Patrocina que algo queda

Corren tiempos regulares para TVE. Su situación se discute día sí, día también. Sea por quienes sospechan que el  gobierno de Rajoy está al quite para controlar la línea editorial y los contenidos de carácter crítico de sus informativos, sea por los artificios contables con los que nos ha sorprendido desde que sus responsables se pusieron, en serio, a apretarse el cinturón. Como por ejemplo no estrenar series de ficción aunque ya estén terminadas e incluso publicitadas para que su coste no se impute durante este ejercicio contable. Y aunque esto suponga arriesgarse a perder espectadores por el desagüe.

 El jueves, 17, [Enlace roto.], vacante desde que en julio de 2011 Alberto Oliart dijera adiósmuybuenas sin esperar siquiera a que le respondiesen. Esta medida permitirá, igualmente, renovar  a los miembros del Consejo de Administración por mayoría absoluta -actualmente se necesitan dos tercios-, y reduce el número de consejeros de doce a nueve, lo cual implica un ahorro que el PP -ese mismo con mayoría absoluta- ha cifrado en 114.000 euros para el 2012. Economía de guerra. Entre otras cosas.

Desde que el 1 de enero de 2010 TVE se convirtió en una especie de oasis libre de anuncios, los espectadores nos hemos acostumbrado a ver películas y series de un tirón, sin pausas siquiera para la saludable visita al baño. Al mismo tiempo que quienes cuadran las cuentas de la pública se tiraban de los pelos, porque sin publicidad los ingresos adelgazan y los medios flaquean, la audiencia saludaba una televisión en mode videoclub. Los únicos estímulos comerciales a los que atendimos desde entonces eran los obligados por la retransmisión única de la Champions League, las autopromociones, y los anuncios del CD doble con todos los éxitos de Cuéntame. O la novela de Amar en tiempos revueltos. Ya saben, la explotación de los productos RTVE para alimentar ingresos atípicos. Ni seguros de automóvil ni galletas ricas en fibra. Ni la primavera llegando a El Corte Inglés.

En los últimos tiempos, sin embargo, habrán caído en la cuenta de cómo cada vez más espacios están siendo patrocinados por Telefónica. La cuña de la empresa no rompe el programa, y gracias a ella se cubren los costes. Españoles en el mundo, el vespertino ¿Conoces España? presentado por Ramón García, o la Entrevista a la carta que prepara Julia Otero. Pero el primero fue Saber y ganar, el programa más longevo de la televisión. La idea de abrir el grifo a la publicidad fue una propuesta del PP antes incluso de alcanzar la Moncloa, y a su propuesta, la careta de Movistar acompaña a la de Saber y Ganar, contribuyendo, probablemente, a financiar el medio millón de euros que se dice que cobra el incombustible Jordi  Hurtado.

De las bondades contables de esta operación para Saber y Ganar no hace falta hablar. Al fin y al cabo, ni siquiera se trata de que los concursantes se enfrenten a preguntas relacionadas con las tarifas de ADSL de Telefónica, sino de discretas caretas de entrada y salida. Con respecto al anunciante, las ventajas de esta forma de publicidad son incontables: consigue visibilidad regular donde el resto de competidores tienen vedado el acceso, notoriedad porque es la única marca que puede anunciarse en una TVE que a estas alturas es sinónimo de calidad -o así…-, y además un retorno en forma de valores positivos que no resulta desdeñable en absoluto y vincula a la marca con un programa cuyos seguidores son entusiasta legión.

Con la liberalización de la telefonía Movistar/Telefónica no es una empresa institucional, pero a través de estrategias como esta, casi casi lo parece… Otra cosa es que por comer chorizo Campofrío servido por Santiago Segura, este estado de ánimo de alerta perenne y colectiva vaya a esfumarse a golpe de chiste de doña Rogelia y Los Morancos Marianico el corto.

Televisión pública, cuentas públicas

En las últimas semanas se están haciendo públicas, en goteo por aspersión, diferentes informaciones referidas a los sueldos de los periodistas estrella de TVE o las extraordinarias condiciones de contratación de algunos de sus programas más populares. Creo recordar que la veda la abrió la noticia de que Anne Igartiburu y José Mota habían cobrado 30.000 euros cada uno por retransmitir las campanadas de la pasada Nochevieja. A partir de ahí, hemos ido conociendo más y más cifras: los 12.200 euros por minuto que ha costado esta temporada de La hora de José Mota, los 800.000 euros que RTVE ha facturado a Globomedia por cada capítulo de Águila Roja, los 480.000 euros anuales que ha costado renovar a Jordi Hurtado para un año más de Saber y Ganar, o los 500.000 euros anuales para Mariló Montero -tercera, ¡tercera!, opción entre los magazines matinales-.

Ciertamente, ante cifras como estas lo difícil es no escandalizarse. El segundo día del año llegó con el anuncio de un antológico recorte en los presupuestos de RTVE: ya saben que de los 1.200 millones previstos, el ente habrá de conformarse con una asignación gubernamental de 1.000. Sus trabajadores llevan tiempo oyendo que hay que apretarse el cinturón -¿quién no?-. Si los ajustes presupuestarios alcanzan la sanidad, la educación, los servicios sociales o la universidad, estaba cantado que llegarían a la radiotelevisión pública con mayor o menor virulencia. Por otra parte, ahora que el sector de la comunicación parece por fin haberse dado cuenta de que la precariedad no sólo hay que capearla sino también denunciarla, las cifras que manejan las estrellas de la pública resultan doblemente llamativas.

Sin embargo, tengo la impresión de que tras el ruido mediático que se está armando al respecto, tras las llamadas a la contención y el ahorro, también está la intención de adelgazar el servicio público hasta la talla S. Al fin y al cabo, parecen hacernos deducir, una manera relativamente fácil de que RTVE ajustara presupuestos sería prescindir de primeras espadas. Y un caldo de cultivo alimentado con cifras de escándalo parece hacer más justificada esa renuncia. Y nos conduce a un viejo dilema: ¿debería la televisión pública jugar en la misma liga que las privadas? ¿O debería resignarse, poniendo freno al gasto, a prescindir de caras conocidas, presentadores populares o programas de éxito? ¿Han de aplicarse los mismos criterios de rentabilidad para una televisión pública que para una privada? ¿O no? ¿Debería darse por válida una televisión pública -estatal o autonómica, lo mismo me da- sin público, unos informativos low cost, espacios no competitivos, películas de archivo? ¿Ustedes qué piensan?