395 000 €

lanbide

Leo en el papel de [Enlace roto.] de hace unos días que una pareja paquistaní percibía, entre los dos, diez prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). No he leído cuánto dinero era eso, aunque en otros medios he visto que en total fueron 395 000 €. No me parece una cantidad despreciable.

Imagino que esta información dará pie a las consabidas respuestas. Unos dirán que es un escándalo que no nos podemos permitir y que lo mejor sería o bien acabar con la RGI o, cuando menos, limitar esas medidas de inserción a nuestros compatriotas e, incluso, a nuestros paisanos –alaveses en el caso que nos ocupa-. Otros dirán que se trata de una disfunción puntual, una anécdota desafortunada, y que no se deben cuestionar las ayudas sociales por culpa de unos pocos desaprensivos.

Las autoridades se han apuntado hace tiempo al discurso buenista, y la oposición pepera al catastrofista.

Veo con buenos ojos que haya ayudas sociales de inserción. Defiendo la idea de que en nuestra sociedad nos ocupemos de la gente que lo pasa mal y de que les ayudemos a salir adelante. Hay personas que han llegado al mundo en condiciones adversas, que se han criado en entornos pobres y en los que, además, no han tenido fácil la escolarización y el poder adquirir una instrucción suficiente como para poder vivir en condiciones dignas. Para otros, los avatares de la vida han conspirado contra ellos.  Las circunstancias por las que atraviesan las personas pueden, a base de diversas carambolas, llevarlas a la marginación. Yo quiero que la sociedad se haga cargo de ellas y facilite su integración. Lo tengo muy claro.

Pero tengo igual de claro que las ayudas sociales sólo deben existir en la medida en que la administración pueda garantizar que casos como el que comento aquí son verdaderamente excepcionales. Hoy no lo son.

Hay más. Las ayudas sociales en la Comunidad Autónoma Vasca ejercen “efecto llamada”. Reconozco que no es fácil objetivar y delimitar el universo de posibles perceptores, pero un análisis de los datos demográficos de los beneficiarios actuales pone de manifiesto que hay gente, procedente de África y Asia, principalmente, que acude a nuestra comunidad animada por la perspectiva de beneficiarse de esas ayudas. El caso de la pareja de paquistaníes parece bastante claro. Al parecer, cerraron uno o dos negocios que tenían en el Levante español para desplazarse a Vitoria. Habrá quien piense que lo hicieron porque aquel negocio iba mal y vinieron a Vitoria a abrir otro. Y luego pidieron una ayuda, y luego comprobaron que donde entra una entran dos, y donde dos, tres, y así hasta diez. Todo es posible.

Hace unas décadas el gobierno de Su Majestad la Reina presentó una protesta formal ante las autoridades italianas porque detectaron una curiosa forma en la que inmigrantes de esa nacionalidad, valiéndose de su condición de ciudadanos comunitarios, se beneficiaban de manera un tanto rocambolesca de las ayudas que el gobierno británico daba a las personas que habían trabajado durante algún tiempo en el Reino Unido. El motivo de la protesta era que los inmigrantes seguían cobrando las ayudas después de haber retornado a su país. Por lo visto, se había generado una especie de «turismo de subsidios». Desconozco los detalles y no sé cómo terminó aquello, pero los británicos amenazaron con cerrar las fronteras del Reino Unido a los trabajadores italianos. La gente no hubiera protestado.

Y es que lo que está en juego es la misma viabilidad del sistema de protección social. Y no me refiero a su viabilidad económica; es la legitimación social del sistema la que está en cuestión.