El escenario más abierto

Tres hechos políticos de relevancia nos deja el año que acaba hoy.

Uno es el fracaso de ese proyecto político inane que se gestó hace ya una década, pero que no pudo materializarse hasta 2009. La coalición virtual que forman PSE y PP ha fracasado como fórmula de gobierno. Y lo ha hecho por tres razones: 1) porque la mayor parte de la ciudadanía no se identificaba, ya en sus inicios, con esa coalición; 2) porque no ha sido capaz de ofrecer un proyecto de país alternativo al del nacionalismo vasco; y 3) porque ha transitado por la legislatura como si ocupar el gobierno solo consistiese en hacer declaraciones: el balance de gestión ha sido paupérrimo en casi todas las áreas. Aunque el fracaso del proyecto se percibía ya en los resultados de las encuestas de años anteriores, las elecciones forales de mayo y legislativas de noviembre lo han certificado.

El segundo hecho de relevancia ha sido la declaración de ETA y sus antecedentes, junto con la principal consecuencia política de todo ello, la explosión electoral de la izquierda patriótica. Como consecuencia de los resultados electorales cosechados, no solo gobierna en Guipúzcoa y en numerosos municipios; cuenta también con una excelente representación en las Cortes españolas; y se encuentra, además, en condiciones de disputar el liderazgo al resto de formaciones políticas vascas. Por otro lado, es de suponer que el Tribunal Constitucional legalizará Sortu durante los próximos meses y, de ser así, estaremos más cerca de una situación política normal.

Y el tercer hecho ha sido la victoria de Mariano Rajoy al frente del PP en las elecciones legislativas de noviembre. Durante los próximos años el Reino de España será gobernado por el PP con mayoría absoluta, y aunque seguramente tratará de buscar complicidades extramuros, no se verá obligado a acordar prácticamente nada con otros partidos, algo que tendrá consecuencias importantes también entre nosotros.

El actual gobierno vasco tiene ante sí un verdadero calvario. Tras haber sido desautorizado en las urnas de forma severa, lo más probable es que en otoño de 2012 se vea obligado a convocar elecciones. De esa forma evitará tener que elaborar unos presupuestos cada vez más difíciles de cuadrar. Además, no parece que el PP esté dispuesto a seguir desgastándose apoyando a un gobierno tan poco apreciado por su propio electorado.

De cara a los próximos meses se abren dos incógnitas principales. Una es la evolución que experimentará la convivencia en Euskadi y sus variadas componentes, con el reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo como componente principal.

Y la otra es la configuración que adquirirá el Parlamento Vasco que salga de las próximas elecciones autonómicas. Sospecho que, en lo sustancial y en términos relativos, los resultados de esas elecciones reflejarán, en el ámbito autonómico, lo ocurrido este año en los ámbitos foral y español. Pero de cara a la asignación de parlamentarios y, por lo tanto, a la configuración del nuevo gobierno, habrá que tener muy en cuenta dos elementos: 1) no es descartable que alguno de los partidos pequeños obtenga representación parlamentaria, y 2) los vitorianos elegirán del orden de 23 parlamentarios. Además, los acuerdos que se han producido en el ámbito foral indican bien a las claras que el mapa de alianzas puede adquirir formas antes nunca vistas. Nos encontraremos, seguramente, ante el escenario más abierto que se recuerde.

Todas las complicidades posibles

Para mi gusto, en el discurso del lunes de Mariano Rajoy hubo exceso de declaraciones de fe y fervor patriótico, aunque, en honor a la verdad, quizás es que los tiempos exigen patriotismo. Habrá que tomar nota.

Pero también vi algunas virtudes en lo que dijo el candidato a la investidura. Es cierto que fue vago en bastantes asuntos, como si no se quisiese manifestar todavía en relación con ciertas materias. Pero nadie podrá reprocharle falta de claridad en lo fundamental, y me refiero tanto al diagnóstico como a la orientación de las medidas que propuso. En lo relativo al diagnóstico, el panorama que dibujó de la situación económica española fue tenebroso. Las cifras macroeconómicas que ofreció, que son las que dibujan el marco de referencia, indican una situación verdaderamente mala, por no decir catastrófica. Y en relación con la orientación de las políticas que desarrollará, dejó bien claro que es del todo acorde con la doctrina imperante en Europa: austeridad y contracción del tamaño del estado.

Por algunas de las afirmaciones que realizó al comienzo del discurso, -en relación con la necesidad de poner la mirada más allá de lo inmediato-, podría pensarse que Mariano Rajoy está de verdad pensando en utilizar la crisis para realizar la reforma, por redimensionamiento, que necesita el estado desde hace años. El estado, -entendido como el conjunto de administraciones y organismos paragubernamentales-, ha crecido mucho durante la pasada década, más que la actividad ajena al sector público. Y ese es un lastre que dificulta la salida de la actual situación de postración e hipoteca las posibilidades de progreso futuro. El problema es que las medidas que hay que poner en práctica para poner coto a ese ente insaciable siempre encuentran la oposición frontal de los sectores interesados en que las cosas queden como están.

A la hora de la verdad, los propósitos de reformar la administración para reducir el estado no suelen materializarse, porque es mucho más difícil de lo que parece limitar la voracidad económica y burocrática del Leviathan de nuestro tiempo. Lo fácil es, por el contrario, quedarse en meras palabras o, como mucho, limitarse a aplicar medidas de fácil aceptación por la opinión pública española. En ese sentido, es preocupante que en vez de referirse con cierto detenimiento a lo obvio, -la necesaria reforma de la Ley de la Función Pública-, se limitase a cuestiones de importancia relativa en el contexto de unos problemas como los que afirma querer resolver, como es la propuesta de cambiar la regulación de las televisiones autonómicas.

En las cuestiones apuntadas se cifra, no el único, pero sí uno de los grandes retos de la legislatura que empieza para el Partido Popular. Abordar el redimensionamiento de la administración en sus múltiples facetas va a ser clave, no ya para salir de la crisis cuanto antes, sino para afrontar el futuro con un mínimo de garantías. Y hacerlo sin entrar como elefante en cacharrería en el ámbito competencial de las administraciones autonómicas tratando de igualarlas a la baja, será clave para que el gobierno pueda contar con un mínimo de complicidad por parte de los poderes periféricos. Dada la gran ventaja parlamentaria con que cuenta, habrá quien piense que el PP no necesita de complicidad ninguna, pero eso no es cierto. Porque para afrontar con posibilidades de éxito la tarea que tiene ante sí va a necesitar de todas las complicidades posibles.