Protección de datos, Europa toma la delantera

Por fin el trabajo de años del Parlamento Europeo ha llegado a buen puerto en materia de protección de datos. Hace poco más de una semana la legislación de 1995 fue actualizada a la era digital para dar más herramientas a las autoridades para poder plantar cara a las empresas que infrinjan las leyes y vulneren los derechos individuales de los ciudadanos al respecto de sus datos.

Entre las normas más aplaudidas se encuentra la garantía la Derecho al Olvido y la obligatoriedad a agilizar la portabilidad de datos así como un refuerzo al consentimiento explícito de los usuarios para el tratamiento de sus datos utilizando -por fin- un lenguaje claro que no deja espacio a las ambigüedades en el que todas las cláusulas sobre privacidad quedan lejos de posibles interpretaciones.

Según los comisarios europeos Frans Timmermans y Vera Jourová «las nuevas normas garantizan que el derecho fundamental a la protección de datos personales están disponibles para todos los ciudadanos». Además, «ayudan a estimular el mercado digital único europeo mediante el fomento de la confianza de los consumidores en los servicios en línea».

De esta forma el Reglamento General de Protección de Datos endurece las penas para las empresas que se salten las normas con multas que pueden alcanzar el 4% de su facturación global de modo que no puedan saltarse nunca el consentimiento «claro y afirmativo» de cada persona en cada caso.

Las grandes empresas, además, tendrán que designar un «oficial de protección de datos» si tratan datos sensibles a escala y estarán obligadas a informar si sufren alguna filtración durante las 72 horas siguientes al problema. Además, la responsabilidad de la misma se extenderá a cualquier procesador de datos que haya estado relacionado con la misma.

El Derecho al Olvido, además, pasa a convertirse en una Ley, del mismo modo que la portabilidad de datos para que pasen de un proveedor a otro de datos debe facilitarse siempre que así lo desee el propietario de los mismos. En caso de que se trate de datos de menores o de que estos hayan cedido datos a redes sociales, los mismos quedarán a merced de lo que decidan hacer con ellos sus tutores legales siendo una autoridad única la que puede tomar decisiones al respecto de las quejas que surjan por su uso.

La legislación continental entrará 20 días después de su publicación y todos los Estados miembros sin excepción tendrán un plazo máximo de dos años para implementarla en su respectiva legislaciones nacionales.

Legislación tecnológica, los cinco puntos ineludibles en 2016

La velocidad a la que sucede todo en el universo tecnológico desde hace poco más de una década es altísima. Prácticamente todos los sectores productivos -fuera y dentro de nuestras fronteras- están influenciados por la llegada de las TICs y las evoluciones 3.0 y 4.0 de la revolución digital. Y es eso precisamente lo que hace que cada vez más países y organismos supranacionales comiencen a ver la legislación en este campo como una medida absolutamente necesaria.

Teknautas, la excelente sección de tecnología de El Confidencial, analizaba hace pocos días cinco tecnologías que deberán ser reguladas durante la próxima legislatura. Materias que en algunos casos se someten a códigos excesivamente laxos (o arcaicos) o que, directamente, no tienen ninguna regulación sobre ellas. Os traemos aquí el listado (y nuestra opinión al respecto).

  • Car sharing. Bajo esta denominación se engloba toda la economía colaborativa relacionada con el transporte privado. Es cierto que todo el sector está pendiente de regulación pero también que «el coche» es el punto más caliente porque es uno de los que más afecta a nuestro bolsillo y a sectores tan relevantes como los taxis y las compañías (públicas y privadas) de transporte colectivo. Uber, Cabify y BlaBlaCar no solo han estado en los medios sino también en los juzgados. Y en el caso del primero, el más importante por su carácter internacional, ha estado incluso suspendido cautelarmente. Regidas por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el propio concepto de intermediario tecnológico entre dos usuarios ha puesto en jaque a las administraciones. Como siempre, el problema va más allá del caso particular: es el ejemplo claro del paso de la sociedad de la era de la acumulación a la era del uso bajo demanda.
  • Fintech. Durante mucho tiempo la sociedad vio como los medios de comunicación, los comercios minoristas y toda clase de sectores se veían sacudidos por el terremoto de los dispositivos móviles e internet. Parecía que casi ningún sector tradicional iba a acabar inmune -por mucho que se esforzara- y ahora le ha llegado el turno a la banca. Es cierto que aún no es una amenaza real pero también que todo el sector se está moviendo rápido antes de que sea tarde y los «ogros» de Silicon Valley adquieran conciencia de su potencial -y también lo hagan sus clientes-. De momento la CNMV ya ha puesto su lupa sobre los nuevos actores del negocio. Además, son muchas las empresas que piden una legislación más clara al respecto de cómo registrarse y tributar. La presión de los demás mercados vecinos hará el resto.
  • Economía colaborativa (en general). En condiciones normales la economía colaborativa debería ser la respuesta responsable al exceso consumista de la sociedad occidental. Sin embargo, como siempre, hay una amenaza real de que se convierta en el refugio perfecto de la economía sumergida. Será necesario determinar a partir de qué ingresos es necesario tributar, cómo ha de hacerse y en concepto de qué. Los servicios domésticos, las personas que se prestan a hacer recados por precios módicos, etc. son cada vez más habituales en internet. ¿Cómo regularlos?
  • Drones. Hemos hablado más de una vez de ellos como una de las revoluciones tecnológicas de este lustro y también de todas las posibilidades que ofrecen tanto para el desarrollo social y económico. Incluso del potente negocio que se está construyendo en otros países a su alrededor. Ahora llega el turno de que la Administración haga lo propio y acote parámetros de seguridad en las áreas pobladas, normas de circulación y uso y forma de tributación de sus constructores y usuarios. Desde hace medio año se cuenta con una legislación demasiado exigua en la que solo se mide su uso industrial y empresarial pero cada vez más analistas exigen ir más allá al ser un nuevo medio de transportar objetos.
  • Crowdfunding y crowdlending. La financiación colectiva de proyectos (incluido el equity crowdfunding en el que el pago del préstamo se hace mediante acciones) y la financiación y préstamo de capital entre personas -el segundo ítem- han sido también uno de los temas más recurrentes por los riesgos de economía sumergida y usura que pueden llevar aparejados si se utilizan mal. De momento, y después de una bochornosa corrección de una Ley que contaba incluso con errores de concepto, hay una norma muy exigua que los implicados dieron por buena pero que ya hablan de cambiar y completar. En cualquier caso, este reto lo será también para el sector financiero -que a buen seguro empleará sus lobbys- al «robarle» parte de su negocio principal: los préstamos y la financiación de proyectos. ¿De qué lado estará el Gobierno?

Facebook vs Alemania, lucha por la privacidad

Interesada o desinteresadamente parece que las grandes empresas de Silicon Valley están condenadas una y otra vez a chocar con Berlín. Primero fue Google la que tuvo problemas con su Street View; luego fue Uber la que chocó con la legislación laboral germana; Amazon por problemas fiscales o la legislación del derecho al olvido. Ahora parece que le ha tocado el turno a la empresa de Mark Zuckerberg una de la que más flirtea con el derecho a la privacidad de los usuarios.

Los contendientes de esta batalla son una usuaria cuya cuenta fue bloqueada por utilizar un pseudónimo en vez de su nombre real y que está amparada por la Autoridad de Protección de Datos de Hamburgo y por otro lado, la red social que no solo bloqueó la cuenta sino que exigió una identificación oficial a la usuaria para luego cambiar su nombre sin que esta pudiera hacer nada.

La usuaria argumentó -vía Autoridad- que cambió su nombre para que nadie pudiera contactar con ella por temas profesionales de modo que podía resguardar su privacidad. Facebook, por su parte, alega que esto viola la privacidad de los demás usuarios al poder ser contactados por un tercero que no es quien dice ser y que sus normativas de uso permiten hacer estos «cambio forzosos» de forma unilateral.

El departamento legal de los californianos explica que uno de los pilares de la seguridad y la privacidad dentro de la red social -que ya supera los 1.700 millones de usuarios- es que todo el mundo sea quien dice ser para que así todo el mundo sepa con quién contacta y con quién no libremente. Algo «fundamental» a la hora de compartir contenidos, según reza su comunicado.

La duda que nos surge -más allá de los argumentos de peso que pueda presentar usuaria y empresa- es cuál será el marco regulador que dicte sentencia. Del mismo modo que ocurre con el derecho al olvido -se borran los resultados de Google en el país de origen del protegido pero no en toda la web pues son contenidos de terceros en otros países- los contratos que se firman al acceder a Facebook (sí, esos que no leemos) suelen regirse por las leyes del Estado de California, lo que hace que el derecho a la privacidad sea diferente a los que conocemos en Europa.

De hecho, las instituciones continentales llevan tiempo intentando socavar este problema que hace que las compañías de Silicon Valley pueda gestionar derechos fundamentales de una forma diferente a las europeas. ¿Será esta la ocasión en la que Berlín pueda por fin poner el lazo una gran tecnológica? Parece que las presiones que han llevado hasta ahora sobre la Administración Obama para que endurezca estos matices legales han sido completamente infructuosos.

Ley mordaza, ¿qué podrá meterte entre rejas?

A finales de marzo el Congreso aprobó con los votos a favor del Partido Popular -solo con sus votos- tras su paso por el Senado la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza y que se inspira, poderosamente en otra polémica Ley de la era socialista. A su vez, el ejecutivo de Rajoy conseguía que la cámara aprobara la Ley Orgánica del Código Penal y la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal en materia de terrorismo.

Os preguntaréis qué hueco tienen las reformas legales en un blog de tecnología. Es sencillo. La combinación de ambas leyes que entrará en vigor el próximo 1 de julio cambiarán por completo las reglas del juego en espacios como internet.

Después de muchos meses de polémicas (y que incluso el Consejo General del Poder Judicial cuestionara la constitucionalidad de algunos preceptos) que acabaron con la marcha atrás en algunos puntos por parte del Ejecutivo la legislación ya es una realidad.

Los internautas tendrán que tener especial con lo que escriban en sus redes sociales ya que puede ser considerado responsable de una manifestación todo aquel que haga una publicación o declaración de una convocatoria de la misma. ¿El ejemplo más sencillo? Un simple tuit. Si alguien escribe «esta tarde, manifestación a las 19:00 horas en Colón» y es el primero en hacerlo, será legalmente el promotor y responsable de la misma, como explica en Teknautas Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en internet.

Este artículo (el 30.3) no solo atenta contra la libertad de expresión y de reunión deliberadamente sino que busca evitar el famoso «pásalo» que tan mal le sentó al propio Rajoy después del 11M o en el exitoso movimiento del 15M.

Pero aquí no acaba el «escándalo»: también es susceptible de ser sancionado publicar en las redes sociales imágenes de policías. Cuando se ponga en peligro el éxito de una operación, la integridad personal o de un familiar de un miembro de las Fuerzas de Seguridad o de unas instalaciones protegidas. La duda que nos surge es que el planteamiento es tan ambiguo e inexacto (¿qué pone en riesgo la integridad de una persona o de un familiar de una persona?) que además choca con derechos fundamentales como el Derecho a la Información. ¿Es diferente si lo toma un periodista a un particular? Y, si lo hace el segundo, ¿varía si le da un uso público o uno particular aún sin mala intención?

La protección a la propiedad intelectual también se ve reforzada en forma de penas mucho más graves a quien atente contra ella. De seis meses hasta cuatro años en el caso de delitos comunes y seis si tienen algún agravante (conseguir algún beneficio económico a costa de la infracción).

Esto también incluye a todo aquel que comercialice o construya para conseguir un beneficio económico cualquier dispositivo de hackeo que permita saltarse la protección del software y el hardware de equipos como consolas, ordenadores, etc. El artículo, el 270, está tan mal redactado y está tan abierto a interpretaciones que todos los fabricantes de chips o tarjetas R4 (cuyo único uso no es el hackeo de otros gadgets) podrían ser condenados.

Por último, llama especialmente la atención el nuevo concepto de terrorismo de la Ley. Ya no es necesario pertenecer a una organización terrorista o participar en un delito terrorista para ser considerado como tal. Acciones como visitar asiduamente webs de reclutamiento (algo que puede hacer desde un policía hasta un periodista de investigación) podría considerarse actividad terrorista así como «cualquier delito que atente contra el orden constitucional» o cualquier ciberataque contra cualquier institución pública.

En definitiva, una legislación que, en lo que atañe a las nuevas tecnologías e internet solo demuestra inexactitud y una obsolescencia por parte de los que nos gobiernan sin precedentes. Un desconocimiento de la realidad que nos rodea que roza el absurdo y que, a buen seguro, nos provocará a todos muchos dolores de cabeza.

Google News, adiós por la puerta grande

Y llegó la fecha y el Gobierno del Partido Popular anunció a bombo y platillo la implantación de su Ley de Propiedad Intelectual y pasó lo que tenía que pasar, que el Estado ha dado un salto hacia atrás de nuevo en materia informativa y cultural. Google, la empresa más importante de internet desde su nacimiento, ha anunciado que expulsa de forma inmediata a todos los medios españoles como respuesta a esa ley que obligará a los agregadores de contenidos a pagar una tasa por cada información indexada.

Los contenidos podrán seguir leyéndose a través de la web de Google pero ya no aparecerán en un servicio presente en 70 países y que reporta ¡10.000 millones de clicks! a los editores de todo el mundo. En el caso que nos afecta, Google News España tiene 385.000 usuarios únicos al mes sin tener en cuenta los dispositivos móviles.

El comunicado del pasado miércoles en el blog de Richard Gringras, responsable de Google, era sencillamente devastador y directo: «Lamentablemente, como consecuencia de la ley española de propiedad intelectual, en breve tendremos que cerrar Google Noticias España. Dado que es un servicio que no genera ingresos (no mostramos publicidad en el sitio web), este nuevo enfoque resulta sencillamente insostenible«. Es hasta ahora, la primera vez que los de Mountain View cierran su servicio de noticias en algún país.

Pero, ¿cuál es la clave de esta justificada salida? El artículo 32.2 añadido a última hora y aprobado sólo con los votos del Partido Popular y que introducía la «tasa Google» en la que se establece el «derecho irrenunciable» de los editores a recibir una «compensación equitativa» de los agregadores que los indexen. El más famoso es Google, pero Yahoo!, Flipboard o Menéame podrían seguir el mismo camino.

Para que no haya dudas sobre nuestra interpretación del texto, os reproducimos exactamente el contenido de dicho artículo:

Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica.
2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de 
gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.

El problema en este planteamiento es doble. Por un lado, pretende obligar por la fuerza a los editores a ejecutar su derecho (en Alemania las instituciones se encontraron que los editores se negaron a solicitar compensación a los agregadores puesto que entendían que el tráfico que les dan estos servicios les reporta muchos más beneficios que la compensación económica) haciéndolo «irrenunciable».

Por otro lado, el famoso Canon AEDE, propuesto por la Asociación de Editores de Diarios Españoles y que entra en vigor en 2015, no tiene regulada su cuantía ni tampoco las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que tiene que hacerla efectiva. Preguntado por esto -sin duda lleva días siendo un tema de portada- el Ministerio de Cultura ha dicho que el desarrollo de esa tarificación llevará seis meses… y que luego habrá que negociar. La idea es que se negocie entre cada medio y cada agregador y en caso de que no lleguen a un acuerdo, que se regule a partir del veredicto de la Comisión de la Propiedad Intelectual.

Lo mejor de todo, en boca de Wert, es que el cobro se hará de modo retroactivo motivo por el que «Google se ha desmantelado para adelantarse al desarrollo reglamentario» que, por cierto, va en la línea «de lo que busca la Unión Europea«.

Con tal postura la empresa se mantiene firme: no está dispuesta a negociar nada salvo una retirada de la tasa. Como eso parece poco probable a corto plazo (aunque menos tardaron en modificar la Constitución sin permiso de nadie), a partir del día 16 de diciembre, cuando se teclee news.google.es los usuarios serán redirigidos a una página donde se les explicará el motivo del cierre.

La sorpresa de AEDE

 

 

 

 

Los más sorprendidos, sin duda, son los propios medios de comunicación (aunque no sabemos muy bien por qué). Durante los dos años que ha llevado la tramitación de esta ley «se han mostrado dispuestos a negociar con Google». Explicaron en un comunicado que «dada la posición de dominio de Google se vieron obligadas a solicitar la intervención de las autoridades españolas y comunitarias así como las de la competencia para proteger los derechos de los ciudadanos y de las empresas».

José Gabriel González Arias, responsable de la Asociación dijo ser consciente del tráfico que genera este servicio y de la «potente herramienta que es el buscador» (parece que eso sí debe ser usado gratis por los profesionales no siempre remunerados de los medios de comunicación) pero «los contenidos tienen un alto coste –¿cuántos becarios malpagados y «voluntarios gratuitos» hay en los medios de comunicación? ¿estos no tienen derecho a solicitar a esa misma asociación el pago por sus servicios?– y no quieren que un tercero los monetarice y se aproveche de ellos sin pagar».

Parece que una vez más España (su Asociación de Editores y su Gobierno entre otros) no quieren ver lo que ha ocurrido en otros Estados vecinos. Países donde los propios medios renunciaron a su derecho a cobrar las tasas por el alto coste en tráfico que suponía la simple retirada de imágenes o del resumen de cada noticia del buscador (Alemania). En Francia la cifra que se acordó para la compensación era mínima y ahora vuelve a haber debate sobre si debe o no ser cobrada una tasa a un servicio que genera millones de visitas al año a los medios del país.

El caso más llamativo es el de Bélgica donde se originó el debate en 2010 y que acabó con una prohibición en 2011 de la difusión de imágenes o textos de medios de comunicación belgas. ¿El resultado? Meses después los medios de comunicación llamaron a la puerta de Google News solicitando su reentrada.

El cierre de Google News por una tasa abusiva solicitada por una Asociación de Editores cavernícola que resume la falta de modernización e implicación con la sociedad de los medios de comunicación y promulgada por un Gobierno que apoya la desinformación de la sociedad y la búsqueda de dinero para seguir tapando una deuda mastodóntica es un ataque a la libertad y al derecho a la información de la sociedad. Es sólo el más llamativo de una larga lista que se producirá y que sólo servirá para dejarnos en manos de medios de comunicación torpes, lentos, alineados con el poder y que siguen pensando que son el cuarto poder cuando hace más de una década que se convirtieron en meros voceros de las instituciones.

Durante siglos el alcance de las publicaciones de cualquier tipo estuvieron limitadas por razones técnicas y de transporte. Internet acabó con todo esto. Ha permitido al ciudadano conseguir una información mucho más global y completa. Conseguir comparar contenidos a partir de las fuentes y los medios y hacerse una imagen más real de lo que nos rodea desde varios puntos de vista. Sin embargo, esto ha supuesto un enorme reto a los medios de comunicación que no sólo han visto multiplicada la competencia (también el público potencial) sino que se han visto implicados en una enorme batalla por la publicidad.

Una vez más en este país se ha visto la tecnología como una amenaza no como una oportunidad de desarrollo. Quieren que perdamos una oportunidad de emplear la herramienta de comunicación más importante desde la rueda y la imprenta para convertirnos en una sociedad más formada e informada. Quizá es precisamente eso lo que no quieren ni las instituciones ni los editores, sentados en un banquete en el que unos alimentan a otros para no perder su posición dominante.