El tren de alta velocidad, no tan buena idea

alta velocidadNada es gratis publicó la semana pasada una nueva entrada sobre el tren de alta velocidad. La entrada pretendía desmontar los argumentos –falaces, según el autor- que se han venido vertiendo en días pasados contra la postura de Ciudadanos y la fundamentación económica de dicha postura. No es la primera vez que en Nada es Gratis se publica una anotación contraria al tren de alta velocidad basada en argumentos económicos.

Mi opnión sobre la alta velocidad ha variado con el paso de los años. Al principio era entusiasta a favor. La idea de podernos desplazar rápidamente desde el centro de una ciudad a otra se me hacía irrestitblemente atractiva. De hecho, lo sigue siendo. Y en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), con el deplorable estado en que se encuentra el transporte público entre sus capitales, el atractivo era aún mayor. Daba por hecho que desde el punto de vista económico el proyecto tenía un sustento más que suficiente. Soy de los que, en general, tiene confianza en sus autoridades; de hecho, pienso que las autoridades de la CAV han acertado con las decisiones que han tomado en materia de infraestructuras casi siempre.

Hace unos pocos años leí en The Economist que el tren de alta velocidad había tenido el inesperado efecto de concentrar en las grandes urbes la actividad económica, dada la gran facilidad con la que personas residentes en la periferia pueden desplazarse a ellas. Al parecer, ese efecto ha acentuado el peso específico de las grandes urbes en el terreno económico, y ha dejado como ciudades dormitorio a las pequeñas o medianas ciudadades a su alcance. Eso explicaría el relativo retraso que han sufrido esas ciudades y las regiones en que se encuentran durante los últimos años, a la vez que aumentaba la pujanza económica del centro de la red de transporte de alta velocidad. Esa información hizo que germinara en mí la semilla de la desconfianza, pues si bien creo muy necesario un trasporte rápido y cómodo entre las capitales vascas, me parece muy peligroso para el País Vasco que se produzca el fenómeno descrito por el semanario británico.

A mis reticencias anteriores se han añadido otras nuevas últimamente. A lo largo de la crisis han sido varios los estudios económicos que han puesto de manifiesto que la alta velocidad española es ruinosa y que no tiene justificación ni económica ni social, ni siquiera la línea Madrid-Barcelona. Así pues, la semilla que hizo germinar en mí el semanario británico no ha dejado de crecer desde entonces y hoy soy de los que piensa que antes de avanzar por esa vía –y nunca mejor dicho- hace falta contar con estudios de viabilidad económica que avalen la conveniencia de gastar más dinero en vías y trenes de alta velociad.

Tengo la esperanza de que las cosas en la CAV, a pesar de todo, sean algo diferentes. El hecho de que todavía hoy se necesite más de una hora para ir de una capital a otra, junto con lo peligrosas y caras que son las autopistas que las unen quizás haga que nuestra Y resulte más rentable que las otras vías. Lo que, desde luego, empiezo a tener meridianamente claro es que la conexión con Madrid o con París no debe hacerse por ese medio. Quizás sea mucho mejor utilizar conexiones ferroviarias rápidas pero de ninguna manera recurriendo a trenes de alta velocidad.

Post scriptum 1: Desde el momento en que ETA puso las obras del TAV, así como las empresas, empresarios y trabajadores en su diana, mi postura se hizo acríticamente favorable al TAV bajo cualquier circunstancia. Me ocurrió lo mismo con la autovía de Leizarán y con cualquier otro proyecto al que se opuso la organización terrorista. Y si algo parecido volviera a ocurrir, mi actitud sería la misma que entonces. Porque por encima de cualquier otra consideración está el principio de que las decisiones que toman los poderes legítimos solo pueden ser revocadas por ellos mismos o por los tribunales. Nunca por la presión de una organización terrorista.

Post scriptum 2: Me divierte comprobar el alborozo con el que personas normalmente críticas y contrarias a las ideas que se transmiten desde Nada es gratis y medios similares han recibido los estudios o artículos contrarios al TAV. Parece que la credibilidad de un medio está en función del grado de coincidencia con nuestras propias ideas.

Progreso moral

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La pena de muerte es cruel y degradante, es el atentado máximo contra la dignidad humana. En la historia reciente, ha sido abolida en muchos países; cada vez son más los que no ejecutan a sus ciudadanos.

Viene lo anterior a cuenta del reciente informe de Amnistía Internacional sobre la pena capital. Según los datos de los que la organización internacional tiene constancia, el pasado año 607 personas fueron ejecutadas en 22 países, la mayoría de las cuales se produjeron en China, Irán, Arabia Saudí y Estados Unidos. No obstante, las cifras reales son muy superiores, puesto que China, que es el país que, con diferencia, más reos ejecuta, no hace pública esa información; por esa razón las ejecuciones en aquel país no figuran en este informe. Amnistía Internacional da cuenta de algunos retrocesos –más condenas dictadas en 2014 que en 2013, y un repunte de ejecuciones en el mundo islámico-, pero la situación es claramente mejor que la de décadas anteriores.

Uno de los aspectos más perturbadores del informe -para mí, al menos- es la presencia de los Estados Unidos en esa ominosa lista. Con esa salvedad los países donde se aplica la pena de muerte son de dudoso pedigrí democrático o, más bien, verdaderas dictaduras. Es normal, la democracia y la libertad han sido el caldo de cultivo también para el progreso moral, y en los países democráticos los ciudadanos no aceptamos esa forma de tortura y de degradación. Por eso perturba constatar la persistencia de la pena de muerte en uno de los países más democráticos del planeta. Porque al fin y al cabo, son los ciudadanos los que, a través de sus representantes, han decidido mantenerla en su ordenamiento jurídico. Y la aplican, como bien sabemos. Los Estados Unidos tienen uno de los sistemas penales más duros y su población reclusa es desproporcionadamente alta por comparación con la de los demás países democráticos. La aplicación de la pena de muerte es, en cierto modo, el vértice superior de una pirámide inicua.

John Gray, un pensador británico muy influyente, -y del que, por cierto, me encuentro en las antípodas- sostiene en su anteúltima obra, The Silence of Animals: On Progress and Other Modern Myths (2013), que en la historia de la humanidad no ha habido progreso. Se refiere a progreso moral. Afirma que bajo una superficial capa de civilización que nos da apariencia de ser mejores personas que quienes nos antecedieron, se esconde el mismo ser humano de siempre, la misma barbarie. Es una idea perturbadora, que desafía directamente la noción de que la humanidad ha progresado, no sólo en los aspectos materiales y en calidad y esperanza de vida, sino también en el terreno de la moral.

Creo que Gray se equivoca. Cada vez hay menos dictaduras en el mundo, cada vez hay más libertad y más democracia, cada vez son más los países que han abolido la pena de muerte. No es un camino sin retorno; en ocasiones la destrucción repentina del orden social hace aflorar de nuevo la sinrazón y la barbarie, pero cada vez son menos los países en que eso puede ocurrir con facilidad. Y aunque conviene no dar nada por asegurado, los países democráticos soportan mejor las tensiones internas y es más difícil que retrocedan. Por eso se afianzan valores humanistas que dificultan las prácticas crueles, deshumanizadoras. Con dificultad, altibajos y retrocesos ocasionales, el progreso que experimenta la humanidad en otras esferas también alcanza al orden moral. Gracias a esa tendencia secular el mundo es cada vez más civilizado, más humano, moralmente superior; en definitiva, es un mundo mejor.

395 000 €

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Leo en el papel de [Enlace roto.] de hace unos días que una pareja paquistaní percibía, entre los dos, diez prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). No he leído cuánto dinero era eso, aunque en otros medios he visto que en total fueron 395 000 €. No me parece una cantidad despreciable.

Imagino que esta información dará pie a las consabidas respuestas. Unos dirán que es un escándalo que no nos podemos permitir y que lo mejor sería o bien acabar con la RGI o, cuando menos, limitar esas medidas de inserción a nuestros compatriotas e, incluso, a nuestros paisanos –alaveses en el caso que nos ocupa-. Otros dirán que se trata de una disfunción puntual, una anécdota desafortunada, y que no se deben cuestionar las ayudas sociales por culpa de unos pocos desaprensivos.

Las autoridades se han apuntado hace tiempo al discurso buenista, y la oposición pepera al catastrofista.

Veo con buenos ojos que haya ayudas sociales de inserción. Defiendo la idea de que en nuestra sociedad nos ocupemos de la gente que lo pasa mal y de que les ayudemos a salir adelante. Hay personas que han llegado al mundo en condiciones adversas, que se han criado en entornos pobres y en los que, además, no han tenido fácil la escolarización y el poder adquirir una instrucción suficiente como para poder vivir en condiciones dignas. Para otros, los avatares de la vida han conspirado contra ellos.  Las circunstancias por las que atraviesan las personas pueden, a base de diversas carambolas, llevarlas a la marginación. Yo quiero que la sociedad se haga cargo de ellas y facilite su integración. Lo tengo muy claro.

Pero tengo igual de claro que las ayudas sociales sólo deben existir en la medida en que la administración pueda garantizar que casos como el que comento aquí son verdaderamente excepcionales. Hoy no lo son.

Hay más. Las ayudas sociales en la Comunidad Autónoma Vasca ejercen “efecto llamada”. Reconozco que no es fácil objetivar y delimitar el universo de posibles perceptores, pero un análisis de los datos demográficos de los beneficiarios actuales pone de manifiesto que hay gente, procedente de África y Asia, principalmente, que acude a nuestra comunidad animada por la perspectiva de beneficiarse de esas ayudas. El caso de la pareja de paquistaníes parece bastante claro. Al parecer, cerraron uno o dos negocios que tenían en el Levante español para desplazarse a Vitoria. Habrá quien piense que lo hicieron porque aquel negocio iba mal y vinieron a Vitoria a abrir otro. Y luego pidieron una ayuda, y luego comprobaron que donde entra una entran dos, y donde dos, tres, y así hasta diez. Todo es posible.

Hace unas décadas el gobierno de Su Majestad la Reina presentó una protesta formal ante las autoridades italianas porque detectaron una curiosa forma en la que inmigrantes de esa nacionalidad, valiéndose de su condición de ciudadanos comunitarios, se beneficiaban de manera un tanto rocambolesca de las ayudas que el gobierno británico daba a las personas que habían trabajado durante algún tiempo en el Reino Unido. El motivo de la protesta era que los inmigrantes seguían cobrando las ayudas después de haber retornado a su país. Por lo visto, se había generado una especie de «turismo de subsidios». Desconozco los detalles y no sé cómo terminó aquello, pero los británicos amenazaron con cerrar las fronteras del Reino Unido a los trabajadores italianos. La gente no hubiera protestado.

Y es que lo que está en juego es la misma viabilidad del sistema de protección social. Y no me refiero a su viabilidad económica; es la legitimación social del sistema la que está en cuestión.

Es la doctrina

[Publicado el 12 de octubre de 2013]

Hasta la dictadura de Franco, el ministerio que ahora es de educación, era de instrucción pública. Sospecho que el Caudillo le cambió el nombre con la intención de reflejar un cambio en su orientación. No se trataba ya de instruir, sino de educar. Y educar, en el vocabulario de los regímenes totalitarios, tiene, además de la componente de enseñar, esa otra orientada a conformar conciencias, condicionar el comportamiento, ahormar el pensamiento, en definitiva, adoctrinar. La transición no recuperó el nombre republicano; mantuvo el franquista. Dudo que fuera casual.

Los debates educativos de las últimas décadas han tenido que ver, sobre todo, con cuestiones de orden doctrinal y con los valores que unos u otros han pretendido promover a través de la enseñanza reglada. Las nuevas leyes han provocado, casi siempre, gran controversia en esos terrenos. Pero la intervención del poder en la escuela no se ha limitado a los cambios de modelo. Otras medidas, dependiendo de la ocasión y los intereses del momento, también estaban motivadas por esas consideraciones; pero eso sí, el “revuelo” que levantaban sólo dependía de la medida en que unos y otros se identificaban con sus propósitos. Formar en el espíritu nacional, inculcar el respeto al medio ambiente, llevar a las víctimas del terrorismo a las aulas, promover la igualdad, educar en la solidaridad y la diversidad, predicar una moral de inspiración confesional, españolizar a los catalanes, o cualquier otra pretensión relativa al dominio de los valores ha podido ser objeto de tratamiento “transversal” o incluso lectivo. Son empeños vanos, por supuesto, porque ignoran que los valores se transmiten, ante todo, en la familia y la cuadrilla, por fortuna.

Pero aún siendo vanos, esos empeños han sido la causa de que en ninguna otra área se hayan producido tantos cambios legislativos como en la enseñanza, siete desde la transición. Cada vez que ha habido cambio de partido en el gobierno, y a veces con el mismo partido, los nuevos han cambiado lo que había, y nada es más perjudicial para el sistema de instrucción que realizar frecuentes cambios normativos. Pero recuerden: se ha tratado de adoctrinar, ahora y antes.

La gente, por otro lado, tampoco parece conceder a la instrucción la importancia que merece. Las familias se conforman con lo que hay. Los de mi generación hemos conocido personas que, aunque analfabetas funcionales, eran muy conscientes de la importancia de los estudios y hacían lo posible por que sus hijos los cursaran, cuantos más mejor. Pero no sé si esa es una preocupación mayoritaria hoy. Quizás el logro del acceso universal a la enseñanza haya hecho desaparecer la genuina preocupación ciudadana por su calidad.

Y en ese debate estábamos esta semana, cuando ha llegado la OCDE con su informe sobre competencias formativas básicas en adultos. Que mucha gente no sea capaz de entender y manejar lo básico en los dos lenguajes -literario y matemático- esenciales para ejercer como ciudadanos resulta demoledor, más aún al comprobar que, con una mínima excepción, España es el país con peores resultados. Y no es suficiente consuelo que en las edades jóvenes las cosas estén sólo mal y no catastróficas. La ley Wert no va a conseguir, como ninguna otra lo consiguió antes, que la educación en España dé el salto de calidad que necesita. Al contrario, el simple hecho de volver a cambiar de ley será una losa más a añadir a las varias que ya arrastra la enseñanza.

Pero a la hora de la verdad ¿a quién importa? Porque llenan de orgullo los triunfos de “la roja”, mas no de oprobio la mediocridad educativa y cultural.

Es la formación ¡estúpido!

paro

Según los datos de la EPA que acaba de hacer públicos el INE, el 28% de las personas mayores de dieciséis años tiene estudios superiores en España (36% en la CAV), la mayor parte de ellos universitarios. Si nos fijamos en la población activa, esto es, en las personas que trabajan o están buscando trabajo activamente, ha completado estudios superiores el 38% (51% en la CAV); o sea, en proporción hay más personas con formación superior entre quienes se encuentran laboralmente activos (38% vs. 28% para el conjunto de España y 51% vs. 36% para la CAV). Y si afinamos aún más y reparamos en las personas que están ocupadas, el porcentaje de ellas que tienen estudios superiores alcanza el 42% (55% en la CAV). Démonos cuenta de lo que esto significa: cerca de la mitad de las personas que tienen trabajo en España y más de la mitad en la CAV ha completado el máximo nivel de estudios. En lógica consecuencia de todo lo anterior, el porcentaje de parados que tiene formación superior es muy inferior al de todos los anteriores: un 22% en el conjunto de España (33% en la CAV) o lo que es lo mismo, sólo uno de cada cuatro o cinco parados españoles tiene estudios superiores (uno de cada tres en la CAV). Como estamos más acostumbrados a manejar eso que llamamos tasas, digamos que la tasa de paro del conjunto de la población española es del 23% (17% en la CAV), mientras que la de las personas con formación superior es de un 14% (11% en la CAV), siempre según el INE, porque los datos de paro que ofrece el Eustat para la CAV son algo inferiores.

Queda meridianamente claro algo que, no por repetido, se olvida con demasiada frecuencia: la formación es el mejor antídoto contra el paro. No es un antídoto perfecto; no existe tal cosa, pero es el mejor posible, y cuanta más formación se tenga, mejor aún. Hubo un tiempo en que proliferaban análisis frívolos según los cuales en España –y en Euskadi en mayor medida aún- había lo que denominaban un “exceso de formación”. Había que limitar el acceso a la universidad –decían- porque no hay mercado para tantas personas con formación superior. Ya entonces era un mensaje sin fundamento, porque las personas con más formación tienen, en general, un más amplio abanico de posibilidades. En ocasiones pueden verse obligados a aceptar trabajos de menor cualificación que la que tienen, eso es cierto, pero lo contrario nunca ocurre: una persona sin estudios superiores no puede trabajar de abogado, por ejemplo.

Hay cosas que no dependen de nuestra voluntad, como que la economía crezca. Otras cosas dependen poco, como que se implante una buena política de empleo (o sea, el contrato único). Pero las hay que sí dependen de uno mismo. La gente joven tiene que tener meridianamente claro que su futuro depende de la formación que adquieran, más que de ninguna otra cosa y más que nunca antes. Han de saber que sin formación cualificada sólo tendrán dos alternativas: optar a los trabajos que no quieran los demás o el desempleo. Y a los responsables institucionales toca implantar políticas pensadas para proporcionar oportunidades a los jóvenes. Las instituciones no pueden –ya no- dar seguridades; pero sí pueden, mediante buenas políticas públicas, ayudar a la gente a ser autónoma, apoyar a los jóvenes para que sean dueños de su destino, y en esas políticas, las de formación ocupan la posición central. Parafraseando al entonces candidato demócrata a la Casa Blanca, Bill Clinton: es la formación, ¡estúpido!