Cuando las barbas catalanas veas pelar…

A los ciudadanos vascos nos conviene aprender las lecciones catalanas. Por sus propios méritos Cataluña camina siempre un paso por delante de Euskadi y le saca un largo trecho al resto de pueblos del Estado español en casi todo. Compartimos con aquel admirable país mediterráneo la vivencia de la precaria convivencia entre los sectores nacionalistas y unionistas y las contradicciones democráticas que esta disputa genera. Y nos iguala la circunstancia de ser percibidos como enemigos del Estado por nuestros respectivos afanes de autogobierno. Ahora nos toca compartir las enseñanzas de la funesta experiencia del tripartito (PSC+ERC+ICV), que dirigió la Generalitat desde 2003 a 2010, para su aplicación en la CAV en la hora cercana del relevo del bipartito antinacionalista (PSE+PP), último ensayo político español en el laboratorio vasco.

El tripartito fue un proyecto intensamente anti-CiU, disfrazado de pacto de progreso, que se vendió a la sociedad catalana como una alternativa histórica al largo período de liderazgo de Jordi Pujol, que gobernó desde 1980 a 2010. ¿Cansancio del pujolismo? No, aquello fue la historia de la conquista del poder por una izquierda dispar y sin base programática homogénea con la esperanza de cambio como excusa. Lo democrático no siempre es lo mejor, máxime si las decisiones rompen los equilibrios básicos y alteran agresivamente el orden de las prelaciones colectivas. Fue una estrategia frentista que dejó enormes frustraciones y una ruina económica sin precedentes que ahora el President Artur Mas tiene que afrontar con un coste político inmerecido. Aquel arrebatado sueño de poder derivó en una pesadilla para todos.

La deuda, ese placer socialista

El endeudamiento público es una herramienta peligrosa en manos de políticos cuya ambición supera la responsabilidad y amor al país. Dejar a los socialistas la máquina del crédito es tanto como regalar a un pirómano un bidón de gasolina. Al gustazo de traspasar a las generaciones venideras las compras e inversiones de hoy se lanzó Pascual Maragall y después Montilla triplicando la financiación catalana, de los 11.000 millones que les dejó Pujol en 2003 a los 35.000 millones a la llegada de Mas, que necesita unos 7.000 millones de euros hasta fin de año. La situación financiera de Cataluña es trágica, tanto que ha recurrido al rescate por el Estado y no puede pagar los servicios sociales, todo ello como consecuencia de la política de tierra quemada de la disparatada gestión de la izquierda reunida.

¿La bancarrota catalana heredada del tripartito es un anticipo de la quiebra que nos espera en Euskadi después de López? Las cifras que conocemos son muy preocupantes. El bipartito constitucionalista ha elevado la deuda vasca de los 642 millones de euros que dejó Ibarretxe en abril de 2009 a los 6.798 millones de hoy, más de un 10,2 del PIB. La incertidumbre se acrecienta por la nula transparencia de Lakua y el entretenimiento propagandístico al que nos somete el lehendakari y su consejero de economía, Carlos Aguirre, émulos de Zapatero en el arte de sustituir la verdad económica con los más pretenciosos espejismos.

Como a Cataluña tras la desventura del tripartito, el socialismo y su adicción al préstamo traspasarán a Euskadi un legado ruinoso que lastrará durante décadas la recuperación económica y la creación de empleo. Liquidar la descomunal factura generada por López implicará, de entrada, que el próximo Gobierno vasco disponga de 800 millones de euros menos a principios de 2013 por la obligación de atender las amortizaciones derivadas de su desdichada gestión, con una deuda per cápita vasca de más de 3.100 euros, lo que convierte al pacto PSE+PP en la mayor catástrofe sufrida en Euskalherria desde las inundaciones del 83. Pero si estas fueron el resultado del infortunio, la quiebra pública es consecuencia de un voluntario empeño manirroto.

 ¿Pacto de izquierdas?

La cruel lección catalana es más que la evidencia de la voracidad deudora del socialismo. Es la genuina expresión del desastre del frentismo ideológico. No hay frentismo bueno, porque siempre proviene del fracaso en las urnas e implica una fractura social contraproducente. Catalunya se ha vacunado contra la aventura frentista y pienso que Euskadi, después del fiasco del bipartito y su punto de ilegitimidad, también rechaza la fórmula de toda unión excluyente. El aire fresco en la política solo puede venir de la transversalidad, el acuerdo realmente plural y abierto, realizado sobre bases constructivas y con madurez democrática.

A pesar de la palmaria enseñanza catalana, hay quien se muestra partidario de un acuerdo de gobierno entre la izquierda abertzale y el PSE, que podrían conformar una mayoría alternativa al PNV por mucho que los jeltzales ganasen con holgura los comicios autonómicos. Así se ha manifestado en DEIA Patxi Zabaleta, coordinador general de Aralar: «No descarto un pacto EH Bildu-PSE». En esta misma página de opinión José Luis Uriz escribió hace poco: “Quizás las próximas elecciones en Euskadi deberían dar un gobierno transversal en el que las izquierdas, la estatal y la abertzale renuncien a su incomunicación ancestral y demuestren su altura de miras y su apuesta por la reconciliación”. Querencias parecidas han expresado Iñaki Gabilondo, Gorka Landaburu y otros tribunos. Ninguno parece haber aprendido del irresponsable experimento catalán que, entre otras calamidades, ha dejado al socialismo roto en mil pedazos y a las arcas públicas en suspensión de pagos.

Aparte de que el país no está para trincheras ni aventuras y que el próximo futuro pasa por los acuerdos múltiples, fruto de la necesidad y la lucidez, la verdadera transversalidad es la que se atreva a acometer cambios estratégicos y no meras concesiones sectoriales. La transversalidad izquierda-derecha, como la de López con Basagoiti, es mucho más sencilla y menos valiosa que la transversalidad soberanismo-unionismo, donde el desentendimiento es radical. Dada la superación tácita de la dialéctica izquierda-derecha, no es complicado que los partidos se asocien en torno a un mismo programa. Lo fundamental es que puedan pactarse variaciones en el sistema jurídico-político que favorezcan la convivencia entre los dispares proyectos nacionales, sometidos hoy al rigor castrense de la Constitución española y un Estatuto superado, lo que desemboca en el actual desequilibrio democrático. La auténtica transversalidad es la que debe proyectar mutaciones en la monolítica arquitectura del Estado y relativizar el soberanismo a ultranza, ámbitos en los que cuesta ceder, porque hay ideología, concepto y sentimiento, el núcleo de nuestras tensiones políticas.

Algún provecho habrá que extraer de la experiencia catalana y del aciago periplo del Gobierno López. Ambos nos dejan ruinas económicas, que menoscabarán el bienestar durante muchos años, y muestran los dramáticos efectos de la experimentación con la ciudadanía. La próxima vez que alguien proponga un pacto frentista de cualquier signo, por favor, que antes mire a Cataluña y Euskadi.