Covid-19: del conocimiento científico a la decisión política

La ciencia está teniendo, para bien y para mal, un papel muy relevante en la crisis que vivimos. Lo que sabemos del virus SARS-CoV2 y de la Covid19 lo sabemos gracias al conocimiento científico, sobre todo. Es la ciencia la que quizás obtenga una vacuna o tratamiento eficaz. Las predicciones relativas al posible curso de la pandemia son también cosa de científicos, así como la definición de escenarios bajo diferentes supuestos. Es tal la autoridad que dicen reconocerles, que las autoridades, para justificar sus decisiones, invocan los informes de los expertos. Han llegado a afirmar, incluso, que hacen lo que les dicen aquellos. Por ello, y dada la trascendencia de las decisiones en cuestión, no debe extrañar que la tarea de los científicos esté sometida al máximo escrutinio y se utilice como arma arrojadiza en una u otra dirección.

Por otro lado, y dado que ha habido contradicciones sobre asuntos tales como la pertinencia de confinar a la población en mayor o menor grado y haberlo hecho antes o después, sobre la conveniencia de hacer estas o aquellas pruebas, sobre la idoneidad del uso de mascarillas, y sobre otras, se acusa a los expertos de estar al servicio de intereses bastardos. A estas alturas a nadie debería sorprender que la refriega política alcance también al mundo de la ciencia. Ni el conocimiento ni quienes lo producen gozan, de hecho, de ningún estatus que los deje al margen de los conflictos de su tiempo.

Para mejor entender el papel de la ciencia en la crisis conviene saber de sus fortalezas y debilidades. Está, en primer lugar, el hecho de que no ofrezca certezas. El carácter provisional del conocimiento científico es percibido como una debilidad, pero en realidad en ello radica su fortaleza.

Por otro lado, la incertidumbre no afecta por igual a todas las disciplinas. En la física y la química es relativamente sencillo fijar variables y seleccionar los factores cuyos efectos se quieren estudiar; sus predicciones tienen altísimo grado de fiabilidad. En sistemas complejos o azarosos, como los biológicos o los sociales, no es fácil, o ni siquiera posible, fijar variables o aislar sus efectos. En el tema que nos ocupa es muy difícil, porque en el estudio de las epidemias confluyen el conocimiento del patógeno, el de sus víctimas potenciales, y las interacciones entre ellas y dinámica social de la que depende su propagación. La dificultad para generar conocimiento válido en un sistema tan complejo es enorme. Por eso no es extraño que las predicciones epidemiológicas tengan mucha incertidumbre. Tienen la dificultad añadida de que las medidas basadas en sus recomendaciones tienen el efecto potencial (buscado) de alterar el curso de la pandemia, de manera que, a veces, su éxito puede ser interpretado socialmente como un fracaso.

En tercer lugar, el comportamiento de los científicos puede tener consecuencias perjudiciales también. Todos tenemos principios, preferencias e intereses, y nadie está a salvo del efecto de ciertos sesgos. En una crisis como esta actúan fuertes incentivos sobre la comunidad científica para generar rápidamente conocimiento y darlo a conocer. El deseo genuino de contribuir a encontrar soluciones, el prestigio y otras recompensas empujan a adelantarse a la hora de publicar resultados y proponer soluciones. Se ha generado así mucha información que resulta, en primer lugar, difícil de dar a conocer y, por lo tanto, de valorar, asimilar y utilizar. Lo malo es que, a la vez, parte de ese conocimiento que no sido sometido a contraste circula hacia el público sin intermediación cualificada, dando lugar a bulos e ideas sobre falsas soluciones. En un contexto normal, esos problemas tienen su tratamiento ya que la comunidad científica cuenta con mecanismos de autocorrección que, aunque no garanticen un funcionamiento impecable, sí evitan desviaciones peligrosas. Pero en una emergencia las cosas no funcionan igual, porque hay urgencia por encontrar soluciones.

Y luego están los sesgos, tanto de carácter cognitivo como ideológico. La ciencia, como sistema, actúa autocorrigiéndose cuando funciona bien. Pero eso no quiere decir que quienes la hacen se autocorrijan, sino que unos corrigen lo que otros proponen. En el contexto de la crisis Covid19 y por sus implicaciones políticas, los sesgos ideológicos pueden tener una mayor proyección y consecuencias. Un repaso por la historia de la ciencia nos permitiría conocer más de un ejemplo en el que la cosmovisión, creencias religiosas o ideología política han conducido a la formulación de hipótesis o teorías que más adelante se han demostrado erróneas. Como he dicho antes, eso es algo que antes o después se acaba corrigiendo, porque la comunidad científica somete los postulados y modelos de sus miembros a contraste. El problema es que eso requiere tiempo. Y en una crisis sanitaria, social y económica como la que vivimos, el tiempo es un bien escasísimo y las correcciones tardan en llegar.

Por último, las decisiones políticas deben tomar en consideración el conocimiento experto, sí, pero ese conocimiento no debe ser el único criterio. A las autoridades los expertos han de proporcionarles modelos con las consecuencias más probables de cursos alternativos de actuación. Pero a partir de ahí, los responsables políticos han de considerar otros elementos y, ante todo, una definición de los bienes a preservar. Porque en última instancia, todas las decisiones son políticas.

Como bien ha formulado Joaquín Sevilla, el itinerario que va del conocimiento científico a la decisión política admite destinos alternativos. Merece la pena detenerse en su hilo argumental. Dice Joaquín que para tomar una decisión política basada en la ciencia hay que recorrer un camino; en el trayecto, partiendo de un enunciado científico bien establecido, hay que agregar conocimiento de diferentes disciplinas y también hay que tener en cuenta valores culturales o ideológicos, así como intereses económicos. Cuanto más largo es ese camino, más incertidumbre hay acerca de la naturaleza de la decisión que se ha de tomar, porque hay más margen para que intereses y valores incidan en la decisión final. Esta consideración es especialmente pertinente en el contexto de la crisis actual.

Parece obvio que en esta crisis, el bien a preservar es la vida humana; esto es, el objetivo prioritario ha de ser el de salvar el máximo número de vidas posible. Pero lo que no es obvio es la estrategia óptima para conseguirlo. Porque los responsables pueden verse obligados a optar por salvar vidas hoy a costa de sufrir una quiebra económica de tal calibre que comprometa la integridad social -incluida la de sus sistemas sanitario y de protección- hasta el punto de acarrear una mayor pérdida de vidas humanas un tiempo después.

Me ocupé de ese asunto en La alternativa del diablo y El filo de la navaja, en esta misma bitácora. Pero cuando traté sobre ese dilema, no había habido aún casuística suficiente como para ilustrar la magnitud de las contrapartidas de la que era la opción moralmente más aceptada, la del confinamiento masivo y consiguiente suspensión de todas las actividades económicas y formativas no esenciales a corto plazo. Ahora contamos con más datos. El confinamiento ha salvado, seguramente, millones de vidas humanas. Pero también se han perdido y se perderán otras; a modo de ejemplo, pueden consultarse esta, esta y esta referencias para hacerse una idea de lo que ocurre lejos de nosotros. Y también esta para comprobar que también en los países occidentales se paga un alto precio por la opción tomada.

Por lo tanto, y como conclusión, a la incertidumbre inherente a los informes de los especialistas, que es la que corresponde a la esfera del conocimiento científico, hay que añadir la consideración de bienes a preservar alternativos, así como de los costes, propios y ajenos, que han de pagarse por las opciones tomadas. No es fácil.

Soluciones claras, factibles y… equivocadas

“¿Cuántas veces más va a costar esta epidemia que lo que hubiese costado estar preparados para afrontarla?” Esta es la pregunta clave que, a juicio de un comentarista a mi anterior anotación, debemos hacernos en relación con las cosas que se podían haber hecho antes para mitigar los efectos de la pandemia de Covid19.

No me parece mal planteamiento; es, de hecho, la mejor forma de argumentar a favor de adoptar medidas para afrontar futuras catástrofes. Aunque me temo que esas son cuentas nada fáciles de hacer.

Hay catástrofes imaginables que quizás no lleguen a producirse nunca, pero hay otras que no solo son relativamente probables, sino que, además, estábamos advertidos de que lo eran. Véase, por cierto, lo que al respecto escribí en El precipicio. Sin embargo, parece estar en la naturaleza humana el no protegernos frente a posibles peligros o daños que no hayamos experimentado antes en primera persona. Los países de Extremo Oriente han actuado en esta pandemia en virtud de lo que habían aprendido en epidemias anteriores y no les está yendo mal, pero a nosotros las gripes de 1918 y 1957 nos quedan demasiado lejos, y como es bien sabido, no se suele escarmentar en cabeza ajena. Dicho lo cual, tampoco es tarea fácil calibrar la medida de lo que se debe hacer, de hasta dónde se debe prever, de la magnitud del problema a abordar cuando de lo que se trata es de defenderse de una amenaza que, por verosímil que sea, no deja de ser una amenaza fantasma.

La observación anterior, no obstante, venía acompañada de otras consideraciones, que coincidían, en lo sustancial, con otros comentarios en tuiter. Se refieren a una cuestión acerca de la cual había preferido no profundizar porque creo, de verdad, que es otro tema. Me refiero a la idea de que podría haberse destinado más gasto a la salud y menos a otras cosas o, también, que se podría haber recaudado más impuestos. El tuit insertado a continuación contiene una de esas observaciones.

Quienes han utilizado este argumento, en mi opinión, yerran el tiro. Trataré de explicarme a continuación. Cuando elegimos unos representantes para legislar, asignar recursos a fines alternativos y dirigir el país, lo hacemos guiándonos por unos principios relativos a cómo creemos que debe funcionar la sociedad y por unos intereses. Y, en todo caso, entiendo que todos aspiramos a que quienes nos gobiernen lo hagan tratando de generar mediante sus decisiones las condiciones que propicien el máximo bienestar posible (defínase bienestar como se defina) y de la forma más eficaz posible.

Por lo tanto, al elegir a nuestros representantes, tenemos, en primer lugar, la disyuntiva entre poner en manos del estado muchos recursos, de manera que se ocupe prácticamente de todo lo que nos afecta o, por el contrario, ser nosotros quienes decidimos en qué gastamos nuestro dinero. Es la alternativa socialdemocracia vs. liberalismo, en una escala que puede ser todo lo amplia que se quiera.

Y luego está el destino de los recursos que maneja el estado. Unos prefieren dedicar más a construir vías de tren de alta velocidad o a subvencionar clubs de fútbol, porque piensan que eso será lo mejor para nosotros (o, al menos, para ellos), mejor que a prevenir pandemias o dotar de ordenadores personales a todo el mundo. Por si sirve de algo, aclaro que no soy partidario ni del TAV ni de subvencionar a clubes de fútbol, pero otros muchos conciudadanos sí lo son. Podríamos reprochar al vecino de al lado que prefiera que le subvencionen la entrada al campo de fútbol a que le salga más barata la medicina que debe tomar cada día, o la que debo tomar yo cuando me duele el pie, pero el vecino está en su derecho de preferir lo que prefiere y en actuar políticamente para conseguirlo.

Pues bien, es en ese terreno en el que debe jugar el responsable político que toma decisiones, es el terreno que le marca la ciudadanía a través del voto. En resumidas cuentas, nos movemos en el ámbito de la política, por lo que las responsabilidades de quienes toman esas decisiones son responsabilidades políticas. No cabe, a mi juicio, el reproche moral.

Mi argumento original trataba de esquivar el punto anterior porque la clave estaba en otro elemento. Supongamos que no gastamos ni un euro en esas cosas que a muchos no nos resultan gratas (ejército, Casa Real, TAV, etc.). Pues bien, una vez eliminadas esas partidas, seguiría habiendo usos alternativos de los recursos y llegaría un momento en que, por mucho que destinemos a prevenir muertes (de la manera que sea), sería posible seguir aumentando esa cantidad a costa de otros bienes, como pueden ser medios públicos de comunicación, escuelas mejor dotadas, jardines llenos de hermosas flores o excelentes pistas deportivas para todos. El abanico de posibilidades es amplísimo. Pero en algún momento dejaríamos de salvar alguna vida porque preferiríamos, por ejemplo, tener más bibliotecas. En otras palabras, en algún momento valoraríamos menos esa vida humana que dejamos de salvar que lo que cuesta tener una buena biblioteca en el pueblo. Quizás el valor de esa vida humana sea desorbitado, pero existe en la medida en que su pérdida se produce porque hemos dejado de dedicar recursos a prevenirla. En resumidas cuentas, siempre hay un límite al volumen de recursos que destinamos a salvar vidas, lo que equivale a decir que las vidas humanas tienen un valor que puede cifrarse en términos económicos, aunque, afortunadamente, no sea la vida de esta o aquella persona concreta, sino una vida “estadística”.

Pues bien, resulta que todo lo anterior puede que sea una reflexión gratuita a los efectos que nos ocupan. A sabiendas de que no todos los países cuentan las muertes debidas a Covid19 de la misma forma y con esa salvaguarda siempre presente, merece la pena detenerse a mirar los datos. El país del mundo donde más muertes (por millón habitantes) se han producido es Bélgica, con 665 (a día de ayer, 2 de mayo); su gasto en salud por habitante en 2015 fue de 4.228 $ (PPP); está por encima de la media de la OCDE. Uno de los países europeos con menor mortalidad ha sido Grecia, con 13 muertos por millón habitantes (a Portugal, con 99, tampoco le está yendo tan mal), mientras que el gasto sanitario griego en 2015 fue de 1.505 $ (PPP), uno de los más bajos de la OCDE (el de Portugal fue de 1.722 $). El de España fue de 2.354 $ (531 muertes por millón), algo inferior a la media OCDE, y el de Italia, de 2.700 $ (467 muertes por millón).

Lo que esos datos muestran es que no hay relación evidente y directa entre la magnitud de la catástrofe en términos de pérdidas de vidas humanas y el esfuerzo que los diferentes países han hecho en salud en los últimos años. Esto no quiere decir que no haya influido, por supuesto, pero el elemento económico no parece haber sido determinante. Otros factores han incidido: el azar, la estructura de edades de la población (España e Italia con poblaciones muy envejecidas), el tipo de atención y de servicios sociosanitarios para mayores, las decisiones políticas relativas al momento en que debía confinarse la población, las medidas de distancia entre personas implantadas, las costumbres sociales (como, por ejemplo, la de frecuentar lugares de ocio cerrados o abiertos, o buscar o rehuir el contacto corporal), la celebración de grandes eventos (partidos de fútbol, por ejemplo), grandes aglomeraciones, y otras. Demasiadas como para solventarlo todo con apelaciones a más o menos gasto sanitario, a aplicar unas u otras políticas fiscales o razones de esa índole.

En definitiva, cuando en la anotación anterior citaba la máxima de H. L. Mencken (“There is always a well-known solution to every human problem –neat, plausible, and wrong”) me refería precisamente a este tipo de consideraciones. Pretender resolver mediante el expeditivo procedimiento de anatemizar ciertos gastos para priorizar los destinados a la salud o a prevenir la pérdida de vidas humanas puede resultarnos muy satisfactorio intelectual y éticamente hablando, pero las inspiradas en ese tipo de consideraciones, son esas soluciones a las que Mencken se refería como claras, factibles y…    equivocadas.

Las lágrimas de la consejera

Esta misma semana, en la comparecencia para informar de la situación de la pandemia de Covid19, Verónica Casado, consejera de salud de Castilla y León leyó, uno por uno, los nombres del personal sanitario de su comunidad que habían fallecido. Quería que esa lectura fuese un homenaje a cada una de esas personas. En varias ocasiones tuvo que dejar de leer porque no fue capaz de articular palabra a causa de la emoción. En el vídeo se recoge el momento.

Hubo quienes, ante las imágenes de la consejera emocionada, señalaron que no debería llorar quien era, en parte, responsable de las condiciones que habían conducido a que se produjeran aquellas muertes. En un contexto diferente, en Euskadi, un periodista llegó a preguntar a la consejera de salud del Gobierno Vasco en qué medida se sentía responsable de las más de 1.000 víctimas mortales (a día de hoy son 1.300) que había dejado la pandemia en nuestra comunidad en el momento que hizo la pregunta.

Más o menos por esos días, una campaña denunciaba que la falta de suficientes medidas de protección había colocado al personal sanitario en una situación de alto riesgo de contagio y que muchos habían muerto por esa causa. En España el número de sanitarios contagiados ha sido muy alto (más de 40.000 a día de hoy), y es más que probable que esa triste contabilidad obedezca a la insuficiencia de material de protección a disposición del personal y, en general, a las condiciones bajo las que han tenido que trabajar. Al calor de la campaña, hubo muchos reproches, la mayoría formulados de manera genérica, a los “responsables” de que se hubiese llegado a esa situación.

Nos preguntamos también ahora por el estado en que se encuentran las personas mayores en las residencias. No es una preocupación repentina, que haya surgido a cuenta de la crisis provocada por Covid19, porque cada cierto tiempo se formula alguna queja o denuncia sobre las condiciones de vida en alguna residencia. Pero el hecho de que muchos fallecimientos como consecuencia de esta pandemia hayan ocurrido en residencias nos ha hecho dirigir la mirada hacia esa parte de nuestra sociedad. No es tan fácil en este caso atribuir la responsabilidad a un agente concreto, personal o institucional, porque la casuística en el caso de las residencias es muy diversa; su dependencia, su gestión o, incluso, la misma aceptación por los familiares de quienes allí pasan los últimos años de sus vidas de las condiciones de la institución a la que los confían, puede entrañar un cierto grado de responsabilidad.

Estoy seguro de que a lo largo de estas largas semanas de confinamiento a muchos nos han asaltado dudas similares. ¿Qué se ha hecho mal? ¿Cómo se podían haber hecho mejor las cosas? ¿Hay responsabilidades concretas? ¿Quién o quiénes habrían de responder por la magnitud del desastre?

Puestos a identificar actuaciones que pueden valorarse, podemos empezar por las decisiones que ha tomado el gobierno español: ¿Pudo haber actuado antes? ¿Pudo haber parado antes el país? ¿Pudo haber adquirido más equipos de protección? También nos podemos hacer preguntas similares sobre las decisiones de las autoridades autonómicas: ¿Deberían hacer más pruebas de ARN viral de las que hacen? ¿Debían haber dotado a sus hospitales de más equipamiento? ¿Debían haber dotado de más personal médico y sanitario, en general, a sus centros de salud y hospitales? ¿Deberían tener más camas en cuidados intensivos? ¿Cuáles de esas decisiones las han tomado los actuales gestores? ¿Qué decidieron los anteriores? ¿Hasta cuándo habría de remontarse? Son cuestiones que se refieren tanto a decisiones de pura gestión como de gasto.

Tenemos una tendencia, seguramente lógica, a buscar culpables de las desgracias; en parte se debe a la forma en que entendemos elmundo, tratamos de atribuir agencia incluso a objetos inanimados. Hasta cuando se cae una grúa por un vendaval nos preguntamos si había pasado la correspondiente inspección, si algún responsable había hecho dejación de la responsabilidad, si ha habido negligencia. Nos cuesta aceptar que las desgracias pueden ser inevitables o dificilmente evitables. Por eso nos interrogamos e interpelamos a las autoridades.

Hace años se produjo en la Comunidad Autónoma Vasca un debate muy vivo acerca de la conveniencia de introducir un vacuna contra una variedad de meningitis bacteriana en el calendario de vacunación de niños y niñas de nuestra comunidad. Se habían producido dos o tres muertes infantiles. La vacuna se acabó incorporando a ese calendario, pero recuerdo bien que el consejero de salud de aquella época, hablando de esto, me dijo: ¿De donde te parece que debemos quitar el dinero? ¿Sustituimos una de las vacunas que están en el calendario? ¿Anulamos un tratamiento antitumoral? ¿Dejamos de comprar un aparato de resonancia magnética? ¿Cuántos muertos debemos poner a cada lado de la balanza? ¿Qué otros bienes sanitarios sacrificamos? No supe qué decirle.

Puede que no lo parezca, pero estas cuestiones y las preguntas que nos hacemos sobre las posibles responsabilidades que he dejado antes dichas tienen mucho que ver unas con otras. En todos los casos nos preguntamos acerca de la conveniencia de las decisiones que, por acción u omisión, han podido condicionar el balance de enfermos y muertos por la pandemia. Por no hablar de los efectos catastróficos de esta situación sobre la economía y sobre nuestras vidas en los próximos meses y años.

A la pregunta del consejero vasco muchos responderían que lo que habría que haber hecho era haber destinado más recursos a sanidad y menos a otras cosas. Dejo a quien esto lea que escoja entre gastar menos en el ejército, en la Casa Real o en los sueldos de los políticos a la hora de concretar por qué optaría cada uno. Pero me temo que esas son respuestas de las que H L Mencken diría aquello de que “there is always a well-known solution to every human problem –neat, plausible, and wrong[1]”. Dejaré una explicación detallada de esto para mejor ocasión, si es preciso.

En última instancia, se supone que todas las decisiones, presupuestarias o de gestión, se toman con el objetivo de que la gente tenga, en la medida en que tal cosa dependa de ellas, la mejor vida posible. Y concretando aún más, las instituciones acaban dedicando muchos recursos a salvar vidas: lo hacen al financiar la formación de personal sanitario, al invertir en infraestructuras de salud, al prevenir enfermedades conocidas, al mantener servicios e infraestructuras para o apagar incendios, al prevenir la comisión de delitos, al aprobar regulaciones para que los alimentos y otros productos sean seguros o al poner límites de velocidad en las autopistas. La lista podría alargarse más, porque, por ejemplo, una ciudadanía culta y bien formada tiene una mejor condición física y, normalmente, hábitos más saludables; de esa condición y de esos hábitos depende el estado de salud, por lo que las inversiones en educación también salvan vidas; de la misma forma que, por otras razones, lo hace la investigación médica, en particular, y científica en general.

Pero siempre llega un momento en que decidimos que no se debe gastar más dinero. Aún sabiendo que si se gasta más se conseguirían salvar más vidas, siempre llega ese momento en que se deja de gastar y, por lo tanto, se renuncia a salvar las vidas que hubiera ocasionado ese gasto adicional al que se renuncia. Cuando los efectos de esta pandemia se hayan atenuado, seguramente decidiremos dedicar más recursos a protegernos de futuras pandemias. ¿A costa de qué? ¿Qué otras partidas de gasto sanitario se suprimirán? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y si la próxima pandemia grave llega dentro de otros 102 años?

En una crisis como la que vivimos, los responsables sanitarios de diferentes niveles han de tomar decisiones en circunstancias muy difíciles. Ahora ya no me refiero solo a decisiones económicas. Cada medida puede salvar unas vidas a la vez que provoca la pérdida de otras. Es como si se hiciesen triajes a gran escala, solo que se hacen en condiciones de mucha confusión, con escasas y dudosas evidencias científicas, y bajo una presión enorme. Es lógico que la labor de los responsables políticos se someta al escrutinio público. Es lógico que se valoren y enjuicien sus decisiones. Es lógico que se les exija la máxima diligencia y que decidan lo que decidan lo hagan basándose en la información de la que disponen y en buenas evidencias científicas. Y han de dar cuenta de las razones por las que toman unas decisiones y no toman otras. Esto es, han de actuar de forma transparente.

Los responsables unas veces aciertan y otras se equivocan; y otras veces es cuestión de grados o depende del bien que, cada uno de nosotros, pensemos que debe preservarse. De la valoración que hagamos se derivarán, o no, responsabilidades políticas. Lo que me cuesta es pensar que no actuan buscando el mayor bien posible, con independencia de su color ideológico. De hecho, la pandemia no parece haber dado la razón a los gobernantes de una u otra orientación política. Las cosas no han ido mejor o peor en esta o aquella comunidad autónoma. Ni parece que el color político de los gobiernos del mundo ha condicionado la macabra contabilidad de víctimas.

En la política y de la política viven algunos personajes detestables; pero con más o menos acierto, y sin descartar otras (no necesariamente egoístas) motivaciones, la mayor parte son personas movidas por la voluntad de mejorar las vidas de sus conciudadanos. Las lágrimas de la consejera de salud de Castilla y León son muestra de un dolor genuino, sincero. Salvo los familiares, amigos y compañeros fallecidos, dudo que nadie sienta más que ella la muerte de sus sanitarios. Creo que es de justicia reconocérselo.

Post scriptum: En una coyuntura como esta no solo cuentan las decisiones que buscan salvar vidas en este momento; como vimos antes, también nos debemos sentir concernidos por las que se puedan perder en el futuro, lo que complica mucho más las cosas. Eso por no extender el abanico de opciones a dilemas de otra naturaleza, como el que plantea el presidente del Banco Central de Alemania entre la vida y la dignidad.


[1] Para todos y cada uno de los problemas humanos siempre hay una solución que es clara, factible y equivocada.

La fuerza de las ideologías cambia con el tiempo, pero no todas cambian igual

Hace unos meses reflexioné aquí acerca de la importancia de las ideas como motores de la humanidad. Los valores que inspiran el ordenamiento jurídico, la forma en que se organizan las sociedades, o el modo en que se articula la actividad económica y las relaciones entre los países se basan en ideas que, aunque pueden tener orígenes diferentes, se debaten en la esfera política.

El tiempo no pasa en balde, tampoco para las ideas. Por una extraña casualidad muy propia de las redes sociales me he encontrado con unas figuras muy interesantes que reflejan cómo han cambiado las preferencias políticas en los países más avanzados del mundo durante el último siglo y medio. Son figuras basadas en resultados agregados de diferentes opciones electorales a lo largo del tiempo. No sé cómo se han elaborado; desconozco qué criterios se han seguido para decidir qué países se consideran los más avanzados, aunque supongo que se refiere a los países democráticos del Occidente (político). Ignoro cuál es la fuente original ni en qué contexto se presentan y se han debatido esos datos. Solo sé que han sido difundidas desde la cuenta de Taylor Mann. (al final del texto está enlazado el hilo en Twitter). Y me ha parecido interesante traerlas aquí. Asumo que, en lo esencial, reflejan una realidad, y por eso las traigo y las comento. No tengo pretensión alguna respecto a su valor empírico. Y lo que haré a continuación no es sino conjeturar, que para eso se llama este blog como se llama.

El repaso empieza en el momento en que surgen las ideologías de lo que hoy llamamos “izquierda” (variantes del socialismo), en una época en la que las opciones mayoritarias eran, aparentemente, liberales, aunque de fuerza muy pareja a la de la agregación de las diferentes “derechas” (conservadores y democristianos, principalmente). A grandes rasgos se podría decir que a mediados del siglo XIX ser liberal era ser progresista y no serlo era ser reaccionario.

Pero entonces surgió el socialismo y en su primer medio siglo de vida llegó a arrebatar al liberalismo la mitad de su electorado. Ya no estaba tan claro qué era ser “progresista”. Ese medio siglo de vida del socialismo es el tiempo en que tardó en aparecer el comunismo. Tuvo este su máxima influencia tras la II guerra mundial en los países aquí considerados, pero desde entonces ha ido perdiendo fuelle para remontar ligeramente coincidiendo con la gran crisis económica que se inició en 2008.  La socialdemocracia alcanzó su máxima relevancia alrededor de 1960 pero desde entonces la ha ido perdiendo poco a poco (lo indica con claridad la siguiente figura), al menos en parte por la aparición del ecologismo político en la década de los setenta.

El liberalismo, entre tanto, ha mantenido un porcentaje relativamente constante durante los últimos 80 años. El declive que experimentó en beneficio del socialismo y otras ideologías de izquierdas, no se prologó tras la II guerra mundial.

El bloque de derechas, considerado en conjunto, se ha mantenido más o menos constante a lo largo de todo el periodo. Esto da que pensar. También la proporción entre conservadores y democristianos se ha mantenido estable. Lo que llama la atención de ese bloque son los tres (o cuatro) episodios de emergencia de opciones de extrema derecha. Y lo más inquietante es el crecimiento, lento pero constante, que ha experimentado esa tendencia política desde entonces. Se produce, sobre todo, desde comienzos de los noventa, y no creo que sea demasiado aventurado relacionarla con la mayoría de edad de las generaciones nacidas unos cuantos años después de la II guerra mundial. Podría ser que la pujanza de la extrema derecha se produzca cuando ya se han olvidado los horrores que nos trajeron los extremismos y las ideologías totalitarias en el pasado o cuando quienes los vivieron han desaparecido. Una visión alternativa de los brotes totalitarios puede leerse aquí, donde traté del efecto de las crisis económicas sobre los extremismos políticos.

 

Los valores no se enseñan

La Ministra de Educación, mi apreciada Isabel Celaá, se propone implantar en el curriculum de la enseñanza obligatoria una nueva asignatura de “valores cívicos y éticos”. Por sorprendente que me parezca, resulta que muchas personas de mi entorno ven la idea con buenos ojos. Llevan años oyendo una letanía, un lamento por la supuesta pérdida de valores de la sociedad contemporánea y, más concretamente, de la juventud (nada nuevo bajo el sol, por cierto). Y en consecuencia, les parece bien que se enseñen valores en la escuela. Además, creen, como la propia Ministra –así me lo dijo hace unos años-, que muchos chicos y chicas viven en entornos familiares y sociales en los que no se comparten o no se transmiten los valores adecuados. En otras palabras, que no todos han tenido la suerte que he tenido yo o han tenido mis hijos.

El caso es que, para empezar, no está claro qué entendemos por valores. Ninguna de las trece acepciones de la palabra en el diccionario de la RAE nos sirve de ayuda. La wikipedia resulta algo más útil; o no. Vean. Pero si uno piensa un poco en lo quieren decir quienes hablan de valores, se encuentra con que engloban cosas diversas. Pueden ser bienes o virtudes morales, principios, derechos, o normas, quizás, u otras cosas más extrañas.

Si hablamos de valores éticos, entiendo que se trata, en realidad, de virtudes o bienes morales, solo que queda mejor decir valores, quizás porque en el primer cuarto del siglo XXI da corte utilizar palabras, como virtud o bien, tan de los años sesenta y setenta del siglo XX. O a lo mejor es que llamándolos por su nombre, las cosas ya no están tan claras. Porque, ¿de qué se trata? ¿de explicar a los adolescentes que deben ser buenas personas? ¿que no hay que patear mendigos que duermen en cajeros, ni arrojar una camada de gatitos recién nacidos al río? ¿Es eso? ¿O que hay que ceder el asiento a las personas mayores en los autobuses? ¿En serio? ¿Eso debe ser enseñado en la escuela? ¿Ha de formarse a los escolares en honradez, respeto, compasión o generosidad?

O quizás son otros los “valores” en que hay que formar a la juventud. Quizás se trate de impartir principios. Veamos. Si los principios son esos fundamentos que gobiernan el comportamiento personal, no parece muy razonable que deban formar parte del currículo escolar. ¿Hay que enseñar a ser leal a las amigas? ¿O a ser tolerante? Por mucho que uno tenga esos principios en muy alta estima, dudo que la función de la escuela sea instruir a chicos y chicas en lealtad y tolerancia, por ejemplo.

En alguna ocasión, discutiendo de estas cosas, se me ha dicho que debe formarse no en principios para el gobierno personal, sino en principios para la convivencia, aquellos que constituyen el fundamento de las sociedades democráticas contemporáneas. Se trataría de cuestiones tan básicas como que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, y que tenemos una serie de derechos fundamentales que no se nos pueden negar o limitar salvo que medie una sentencia judicial dictada con arreglo a normas aprobadas democráticamente. Pero si se trata de elementos de esa naturaleza, en realidad estaríamos hablando de los fundamentos para la convivencia que han dado lugar a derechos y normas aceptadas universalmente (aunque su cumplimiento real deje mucho que desear en buen número de países). No se trataría, en rigor, de valores éticos y cívicos, como predica la Ministra, sino de elementos básicos del entorno social y, por lo tanto, deberían formar parte del currículo en los aspectos relativos al conocimiento del medio. Nada que objetar a ello.

¿Pero se trataba de eso? Lo dudo. La razón por la que unos y otros, cuando llegan al gobierno, se proponen introducir en el curriculum estas cosas, es porque les anima la voluntad, más o menos explícita, de utilizar a la escuela como herramienta de adoctrinamiento. Como dije hace unos meses aquí, “formar en el espíritu nacional, inculcar el respeto al medio ambiente, llevar a las víctimas del terrorismo a las aulas, promover la igualdad, educar en la solidaridad y la diversidad, predicar una moral de inspiración confesional, españolizar a los catalanes” y otras pretensiones de similar cariz no son sino formas de adoctrinamiento. Se me ocurren unas cuantas más que omitiré por no alargar esta anotación en exceso. Pueden ser muy deseables, o no. Pero tengo una objeción. En ese terreno lo que es fundamental para unas personas es rechazable para otras, y a la inversa; y dado que no iba a ser fácil que nos pongamos de acuerdo acerca de quién ha de decidir qué valores se transmiten y cuáles no, habría que aceptar que sean las autoridades educativas las que tomen esa decisión. ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a que sea el gobierno de turno el que decida eso? Sospecho que la respuesta a esa pregunta dependerá del grado en que nos identifiquemos con él.

Pero hay más. Eso que llaman valores son a veces rasgos de carácter y suelen basarse en predisposiciones heredadas. Dudo que se pueda enseñar a ser amable, por ejemplo. Y cuando se trata realmente de virtudes o bienes morales, estoy convencido de que no se enseñan sino que, simplemente, se practican o no se practican. Y al practicarse, se pueden transmitir. Por esa razón, la escuela, como institución, tiene muchas limitaciones para desempeñar esa función. Es muy posible que haya profesoras o maestros que sean capaces de transmitir virtudes morales pero, si lo hacen, ello no será consecuencia de la inclusión en el curriculum de los contenidos correspondientes, sino de su ejercicio real en la práctica cotidiana.

Por lo mismo, son la familia y la cuadrilla los entornos en que se adquieren los principios, virtudes y bienes morales que se ejercitarán a lo largo de la vida. La primacía de la familia, el valor del esfuerzo y de la responsabilidad, la honradez, la compasión, y otras, son virtudes que, si las adquirí o la medida en que las adquirí, es algo que debo a mis padres. La camaradería, la lealtad, la reputación, el respeto a los otros, la libertad, son bienes que valoro gracias a mis amigos, porque con ellos los practiqué y, en la medida en que lo hago, los practico. Y nada acerca de lo que fui aleccionado en las aulas escolares dejó, en esa esfera, la más mínima huella en mi ánimo. No creo ser ninguna excepción.

Llegados a este punto, habrá quien piense que si tratar de formar en valores es una tarea inútil, no debería preocuparnos la pretensión de la Ministra, puesto que implantar la asignatura en cuestión no tendrá efecto alguno. Dice Alberto Cifuentes (@cifuito), que ese afán por encomendar al sistema educativo ciertas funciones que, como la formación en valores, no le son propias, obedece al deseo de desviar hacia la escuela responsabilidades que pertenecen a los ámbitos social y familiar. Es posible que así sea. En todo caso, cada vez que se asigna una nueva tarea al sistema educativo, se hace en detrimento de las funciones más genuinamente formativas; me refiero a la instrucción en materias tales como las lenguas, incluídas las matemáticas; el conocimiento del medio en todas sus dimensiones, y los elementos más sobresalientes de la cultura humana: ciencias, artes y letras. Y eso es algo que no deberíanos permitirnos.

La crisis de los emigrantes plantea dilemas difíciles

Me sobrecoge el drama de quienes queriendo llegar a las costas de Europa se arriesgan a dejar su vida en el intento. Mueren muchas personas procedentes del África Subsahariana, demasiadas. Es inmoral dejar morir a nuestros semejantes si está en nuestra mano salvarlos. Y creo que esto mismo piensan todas las personas para quienes las vidas humanas son el bien más valioso, el mayor a preservar. También creo que esto es lo que piensa o siente la mayoría. Y sin embargo, esos sentimientos no sirven para resolver el problema de la emigración a Europa de personas procedentes del África Subsahariana (los sentimientos no resuelven ningún problema).

Pero dicho lo anterior, creo que no somos conscientes de la verdadera naturaleza del problema de los inmigrantes y de los refugiados. Lo que ocurre en el Mediterráneo y también en otros lugares –recordemos lo que está pasando en los Estados Unidos con los hijos que están siendo separados de sus madres- nos coloca ante dilemas morales de muy difícil solución. Por un lado, nos compadecemos de quienes se encuentran en peligro de muerte; también nos conmueve la situación de quienes fracasan en su intento por llegar a nuestros países. Pero por el otro, la experiencia muestra que cada vez que se agudiza (o se nos presenta como más agudo) el fenómeno de la migración masiva, mejores resultados electorales cosechan las opciones políticas más frontalmente opuestas a aceptar emigrantes. Algunos incluso ganan las elecciones (como en Italia) o llegan a provocar una crisis seria en gobiernos proclives a aceptar extranjeros (como en Alemania). ¿Qué nos pasa? ¿Somos insensibles ante este drama? ¿Somos acaso unos desalmados? ¿Lo son la mayoría de nuestros conciudadanos europeos?

La respuesta no es sencilla. Ante estos dilemas actúan mecanismos morales complejos. Y como suele ocurrir, los problemas complejos no admiten respuestas sencillas. Operan en estos casos dos sentimientos en conflicto.

Uno es el que nos conduce a rechazar al otro, al que no forma parte de nuestro grupo. Es un sentimiento universal; es parte de nuestra naturaleza y tiene hondas raíces evolutivas. Las mismas tendencias prosociales que favorecen la cohesión del grupo al que pertenecemos provocan el rechazo de quienes no forman parte de él. En nuestra historia los otros han sido normalmente fuente de peligros más que de beneficios. Y hemos generado mecanismos de rechazo. Esos mecanismos siguen operando hoy: son los que han permitido a las opciones xenófobas ganar las elecciones en Italia y, eventualmente, propiciarán el mismo resultado en otros países. No debemos engañarnos al respecto. Los discursos que pretenden justificar la oposición a los emigrantes invocando efectos llamada, competencia por los puestos de trabajo, dilapidación de los recursos públicos, su peligrosidad y otros similares son justificaciones post hoc, elaboraciones que buscan racionalizar una tendencia innata, muy básica, a rechazar a los otros, que carece de base racional.

Y también hay sentimientos contrarios al de rechazo. Son sentimientos de compasión por quienes sufren o se arriesgan a perder sus vidas. La compasión puede tener un origen puramente emocional, basado en la empatía que se experimenta cuando nos ponemos en el lugar del otro (en sus zapatos, que diría un anglohablante). Y también puede tener un origen racional, basado en la consideración de que todos los seres humanos deberíamos tener los mismos derechos y poder acceder a las mismas oportunidades.

Esos sentimientos, aunque nos parezca extraño, pueden anidar en las mismas mentes. En ciertos momentos podemos inclinarnos por la compasión y en otros por el rechazo. Y cuando llega la ocasión en que debemos ejercitar una opción concreta (al opinar en una tertulia de bar, responder a una encuesta, votar en unas elecciones, por ejemplo) nos inclinamos por una u otra solución al dilema dependiendo de factores diversos y, en general, azarosos. Pero lo que nos indica la experiencia es que, en términos netos (agregados), tendemos en mayor medida a optar por el rechazo que por la aceptación. De no ser así, la llegada de extranjeros no ejercería los efectos electorales que de hecho ejerce.

Por eso, hay que hacer uso de mucha inteligencia a la hora de adoptar medidas relacionadas con este asunto. Hay, sí, que salvar cuantas vidas humanas sea posible. Pero también hay que aplicar políticas migratorias que tengan en cuenta que los dilemas a los que nos enfrentamos no son eludibles; están ahí y surten efectos. No basta con desear que las cosas sean de una manera. Tampoco es posible actuar como si esos dilemas no existiesen. Actuando así no solo no se resuelve nada; se puede empeorar mucho más.

Dicho lo anterior, si alguien siente curiosidad por saber cuáles creo yo que serían esas medidas inteligentes que permitirían una gestión moralmente aceptable y políticamente útil de crisis migratorias como la que vivimos, lo siento, no podré satisfacer esa curiosidad. Porque las desconozco.

Periandro, Trasíbulo y las espigas

Javier Murcia Ortuño ha escrito un libro que leí hace unos meses con verdadero placer. Adjunto a continuación un pasaje tomado de la página 106 del libro.

Hacia el año 625 un hombre llamado Cípselo arrebató el poder a los aristócratas y condujo a Corinto a la cima de su prosperidad. Heródoto resume la vida de Cípselo con estas palabras:

“Persiguió a muchos corintios, y a muchos les robó sus bienes, y a la gran mayoría también sus vidas. Gobernó durante treinta años y trenzó bien su vida”.

Pero se complace particularmente en la historia de Periandrio, su hijo. Al principio fue más benigno que su padre, pero luego recibió sabios y crueles consejos de Trasíbulo con el fin de preguntarle cómo podía administrar más firmemente las cosas. Trasíbulo hizo salir al heraldo fuera de la ciudad hasta un campo de trigo y, allá donde veía una espiga más alta que las otras, la cortaba. Luego despidió al mensajero sin decirle una palabra. Periandrio entendió lo que Trasíbulo había hecho: le aconsejaba que asesinara a los más destacados de los ciudadanos. De modo que todo cuanto su padre Cípselo había omitido en sus persecuciones y matanzas, Periandrio lo llevó a cumplido término.

Aunque es un pasaje instructivo, dudo mucho que quienes practican la enseñanza de Trasíbulo hayan tenido que leerlo. Muchas personas lo llevan de serie. O quizás lo llevamos. Vaya usted a saber.

 

Fuente: Javier Murcia Ortuño (2007): De banquetes y batallas: La antigua Grecia a través de sus anécdotas. Alianza Editorial (3ª edición 2014)

Las ideas mueven el mundo

Hace unas semanas asistí a una charla de Mikel Mancisidor que impartió a un grupo de unos cuarenta jóvenes de 16 años. La charla tenía por título “¿Quién manda en el mundo?» Y en ella repasó de forma somera las diferentes instancias, políticas, sociales, económicas e ideológicas que tienen, o pueden tener, alguna incidencia en la marcha del mundo. Mikel es una persona muy cualificada para tratar ese tema: es doctor en derecho internacional, ha presidido durante años la UNESCO Etxea del País Vasco, y es miembro, desde 2013, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Planteó la charla como un ejercicio socrático, preguntando a los chavales su opinión acerca de diferentes aspectos de la cuestión para, a partir de las respuestas que le daban, ir desbrozando el camino hasta disponer de una visión que, sin ser exhaustiva, fue de gran amplitud. De hecho, para presentar gráficamente los resultados de su indagación, se valió de un esquema en el encerado que representaba una tupida red de relaciones e influencias entre diferentes elementos.

Los jóvenes se inclinaban, ante todo, por explicaciones que incidían en los ámbitos políticos y, sobre todo, económicos. Más de uno aludió directa o indirectamente a los intereses y conflictos de intereses, y al papel de ciertos organismos internacionales y compañías multinacionales en el control de la marcha del mundo. Pero la vista de la red resultaba, por sí sola, ilustrativa: ningún agente gobierna el mundo en todas sus dimensiones, pero aunque los hay muy poderosos e influyentes, todos, también los más pequeños, tienen cierta capacidad de incidir en la marcha de las cosas.

Al terminar compartí mis conclusiones con Mikel. No me interesaba tanto la identidad de los agentes más poderosos, sino el impulso que motiva las decisiones. Y mi conclusión -quizás demasiado simple o, si se quiere, simplista- es que los impulsos pueden ser de naturaleza política (poder), económica (intereses) o ideológica (ideas), pero lo verdaderamente importante es (1) que el ámbito temporal durante el que se extienden los efectos de esos impulsos es diferente en cada caso, y (2) que en última instancia, son las ideas las que acaban teniendo una mayor importancia a largo plazo.

De hecho, creo que las decisiones de los agentes políticos y, concretamente, de los parlamentos y gobiernos pueden tener mucha influencia en entornos no muy amplios y durante periodos de tiempos no demasiado extensos. Los intereses, si son de agentes con mucho poder, pueden tener efectos a más largo plazo y en ámbitos geográficos más amplios; condicionan, de hecho, las decisiones políticas. En el capítulo de intereses entran los de grandes corporaciones multinacionales, los de estados-empresa, como China o Arabia Saudí, o los de los jubilados que se manifiestan y presionan a los gobiernos amenazando con retirarles el voto. Pero si se observa la marcha del mundo con la suficiente perspectiva, es evidente que las ideas acaban teniendo una gran influencia a largo plazo. Líderes religiosos, filósofos y científicos, cada uno a su manera, han ejercido una influencia decisiva en la marcha del mundo y en cómo está configurado en la actualidad.

No he incluido a los científicos por las consecuencias prácticas de sus ideas, sino porque esas ideas han ejercido una influencia decisiva en la forma en que entendemos el mundo y, por ello, también en la forma en que pensamos que nos debemos relacionar con el resto de elementos que lo conforman y también entre nosotros. Todas las ideas que han provocado un cambio de visión o de perspectiva (ahora se diría “de paradigma”) han tenido gran influencia en ámbitos muy diferentes del propio. Las ideas de Locke, por ejemplo, o ciertos elementos clave que los padres fundadores de los Estados Unidos introdujeron en su Constitución -el sistema de checks and balances-, no se entenderían sin la formulación por Newton de las leyes de la mecánica. Y la idea ilustrada de la igualdad esencial de todos los seres humanos tampoco se entendería sin la aportación del cristianismo. Son solo dos ejemplos, pero podrían ponerse otros.

Sí, las ideas son muy importantes. Hay quienes las desprecian y defienden que los intereses están por encima, y que frente a los poderosos, a los grandes poderes políticos (militares) y económicos del mundo las ideas apenas valen. No es cierto. Las ideas necesitan mucho tiempo para surtir sus efectos y muchas se quedan en el camino. Pero no entenderíamos hoy la realidad que nos rodea al margen de las grandes ideas que han ido jalonando la historia de la humanidad.

Son los motores del mundo.

Fuera de control

Los peores augurios se han cumplido. Los protagonistas del juego del gallina que se estaba desarrollando en Cataluña no fueron capaces de aprovechar la oportunidad que les brindaron las gestiones del Lehendakari Urkullu y otros agentes que durante los días de atrás han trabajado para ello. Ni Rajoy fue capaz, valiéndose de una posible enmienda socialista, de dar una respuesta a la altura de las circunstancias ni Puigdemont quiso enfrentarse a lo que le exigía buena parte de su gobierno, las CUP y la calle. Ninguno de los dos saldrá bien parado de este lance. Por cierto, Pedro Sánchez -al contrario que Miquel Iceta- tampoco saldrá con bien de todo esto.

En la dialéctica Cataluña vs. España o “independentismo catalán vs. nación española” -incluida la parte de esa nación formada por ciudadanos catalanes- se ha generado una dinámica que, por previsible, debía haberse evitado. Pero casi nadie hizo nada para ello. Se ha llegado a un punto en que los supuestos líderes han perdido el control de la situación. Están a merced de sus bases y entornos más beligerantes. Entre otras cosas, porque les aterra la posibilidad de ser considerados traidores por quienes, a cada lado, más gritan. El preanuncio de una convocatoria electoral causó el jueves una revuelta en las filas del independentismo, y Puigdemont no tuvo el coraje de hacerle frente y mantener la intención que tenía por la mañana. Y a la vista, anteayer en el Senado, de cómo han jaleado los senadores del PP la lectura de las medidas que tomaría el Gobierno español al amparo del artículo 155 de la CE, queda claro que el entorno del gobierno, personificado en los senadores jaleadores, está a día de hoy formado por una cuadrilla de hooligans. Son el fiel reflejo, seguramente, de esos muchos españoles para quienes su nación sigue siendo una unidad de destino en lo universal.

Hoy es el día en que muchos reprochan a los máximos responsables de los dos lados su actuación. Razones, seguramente, no les faltan. Pero no nos equivoquemos. Hacen lo que hacen porque están convencidos de que eso es lo que demandan sus bases y los votantes a quienes creen representar. Hacen lo que hacen porque quieren mantener, si no aumentar, el apoyo de los suyos o de los que consideran suyos. No les falta razón. A los máximos responsables se les podrá reprochar no haber sido capaces de canalizar un conflicto político por vías de diálogo y negociación. Pero no se les debe reprochar la supuesta condición de pirómanos. No lo son. La pradera ya estaba incendiada; quizás no han controlado el fuego, y hasta es posible que en algún caso lo hayan avivado incluso (algunos episodios no se me van de la cabeza), pero no se les puede reprochar el haberlo prendido, porque ya lo estaba. Esto es algo que no debe perderse de vista de cara al futuro. Costará mucho y quizás ni siquiera sea posible, pero sin combatir el fanatismo la convivencia se puede a deteriorar mucho más.

Anteayer el Lehendakari Urkullu ha vuelto a publicar un comunicado insistiendo en que la del diálogo y la negociación es la única vía posible, y exhortando a las partes a actuar en consecuencia (ver más abajo). Tiene razón, aunque me temo que su mensaje caerá en saco roto. Los acontecimientos pueden adquirir un tono más dramático aún y conducir inexorablemente a la aplicación del artículo 116 de la CE. Pero entonces quizás ya no haya nada de qué dialogar. Desgraciadamente, este es el escenario que me parece más probable.

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Sobre Cataluña he escrito estos artículos:

Paralelismos, del 21/9/2015

Secesión (I), del 24/9/2015 y Secesión (y II), del 25/9/2015

Conclusiones catalanas, del 4/10/2015

El juego del gallina en Cataluña, del 7/10/2017

Singularidades, del 9/10/2017

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Incluyo también la declaración del Lehendakari Urkullu:


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Me siento muy identificado con Iñaki Gabilondo en esta entrevista.

Singularidades

En ningún lugar de la Europa democrática a la que pretendemos pertenecer son insumisas sus instituciones. Las instituciones existen en virtud de las leyes que las han creado o las han legitimado. Fuera de la ley no hay espacio para una institución. Por eso, al desobedecer las leyes, las instituciones se niegan a sí mismas. Pierden su sentido y su mismo fundamento. En rigor, ningún ciudadano debería obedecer a una institución desobediente.

 

En ningún lugar de la Europa democrática a la que pretendemos parecernos desfilan en la misma manifestación el partido del gobierno, el principal de la oposición y los fascistas antisistema.  En ninguno de esos países comparten los partidos de orden calzada y aceras con fascistas de verdad y con espontáneos, o no tan espontáneos, que enarbolan símbolos fascistas, hacen el saludo romano y lanzan consignas antidemocráticas.