Responsabilidad

Tsipras

David ante Goliat. El pequeño planta cara al grande. El pobre desafía al rico. Democracia frente a chantaje. Soberanía contra imposición. Esas son las oposiciones que muchos han utilizado durante las últimas semanas para retratar el conflicto entre Grecia y la antigua Troika. Pero todas ellas expresan una monumental falacia. A mi parecer, todo se reduce al simple hecho de que Grecia no ha cumplido sus compromisos. Está obligada a cumplir lo acordado y, si no puede hacerlo, tiene dos opciones: incumplir los acuerdos y asumir las consecuencias, o tratar de alcanzar nuevos acuerdos, pero bajo la premisa obvia de que no se encuentra en condiciones de exigir nada a sus acreedores.

Es irrelevante quién se haya beneficiado hasta ahora de los anteriores rescates. Los países, como las personas o las empresas, piden préstamos cuando creen necesitarlos; pero perfectamente podrían no hacerlo. Grecia podría no haberlo hecho y haber asumido la responsabilidad de esa decisión. Pero pidió préstamos –no otra cosa es un rescate- y si esos préstamos han servido para salvar a los bancos -anteriores acreedores- de la quiebra, eso es indiferente a los efectos de lo que han de decidir ahora.

Muchos piensan que Grecia no podrá pagar su deuda y sostienen que si se quiere evitar su colapso y posterior abandono de la moneda común, hay que ayudarla suavizando las condiciones para devolver lo tomado en préstamo o, incluso, perdonándole una parte de lo debido. Es posible que sea así, pero eso es algo que, en todo caso, deberán decidir los acreedores. A ellos compete establecer las condiciones y al hacerlo, habrán de evaluar las posibles consecuencias de los escenarios que se planteen, entre ellas, las del desacuerdo y el consiguiente impago. Lo que no es de recibo es que quien ha asumido compromisos económicos y de políticas públicas en su país, los incumpla y exija de paso que le vuelvan a prestar dinero, eso sí, con las condiciones que le interesan. Y más inaceptable es que recurra a un referéndum –invocando para ello la capacidad de decisión y la soberanía griega- para, supuestamente, someter al criterio ciudadano la decisión de aceptar o rechazar la propuesta de los acreedores. Es inaceptable por dos razones; por un lado, porque la soberanía griega nunca ha estado en cuestión, ya que nadie ha obligado a los griegos a aceptar nada que no quisieran y, además, la soberanía se respeta igual si es el gobierno el que decide directamente. Y por el otro, porque de esa forma pretende colocarse en una posición de mayor legitimidad que la de los gobiernos de los países acreedores, sin querer reparar en el hecho nada baladí de que esos gobiernos, siguiendo la misma lógica, bien podrían consultar en referéndum si sus ciudadanos están dispuestos a aceptar la propuesta de Grecia.

Asistimos a un intento de evasión sistemática de responsabilidades. El gobierno griego y quienes lo respaldaron en el referéndum tratan de que el incumplimiento de lo acordado no tenga consecuencias o tenga las menos posibles, e intentan seguir obteniendo la ayuda de las instituciones europeas, eso sí, a la vez que se las calumnia. Todo esto es preocupante. Todos, empezando por los griegos, podemos salir perjudicados de esta historia. Pero lo que más me preocupa no es eso. Lo que me preocupa es que actitudes como las de Grecia tengan tantas simpatías entre nosotros; me preocupa que mis compatriotas confundan la democracia con el filibusterismo en las relaciones internacionales; me preocupa que se dé por bueno el incumplimiento de los acuerdos. Me preocupa, en definitiva, el poco respeto que se tiene a la responsabilidad.

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Adenda:

Tras publicar esta anotación (que ya fuera publicada como columna de opinión el pasado sábado en el diario Deia) hemos sabido que por fin ha habido un acuerdo entre los gobiernos europeos para poner en marcha un nuevo rescate a Grecia.

Creo que ha quedado claro que la frivolidad e irresponsabilidad del gobierno griego se ha saldado con una economía deprimida tras tantos días de corralito y control de capitales, con una situación de las finanzas públicas más difícil de resolver, con el sistema bancario griego al borde del colapso, con una pérdida de confianza en Grecia infinita y, consecuencia de lo anterior, con unas condiciones más duras para aceptar este acuerdo. Si alguien en su sano juicio pensaba que los socios del Eurogrupo se iban a sentir intimidados por el resultado del referéndum, es que estaban fuera de la realidad. Nunca el pequeño y extremadamente dependiente impone las condiciones al grande y potencial benefactor. Tsipras tiene sus electores y, quizás, su pueblo detrás, pero el resto de líderes europeos también tienen los suyos.

Ahora muchos quieren ver humillación donde lo que hay es algo que nada tiene que ver. Tsipras podía haber hecho caso a los admirados Krugman y Stiglitz y haber optado por salir de la eurozona y mandado al carajo a los “arrogantes alemanes”. No lo ha hecho; por algo será. Como acabo de decir las condiciones son ahora más duras para Grecia, pero eso es consecuencia de la situación a que ha conducido el referéndum. Yo, cuando no me fío de alguien, le exijo garantías si me pide algo. No soy el único.

 

Montoro y Varufakis

montoro.reformal.fiscal.deia_12033_11No sé por cuál de las medidas adoptadas será recordado el ministro Montoro, pero viendo la deriva que ha adquirido el asunto, no me extrañaría que lo sea por la amnistía fiscal de 2012. Yanis Varufakis, ministro de finanzas griego, también ha dictado una amnistía fiscal, y no es eso lo único que tienen los dos ministros en común. Por supuesto, ambos son, como todo el mundo sabe, quienes se ocupan de la hacienda pública en los gobiernos de sus respectivos países. Pero lo que quizás no sea tan conocido es que los dos son profesores universitarios, provienen de la Academia. Se supone, por lo tanto, que cuentan con una sólida preparación en las materias de las que se ocupan en sus respectivos ejecutivos. Y es aquí donde las cosas empiezan a no encajar como debieran.

Antes de ser ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro defendía que debían bajarse los impuestos. Sostenía el catedrático de Hacienda Pública -y parlamentario en la oposición a Rodríguez Zapatero- que la presión fiscal asfixiaba la actividad económica y dificultaba la recuperación. Había que bajar los impuestos –decía- porque si la gente tenía más dinero para gastar, la actividad económica se recuperaría antes, con lo que a la postre la recaudación sería mayor. Pero fue llegar al gobierno y donde ponía “bajar los impuestos” el ministro escribió “subir los impuestos”. Y se subieron.

efe_20150208_202129_pa0106_20998_1Varufakis, antes de dedicarse a la política, había escrito varios libros sobre Teoría de juegos. En el marco de esa teoría se analiza, entre otras cosas, el comportamiento de agentes –personas, empresas o instituciones- cuando se enfrentan a ciertos dilemas y han de tomar decisiones en contextos en los que sus consecuencias son inciertas y van a depender de las decisiones que adopten los otros agentes que intervienen. La Teoría de juegos ha tenido un importante desarrollo en economía, política y estrategia militar, entre otras áreas, porque a partir de sus postulados se han elaborado modelos que permiten predecir cuáles serían las decisiones más convenientes bajo diferentes supuestos.

Cabe pensar que Tsipras nombró ministro al profesor de Economía pensando que sus conocimientos serían de gran ayuda en la negociación con los acreedores de Grecia. Pero no parece haber sido así. Dicen los que entienden de estas cosas que a partir de ahora Varufakis no será quien negocie en nombre del gobierno griego una posible salida a la angustiosa situación de endeudamiento en que se encuentra su país. Al parecer no ha medido bien las fuerzas y la posición negociadora griega es más débil de lo que él quiso creer. En otras palabras, contra lo que pensaban los gobernantes de Syriza, el posible incumplimiento de los compromisos de Grecia con el resto de Europa no haría demasiado daño a sus acreedores, pero causaría uno catastrófico a su país. El supuesto contrario podía haber sido válido dos años atrás, pero las cosas han cambiado y lo han hecho en perjuicio de los intereses griegos.

Montoro y Varufakis comparten una interesante experiencia: han pasado de la Academia al Gobierno, de la teoría a la práctica, de la comodidad de la tarima universitaria a las dificultades de la arena política. Por eso, me gustaría saber qué piensan ahora de lo que enseñaban y escribían antes. Qué piensa Varufakis de los dilemas acerca de los que escribió cuando era profesor y si, tras su paso por el gobierno, volvería a escribir lo mismo. Y también querría saber qué piensa ahora Montoro, si estaba en lo cierto cuando ejercía de catedrático de Hacienda Pública o si, años después, acertó el ministro. Resultaría instructivo.

El tren de alta velocidad, no tan buena idea

alta velocidadNada es gratis publicó la semana pasada una nueva entrada sobre el tren de alta velocidad. La entrada pretendía desmontar los argumentos –falaces, según el autor- que se han venido vertiendo en días pasados contra la postura de Ciudadanos y la fundamentación económica de dicha postura. No es la primera vez que en Nada es Gratis se publica una anotación contraria al tren de alta velocidad basada en argumentos económicos.

Mi opnión sobre la alta velocidad ha variado con el paso de los años. Al principio era entusiasta a favor. La idea de podernos desplazar rápidamente desde el centro de una ciudad a otra se me hacía irrestitblemente atractiva. De hecho, lo sigue siendo. Y en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), con el deplorable estado en que se encuentra el transporte público entre sus capitales, el atractivo era aún mayor. Daba por hecho que desde el punto de vista económico el proyecto tenía un sustento más que suficiente. Soy de los que, en general, tiene confianza en sus autoridades; de hecho, pienso que las autoridades de la CAV han acertado con las decisiones que han tomado en materia de infraestructuras casi siempre.

Hace unos pocos años leí en The Economist que el tren de alta velocidad había tenido el inesperado efecto de concentrar en las grandes urbes la actividad económica, dada la gran facilidad con la que personas residentes en la periferia pueden desplazarse a ellas. Al parecer, ese efecto ha acentuado el peso específico de las grandes urbes en el terreno económico, y ha dejado como ciudades dormitorio a las pequeñas o medianas ciudadades a su alcance. Eso explicaría el relativo retraso que han sufrido esas ciudades y las regiones en que se encuentran durante los últimos años, a la vez que aumentaba la pujanza económica del centro de la red de transporte de alta velocidad. Esa información hizo que germinara en mí la semilla de la desconfianza, pues si bien creo muy necesario un trasporte rápido y cómodo entre las capitales vascas, me parece muy peligroso para el País Vasco que se produzca el fenómeno descrito por el semanario británico.

A mis reticencias anteriores se han añadido otras nuevas últimamente. A lo largo de la crisis han sido varios los estudios económicos que han puesto de manifiesto que la alta velocidad española es ruinosa y que no tiene justificación ni económica ni social, ni siquiera la línea Madrid-Barcelona. Así pues, la semilla que hizo germinar en mí el semanario británico no ha dejado de crecer desde entonces y hoy soy de los que piensa que antes de avanzar por esa vía –y nunca mejor dicho- hace falta contar con estudios de viabilidad económica que avalen la conveniencia de gastar más dinero en vías y trenes de alta velociad.

Tengo la esperanza de que las cosas en la CAV, a pesar de todo, sean algo diferentes. El hecho de que todavía hoy se necesite más de una hora para ir de una capital a otra, junto con lo peligrosas y caras que son las autopistas que las unen quizás haga que nuestra Y resulte más rentable que las otras vías. Lo que, desde luego, empiezo a tener meridianamente claro es que la conexión con Madrid o con París no debe hacerse por ese medio. Quizás sea mucho mejor utilizar conexiones ferroviarias rápidas pero de ninguna manera recurriendo a trenes de alta velocidad.

Post scriptum 1: Desde el momento en que ETA puso las obras del TAV, así como las empresas, empresarios y trabajadores en su diana, mi postura se hizo acríticamente favorable al TAV bajo cualquier circunstancia. Me ocurrió lo mismo con la autovía de Leizarán y con cualquier otro proyecto al que se opuso la organización terrorista. Y si algo parecido volviera a ocurrir, mi actitud sería la misma que entonces. Porque por encima de cualquier otra consideración está el principio de que las decisiones que toman los poderes legítimos solo pueden ser revocadas por ellos mismos o por los tribunales. Nunca por la presión de una organización terrorista.

Post scriptum 2: Me divierte comprobar el alborozo con el que personas normalmente críticas y contrarias a las ideas que se transmiten desde Nada es gratis y medios similares han recibido los estudios o artículos contrarios al TAV. Parece que la credibilidad de un medio está en función del grado de coincidencia con nuestras propias ideas.

Es la formación ¡estúpido!

paro

Según los datos de la EPA que acaba de hacer públicos el INE, el 28% de las personas mayores de dieciséis años tiene estudios superiores en España (36% en la CAV), la mayor parte de ellos universitarios. Si nos fijamos en la población activa, esto es, en las personas que trabajan o están buscando trabajo activamente, ha completado estudios superiores el 38% (51% en la CAV); o sea, en proporción hay más personas con formación superior entre quienes se encuentran laboralmente activos (38% vs. 28% para el conjunto de España y 51% vs. 36% para la CAV). Y si afinamos aún más y reparamos en las personas que están ocupadas, el porcentaje de ellas que tienen estudios superiores alcanza el 42% (55% en la CAV). Démonos cuenta de lo que esto significa: cerca de la mitad de las personas que tienen trabajo en España y más de la mitad en la CAV ha completado el máximo nivel de estudios. En lógica consecuencia de todo lo anterior, el porcentaje de parados que tiene formación superior es muy inferior al de todos los anteriores: un 22% en el conjunto de España (33% en la CAV) o lo que es lo mismo, sólo uno de cada cuatro o cinco parados españoles tiene estudios superiores (uno de cada tres en la CAV). Como estamos más acostumbrados a manejar eso que llamamos tasas, digamos que la tasa de paro del conjunto de la población española es del 23% (17% en la CAV), mientras que la de las personas con formación superior es de un 14% (11% en la CAV), siempre según el INE, porque los datos de paro que ofrece el Eustat para la CAV son algo inferiores.

Queda meridianamente claro algo que, no por repetido, se olvida con demasiada frecuencia: la formación es el mejor antídoto contra el paro. No es un antídoto perfecto; no existe tal cosa, pero es el mejor posible, y cuanta más formación se tenga, mejor aún. Hubo un tiempo en que proliferaban análisis frívolos según los cuales en España –y en Euskadi en mayor medida aún- había lo que denominaban un “exceso de formación”. Había que limitar el acceso a la universidad –decían- porque no hay mercado para tantas personas con formación superior. Ya entonces era un mensaje sin fundamento, porque las personas con más formación tienen, en general, un más amplio abanico de posibilidades. En ocasiones pueden verse obligados a aceptar trabajos de menor cualificación que la que tienen, eso es cierto, pero lo contrario nunca ocurre: una persona sin estudios superiores no puede trabajar de abogado, por ejemplo.

Hay cosas que no dependen de nuestra voluntad, como que la economía crezca. Otras cosas dependen poco, como que se implante una buena política de empleo (o sea, el contrato único). Pero las hay que sí dependen de uno mismo. La gente joven tiene que tener meridianamente claro que su futuro depende de la formación que adquieran, más que de ninguna otra cosa y más que nunca antes. Han de saber que sin formación cualificada sólo tendrán dos alternativas: optar a los trabajos que no quieran los demás o el desempleo. Y a los responsables institucionales toca implantar políticas pensadas para proporcionar oportunidades a los jóvenes. Las instituciones no pueden –ya no- dar seguridades; pero sí pueden, mediante buenas políticas públicas, ayudar a la gente a ser autónoma, apoyar a los jóvenes para que sean dueños de su destino, y en esas políticas, las de formación ocupan la posición central. Parafraseando al entonces candidato demócrata a la Casa Blanca, Bill Clinton: es la formación, ¡estúpido!

Gasto social

Gasto Los recursos de que disponen las administraciones son limitados y sus posibles usos alternativos, numerosos. Por eso no es fácil decidir a qué ha de destinarse el dinero que recaudan. Además, las cantidades a destinar a esos usos dependerán de cuáles pensemos que son las principales necesidades. Esto suele ser así casi siempre, también en épocas de bonanza, cuando se dispone de recursos abundantes. Paradójicamente, en épocas de restricciones como la actual las cosas parecen más sencillas. Y es que la gente se inclina mayoritariamente por eso que se engloba bajo la denominación genérica de gasto social. Y los políticos y responsables institucionales, sabedores del interés mayoritario de la ciudadanía, también se inclinan por dar al dinero ese uso preferente.

Parece una opción muy razonable. Es normal que quienes están en situación difícil o tienen familiares o allegados en mala situación demanden a la administración apoyo para superar el trance. Y quienes no sufren estrecheces también suelen demandarlo, ya sea porque piensen que las cosas pueden cambiar a peor o porque sean sensibles a las dificultades ajenas. Yo también lo pienso y creo que las instituciones han de hacer lo posible por evitar que la gente que lo pasa mal por razones económicas caiga en la exclusión social. Uno de los principales bienes a preservar es la dignidad de las personas, y eso significa que hay que tratar de garantizar condiciones de vida dignas para todos. Soy consciente de la dificultad que entraña el tratar de delimitar con precisión en qué consisten esas condiciones, pero creo que es algo que las autoridades pueden objetivar de alguna forma. Por otro lado, y aunque no siempre tienen esa consideración, también debieran incluirse en el concepto genérico de gasto social los recursos que se destinan al sistema de salud, pues una adecuada atención sanitaria es requisito imprescindible de unas condiciones de vida dignas.

Sin embargo, aunque esos buenos propósitos son fáciles de formular, su materialización no está exenta de dificultades prácticas y, también, de imprevistos efectos negativos. Deberíamos ser conscientes de que no todo el dinero que se gasta en las áreas a que corresponde el cumplimiento de los objetivos señalados se dirige específicamente a ello. Porque también en esas áreas hay diversas actuaciones y no todas tienen por qué ser igual de necesarias. De hecho, dada la situación por la que atravesamos, podría quizás prescindirse de algunas de ellas. Pero temo que, dada la dificultad inherente a la elaboración de unos presupuestos y la conocida capacidad de presión de ciertos colectivos, haya capítulos de gasto que no se someten al escrutinio crítico que exigiría el necesario rigor a la hora de marcar prioridades, y eso es algo que puede provocar graves desequilibrios y poner en riesgo el cumplimiento de otros fines.

Lo dicho hasta aquí se refiere al presente, pero el porvenir también debe tomarse en consideración. Las urgencias actuales pueden impedir que los términos que reflejan las necesidades futuras alcancen la magnitud debida en la ecuación presupuestaria. No es un ejercicio fácil, pero es muy importante que las decisiones que se toman hoy no dejen de lado las necesidades del futuro. Me refiero, claro está, a inversiones en instrucción, conocimiento y ciertas infraestructuras. La formación es condición imprescindible para la igualdad de oportunidades y el progreso individual y colectivo. Y del conocimiento y las infraestructuras dependerá en gran medida la posibilidad de generar la riqueza con la que atender mañana, al menos, las mismas necesidades sociales cuya satisfacción consideramos irrenunciable hoy. Y es que, en cierto modo, todo o casi todo el gasto público puede ser considerado gasto social.