Protección de datos, Europa toma la delantera

Por fin el trabajo de años del Parlamento Europeo ha llegado a buen puerto en materia de protección de datos. Hace poco más de una semana la legislación de 1995 fue actualizada a la era digital para dar más herramientas a las autoridades para poder plantar cara a las empresas que infrinjan las leyes y vulneren los derechos individuales de los ciudadanos al respecto de sus datos.

Entre las normas más aplaudidas se encuentra la garantía la Derecho al Olvido y la obligatoriedad a agilizar la portabilidad de datos así como un refuerzo al consentimiento explícito de los usuarios para el tratamiento de sus datos utilizando -por fin- un lenguaje claro que no deja espacio a las ambigüedades en el que todas las cláusulas sobre privacidad quedan lejos de posibles interpretaciones.

Según los comisarios europeos Frans Timmermans y Vera Jourová «las nuevas normas garantizan que el derecho fundamental a la protección de datos personales están disponibles para todos los ciudadanos». Además, «ayudan a estimular el mercado digital único europeo mediante el fomento de la confianza de los consumidores en los servicios en línea».

De esta forma el Reglamento General de Protección de Datos endurece las penas para las empresas que se salten las normas con multas que pueden alcanzar el 4% de su facturación global de modo que no puedan saltarse nunca el consentimiento «claro y afirmativo» de cada persona en cada caso.

Las grandes empresas, además, tendrán que designar un «oficial de protección de datos» si tratan datos sensibles a escala y estarán obligadas a informar si sufren alguna filtración durante las 72 horas siguientes al problema. Además, la responsabilidad de la misma se extenderá a cualquier procesador de datos que haya estado relacionado con la misma.

El Derecho al Olvido, además, pasa a convertirse en una Ley, del mismo modo que la portabilidad de datos para que pasen de un proveedor a otro de datos debe facilitarse siempre que así lo desee el propietario de los mismos. En caso de que se trate de datos de menores o de que estos hayan cedido datos a redes sociales, los mismos quedarán a merced de lo que decidan hacer con ellos sus tutores legales siendo una autoridad única la que puede tomar decisiones al respecto de las quejas que surjan por su uso.

La legislación continental entrará 20 días después de su publicación y todos los Estados miembros sin excepción tendrán un plazo máximo de dos años para implementarla en su respectiva legislaciones nacionales.

Contenidos digitales, contigo a cualquier parte

A pesar de que últimamente podremos ver en diferentes medios anuncios de operadoras que nos dicen que «por fin nos ofrecen poder navegar en cualquier punto de Europa como si estuviéramos en casa», esta victoria es exclusivamente mérito de los consumidores y de la Unión Europea que les han obligado a minimizar el impacto del roaming en nuestras tarifas -si para algunas cosas se aprovechan del mercado único, deberán aplicarlo a todo-.

La siguiente gran batalla consistía en permitir a los usuarios disfrutar de sus contenidos digitales (sí, esos alojados en internet, donde no hay fronteras) en cualquier rincón de la Unión y convertir, por fin, el territorio en un mercado único para todo tipo de productos y servicios analógicos y 2.0.

Precisamente en esa línea hace pocos días que Andrus Ansip y Günther Oettinger, responsables del área digital de la Unión Europea, anunciaron que están trabajando en crear una nueva regulación en 2016 que actualice todas las normas sobre la propiedad intelectual y que permita que los consumidores puedan acceder a sus contenidos digitales sin importar su ubicación geográfica. Un golpe a todas las operadoras que a día de hoy restringen el acceso a los mismos cuando salimos de las fronteras de su mercado (a pesar de que el contenido pueda tener una nacionalidad de origen completamente diferente).

De facto, se puede dar el caso de que si alguien quiere disfrutar de un contenido que ha comprado en Italia, por ejemplo, cuando está de vacaciones en Alemania, deba pagar por él de nuevo. Algo insólito con cualquier otro producto (puedes meter un libro de papel de tu propiedad en tu maleta y no necesitas pagar por leerlo cuando estás en otro país).

Esto, que parece algo tan natural, supondrá una mejora en el día a día de al menos 29 millones de europeos que ven capados sus contenidos a diario ya que podrán aprovechar cualquier archivo en su smartphone, tablet o portátil sin necesidad de hacer copias físicas u offline.

Teniendo en cuenta que según la Comisión Europea el número de usuarios transfronterizos se disparará a un 70 millones en 2020 los beneficios serán mucho más relevantes. Además, a día de hoy, el 49% de los europeos ya disfrutamos de las ventajas de los contenidos digitales, una cifra que a buen seguro irá en aumento durante el próximo lustro.

Estos datos, así como el apoyo masivo de los 28 parlamentos estatales que quieren acelerar el proceso de eliminación de barreras para los contenidos digitales con fecha tope 2017. Por otra parte, en el mismo comunicado, la CE explicó que a lo largo de 2016 la actualización de los derechos de autor también integrará una nueva regulación referida a los agregadores de contenidos como Flipboard o Google News.

Facebook vs Alemania, lucha por la privacidad

Interesada o desinteresadamente parece que las grandes empresas de Silicon Valley están condenadas una y otra vez a chocar con Berlín. Primero fue Google la que tuvo problemas con su Street View; luego fue Uber la que chocó con la legislación laboral germana; Amazon por problemas fiscales o la legislación del derecho al olvido. Ahora parece que le ha tocado el turno a la empresa de Mark Zuckerberg una de la que más flirtea con el derecho a la privacidad de los usuarios.

Los contendientes de esta batalla son una usuaria cuya cuenta fue bloqueada por utilizar un pseudónimo en vez de su nombre real y que está amparada por la Autoridad de Protección de Datos de Hamburgo y por otro lado, la red social que no solo bloqueó la cuenta sino que exigió una identificación oficial a la usuaria para luego cambiar su nombre sin que esta pudiera hacer nada.

La usuaria argumentó -vía Autoridad- que cambió su nombre para que nadie pudiera contactar con ella por temas profesionales de modo que podía resguardar su privacidad. Facebook, por su parte, alega que esto viola la privacidad de los demás usuarios al poder ser contactados por un tercero que no es quien dice ser y que sus normativas de uso permiten hacer estos «cambio forzosos» de forma unilateral.

El departamento legal de los californianos explica que uno de los pilares de la seguridad y la privacidad dentro de la red social -que ya supera los 1.700 millones de usuarios- es que todo el mundo sea quien dice ser para que así todo el mundo sepa con quién contacta y con quién no libremente. Algo «fundamental» a la hora de compartir contenidos, según reza su comunicado.

La duda que nos surge -más allá de los argumentos de peso que pueda presentar usuaria y empresa- es cuál será el marco regulador que dicte sentencia. Del mismo modo que ocurre con el derecho al olvido -se borran los resultados de Google en el país de origen del protegido pero no en toda la web pues son contenidos de terceros en otros países- los contratos que se firman al acceder a Facebook (sí, esos que no leemos) suelen regirse por las leyes del Estado de California, lo que hace que el derecho a la privacidad sea diferente a los que conocemos en Europa.

De hecho, las instituciones continentales llevan tiempo intentando socavar este problema que hace que las compañías de Silicon Valley pueda gestionar derechos fundamentales de una forma diferente a las europeas. ¿Será esta la ocasión en la que Berlín pueda por fin poner el lazo una gran tecnológica? Parece que las presiones que han llevado hasta ahora sobre la Administración Obama para que endurezca estos matices legales han sido completamente infructuosos.

Roaming, por fin eliminado de la Unión Europea

El 15 de junio de 2017 será una fecha importante para la integración europea. Después de varios meses de negociaciones el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo pactaron hace varios días el final de los recargos por intinerancia que los operadores llevan años cobrando a los ciudadanos por darles cobertura fuera de sus fronteras. Ahora es el momento de que los 28 Gobiernos estatales refrenden la nueva ley a lo largo de los próximos seis meses -en los que la presidencia recaerá en manos de Luxemburgo-.

Andrus Ansip, Vicepresidente Comunitario de Mercado Único Digital, ha declarado a Efe que la Unión Europea «ha escuchado a los ciudadanos europeos que han estado esperando normas que acabaran con los recargos por roaming y otras leyes que garanticen derechos como la neutralidad en la red». Sin embargo, la nueva normativa, que será de aplicación irreversible desde esa fecha, también ha querido proteger a las operadoras de posibles usos abusivos por parte de los usuarios permitiendo a las empresas cobrar un sobreprecio de tarifa a aquellas líneas que usen la itinerancia «para otros propósitos que no sean viajes periódicos».

Ante las dudas de las telecos sobre cómo podrían afrontar la recuperación de los costes de dar cobertura a un usuario fuera de su país de origen, la misma ley se encargará de crear ciertas «salvaguardas» que implicará que las operadoras no se puedan cobrar un recargo por la cesión de los servicios.

Desde hace meses las instituciones continentales se pusieron como fecha límite 2016 dentro de una Agenda Digital que no entendía este tipo de fronteras técnicas dentro de un Mercado Único con libre tránsito de bienes, servicios y personas. El Parlamento Europeo, más radical aún ponía como fecha límite el 15 de diciembre de 2015 y buscaba la exigencia a las operadoras de que las tarifas de los usuarios fueran las mismas en todo el territorio independientemente del Estado en el que se encontraran.

El problema, cómo no, vino por parte de los Gobiernos de cada Estado que para proteger a sus multinacionales pretendían un sistema escalonado de precios: la rebaja del roaming se haría escalonadamente hasta llegar a un formato en el que los usuarios tendían un tope de minutos, mensajes y datos para comunicarse (entradas y salidas) a partir del cual los operadores sí podrían tarificar según los precios estipulados en los contratos supervisados por las diferentes Comisiones de los Mercados de Telecomunicaciones.

De momento, aunque el roaming será prohibido en 2017, desde 2016 las telecos tendrán que realizar una rebaja del 75% en los precios actuales: el minuto de llamada y cada megabyte no podrán superar los 0,05€, los mensajes los 0,02€ sin tener en cuenta el IVA de cada país. Serán necesarios casi cinco años para acabar con un sistema que se saltaba todas las normas fronterizas de la UE.

Sobre la neutralidad en la red, y antes de que pudiera entrar en vigor el nefasto TTIF, las Instituciones Europeas han conseguido obligar a las operadoras a que estas deban tratar todo el tráfico en igualdad de condiciones. De este modo, el bloque o estrangulamiento de contenidos solo se permitiría en circunstancias limitadas como una congestión extrema del tráfico o para evitar ciberataques. La norma, por cierto, también garantiza a los usuarios un mínimo de calidad del servicio.

Amazon, ¿el principio del cambio de Silicon Valley?

Por fin llegó la hora. Durante meses han sido muchas las voces que se han quejado de cómo las empresas tecnológicas -probablemente las más pujantes en estos tiempos- aprovechaban todo tipo de triquiñuelas fiscales para no contribuir a las arcas de los países donde tenían negocios multimillonarios. Unas prácticas que les permitían ahorrarse miles de millones y que minimizaban el impacto de los impuestos en sus beneficios y en el beneficio de los ciudadanos.

Según explicaba hace días The Wall Street Journal desde el pasado 1 de mayo Amazon, una de las grandes de internet, ha decidido prepararse para diversificar su estructura de ventas minoristas durante los dos próximos años en Europa.

Amazon era uno de los paradigmas -junto con Apple-. Así, el retailer online por excelencia centralizaba todas sus operaciones continentales a través de Luxemburgo lo que le permitía beneficiarse de las excenciones impositivas de este pequeño Estado. Sin embargo, desde hace días la empresa de Jeff Bezos está informando de sus ingresos en el Reino Unido, Italia, Alemania y España.

Eso, sobre el papel, le hará tributar en estos Estados aunque el cambio de modelo siga teniendo algunas sombras y prácticas discutibles. La Comisión Europea hace tiempo que fijó sus ojos en las operaciones de Amazon y la empresa de la manzana en el Gran Ducado e Irlanda. De este modo, aunque desde Seattle no se han pronunciado sobre si el cambio de actitud tiene que ver con la presión de la CE, está claro que puede ser un primer paso para que Apple y Google -entre otras- la sigan.

El anuncio, que supone el primer gran éxito de la era de Margrethe Vestager al frente de la Comisaría Europea de la Competencia, permitirá, además, que cada Estado miembro decida la relación impositiva que tendrá con el gigante de la distribución siempre y cuando se cumplan unos requisitos mínimos marcados por Bruselas.

Adiós al Double Irish

A finales de 2014 países como Irlanda anunciaron que pondrían fin a prácticas que permitían juegos fiscales. El más célebre y más usado en Silicon Valley es el conocido como Double Irish, una práctica que permite un juego de compras y ventas entre una matriz radicada en la isla y otras empresas que conforman la multinacional. De este modo, Apple o Amazon de cualquier Estado de la UE compran los productos a la filial en Dublín a un precio altísimo para quedarse sin margen de beneficio en el país de venta.

Irlanda tan solo tiene una presión fiscal del 12,5% sobre el Impuesto de Sociedades frente al 32% del Estado, por ejemplo. Esto hace que si Apple España compra cada iPhone a Apple Irlanda por casi 600€ el margen de beneficio después de impuestos es casi nulo dando declaraciones incluso negativas.

¿El resultado? Mientras los consumidores pagan altas tasas de impuestos en concepto de IVA, las multinacionales tecnológicas casi no tenían impacto en sus beneficios. ¿Dónde está el truco para que Amazon haya decidido volverse tan legal? En que tributará sobre sus beneficios y no sobre sus ventas lo que, en buena parte, hará que se libre de una buena cantidad de impuestos a abonar.

Parece que la filtración de documentos en los que la Administración luxemburguesa se comprometía a ayudar a determinadas multinacionales -Starbucks fue otros de los nombres afectados- a minimizar el pago de impuestos a cambio operar desde ese Estado (conocida como LuxLeaks) ha dado sus frutos y podría suponer el cambio de unas actividades sin ningún tipo de ética y que ponen el riesgo el funcionamiento del Estado de Bienestar continental.

Si lo unimos al comunicado que Apple ha lanzado a sus inversores anunciándoles que podría enfrentarse a una «importante multa» como resultado de las investigaciones que se están realizando en Bruselas por el supuesto acuerdo entre la empresa de Cupertino y Dublín, y las ganas que la Washington le tiene a los miles de millones de dólares que Silicon Valley a expatriado, podría ser el inicio de una nueva era en el mercado tecnológico.