Lo que funciona bien no hay que tocarlo

El pasado día siete, el lehendakari López utilizó el término despilfarro cuando se refería a la conveniencia de reformar la arquitectura institucional vasca. Lo hizo en un contexto extraño, -un acto académico- y en la intervención con la que cerraba el acto. Dada la dureza del término empleado, el lehendakari debiera aportar los datos que supuestamente avalan su utilización. Pero eso es algo que no creo que ocurra. Ha utilizado el término despilfarro para generar un estado de opinión proclive a su propuesta de revisar nuestro entramado institucional. Se trata de una táctica similar a la de asociar la inmigración con la delincuencia o el fraude con las ayudas sociales. Pretenden, mediante esas asociaciones, orientar a la opinión pública en la dirección deseada. Nadie se extrañe, pues, si pronto se publica algún “informe” que dé sustento a esa idea.

Las diputaciones constituyen elementos claves en la orientación del país, y son verdaderas atalayas y escaparates políticos. De ellas dependen, además, importantes esferas de acción pública. Se me ocurren varias razones por las que no debiera abordarse una reforma como la que plantea el gobierno vasco, y pienso, además, que este es un asunto de enorme calado político. La primera razón es de naturaleza histórico-jurídica; las diputaciones forales son las depositarias de la tradición foral, tradición que es la base histórica del autogobierno vasco. No es, a mi juicio, la razón de más peso, pero sospecho que de esta derivan importantes consecuencias a efectos del reconocimiento de la singularidad vasca por parte de las instituciones europeas. Y eso no es baladí.

La segunda razón es una modalidad del principio de subsidiaridad. Las diputaciones forales, en tanto que corresponden a ámbitos políticos más reducidos que el gobierno vasco, están más cerca de la ciudadanía y del entorno sobre el que gobiernan. Y eso supone que se encuentran en mejores condiciones a la hora de identificar los problemas y dar la respuesta más adecuada a los mismos.

La tercera razón es puramente pragmática, pero quizás es la que, en estos momentos, con más energía ha de esgrimirse frente a la pretensión de reforma. Resulta que el sistema vasco de autogobierno ha demostrado dar muy buenos resultados en términos de bienestar económico y de cohesión social. Ello se ha debido, en buena medida, al modo en que se encuentra articulado el sistema, al reparto competencial, y a los contrapesos que, de manera automática, funcionan entre unas instituciones y otras. Siendo esto así, es difícilmente comprensible que algo que ha funcionado tan bien deba ser modificado. Lo que se propone es un experimento de resultado incierto, pero de mucho peligro, y eso es algo que no nos podemos permitir.

Finalmente, me parece necesario recordar algo bastante obvio, pero que suele dejarse de lado en estos debates. La representación electoral de cada territorio en el parlamento vasco es la que es porque el entramado institucional es este y no otro. Si las diputaciones forales tuviesen un menor nivel competencial, habría que corregir la representación parlamentaria, porque quebraría el sistema semiconfederal en que se articula nuestra comunidad. Y eso es algo quizás no sea muy del gusto de nuestros gobernantes.