El consentimiento, sí es sí.

Una de las claves de la ley integral contra las violencias sexuales, a la que hoy se ha dado luz verde y que va a modificar el Código Penal, es el consentimiento, es decir, el «sí es sí» en una relación sexual. Esto hará que la distinción entre abuso y violación quede extinguida, algo que el movimiento feminista reclamaba desde hace mucho tiempo.

Y no, esto no significa que durante un encuentro sexual haya que estar diciendo continuamente y hasta el final «si quiero» tal y como se preguntaba Cayetana Álvarez de Toledo en un debate político. “Una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?”, preguntaba la política. Pues no, no se trata de eso sino de atender al sí o al no de la otra parte cuando se quiere iniciar una relación sexual. O durante, porque arrepentirse a la mitad también es lícito. Este anteproyecto de ley fija que no existe «consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos, su voluntad expresa de participar en el acto» sexual.

Otro de los aspectos destacados de este ley es la cuantía de las penas ante las agresiones sexuales. La agresión sexual tendrá una pena de 1 a 4 años de prisión y la violación (si hay penetración) de 4 a 10 años. Hay una ligera rebaja de los años de condena frente al anterior código pero al refundir abuso y violación las penas sean más proporcionales. El movimiento feminista ha aclarado en diversas ocasiones que no es punitivista sino que pone el acento y los recursos en potenciar una educación feminista dirigida a reforzar la prevención y evitar tener que recurrir a un sistema meramente punitivo que no repara a las víctimas ni rehabilita a las personas condenadas.

La adaptación del Código Penal al Convenio de Estambul para que el consentimiento sea la clave para determinar una violación y no dependa de la intimidación y la violencia es el aspecto más conocido de la ley, pero esta legislación aspira a ser integral e incluye no sólo más cambios punitivos, sino un enfoque amplio contra la violencia sexual. Agresiones sexuales, acoso, acecho, extorsión y engaño pederasta –también cuando se lleven a cabo mediante tecnologías de la información y la comunicación– o infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual son algunos de los actos que serán condenables a partir de ahora.

Además, la ley considera violencias sexuales la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la trata con fines de explotación sexual. Además crea un nuevo delito, con pena de multa o arresto domiciliario, contra el acoso ocasional o callejero, que se define como aquellas «expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas que creen en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria».

Llega esta luz verde a la ley en una semana que concluirá el próximo domingo 8 de marzo con miles de mujeres echadas a la calle para reclamar que se sigan dando pasos con el objetivo de acabar con el machismo y su violencia.

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