Licencias abiertas, un gran paso para proteger la propiedad intelectual

Las licencias abiertas y su uso ha sido motivo de debate -también jurídico- durante mucho tiempo. Sin embargo, la semana pasada un juez federal de Estados Unidos sentó un precedente importante en el caso de este tipo de derechos: licencias como las GNU GLP (licencia pública general GNU) pueden ser tratadas como contratos legales y los desarrolladores que las utilicen en sus programas pueden demandar a quienes lo hagan violando esos contratos.

El inicio de la contienda legal comenzó cuando los desarrolladores de Hancom Office, una suite informática coreana, añadieron un lector PDF open source llamado Ghostscript en su programa. La herramienta está regulada por una licencia AGPL (diseñada específicamente para asegurar la cooperación con la comunidad en caso de que el software esté sito en servidores en red) que exige que si se redistribuye su software en forma binaria se debe liberar su código fuente.

Además, si se combina Ghostscript con otro programa sin solicitar otra licencia comercial alternativa, el segundo está obligado a liberar el código fuente de todo el conjunto. Algo que Hancom Office no hizo nunca. Tampoco pagó nunca a Artifex por una licencia comercial alternativa que le permitiera la explotación del lector de PDF. De esta forma, desde 2013, la empresa coreana ha estado ganando dinero sin afrontar sus obligaciones legales.

Cuando se llegó a los tribunales, Hancom alegó que nunca firmó nada puesto que la licencia AGPL no es un contrato y, por lo tanto, no es vinculante.  No obstante, la juez Jacqueline Corley determinó que la licencia de Artifex deja claro que se aceptan los términos de uso cuando alguien no accede a una licencia comercial.

De esta forma, cuando Hancom renunció a pagar, aceptaba de forma intrínseca los términos de uso y, por lo tanto, quedaba vinculado a las condiciones de la GNU GLP y, por lo tanto, debía liberar el código del programa final que se aprovechaba de Ghostscript.

Este tipo de licencias son de las más usadas en el mundo ya que cuando un software es publicado bajo la misma se garantiza a los usuarios finales la posibilidad de estudiar, compartir, modificar, usar y modificar el producto de modo que el resultado final se rija bajo las normas del copyleft, es decir, se publicará bajo la misma licencia que el original.

Casi desde su nacimiento, de la mano de Richard Stallman, ha habido un debate acerca de su aplicación y un enorme vacío sobre su cumplimiento legal ya que, aunque las licencias open source son consideradas derechos de autor, aún no había sentencia que considerase su incumplimiento como una violación de un contrato.

La diferencia entre el software libre y el que no lo es radica en la forma de uso y distribución que los autores de un programa quieren para el mismo. De esta forma, es el programador quien escoge la licencia sopesando pros y contras de cada formato. Los creadores de software libre no renuncian nunca a la propiedad intelectual del mismo, tan solo permiten que terceros lo usen, modifiquen y redistribuyan de una determinada forma. Ahora la ley quiere garantizar que así sea.

GoPro, ¿es Microsoft su última oportunidad?

Si hace unos pocos meses GoPro parecía el ejemplo de cómo con una gama muy especializada de productos y una buena estrategia se podía conquistar el mercado, ahora es una demostración de cómo la amenaza china puede tumbar casi a cualquiera. Los últimos resultados financieros presentados demuestran que la empresa está pasando por ciertos problemas y eso la ha llevado a cambiar su estrategia: primero han optado por los despidos -algo bastante habitual-, después por quedarse solo con la parte del catálogo que realmente les funciona bien y por último por un gran cambio en su plantilla de directivos.

Lo que nadie esperaba es que Microsoft anunciara un acuerdo entre ambas empresas para compartir patentes. Se sabe poco más puesto que en el comunicado oficial de los de Redmond se especifica que todos los detalles del acuerdo se mantendrán en secreto para respetar la estrategia de ambas empresas.

Desde hace meses Microsoft se ha mostrado muy activo en su política de alianzas. Sabe que hay algunos mercados en los que está perdido -el de hardware móvil y el de sistemas operativos para smartphones y tabletas es el más llamativo- pero también sabe que existen otras opciones de mercado como ofrecer servicios indispensables para las plataformas de referencia.

También que hay multitud de negocios que están esperando para saltar a la palestra como la realidad virtual. Precisamente por eso ha iniciado una carrera por hacerse con tecnologías desarrolladas por terceros que le permita lanzar nuevos productos y servicios que se adapten a la perfección a las tendencias de referencia en el mercado y, de paso, adelantarse a las que ya son inminentes.

Aunque no se saben detalles sobre qué tecnologías compartirán, se da por hecho que tendrá que ver con el desarrollo de sistemas de grabación para futuros wearables o, quien sabe, la creación de sus propias action cam bajo licencia de GoPro (aunque esto parece mucho menos probable).

¿Qué gana a cambio GoPro? Además del necesario capital para aguantar la avalancha china, podría recibir soporte para el almacenamiento de contenidos como archivos de gran tamaño para poder acceder a ellos desde sus productos sin necesidad de acudir a dispositivos de terceros.

De esta forma el acuerdo entre la empresa de cámaras y Microsoft Technology Licensing ha sido muy bien recibido por los inversores que premiaron con un incremento del 5% de las acciones de GoPro. En cualquier caso parece que hay una nueva empresa “comprable” por parte de los grandes de Silicon Valley. ¿Cuál será su devenir?

Ley mordaza, ¿qué podrá meterte entre rejas?

A finales de marzo el Congreso aprobó con los votos a favor del Partido Popular -solo con sus votos- tras su paso por el Senado la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza y que se inspira, poderosamente en otra polémica Ley de la era socialista. A su vez, el ejecutivo de Rajoy conseguía que la cámara aprobara la Ley Orgánica del Código Penal y la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal en materia de terrorismo.

Os preguntaréis qué hueco tienen las reformas legales en un blog de tecnología. Es sencillo. La combinación de ambas leyes que entrará en vigor el próximo 1 de julio cambiarán por completo las reglas del juego en espacios como internet.

Después de muchos meses de polémicas (y que incluso el Consejo General del Poder Judicial cuestionara la constitucionalidad de algunos preceptos) que acabaron con la marcha atrás en algunos puntos por parte del Ejecutivo la legislación ya es una realidad.

Los internautas tendrán que tener especial con lo que escriban en sus redes sociales ya que puede ser considerado responsable de una manifestación todo aquel que haga una publicación o declaración de una convocatoria de la misma. ¿El ejemplo más sencillo? Un simple tuit. Si alguien escribe “esta tarde, manifestación a las 19:00 horas en Colón” y es el primero en hacerlo, será legalmente el promotor y responsable de la misma, como explica en Teknautas Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en internet.

Este artículo (el 30.3) no solo atenta contra la libertad de expresión y de reunión deliberadamente sino que busca evitar el famoso “pásalo” que tan mal le sentó al propio Rajoy después del 11M o en el exitoso movimiento del 15M.

Pero aquí no acaba el “escándalo”: también es susceptible de ser sancionado publicar en las redes sociales imágenes de policías. Cuando se ponga en peligro el éxito de una operación, la integridad personal o de un familiar de un miembro de las Fuerzas de Seguridad o de unas instalaciones protegidas. La duda que nos surge es que el planteamiento es tan ambiguo e inexacto (¿qué pone en riesgo la integridad de una persona o de un familiar de una persona?) que además choca con derechos fundamentales como el Derecho a la Información. ¿Es diferente si lo toma un periodista a un particular? Y, si lo hace el segundo, ¿varía si le da un uso público o uno particular aún sin mala intención?

La protección a la propiedad intelectual también se ve reforzada en forma de penas mucho más graves a quien atente contra ella. De seis meses hasta cuatro años en el caso de delitos comunes y seis si tienen algún agravante (conseguir algún beneficio económico a costa de la infracción).

Esto también incluye a todo aquel que comercialice o construya para conseguir un beneficio económico cualquier dispositivo de hackeo que permita saltarse la protección del software y el hardware de equipos como consolas, ordenadores, etc. El artículo, el 270, está tan mal redactado y está tan abierto a interpretaciones que todos los fabricantes de chips o tarjetas R4 (cuyo único uso no es el hackeo de otros gadgets) podrían ser condenados.

Por último, llama especialmente la atención el nuevo concepto de terrorismo de la Ley. Ya no es necesario pertenecer a una organización terrorista o participar en un delito terrorista para ser considerado como tal. Acciones como visitar asiduamente webs de reclutamiento (algo que puede hacer desde un policía hasta un periodista de investigación) podría considerarse actividad terrorista así como “cualquier delito que atente contra el orden constitucional” o cualquier ciberataque contra cualquier institución pública.

En definitiva, una legislación que, en lo que atañe a las nuevas tecnologías e internet solo demuestra inexactitud y una obsolescencia por parte de los que nos gobiernan sin precedentes. Un desconocimiento de la realidad que nos rodea que roza el absurdo y que, a buen seguro, nos provocará a todos muchos dolores de cabeza.

Google News, adiós por la puerta grande

Y llegó la fecha y el Gobierno del Partido Popular anunció a bombo y platillo la implantación de su Ley de Propiedad Intelectual y pasó lo que tenía que pasar, que el Estado ha dado un salto hacia atrás de nuevo en materia informativa y cultural. Google, la empresa más importante de internet desde su nacimiento, ha anunciado que expulsa de forma inmediata a todos los medios españoles como respuesta a esa ley que obligará a los agregadores de contenidos a pagar una tasa por cada información indexada.

Los contenidos podrán seguir leyéndose a través de la web de Google pero ya no aparecerán en un servicio presente en 70 países y que reporta ¡10.000 millones de clicks! a los editores de todo el mundo. En el caso que nos afecta, Google News España tiene 385.000 usuarios únicos al mes sin tener en cuenta los dispositivos móviles.

El comunicado del pasado miércoles en el blog de Richard Gringras, responsable de Google, era sencillamente devastador y directo: “Lamentablemente, como consecuencia de la ley española de propiedad intelectual, en breve tendremos que cerrar Google Noticias España. Dado que es un servicio que no genera ingresos (no mostramos publicidad en el sitio web), este nuevo enfoque resulta sencillamente insostenible“. Es hasta ahora, la primera vez que los de Mountain View cierran su servicio de noticias en algún país.

Pero, ¿cuál es la clave de esta justificada salida? El artículo 32.2 añadido a última hora y aprobado sólo con los votos del Partido Popular y que introducía la “tasa Google” en la que se establece el “derecho irrenunciable” de los editores a recibir una “compensación equitativa” de los agregadores que los indexen. El más famoso es Google, pero Yahoo!, Flipboard o Menéame podrían seguir el mismo camino.

Para que no haya dudas sobre nuestra interpretación del texto, os reproducimos exactamente el contenido de dicho artículo:

Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica.
2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de 
gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.

El problema en este planteamiento es doble. Por un lado, pretende obligar por la fuerza a los editores a ejecutar su derecho (en Alemania las instituciones se encontraron que los editores se negaron a solicitar compensación a los agregadores puesto que entendían que el tráfico que les dan estos servicios les reporta muchos más beneficios que la compensación económica) haciéndolo “irrenunciable”.

Por otro lado, el famoso Canon AEDE, propuesto por la Asociación de Editores de Diarios Españoles y que entra en vigor en 2015, no tiene regulada su cuantía ni tampoco las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que tiene que hacerla efectiva. Preguntado por esto -sin duda lleva días siendo un tema de portada- el Ministerio de Cultura ha dicho que el desarrollo de esa tarificación llevará seis meses… y que luego habrá que negociar. La idea es que se negocie entre cada medio y cada agregador y en caso de que no lleguen a un acuerdo, que se regule a partir del veredicto de la Comisión de la Propiedad Intelectual.

Lo mejor de todo, en boca de Wert, es que el cobro se hará de modo retroactivo motivo por el que “Google se ha desmantelado para adelantarse al desarrollo reglamentario” que, por cierto, va en la línea “de lo que busca la Unión Europea“.

Con tal postura la empresa se mantiene firme: no está dispuesta a negociar nada salvo una retirada de la tasa. Como eso parece poco probable a corto plazo (aunque menos tardaron en modificar la Constitución sin permiso de nadie), a partir del día 16 de diciembre, cuando se teclee news.google.es los usuarios serán redirigidos a una página donde se les explicará el motivo del cierre.

La sorpresa de AEDE

 

 

 

 

Los más sorprendidos, sin duda, son los propios medios de comunicación (aunque no sabemos muy bien por qué). Durante los dos años que ha llevado la tramitación de esta ley “se han mostrado dispuestos a negociar con Google”. Explicaron en un comunicado que “dada la posición de dominio de Google se vieron obligadas a solicitar la intervención de las autoridades españolas y comunitarias así como las de la competencia para proteger los derechos de los ciudadanos y de las empresas”.

José Gabriel González Arias, responsable de la Asociación dijo ser consciente del tráfico que genera este servicio y de la “potente herramienta que es el buscador” (parece que eso sí debe ser usado gratis por los profesionales no siempre remunerados de los medios de comunicación) pero “los contenidos tienen un alto coste –¿cuántos becarios malpagados y “voluntarios gratuitos” hay en los medios de comunicación? ¿estos no tienen derecho a solicitar a esa misma asociación el pago por sus servicios?– y no quieren que un tercero los monetarice y se aproveche de ellos sin pagar”.

Parece que una vez más España (su Asociación de Editores y su Gobierno entre otros) no quieren ver lo que ha ocurrido en otros Estados vecinos. Países donde los propios medios renunciaron a su derecho a cobrar las tasas por el alto coste en tráfico que suponía la simple retirada de imágenes o del resumen de cada noticia del buscador (Alemania). En Francia la cifra que se acordó para la compensación era mínima y ahora vuelve a haber debate sobre si debe o no ser cobrada una tasa a un servicio que genera millones de visitas al año a los medios del país.

El caso más llamativo es el de Bélgica donde se originó el debate en 2010 y que acabó con una prohibición en 2011 de la difusión de imágenes o textos de medios de comunicación belgas. ¿El resultado? Meses después los medios de comunicación llamaron a la puerta de Google News solicitando su reentrada.

El cierre de Google News por una tasa abusiva solicitada por una Asociación de Editores cavernícola que resume la falta de modernización e implicación con la sociedad de los medios de comunicación y promulgada por un Gobierno que apoya la desinformación de la sociedad y la búsqueda de dinero para seguir tapando una deuda mastodóntica es un ataque a la libertad y al derecho a la información de la sociedad. Es sólo el más llamativo de una larga lista que se producirá y que sólo servirá para dejarnos en manos de medios de comunicación torpes, lentos, alineados con el poder y que siguen pensando que son el cuarto poder cuando hace más de una década que se convirtieron en meros voceros de las instituciones.

Durante siglos el alcance de las publicaciones de cualquier tipo estuvieron limitadas por razones técnicas y de transporte. Internet acabó con todo esto. Ha permitido al ciudadano conseguir una información mucho más global y completa. Conseguir comparar contenidos a partir de las fuentes y los medios y hacerse una imagen más real de lo que nos rodea desde varios puntos de vista. Sin embargo, esto ha supuesto un enorme reto a los medios de comunicación que no sólo han visto multiplicada la competencia (también el público potencial) sino que se han visto implicados en una enorme batalla por la publicidad.

Una vez más en este país se ha visto la tecnología como una amenaza no como una oportunidad de desarrollo. Quieren que perdamos una oportunidad de emplear la herramienta de comunicación más importante desde la rueda y la imprenta para convertirnos en una sociedad más formada e informada. Quizá es precisamente eso lo que no quieren ni las instituciones ni los editores, sentados en un banquete en el que unos alimentan a otros para no perder su posición dominante.

Google, ¿acorralada por la prensa?

 

La relación entre Google y la Unión Europea ha sido tormentosa casi desde sus comienzos. Los excesos de los de Mountain View con StreetView, del que derivaron problemas de captación de datos privados de clientes (y terceros), su colaboración con la NSA y los continuos estudios por su posible abuso de posición dominante en el negocio de la publicidad online han hecho que la empresa de Larry Page se haya enfrentado a varios Gobiernos de la Unión y al propio Ejecutivo continental.

 

El último problema de Google se ha dado en uno de los países que menos trabas le había puesto hasta ahora: España. La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual sigue la senda de otras remozadas recientemente en la UE28 y que regula la relación entre los medios de comunicación generadores de contenidos y los servicios de agregadores de contenidos como el servicio de noticias de Google que, a partir de ahora, tendrán que negociar con las entidades de gestión de los derechos de autor (CEDRO para los textos y VEGAP para las imágenes) una “remuneración equitativa” para quienes crean las noticias.

 

A partir de ahora ambas partes tienen un máximo de 8 meses para ponerse de acuerdo en la cuantía de esa remuneración. En caso de que no se llegue a un acuerdo (¿negocian realmente de igual a igual un gigante como Google y dos pequeñas entidades de gestión de derechos?), será la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual la encargada de arbitrar y decidir todos los flecos del negocio.

 

Los analistas, de momento, se quedan con ciertos matices muy ambiguos de la legislación: Google -y cualquier otro agregador- sólo podrán utilizar sin pagar fragmentos “no significativos” de las noticias para indexarlos y hacerlos llegar a sus usuarios (una de las fuentes potenciales de lectores para los medios clásicos). Asimismo, desde aquí nos preguntamos cómo será posible hacer con una pequeña comisión que un gigante de Silicon Valley pague a los medios cuando ni siquiera Hacienda es capaz de hacer que paguen sus impuestos.

 

La mala noticia, por su parte, vino con una Ley que deja desprotegidos a los demás medios: radios, televisiones, productores, discográficas, etc. se quejaron amargamente de que su situación no ha variado respecto a la ordenanza anterior y que tan sólo se han escuchado las demandas de los medios de comunicación escritos. Es cierto que son los que más relevancia están perdiendo frente a la fuerza de internet, las versiones digitales y las nuevas tecnologías, pero también que todo el ecosistema informativo y creativo necesita una regulación que les permita adaptarse al siglo XXI.

 

Un ejemplo más de que la división organizativa de la Unión Europea nos convierte en un ente débil frente a las grandes corporaciones transnacionales (me temo que Silicon Valley es sólo la punta del iceberg) y no permite una legislación unificada, acorde a los nuevos tiempos y que proteja los intereses de la Unión y sus empresas -recordemos que las TICs son un gran negocio… en la costa del Pacífico mientras que la industria editorial lo es en Europa-. Desde nuestro punto de vista una nueva oportunidad perdida para mostrarnos como un mercado serio y exigente en el que cualquier no puede entrar a hacer lo que más le convenga. Lo peor es que en este caso no es sólo el pésimo Wert sino los 28 ministros de cultura y el Eurogrupo. Una pena.