Crimen sin castigo

Indulto-300x225

Hay dos momentos en el año en los que el gobierno concede a algunas/os delincuentes esa medida de gracia tan controvertida que es el indulto. Lo hace en Semana Santa y en Navidad. No se si es coincidencia o hay en esos dos momentos algo de tradición cristiana poco compatible con el estado laico, pero el caso es que es así.

La ley asegura que “los reos de todo tipo de delitos” son susceptibles de ser indultados. Si efectivamente se demuestra que el delito cometido y la pena impuesta no son proporcionales, el indulto estará justificado. Ahora bien, hay algunos indultos que se hacen cuando menos poco digeribles.

El pasado 30 de diciembre, el Consejo de Ministros concedió 12 indultos que se suman a los 13 que ya concedió en Semana Santa. Entonces argumentó el porque de las medidas de gracia, algo que no ha sucedido ahora.

Entre los indultados está el dueño de un bar condenado por “ruidos intolerables” pese al precinto policial, un policia local que falsificó un documento de puesta en libertad de un detenido que se había perdido, un hombre que dejó cicatrices en la cara a otro en una pelea o un empresario que estafó a sus socios firmando facturas falsas.

Imagino que los y las afectadas por el delito cometido por José Manuel Magdaleno Hernández habrán recibido la noticia de su indulto con sorpresa y, sobre todo, con indignación. Se trata de un promotor inmobiliario que estafó a varias familias, a las que les pedía adelantos para la compra de vivienda en urbanizaciones que sabía que nunca iba a construir. Fue condenado a tres años y seis meses de prisión, a devolver el dinero estafado y a pagar indemnizaciones a sus víctimas, además de a inhabilitación especial durante el tiempo de la condena para actividades de promoción y construcción inmobiliaria. Gracias al indulto, la condena queda en dos años y ya podría volver a ejercer. Eso sí, debe pagar lo estafado y las sanciones impuestas.

No es fácil asimilar que quien se ha llevado tu dinero, tu ilusión y tus sueños sea perdonado sin que el gobierno tenga la necesidad de explicar el porqué. Quienes fueron estafados necesitan una justificación para no hacer desaparecer definitivamente su confianza en la justicia. Entre otras cosas por transparencia y para que todos los delitos no puedan ser indultados sin que nos digan porqué.