Gasto social

Gasto Los recursos de que disponen las administraciones son limitados y sus posibles usos alternativos, numerosos. Por eso no es fácil decidir a qué ha de destinarse el dinero que recaudan. Además, las cantidades a destinar a esos usos dependerán de cuáles pensemos que son las principales necesidades. Esto suele ser así casi siempre, también en épocas de bonanza, cuando se dispone de recursos abundantes. Paradójicamente, en épocas de restricciones como la actual las cosas parecen más sencillas. Y es que la gente se inclina mayoritariamente por eso que se engloba bajo la denominación genérica de gasto social. Y los políticos y responsables institucionales, sabedores del interés mayoritario de la ciudadanía, también se inclinan por dar al dinero ese uso preferente.

Parece una opción muy razonable. Es normal que quienes están en situación difícil o tienen familiares o allegados en mala situación demanden a la administración apoyo para superar el trance. Y quienes no sufren estrecheces también suelen demandarlo, ya sea porque piensen que las cosas pueden cambiar a peor o porque sean sensibles a las dificultades ajenas. Yo también lo pienso y creo que las instituciones han de hacer lo posible por evitar que la gente que lo pasa mal por razones económicas caiga en la exclusión social. Uno de los principales bienes a preservar es la dignidad de las personas, y eso significa que hay que tratar de garantizar condiciones de vida dignas para todos. Soy consciente de la dificultad que entraña el tratar de delimitar con precisión en qué consisten esas condiciones, pero creo que es algo que las autoridades pueden objetivar de alguna forma. Por otro lado, y aunque no siempre tienen esa consideración, también debieran incluirse en el concepto genérico de gasto social los recursos que se destinan al sistema de salud, pues una adecuada atención sanitaria es requisito imprescindible de unas condiciones de vida dignas.

Sin embargo, aunque esos buenos propósitos son fáciles de formular, su materialización no está exenta de dificultades prácticas y, también, de imprevistos efectos negativos. Deberíamos ser conscientes de que no todo el dinero que se gasta en las áreas a que corresponde el cumplimiento de los objetivos señalados se dirige específicamente a ello. Porque también en esas áreas hay diversas actuaciones y no todas tienen por qué ser igual de necesarias. De hecho, dada la situación por la que atravesamos, podría quizás prescindirse de algunas de ellas. Pero temo que, dada la dificultad inherente a la elaboración de unos presupuestos y la conocida capacidad de presión de ciertos colectivos, haya capítulos de gasto que no se someten al escrutinio crítico que exigiría el necesario rigor a la hora de marcar prioridades, y eso es algo que puede provocar graves desequilibrios y poner en riesgo el cumplimiento de otros fines.

Lo dicho hasta aquí se refiere al presente, pero el porvenir también debe tomarse en consideración. Las urgencias actuales pueden impedir que los términos que reflejan las necesidades futuras alcancen la magnitud debida en la ecuación presupuestaria. No es un ejercicio fácil, pero es muy importante que las decisiones que se toman hoy no dejen de lado las necesidades del futuro. Me refiero, claro está, a inversiones en instrucción, conocimiento y ciertas infraestructuras. La formación es condición imprescindible para la igualdad de oportunidades y el progreso individual y colectivo. Y del conocimiento y las infraestructuras dependerá en gran medida la posibilidad de generar la riqueza con la que atender mañana, al menos, las mismas necesidades sociales cuya satisfacción consideramos irrenunciable hoy. Y es que, en cierto modo, todo o casi todo el gasto público puede ser considerado gasto social.

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