Los hombres de Franco en Bilbao

El Ayuntamiento bilbaino (1937-1959)

Los sucesivos alcaldes franquistas desarrollaron en Bilbao, de forma paralela a la gestión municipal, una intensa labor de propaganda para justificar y ensalzar la dictadura

Un reportaje de Antón Pérez Embeita

El 19 de junio de 1937 el ejército franquista toma Bilbao por la fuerza de las armas. Desde aquel fatídico día y durante más de 40 años la dictadura franquista gobernó la capital vizcaina, imponiendo políticas cuyo objetivo no era otro que la propaganda y el control social ejercido por los poderes públicos. Durante el periodo que denominamos primer franquismo, desde el comienzo de la dictadura hasta el año 1959, 113 hombres formaron parte del personal político del Ayuntamiento de Bilbao, manejando los destinos de la villa en nombre del dictador. Decimos hombres no por englobar al ser humano en tal acepción, sino porque ni una sola mujer formó parte del consistorio durante aquellos 22 años. Seis alcaldes estuvieron al frente de las corporaciones municipales bilbaínas: José María Areilza, José María González de Careaga, José Félix Lequerica, José María Oriol, Tomás Pero-Sanz y Joaquín Zuazagoitia. No obstante, tan solo el último, Zuazagoitia, se mantuvo en el puesto durante un periodo prolongado de tiempo (muy prolongado, eso sí, ya que fue alcalde durante casi 17 años).

Desfile de celebración de la ‘liberación’ de Bilbao por las tropas franquistas.

Los primeros alcaldes franquistas de Bilbao fueron cargos provisionales, nombrados con la guerra civil todavía en curso y cuyos mandatos se caracterizaron por su brevedad. Sobresale la primera comisión gestora, nombrada en junio de 1937 y disuelta en febrero de 1938. Aquellos primeros gobiernos municipales tuvieron un carácter claramente temporal (el primero estuvo formado por tan sólo cuatro personas) y fueron renovándose al obtener los alcaldes cargos más relevantes en el organigrama franquista.

Tras el final de la guerra civil se comenzó a buscar estabilidad en el consistorio bilbaino, y tras el paso de J. M. Oriol Urquijo por la alcaldía (1939-1941) parecía que su sucesor sería un alcalde longevo. Sin embargo, durante el mandato de Tomás Pero-Sanz sucedieron los llamados Sucesos de Begoña, que supusieron la cristalización de las tensiones existente entre carlistas y falangistas en un atentado contra los primeros a la salida de la basílica de Begoña el 16 de agosto de 1942. Una bomba de mano provocó 70 heridos y una escalada de la tensión, solucionada por las jerarquías franquistas mediante la destitución del alcalde y la transformación profunda de la corporación municipal al completo. El tradicionalismo salió sin duda peor parado, ya que a pesar de que el atentado fue llevado a cabo por un falangista fueron los carlistas los que prácticamente desaparecieron del Ayuntamiento durante un tiempo.

La salida de Tomás Pero-Sanz supuso la llegada del farmacéutico Joaquín Zuazagoitia, que se mantuvo al frente de la alcaldía hasta 1959, cuando también fue cesado tras un trágico suceso, un incendio que acabó con varias vidas y que no se pudo extinguir por los problemas de abastecimiento de aguas que sufría la ciudad.

Como era habitual en las instituciones franquistas, en el Ayuntamiento bilbaino se produjo un equilibrio de fuerzas entre las diferentes familias de la dictadura, destacando el papel del carlismo, del falangismo y del monarquismo, representado este, principalmente, por personas provenientes del partido Renovación Española. El tradicionalismo era una fuerza política con peso en la zona, frente a una Falange impuesta desde el poder, pero la diferencia entre Bilbao y otras ciudades de su época se encuentra en la importancia de los monárquicos de Renovación Española.

Alta burguesía Este partido apenas tenía representación social en Bilbao, y estuvo formado en buena medida por miembros de la alta burguesía industrial vasca, que durante este periodo controlaron tanto el poder político como el económico a nivel local. Una parte de dicha burguesía había apoyado e incluso financiado a Franco desde el primer momento y, a causa de ello, recibirían después cargos políticos como estos, a lo que había que sumar el poderío económico que ya ostentaban. Cuatro de los seis alcaldes del primer franquismo en Bilbao pertenecieron a Renovación o estaban vinculados a sus miembros, los otros dos fueron carlistas, que sin duda era la fuerza de mayor peso tradicionalmente en la zona de entre las que formaban parte del consistorio. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Bilbao estuvo controlado principalmente por la alta burguesía vasca proveniente de la ultraderecha monárquica o del carlismo, con predominio de los monárquicos.

El Ayuntamiento de Bilbao, y es posible que esta situación se diese también en otros casos, tenía diferentes niveles de responsabilidad y de poder. Por un lado estaban los tenientes de alcalde y los propios alcaldes, que eran quienes de facto controlaban la institución, presidían las comisiones municipales y tenían los puestos de responsabilidad del consistorio, y por otro los concejales rasos, por denominarlos así, que tenían un papel testimonial en la mayoría de los casos. Si analizamos el perfil social del personal político del Ayuntamiento, veremos que hay marcadas diferencias entre ambos grupos, aunque en términos generales la gran mayoría eran personas de clase alta o al menos media-alta, trabajadores liberales y empresarios en muchos casos (destaca especialmente la cantidad de abogados), con un nivel de vida muy por encima del de la población sobre la que gobernaban. Como ejemplo, en una época en la que apenas el 1 por ciento de la población podía acceder a la universidad, cerca del 70 por ciento de los ediles bilbainos tenían estudios superiores, en algunos casos incluso habiendo estudiado dos carreras diferentes. Otro aspecto reseñable en las características de los concejales es la vinculación entre ellos y el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, que nos indica la relación entre el poder político y el económico. En cada una de las corporaciones municipales de ese periodo, al menos un edil estaba vinculado de manera directa (por él mismo o por un familiar directo) con los consejos de administración de dichos bancos. Bancos que, además, tenían operaciones de crédito abiertas con el Ayuntamiento. No es el único ejemplo de la connivencia entre el poder político y el económico, y son muchos los ediles dedicados al mundo de la empresa, ya fueran negocios más bien familiares o grandes compañías.

Gestión y propaganda En cuanto a la gestión política, las iniciativas del Ayuntamiento de Bilbao pivotaron sobre dos ejes: por una parte, la gestión diaria de la ciudad, es decir, políticas relacionadas con salubridad, higiene, vivienda, educación, abastecimiento de aguas, transporte público y otras infraestructuras; y, por otro, sin duda la labor más importante del consistorio, la propaganda. El objetivo principal de los ayuntamientos franquistas fue el tratar de convencer a la población de las bondades de la dictadura, realizando políticas de memoria, toda clase de cambios en el callejero, monumentos y efemérides o entregando medallas creadas ex profeso para honrar a los combatientes franquistas de la guerra civil, por ejemplo. El consistorio contribuía también al control social ejercido por los poderes públicos (se realizan informes de las personas que vivían en las chabolas e informes políticos de los vecinos) y era también un método de recompensar a los veteranos de la guerra, ya que una parte de los puestos de trabajo que se ofertaban desde el consistorio estaban legalmente reservados para ellos.

En el caso concreto del Ayuntamiento de Bilbao, se llevaron a cabo políticas propagandísticas de todo tipo, comenzando por los cambios en el callejero, que fueron además la primera acción del consistorio, ya que el 21 de junio de 1937 se acordaron ya los primeros nombres con pretensiones propagandísticas. En este sentido destaca el uso propagandístico de la destrucción y reconstrucción de los puentes de Bilbao, dinamitados a la entrada de las tropas franquistas en la villa. Los puentes fueron reconstruidos y se cambiaron los nombres de todos ellos a excepción del de San Antón, debido probablemente al carácter religioso del mismo. Así, se llamaron Puente de la Victoria, Puente del General Mola o Puente del Generalísimo, uniendo la reconstrucción y la vuelta a la normalidad con la dictadura frente al periodo de destrucción y barbarie de la República. Los puentes de Bilbao son un gran ejemplo de propaganda y de la creación de un metarrelato en el que se vinculaban ciertos aspectos positivos (reconstrucción) a la llegada del franquismo, frente a lo negativo (destrucción de los puentes) vinculado a la etapa precedente. Las políticas propagandísticas fueron el principal quehacer del Ayuntamiento, pero desde luego no el único, debido a lo precario de la situación en la que se hallaban Bilbao.

El consistorio era una institución subordinada a la jerarquía del régimen, con poco margen de maniobra y una financiación deficiente, lo que le obligaba a buscar el apoyo de otras instituciones a la hora de llevar a cabo proyectos de mayor envergadura (en este aspecto los contactos personales de los alcaldes y del resto de ediles tenía un gran peso). Bilbao era una ciudad industrial con una masa de trabajadores que vivía hacinada en unas condiciones muchas veces deplorables, con grandes problemas en cuanto al abastecimiento de agua y la vivienda. La proliferación de las chabolas fue una de las características urbanas y sociales de la época, con lo que los problemas de higiene no hacían sino aumentar, provocando situaciones de emergencia sanitaria que el Ayuntamiento no podría controlar.

La situación del consistorio hace imposible pensar que se podría haber dado una solución definitiva a los problemas de la ciudadanía, pero la cuestión es que apenas si se hizo nada, y las soluciones que se plantearon no fueron ni mucho menos suficientes. Las ayudas del Estado eran también mínimas habida cuenta de la situación, y fueron utilizadas también como método de propaganda, pero no acabaron con el problema y las chabolas continuaron siendo parte del paisaje bilbaino décadas después de la llegada de la dictadura, por mucho que las borrasen de las fotografías cuando Franco visitaba la ciudad. Un claro ejemplo de ello es la construcción del barrio de San Ignacio, realizada con ayuda del Gobierno y para cuya inauguración Franco visitó Bilbao, aprovechando para otorgar a los nuevos propietarios las llaves y las escrituras de sus casas, una imagen del Franco protector y bondadoso que el régimen quería vender.

En definitiva, el Ayuntamiento de Bilbao fue una institución con muchas limitaciones, que se dedicó principalmente a la gestión diaria de la ciudad y a la propaganda, pero una entidad clave en la construcción municipal del franquismo, en su consolidación a nivel de ciudad y en la puesta en marcha de políticas que marcaron la vida de las y los bilbainos durante cuatro décadas.

Las ikurriñas de Zalla, dos supervivientes y una tercera enterrada

La familia Zubieta, que custodió de forma clandestina las históricas banderas a lo largo de ocho décadas, las donó el pasado viernes a Sabino Arana Fundazioa

Un reportaje de Iban Gorriti

lOS ojos de Mikel Zubieta se empañan nostálgicos, familiares, históricos. Se aferran a sus recuerdos. Entrañas. A los confines de toda una vida de custodia de dos ikurriñas que sortearon la malaventura de la Guerra Civil y anatema del franquismo. El hijo del molinero Luis y de la ama de casa Feli se alegra y entristece al mismo tiempo. Su razón chasquea al viento de Zalla. “Entregar las dos banderas a Sabino Arana Fundazioa me produce esa sensación de desprenderme de algo que cuidamos de forma clandestina durante años, algo que tengo mucho cariño, y por otra parte sé que van a estar mejor conservadas”, admite con vista vidriosa en las dependencias del batzoki en el que antes de la guerra una de las ikurriñas se mostraba orgullosa colgante desde el balcón, y la otra era el blasón de la Junta Municipal del PNV de Zalla.

Mikel Zubieta, en el instante de hacer entrega a la Fundación Sabino Arana de las dos ikurriñas conservadas por su familia.Iban Gorriti
Mikel Zubieta, en el instante de hacer entrega a la Fundación Sabino Arana de las dos ikurriñas conservadas por su familia.Iban Gorriti

 

Y hubo una tercera: la de las emakumes, con una cuita que Zubieta exhuma de lo escuchado en su casa y a las personas mayores de la localidad vizcaina. “Es como un mito ya”, valora. Existió aquel estandarte que según los testimonios orales heredados permanece enterrada a día de hoy bajo un edificio de la avenida Lanzagorta de Zalla. “Al parecer era una bandera blanca con una ikurriña a un lado. Por cierto, las propias emakumes fueron quieren bordaron el escudo de Zalla con el arcángel San Miguel y el árbol de Gernika en la ikurriña de la Junta, hecha con lanilla”, contribuye Mikel.

Hay dos secretos que han mantenido casi intactas las dos ikurriñas donadas a la fundación con sede en Bilbao. El primero, que Luis Zubieta, antes de la entrada de los fascistas sublevados contra la legítima Segunda República, las tomara del batzoki y escondiera, con el peligro que corría. Y el segundo, gracias al tabaco, pudieron conservarse hasta el siglo XXI. “Mi padre fue un valiente en 1937. Recogió las ikurriñas y las llevó al molino donde vivíamos. Hasta allí hay como un kilómetro y entonces te revisaban las bolsas a ver qué llevabas. Se la jugó”, enfatiza orgulloso de quienes le trajeron al mundo. Y no es para menos. Luis Zubieta fue un marido, un padre de familia, un nacionalista que prefirió exponerse a la cárcel o a la muerte, antes que desprenderse de las dos ikurriñas.

a través del tiempo Los Zubieta han vivido en cinco inmuebles diferentes y con ellos y más adelante sus descendientes siempre viajaron los colores: rojo, verde y blanco, jirones de la historia de su pueblo, de su axioma vital e ideológico. Tras vivir en el recordado molino, lo hicieron en Herculano Plaza, también junto al Bar Teide, en el mismo batzoki que siempre ha estado emplazado en el mismo lugar y en el barrio de El Carmen. La esposa de Luis estuvo a punto de dar el brazo a torcer y quemar las ikurriñas, como la familia hizo con la biblioteca que poseían sobre temas vascos y de nacionalismo vasco. “Mi padre se lo contó a un amigo y este, a su mujer. Ella dijo que le iba a denunciar. No lo acabó haciendo”, apostilla Mikel.

Más adelante, en los años 60, Zubieta hijo y su mujer tuvieron visita de la Guardia Civil porque habían hallado a su padre con “propaganda clandestina” por lo que llegaría a sufrir la cárcel bilbaina de Larrinaga. Acabaron quemando todo durante “una noche entera, salvo un libro de vistas de Bizkaia de la Diputación”. A quien calificaban de bizkaitarrón lograron sacarle de prisión gracias a que la mujer de Luis pidió ayuda al clero de la zona. Del matrimonio, nacieron cuatro vástagos. Uno, falleció al poco de nacer. La hermana mayor fue Ana (a día de hoy fallecida), Elia y Mikel. El padre formaba parte de la organización municipal del PNV de Zalla cuando se desató la Guerra Civil.

Esta familia y descendientes escondieron las ikurriñas en lugares impensables, como por ejemplo, debajo de una bañera o soltando unos ladrillos y volviéndolos a poner con labor de albañilería de por medio. Los días que las aireaban sobre la cama o en un pasillo era todo un rito para los de casa, orgullo a la máxima potencia.

La del balcón del batzoki, algo raída en algunos puntos, es de considerables dimensiones: mide cuatro por dos metros, y la de la junta municipal, 1,90 por 1,20. Las anécdotas se solapan en fechas. Así, por ejemplo, la familia vivió en la casa del batzoki y cuando la ocuparon los de Falange, los fascistas estuvieron muy cerca de los dos estandartes prohibidos.

Horas antes de entregar las banderas a Sabino Arana Fundazioa, Mikel Zubieta proyectaba qué iba a hacer al donarlas. “Les daré un beso muy grande. Me despido de ellas. Me emociono. La de la junta es una ikurriña muy especial: en realidad son dos ikurriñas que cuando las llevamos a donde unas monjas para que vieran cómo se podía mejorar, le pusieron un paño blanco entre ambas, a modo de sandwich y así reforzarla”, detalla quien ya entregó en 1977, con la democracias, estos blasones al batzoki, pero volvieron a la familia hasta los años 90. “Me despido de ellas, pero sé que va a estar mejor cuidada. Ahora, queremos poner una reproducción aquí en el batzoki, en esa vitrina donde ha estado expuesta. Y pensar que en aquellos tiempos para quitar humedad mi padre le ponía tabaco…”, concluye emocionado.

Nacionalismo y Derecho vasco

En las difíciles condiciones marcadas por la actividad política de la Segunda República, la Guerra Civil y el posterior exilio, una generación de juristas vascos conformó una ‘escuela vasca del derecho’ desde la que impulsó el estudio del Derecho civil foral vasco.

Un reportaje de Andrés Urrutia

Existe en la historia vasca toda una generación de juristas que fueron educados en el nacionalismo vasco posterior a Sabino Arana, y que tuvieron una concepción clave en cuanto al Derecho civil foral vasco. Los nombres de Jesús María de Leizaola, Manuel de Irujo, Federico de Zabala y Allende, Francisco Javier de Landaburu y/o Jesús de Galíndez, son lo suficientemente significativos de un esfuerzo intelectual que alguna vez se ha definido como el de una escuela vasca del derecho, no tanto entendida en el sentido universitario actual, sino en el de una corriente coherente de pensamiento en el ámbito del derecho vasco.

import_16908191

El propio Sabino Arana intervino en la formación de la Comisión Especial de Codificación de Vizcaya, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y en el proyecto de reglamento para la constitución de un Centro Jurídico (1896), formado por juristas y que tenía por objeto el estudio tanto del Derecho público como privado de Bizkaia y, especialmente, lo relativo a la troncalidad, la comunicación de bienes, la libertad de testar, el poder testatorio y otros, así como la dualidad legislativa existente en Bizkaia.

Con fecha 1 de julio de 1914, desde el diario Euzkadi se le dirige una carta a Luis Arana, a los efectos de reunir a los abogados nacionalistas para tratar del tema de la extensión territorial del Fuero de Vizcaya, en la que se cita a Aureliano Galarza como especialista en la materia. El propio Aureliano Galarza, presidente de la Comisión, había escrito en 1917 en el diario Euzkadi un texto sobre el Apéndice Foral de Vizcaya y había resumido la historia del Proyecto de Apéndice en dicho artículo.

Federico de Zabala continúa interesándose por el tema y en relación con las fincas de naturaleza indivisible, durante 1926, dirige una carta al propio Jesús María de Leizaola para intentar en la línea del Congreso de Oñate conciliar la troncalidad vizcaina con la indivisibilidad de la finca y la constitución de un patrimonio familiar agrario, todo ello con unas características que acaba formulando Chalbaud en un informe dirigido al Ministerio de Trabajo del Gobierno de España que había iniciado una serie de informaciones públicas sobre la materia.

Todas estas iniciativas convergen en la época de la Segunda República en la intervención de Jesús María de Leizaola, diputado del Partido Nacionalista Vasco en las Cortes republicanas, que se preguntó en dichas Cortes el año 1932 por la relación entre el Código civil español y los derechos civiles forales o especiales y ratificó así una línea de trabajo que había iniciado con sus publicaciones Sobre la libertad absoluta de testar en Euskadi u Ondasunak, jabeak hil ondoren (1923) y que culminó en 1935 con su ensayo La contribución de los vascos a la formación y a la ciencia del derecho.

Ciertamente, esa generación se vio cortada en su esfuerzo por sus responsabilidades en el Gobierno vasco (1936-1937) que les llevaron al exilio, tras la Guerra Civil, pero no a la pérdida de interés por el tema de Derecho civil foral vasco. Dentro de esa generación, son tres los juristas que en el exilio republicano reflexionaron sobre el Derecho civil vasco en ese duro período, tanto vital como profesionalmente hablando, que supusieron los años cuarenta y cincuenta del exilio vasco.

Esos tres nombres son Jesús de Leizaola, Manuel de Irujo y Jesús de Galíndez. Los tres son el contrapunto al proceso compilatorio que tuvo lugar en la posguerra española.

Fijada así la posición del nacionalismo vasco sobre los derechos civiles forales o especiales, el siguiente punto de inflexión es el que se refiere a Manuel de Irujo, ministro de Justicia del Gobierno de la República, cuya actuación al frente de dicho Ministerio favoreció la supervivencia de estas ideas a través de un trabajo publicado en 1944 bajo el título Instituciones Jurídicas Vascas, hoy un clásico en esta materia.

congreso de biarritz (1948) La Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza celebró en 1948, ya en el exilio y en Biarritz, el VII Congreso de Estudios Vascos. En aquel Congreso, Manuel de Irujo presentó un trabajo que recogía su visión sobre el estado de las legislaciones civiles en España en 1948. Tras una descripción del estado en la cuestión, Irujo aborda la convocatoria del Congreso Nacional de Derecho Civil de Zaragoza de 1946 con un tinte muy crítico a pesar de que los resultados sean del agrado de Irujo.

Esa línea se extiende a los acontecimientos posteriores, especialmente las protestas en Cataluña, y desciende al tema del País Vasco, en el que engloba a Bizkaia, Araba y Nafarroa, únicos territorios vascos que en aquel momento tenían redactado un proyecto de Apéndice foral al Código Civil español. Su conclusión es agridulce, ya que, según él, es necesaria «una garantía de que al hacerlo no se aprovechará la ocasión por los centralistas para entrar a saco en los derechos civiles forales y reducirlos a unos cuantos artículos visados en el Código civil».

comisión de baiona (1947) Lo cierto es que el tema del Derecho civil vasco ya había preocupado a los juristas vascos en el exilio y al Gobierno vasco de forma continua y el Secretariado del Partido Nacionalista Vasco en el exilio convocó el 24 de abril de 1947, en Baiona, a un grupo de juristas vascos para constituir la Co- misión de Estudios político-jurídicos. Fue precisamente esta Comisión, que celebró su primera reunión el 30 de abril de 1947, la que se le indicó como destinataria, según se le comunica a Jesús de Galíndez, por carta de fecha 18 de marzo de 1948, de su Proyecto de bases para un Fuero Civil Vasco.

Congreso de Roma (1950) Un hito importante dentro del exilio vasco será la celebración en Roma los días 8 a 16 de julio de 1950, del Congreso Internacional del Derecho privado, auspiciado por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho privado. Irujo y Leizaola preparan una serie de trabajos sobre la unificación del Derecho privado y de forma más específica sobre la mujer en el Derecho vasco, según un texto del siglo XII (Leizaola), y actúan a requerimiento de Estanislao de Aranzadi, que desde Pamplona informa de la asistencia al Congreso de una delegación española encabezada por Federico de Castro, defensor de la unidad del Derecho privado español, quien ve en cualquier atisbo de Derecho foral trazos separatistas. Propone el envío de una comisión vasca, frente a la comisión española, y narra como no ha sido posible que la Diputación de Navarra mande su delegación.

COMPILACIÓN DE DERECHO NAVARRO Fue precisamente Nafarroa, la que en 1973 aprobó la última de las Compilaciones que tenían su origen en el Congreso Nacional de Derecho Civil de Zaragoza. No debió ser del agrado de Irujo, que remitió a la Diputación de Navarra un telegrama en términos poco dudosos de su protesta.

EL PROYECTO DE GALÍNDEZ El tercer jurista en liza en el tema de la legislación civil foral vasca es Jesús de Galíndez. Sus trabajos en materia de Derecho civil foral vasco son los más extensos en el campo del Derecho civil vasco. Pueden citarse, entre otros, El Derecho vasco (1947) y La tierra de Ayala y su fuero (1957). Pero el más destacado en cuanto a las iniciativas en el campo legislativo en materia de Derecho civil foral vasco es el Proyecto de bases para la redacción de un Derecho Civil Vasco (1945-1948), redactado por encargo del Gobierno vasco, trabajo que sirve de contrapunto al proceso que en paralelo sigue la Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava en el País Vasco, bajo el régimen de Franco. Galíndez se plantea en primer lugar el encaje entre un proyecto como este, unitario para toda Euskal Herria, y la supervivencia del Derecho civil vasco, escrito y consuetudinario, de los territorios forales. Es un proyecto de bases, no articulado, por las razones que expone Galíndez y a realizar en dos fases, recogiendo tanto el Derecho tradicional vasco como las nuevas instituciones, y se orienta por el Derecho sajón y no por el Derecho latino. Se usa la denominación tradicional de Fuero en lugar de Código, en consonancia con el ámbito de aplicación que se predica.

Galíndez se encuentra aquí con un tema fundamental, todavía no resuelto por el Derecho civil vasco. Donde hoy hablamos de vecindad civil vasca, Galíndez habla de ciudadanía, pero no se empecina en las palabras. Para decirlo en sus términos: «Importa más el contenido que el nombre».

Respecto al testamento, la regulación del testamento recoge el Derecho histórico vasco, con el testamento por comisario, aunque no el mancomunado. En materia de sucesiones, se hace una defensa valiente de la libertad de testar absoluta e introduce una serie de reformas importantes, que el propio Galíndez enumera, sabiendo que no son temas fáciles, tales como el papel activo de los jueces, la forma civil y religiosa del matrimonio, la admisión del divorcio, el régimen de los hijos naturales, la función social de la propiedad, el reflejo en la sucesión intestada de la testamentaría…

En suma, toda una concepción nueva e innovadora, una visión del Derecho civil que rompe moldes (probablemente por ser de lege ferenda) y que permite vislumbrar otra perspectiva para el Derecho civil vasco en los años cuarenta del siglo pasado. Para muchos, simples deseos. Para otros, toda una enseñanza, especialmente para los que sentimos una preocupación por el Derecho civil vasco y por el alumbramiento de soluciones de futuro que ya estuvieron dibujadas hace más de medio siglo.