¿Universidad para todos? Sí, pero…..

Tal y como anunció el jueves pasado el ministro Wert, las comunidades autónomas podrán, en adelante, aplicar fuertes subidas a las tasas universitarias. La medida se toma en un momento de crisis grave, en el que la necesidad de ahorrar parece justificar casi cualquier recorte. Pero el caso es que esta medida, en particular, debiera tomarse incluso si la situación económica fuera buena. Ahora bien, como se verá, debiera venir acompañada de otras medidas.

Lo primero a resaltar es que es lógico que sean las comunidades autónomas las que tomen esa decisión. A ellas corresponde subvencionar el grueso de los presupuestos universitarios y de establecer las líneas de política universitaria en su ámbito. Por lo tanto, es lógico que ellas decidan en qué medida costea los estudios el conjunto de la ciudadanía y en qué medida lo hace el estudiante o su familia. Responsabilidad y capacidad de actuación deben ir de la mano.

Las tasas actuales solo cubren una pequeña parte del coste de los estudios universitarios, entre un 15% y un 25%, dependiendo de cómo se realice el cálculo y de en qué medida se imputa el coste de la actividad investigadora. Es verdad que de esos estudios se beneficia toda la sociedad, ya que la formación adquirida tendrá un impacto social muy positivo. Pero también es cierto que los principales beneficiados por esa formación son los que la reciben. Aunque la ventaja salarial de los universitarios se ha reducido en los últimos tiempos, sigue existiendo una diferencia importante con las personas con estudios medios, y más aún con las personas con estudios primarios o sin estudios.

Por otro lado, siguen siendo las personas de extracción social alta o media-alta las que acceden a la universidad en mayor medida, por lo que son las que más se benefician de los estudios universitarios. Por eso, el actual sistema es socialmente injusto, porque hace recaer sobre el segmento de la población menos favorecido parte del coste de unas inversiones de las que se beneficiará indirectamente y en una medida pequeña.

Pero dicho lo anterior, una subida generalizada de las tasas tendría el efecto de “expulsar” de la universidad a un número significativo de estudiantes. Se estima que la subida podría dejar fuera de los estudios superiores a un 5% de los que en la actualidad disfrutan de ellos o lo harán en el inmediato futuro. Y eso puede ser muy negativo. Sería socialmente injusto si se trata de personas capaces y con ganas de estudiar que, por carecer de los recursos necesarios, ven limitado o impedido su acceso a la universidad. Pero además, sería muy negativo para el conjunto de la sociedad, porque impediría contar con las capacidades de esas personas una vez formadas. En definitiva, se vulneraría de esa forma el principio de igualdad de oportunidades.

Por todo lo anterior, la subida de tasas universitarias ha de hacerse, pero con dos condiciones. Debe afectar en mayor medida a los estudiantes que obtienen peores resultados académicos, de manera que sirva de acicate para mejorar el rendimiento y se eviten así gastos innecesarios. Y lo más importante: debe venir acompañada por un aumento en el número y cuantía de las ayudas al estudio, para que pueda garantizarse así la igualdad de oportunidades. En conclusión: posibilidad de estudiar en la universidad para todos, sí, pero no a costa del esfuerzo de todos.

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