La Carta de Franco al mundo católico

Iñaki Goiogana

LEKEITIO. LA guerra civil iniciada en los cuarteles norteafricanos españoles el 17 de julio de 1936 no tuvo en un principio planes de contienda larga. Al contrario, se ideó para que fuera un pronunciamiento, similar a los muchos que había experimentado el Estado español durante el siglo XIX y lo que llevaba del XX. El deseo de los militares sublevados era dar un golpe de estado que recondujera el derrotero político de la República, inclinada hacia posiciones reformistas tras las elecciones generales celebradas en febrero de aquel año y ganadas por el Frente Popular. Los bandos militares hechos públicos por los mandos alzados en facción para dar cuenta de las razones que les animaban a actuar hacían referencia a cuestiones como los nacionalismos periféricos y el consecuente problema de la ruptura de la unidad de la patria y al peligro comunista y la sovietización de España. Sin embargo, ninguno de estos documentos iniciales golpistas se hacía eco de los posibles deseos de sus autores de cambio de régimen constitucional ni del carácter religioso de la militarada.

Pero lo que en teoría debía durar horas o, como mucho, unos pocos días desembocó en una larga y cruenta guerra. En muchos lugares donde los militares sublevados no lograron imponerse se produjo un movimiento de rechazo espontáneo protagonizado por las masas populares que conllevó una fortísima represión contra las personas y entidades sospechosas de adhesión al movimiento militar. Así, esta represión popular o republicana se cebó en individuos tachados de derechas y en elementos religiosos. Se incendiaron conventos, iglesias y otros bienes eclesiásticos y miles de sacerdotes, seminaristas, frailes y monjas sufrieron el martirio y la persecución.

La cruzada

Esta furibunda reacción popular contra la Iglesia y lo eclesiástico hizo que la mayor parte de la misma, con toda la jerarquía a la cabeza, olvidara las prevenciones que pudieran albergar siguiendo la doctrina de la Iglesia de acatar el orden establecido y se aliará desde nada más comenzar el golpe con los sublevados. El nuevo e incondicional aliado resultó, por usar un término religioso, providencial para la nueva situación de los facciosos. A los pocos días de iniciada la guerra, los que se conocerían como franquistas empezaron a calificar el movimiento como cruzada y a las razones iniciales explicitadas en los bandos militares se les unió la defensa de la religión como causa de la sublevación, pasando este motivo bélico a ser casi el santo y seña de la facción militar. Sin embargo, desde el principio mismo de las hostilidades, este nuevo discurso de guerra religiosa encontró un obstáculo difícil de gobernar. El Partido Nacionalista Vasco, partido confesional católico, se había decantado a favor de la República y en contra de los golpistas. En Euskadi, no solo los partidos y sindicatos de izquierda y republicanos se opondrían al alzamiento. A estos obvios sostenedores de la legislación vigente se les alió el PNV, así como el sindicato abertzale ELA, en coherencia con el camino hacia el centro político y hacia un catolicismo militante democrático y cargado de sentido social recorrido durante el quinquenio republicano transcurrido en paz. En el País Vasco también se produjeron actos de represión contra el clero pero en mucha menor medida que en otras zonas leales a la República. Además, en Bizkaia y Gipuzkoa, únicas provincias vascas no dominadas por los franquistas al inicio de la guerra, se produjo el fenómeno contrario: hubo sacerdotes asesinados por los supuestos defensores de la religión por motivo de su militancia real o supuesta en el vasquismo y también por su apoyo a un sindicalismo católico reivindicativo, claramente diferenciado del amarillismo católico.

La postura del nacionalismo vasco y de una parte muy importante del clero vasco de rechazar la «cruzada» tuvo eco en algunos sectores católicos extranjeros, especialmente en Francia. En este país, los sectores eclesiales más afines a filósofos como Jacques Maritain o François Mauriac, los dominicos galos que publicaban la revista Sept, etc. se opusieron resueltamente a los franquistas y sembraron la duda en otros círculos católicos que, en principio, podían no tener motivos para apoyar un régimen como el republicano que no era capaz de garantizar la integridad física del clero.

grave escollo Por ello, la postura nacionalista vasca resultó un grave escollo para el bando franquista mientras el Gobierno vasco se mantuvo en Bilbao y más allá de esta fecha. Este hecho motivó que parte del esfuerzo diplomático de los rebeldes dirigido hacia la Iglesia se destinara a contrarrestar la acción vasca y a lograr su neutralización y eliminación, en la seguridad de que resolviendo las dudas católicas sobre el apoyo a Franco se lograba poner en toda su eficacia el elemento propagandístico más importante con el que contaban los sublevados.

En este contexto de guerra religiosa hay que situar la famosa Carta Colectiva de los obispos españoles a sus compañeros del mundo. Pero la prehistoria de este documento episcopal es mucho más larga. Cuenta el historiador benedictino catalán Hilari Raguer (La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española 1936-1939, 2001) que hubo dos intentos previos y que solo se publicó la tercera de las proyectadas. La primera, fue sugerida por Pío XI para eludir el cumplimiento del deseo del dictador español de hacer público un documento que descalificara la posición prorrepublicana de los vascos en la guerra. El Pontífice, ante la petición española de desaprobar la postura vasca, respondió en febrero de 1937 diciendo que estaría dispuesto a condenar la alianza entre nacionalistas vascos con comunistas en el caso de que Franco garantizara a los vascos una amplia autonomía. El segundo proyecto de carta episcopal, no iba dirigido a los vascos, sino a los españoles. En esta carta se denunciaría la persecución republicana así como se ensalzaría el sentido religioso de los nacionales.

Pero ninguna de estas cartas se escribió y sí otra tercera que fue, como Raguer dice, «redactada por iniciativa de Franco, dirigida a los obispos extranjeros, y a través de ellos a la opinión católica internacional, y que no tenía por objetivo iluminar la conciencia de los católicos españoles sino contrarrestar con toda la autoridad moral de la jerarquía la propaganda internacional adversa al Movimiento, y en especial la repugnancia de muchos católicos extranjeros al carácter de cruzada que tanto los generales como los obispos estaban dando a la guerra».

Pero la Carta Colectiva, redactada por el Primado Isidro Gomá, no suscitó la unanimidad de los obispos españoles. Hubo cinco que no la suscribieron, entre ellos Mateo Múgica, obispo de Vitoria, exiliado en Italia, y Francesc d’Asis Vidal i Barraquer, arzobispo de Tarragona. Vidal al requerimiento de Gomá de hacer suya la Carta respondió diciendo que la «estimaba poco adecuado a la condición y carácter de quienes han de suscribirlo» y que temía que se le diera «una interpretación política por su contenido». Esta negativa del arzobispo tarraconense a la firma del documento episcopal le costó el exilio hasta su fallecimiento puesto que la católica nueva España le impidió regresar a su diócesis al finalizar la guerra.

Fusilamientos

En el caso de Mateo Mugica las razones para no firmar el escrito fueron su propia expulsión por parte de los militares sublevados así como el fusilamiento de los sacerdotes diocesanos fusilados por los nacionales. Sobre la actitud de Don Mateo en este tema cabe decir algo más. La Carta Colectiva está fechada el 1 de julio de 1937 aunque no se hizo pública hasta el mes de agosto siguiente. En los días en los que se dio por redactada la Carta, el sacerdote Alberto Onaindia se hallaba en Roma como comisionado vasco para tratar con el ministro de Exteriores italiano Galeazzo Ciano sobre los términos a lo que finalmente dio lugar al conocido como Pacto de Santoña. Onaindia aprovechó su estancia en Roma para visitar a su obispo y conseguir de él su retractación de la Instrucción Pastoral publicada bajo la firma de Múgica y Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona, el 6 de agosto de 1936. En este documento, en realidad redactado por Gomá, los prelados vascos condenaban la postura nacionalista vasca de apoyo a la República y de oposición a los nacionales. Onaindia, que conocía la autoría de Gomá del texto, pretendía lograr de Múgica que se desdijera de lo firmado para hacer frente así al uso propagandístico que hacían los franquistas del mismo. El canónigo de Valladolid no logró su propósito y no salió muy contento de aquella visita a su prelado. Múgica, que no negó la autoría de Gomá de la Instrucción, reveló a Don Alberto que tenía orden del Vaticano de no publicar nada que contradijera algo escrito por Gomá. Tal vez fuera debido a esta orden vaticana que Don Mateo se negara a rectificar su Instrucción conjunta con Olaechea o tal vez (o también) porque pocos días antes se había negado a firmar la Carta Colectiva y equilibrar así lo que daba a un bando y a otro. La Carta Colectiva, que explicaba la guerra en curso como una contienda puramente maniquea de buenos y malos, tuvo un éxito clamoroso en el mundo católico y resultó un elemento propagandístico sin igual para el bando franquista. Sin embargo, no logró una aprobación plena de la misma por parte del Vaticano. La Santa Sede tardó meses en acusar recibo del mismo y solo respondió con una carta elogiando los nobles sentimientos en los que se inspiraba, «así como el alto sentido de justicia de los Excmos. obispos al condenar absolutamente el mal, de cualquier parte que venga». Los franquistas hicieron uso de este texto pero suprimiendo el «… de cualquier parte que venga» a lo que respondió la Santa Sede publicando íntegra la carta en L’Osservatore Romano. No por ello se echaron atrás los franquistas que protestaron por esta acción en lugar de pedir disculpas por citar incorrectamente la carta vaticana. En cuanto a los vascos, motivo primitivo de la Carta a quienes el documento de los obispos españoles les reprochaba su «desobediencia», reaccionaron argumentando contra los contenidos de ésta, pero el mayor motivo de satisfacción que obtuvieron de aquel caso fue que el bando franquista no logró de la Santa Sede la condena a su política. Los vascos entendieron que la Iglesia oficial se inclinaba por motivos políticos a favor de la Iglesia española pero no condenaba, como esta pretendía, a la Iglesia vasca, mucho más débil y perdedora de la guerra.

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