambió su nombre para que nadie pudiera contactar con ella por temas profesionales de modo que podía resguardar su privacidad. Facebook, por su parte, alega que esto viola la privacidad de los demás usuarios al poder ser contactados por un tercero que no es quien dice ser y que sus normativas de uso permiten hacer estos «cambio forzosos» de forma unilateral.

El departamento legal de los californianos explica que uno de los pilares de la seguridad y la privacidad dentro de la red social -que ya supera los 1.700 millones de usuarios- es que todo el mundo sea quien dice ser para que así todo el mundo sepa con quién contacta y con quién no libremente. Algo «fundamental» a la hora de compartir contenidos, según reza su comunicado.

La duda que nos surge -más allá de los argumentos de peso que pueda presentar usuaria y empresa- es cuál será el marco regulador que dicte sentencia. Del mismo modo que ocurre con el derecho al olvido -se borran los resultados de Google en el país de origen del protegido pero no en toda la web pues son contenidos de terceros en otros países- los contratos que se firman al acceder a Facebook (sí, esos que no leemos) suelen regirse por las leyes del Estado de California, lo que hace que el derecho a la privacidad sea diferente a los que conocemos en Europa.

De hecho, las instituciones continentales llevan tiempo intentando socavar este problema que hace que las compañías de Silicon Valley pueda gestionar derechos fundamentales de una forma diferente a las europeas. ¿Será esta la ocasión en la que Berlín pueda por fin poner el lazo una gran tecnológica? Parece que las presiones que han llevado hasta ahora sobre la Administración Obama para que endurezca estos matices legales han sido completamente infructuosos.

Derecho al olvido, el efecto boomerang

Lo que empezó como una cruzada de un sólo individuo contra el gigante de internet Google -y que sorprendentemente volvió a ganar David en vez de Goliath- se ha traducido ya en más de 70.000 peticiones por parte de ciudadanos europeos para que les apliquen su derecho al olvido desde que el 30 de mayo se publicara el formulario como consecuencia a la sentencia del Tribunal Europeo.

Uno de los primeros casos donde la información (o el derecho a la información) se ha topado con el derecho al olvido ha sido el del periodista de la BBC Robert Peston quien muestra su malestar porque la nueva normativa continental obliga a borrar piezas sobre Stan O’Neil, un antiguo jefe de inversiones de Merrill Lynch «que sigue en el espectro público y que ha tenido un papel relevante en una de las crisis financieras más duras». Su desaparición coarta la libertad de expresión y la posibilidad de dar una imagen completa de la realidad.

Sin embargo, no es el ente público británico el único apercibido en las islas. The Guardian ha recibido hasta seis avisos. Tres por el árbitro Dougie McDonald -quien dimitió en 2010 tras mentir sobre un penalty-  y otras tres piezas del comentarista Roy Greenslade por un intento de fraude de un político o unos funcionarios galos que dieron rienda a su imaginación en los post-it de su oficina.

No obstante, como bien explican en El País, el derecho al olvido está teniendo una aplicación de lo más curiosa. Al tratarse de una sentencia europea, ésta sólo es aplicable a ciudadanos o acontecimientos ocurridos en los países sujetos a su legalidad. Es decir: si buscamos la información en google.co.uk no la encontraremos mientras que si la buscamos en google.com -la web que responde a Estados Unidos- aparecerán todos los artículos. Además, el sistema de indexación hace que preguntar al Googlebot por «el árbitro que mintió» o «funcionarios franceses post-it» salgan de nuevo los textos. Son los nombres los sujetos al derecho al olvido, no los hechos que ocurrieron.

Como bien explicó Larry Page en Financial Times, el problema no reside en la aplicación de este derecho, sino a la forma en la que se ha regulado internet. Sin opción a negociar con las empresas de los buscadores ni tampoco con los generadores de contenidos. Además, se ha priorizado un derecho individual (el olvido) frente a uno colectivo (libertad de expresión y de información). De este modo, la no desaparición de los textos -siguen disponibles tanto en Bing como en Yahoo! que cuentan con un 28% del mercado- no sólo no ha redundado en el olvido de los protagonistas de las noticias, sino que han hecho que estos temas vuelvan a salir a la palestra.

Además, Google se ha quejado que el discernimiento sobre que es irrelevante o lesivo ha quedado en sus manos -lo que le ha obligado a crear un comité de expertos- cuando al ser una sentencia continental debería ser el mismo organismo europeo el que estudiara cada caso. Parece ser que algunos no se dan cuenta que el mejor sistema de olvido es el paso del tiempo.

Google y el derecho al olvido, ¿algo más que un buscador?

Decía hace más de dos milenios Aristóteles que «el hombre es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio». De este modo, uno de los padres de nuestra civilización y forma de pensamiento parece haber sido la fuente de inspiración para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie a favor de Google en el caso que enfrenta al gigante informático con la Agencia de Protección de Datos estatal.

 

De momento ha sido el abogado central del Tribunal el que ha realizado un dictamen preliminar no vinculante -pero que normalmente los jueces siguen en el 80% de los casos- en la que concluye que Google, el mayor buscador de datos de nuestro tiempo, no tiene obligación de borrar ningún contenido a petición de un particular.

 

Curiosamente, si nos remontamos al origen del litigio veremos que el «particular» que inició esta batalla en pro de la defensa del llamado derecho al olvido fue la propia agencia estatal cuando exigió a los de Mountain View que eliminase de sus resultados de búsqueda un anuncio publicado en un periódico de subastas de inmuebles relacionados con deudas con la Seguridad Social.

 

Un abogado, Mario Casteja, se dio cuenta al teclear su nombre en Google que aparecía relacionado con un embargo que, por fortuna para él, pudo solucionar a su favor. Sin embargo, su nombre seguía relacionado en internet a su deuda ya satisfecha. El dato no sólo carecía de relevancia sino que podía resultar un daño a su imagen.

 

La Agencia de Protección de Datos hizo suya la cruzada -ya que se negó a eliminar el anuncio original en el periódico, algo que hubiera solventado mucho más rápido el entuerto, alegando que mantener la publicación tenía justificación legal y daba máxima publicidad a las subastas-. Y entonces la maquinaria legal de Google se puso a trabajar. Y como no hay mejor defensa que un buen ataque, llevaron frente a la Audiencia Nacional a la Agencia explicando que corresponde a la fuente original corregir las informaciones erróneas o caducas ya que si fueran ellos los que se dedican a eliminar resultados de sus búsquedas estarían atentando contra la libertad de expresión.

 

Fue entonces cuando se formularon dos preguntas que, aunque se aplicaban a este caso, tendrían una trascendencia mayor fuera cual fuera su sentido. La primera era si el particular tenía derecho al olvido. Derecho a solicitar a los buscadores desaparecer de sus indexadores cuando la información no fuera correcta o, simplemente, a borrar su «huella digital». La segunda, si el derecho de la Unión era aplicable a una persona física con nacionalidad española… y a una jurídica estadounidense.

 

De momento parece que la primera duda se ha resuelto. El Tribunal considera que Google tan sólo se dedica a difundir la información que existe sobre Casteja en la red. Información que Google -no olvidemos- nunca genera, sólo la transmite. Casteja ha explicado que «la privacidad está cada vez más amenazada» ya que las personas no podemos escoger «dónde salir». Admite que Google sólo «corta y pega» y que «esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión». Desde aquí nos preguntamos si la responsabilidad no debería recaer en quien sigue publicando una información obsoleta que daña la imagen del letrado: la propia Agencia de Protección de Datos.

 

La conclusión es clara: cualquier web sujeta a ser indexada para aparecer en los buscadores será quien se encargue de que la información que publica sea correcta y, si lo desea, acceder a borrar la información -siempre que sea veraz- de un tercero. Los buscadores son meros mensajeros, altavoces que replican lo que otros escriben en la web. Como decía Aristóteles, somos dueño de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Ahora más que nunca.

Transparencia, Google saca las vergüenzas ajenas

La Agencia Española de Protección de Datos ha pedido 14 veces en los últimos seis meses la retirada de 270 resultados de búsqueda que vinculan medios de comunicación y blogs con individuos particulares y personajes públicos sin su consentimiento.

 

Si viajamos al último año natural la cifra de solicitudes se dispara hasta 82. Al menos ese es el resultado que el gigante de internet ha hecho público en su trimestral Informe de Transparencia (Transparency Report). Las cifras globales son llamativas: en el último semestre los Gobiernos se han puesto en contacto con los de Mountain View hasta 440 veces pero tan sólo 4 han venido acompañadas de una orden judicial por lo que, según explica Dorothy Chou -analista de políticas públicas de Google-, las demás han sido desechadas puesto que «consideran que les obliga a censurar».

 

Chou también explica que la vía judicial no significa el acatamiento inmediato por parte de la empresa de Larry Page. «Todos los casos se estudian uno por uno» por lo que el año pasado sólo se cumplieron el 68% de las órdenes judiciales. Las demás, se apelaron.

 

La analista resaltó que Google está cada vez más preocupado porque «no solo los sospechosos habituales, sino también Gobiernos Democráticos» les piden «retirar información incómoda» de los resultados de búsqueda.

 

Resulta curioso que, según Chou, gobiernos autoritarios como el de China no les piden nada: «directamente bloquean la información». Es más grave el caso de los demás gobiernos no autoritarios que quieren ocultar información con lo que afectan a la libertad de expresión y a la libertad de producción de contenido».

 

 

Disputas con el Estado


Google y la Agencia Española de Protección de Datos mantienen desde hace tiempo una disputa sobre la indexación de datos en internet de la primera. Google nunca retira la información de terceros ya que, según la propia empresa, no es «suya, sino de la web de origen». Frente a esta postura, la Agencia exige la retirada para que la multinacional se ciña al polémico derecho al olvido.

 

De momento el caso ha dado el salto hasta el Tribunal de Justicia de Luxemburgo -a petición de la Audiencia Nacional- para que esta Alta Instancia emita un veredicto unificado en toda la Unión Europea.

 

Precisamente de esta resolución depende buena parte del futuro de la red de redes puesto que, de ser concedido el derecho al olvido, cualquiera podría bloquear cualquier contenido de terceros en la red referido a su persona con el fin de desaparecer casi por completo de internet.