Europa, contra los filtros en la red

La guerra por el control de contenidos en Internet acaba de finalizar una de sus batallas más importantes. El pasado 24 de de noviembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminaba que es ilegal que un juez ordene a una operadora la supervisión general de los datos que transmite en su red para detectar descargas ilegales de archivos protegidos por derechos de autor.

Los motivos que ha llevado a tan alto tribunal a pronunciarse en esa dirección son dos: por un lado considera que vulnera derechos fundamentales de los clientes -como el de la protección de datos o el de recibir y comunicar informaciones libremente-; y por otro, que ataca la libertad de empresa.

Esta resolución ha sido «plenamente satisfactoria» para la Comisión Europea -máximo poder ejecutivo de la Unión- ya que impide que los Gobiernos Estatales puedan obligar a los proveedores de internet a controlar de forma masiva a sus clientes -no sólo cuando descargan contenidos ilegales-.

En la otra cara de la moneda, la Federación Internacional de Productores Fonográficos aseguró que aunque la sentencia del Tribunal invalida las medidas impuestas en primera instancia a Scarlet, confirma que los proveedores de internet pueden «ser requeridos para tomar medidas contra violaciones de los derechos de autor existentes o futuras».

Esta misma Federación afirma que el fallo «no afecta las formas de cooperación con los proveedores que incluyen una respuesta gradual de aviso a los infractores y el bloqueo de páginas que ya están siendo aplicados en todos los Estados de la Unión Europea».

Bélgica, origen de la disputa


Sin embargo, para comprender mejor esta sentencia hemos de remontarnos a 2004. En ese año comienza un agrio litigio entre Scarlet, un proveedor de acceso a Internet, y Sabam, una sociedad de gestión de derechos de autor belga. La sociedad gestora demandó a la operadora al considerar que sus clientes descargaban contenidos peer to peer ilegalmente puesto que no pagaban derechos de autor y se hacían con los archivos «sin pedir permiso».

Al principio de esta guerra legal, el presidente del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ordenó a Scarlet a bloquear cualquier transacción de archivos de este tipo bajo pena de multa. La operadora no tardó en acudir al Tribunal de Apelaciones de la capital belga argumentando que la sentencia iba en contra del derecho comunitario puesto que obligaba a la operadora a supervisar todas las comunicaciones en su red, algo contrario a la directiva continental sobre comercio electrónico, así como a la carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Fue entonces cuando los jueces del pequeño Estado europeo acudieron a la justicia continental.

Precisamente estos dos argumentos son los pilares fundamentales de la resolución del Tribunal de Justicia de la UE: supervisar todo su tráfico de datos obligaría a Scarlet a establecer un «sistema informático complejo, gravoso, permanente y exclusivamente a expensas» de los propietarios de titulares de los derechos de autor, algo que es totalmente contrario a la libertad de empresa. Además, un fallo en esa dirección no se referiría solo a la operadora belga, sino que sentaría precedente para todo el sector, algo inconcebible para el Tribunal.

Además, considera que las vulneraciones a los derechos de los ciudadanos reflejados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es mucho mayor y más importantes que las posibles vulneraciones llevadas a cabo por los clientes de estas operadoras que descargan contenidos ilegalmente.