Y llegó la fecha y el Gobierno del Partido Popular anunció a bombo y platillo la implantación de su Ley de Propiedad Intelectual y pasó lo que tenía que pasar, que el Estado ha dado un salto hacia atrás de nuevo en materia informativa y cultural. Google, la empresa más importante de internet desde su nacimiento, ha anunciado que expulsa de forma inmediata a todos los medios españoles como respuesta a esa ley que obligará a los agregadores de contenidos a pagar una tasa por cada información indexada.
Los contenidos podrán seguir leyéndose a través de la web de Google pero ya no aparecerán en un servicio presente en 70 países y que reporta ¡10.000 millones de clicks! a los editores de todo el mundo. En el caso que nos afecta, Google News España tiene 385.000 usuarios únicos al mes sin tener en cuenta los dispositivos móviles.
El comunicado del pasado miércoles en el blog de Richard Gringras, responsable de Google, era sencillamente devastador y directo: «Lamentablemente, como consecuencia de la ley española de propiedad intelectual, en breve tendremos que cerrar Google Noticias España. Dado que es un servicio que no genera ingresos (no mostramos publicidad en el sitio web), este nuevo enfoque resulta sencillamente insostenible«. Es hasta ahora, la primera vez que los de Mountain View cierran su servicio de noticias en algún país.
Pero, ¿cuál es la clave de esta justificada salida? El artículo 32.2 añadido a última hora y aprobado sólo con los votos del Partido Popular y que introducía la «tasa Google» en la que se establece el «derecho irrenunciable» de los editores a recibir una «compensación equitativa» de los agregadores que los indexen. El más famoso es Google, pero Yahoo!, Flipboard o Menéame podrían seguir el mismo camino.
Para que no haya dudas sobre nuestra interpretación del texto, os reproducimos exactamente el contenido de dicho artículo:
Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica.
2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de
gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.
El problema en este planteamiento es doble. Por un lado, pretende obligar por la fuerza a los editores a ejecutar su derecho (en Alemania las instituciones se encontraron que los editores se negaron a solicitar compensación a los agregadores puesto que entendían que el tráfico que les dan estos servicios les reporta muchos más beneficios que la compensación económica) haciéndolo «irrenunciable».
Por otro lado, el famoso Canon AEDE, propuesto por la Asociación de Editores de Diarios Españoles y que entra en vigor en 2015, no tiene regulada su cuantía ni tampoco las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que tiene que hacerla efectiva. Preguntado por esto -sin duda lleva días siendo un tema de portada- el Ministerio de Cultura ha dicho que el desarrollo de esa tarificación llevará seis meses… y que luego habrá que negociar. La idea es que se negocie entre cada medio y cada agregador y en caso de que no lleguen a un acuerdo, que se regule a partir del veredicto de la Comisión de la Propiedad Intelectual.
Lo mejor de todo, en boca de Wert, es que el cobro se hará de modo retroactivo motivo por el que «Google se ha desmantelado para adelantarse al desarrollo reglamentario» que, por cierto, va en la línea «de lo que busca la Unión Europea«.
Con tal postura la empresa se mantiene firme: no está dispuesta a negociar nada salvo una retirada de la tasa. Como eso parece poco probable a corto plazo (aunque menos tardaron en modificar la Constitución sin permiso de nadie), a partir del día 16 de diciembre, cuando se teclee news.google.es los usuarios serán redirigidos a una página donde se les explicará el motivo del cierre.
La sorpresa de AEDE
Los más sorprendidos, sin duda, son los propios medios de comunicación (aunque no sabemos muy bien por qué). Durante los dos años que ha llevado la tramitación de esta ley «se han mostrado dispuestos a negociar con Google». Explicaron en un comunicado que «dada la posición de dominio de Google se vieron obligadas a solicitar la intervención de las autoridades españolas y comunitarias así como las de la competencia para proteger los derechos de los ciudadanos y de las empresas».
José Gabriel González Arias, responsable de la Asociación dijo ser consciente del tráfico que genera este servicio y de la «potente herramienta que es el buscador» (parece que eso sí debe ser usado gratis por los profesionales no siempre remunerados de los medios de comunicación) pero «los contenidos tienen un alto coste –¿cuántos becarios malpagados y «voluntarios gratuitos» hay en los medios de comunicación? ¿estos no tienen derecho a solicitar a esa misma asociación el pago por sus servicios?– y no quieren que un tercero los monetarice y se aproveche de ellos sin pagar».
Parece que una vez más España (su Asociación de Editores y su Gobierno entre otros) no quieren ver lo que ha ocurrido en otros Estados vecinos. Países donde los propios medios renunciaron a su derecho a cobrar las tasas por el alto coste en tráfico que suponía la simple retirada de imágenes o del resumen de cada noticia del buscador (Alemania). En Francia la cifra que se acordó para la compensación era mínima y ahora vuelve a haber debate sobre si debe o no ser cobrada una tasa a un servicio que genera millones de visitas al año a los medios del país.
El caso más llamativo es el de Bélgica donde se originó el debate en 2010 y que acabó con una prohibición en 2011 de la difusión de imágenes o textos de medios de comunicación belgas. ¿El resultado? Meses después los medios de comunicación llamaron a la puerta de Google News solicitando su reentrada.
El cierre de Google News por una tasa abusiva solicitada por una Asociación de Editores cavernícola que resume la falta de modernización e implicación con la sociedad de los medios de comunicación y promulgada por un Gobierno que apoya la desinformación de la sociedad y la búsqueda de dinero para seguir tapando una deuda mastodóntica es un ataque a la libertad y al derecho a la información de la sociedad. Es sólo el más llamativo de una larga lista que se producirá y que sólo servirá para dejarnos en manos de medios de comunicación torpes, lentos, alineados con el poder y que siguen pensando que son el cuarto poder cuando hace más de una década que se convirtieron en meros voceros de las instituciones.
Durante siglos el alcance de las publicaciones de cualquier tipo estuvieron limitadas por razones técnicas y de transporte. Internet acabó con todo esto. Ha permitido al ciudadano conseguir una información mucho más global y completa. Conseguir comparar contenidos a partir de las fuentes y los medios y hacerse una imagen más real de lo que nos rodea desde varios puntos de vista. Sin embargo, esto ha supuesto un enorme reto a los medios de comunicación que no sólo han visto multiplicada la competencia (también el público potencial) sino que se han visto implicados en una enorme batalla por la publicidad.
Una vez más en este país se ha visto la tecnología como una amenaza no como una oportunidad de desarrollo. Quieren que perdamos una oportunidad de emplear la herramienta de comunicación más importante desde la rueda y la imprenta para convertirnos en una sociedad más formada e informada. Quizá es precisamente eso lo que no quieren ni las instituciones ni los editores, sentados en un banquete en el que unos alimentan a otros para no perder su posición dominante.
