Martes 9 de julio de 2013
En este interés de ir rescatando parte a parte, la historia desconocida de los años cuarenta, traemos hoy un episodio importante e inédito. Se trata de la carta que le envió a Indalecio Prieto, D. Manuel de Irujo rechazando la secretaría del JARE (Junta de Auxilio de los Republicanos españoles).
Prieto estaba fuera del gobierno Negrín: había sido separado del mismo por el propio Negrín con el que estaba distanciado. La salida del barco VITA de Europa fue por orden del Presidente del Gobierno Juan Negrín, que fundó el SERE para gobernar los fondos extraídos de España. Pero al llegar El Vita a México, Prieto, mejor situado, se quedó con la mercancía y fundó el JARE para administrar aquellos bienes. Tanto el JARE como el SERE se habían fundado en Europa. El Jare (Junta de Auxilio a los Republicanos españoles) dio mucho que hablar y sufrió ataques de los propios mexicanos. Este es un tema vidrioso y complicado, en el cual Irujo no quiso entrar. Indalecio Prieto le propuso que formara parte de su Consejo de Administración -del JARE- pero declinó el ofrecimiento con esta carta que es toda una primicia. Sin embargo mantuvo buenas relaciones con el complicado Prieto. El lugar de D. Manuel lo ocupó el diputado catalán Niclau d’Olwer.
José Antonio Aguirre hubiera querido evitar el duelo SERE-JARE, pero no pudo lograrlo.
VILLA REMY
Avenue des Mimosas
CARRETON. 9 de Agosto de 1939
Sr. Don Indalecio Prieto
PARÍS
Mi querido amigo: Me refiero al ofrecimiento del cargo de Secretario General de la J.A.R.E. que, por acuerdo del mismo, se ha servido usted hacerme. Agradezco la confianza que tal nombramiento envuelve y lamento no poder corresponder a ella con mi colaboración profesional. Debo a usted por esto y en correspondencia a una amistad afirmada en difíciles momentos vividos juntos, una explicación de mi conducta. Procuraré dar claridad a mi pensamiento, aún a riesgo de pecar por extenso.
El reconocimiento de Franco como poder legítimo por los países democráticos, señaló el término de la guerra civil española. Nosotros habíamos cumplido en la lucha deberes de solidaridad cerca de las democracias peninsulares. Al llegar a aquel momento, nos propusimos relegarnos en nuestra propia vida vasca. A tal fin, hemos evitado el subsumir nuestras actividades en organismos o cargos que, por su significación, rebasaran aquel marco y pudieran, de esa manera, desnaturalizar la norma acordada. Nuestra gestión quedó confiada a medios propios y dirigida a finalidades adecuadas a nuestro carácter nacional vasco.
La representación específica parlamentaria vasca en la Diputación permanente de las Cortes, confiada al Sr. Jauregui, fijó esta posición de modo reiterado. En su consecuencia, se mantuvo alejada de cuantas deliberaciones pudieran envolver luchas políticas entre instituciones, partidos o personas, absteniéndose de tomar parte en las determinaciones que dieron forma ostensible a aquellas diferencias.
Esa norma fue aplicada en la declaración de inexistencia del Gobierno Negrín, adoptada por la Diputación, que dispuso la creación del J.A.R.E. al objeto de administrar los caudales públicos extraídos por aquel Gobierno, con el fin de prestar asistencia a la ciudadanía prescrita. No participamos en el acuerdo, ni en la reacción del Sr. Negrín, como consecuencia de la cual, el S.E.R.E. continúa en el ejercicio de funciones administrativas sobre aquellos caudales. Estas funciones (conviene recordarlo) venían desempeñándose de hecho, hasta la adopción del aludido acuerdo, con el reconocimiento y la colaboración de la Diputación Permanente, sin oposición formal de nadie y con participación tácita o expresa de la ciudadanía desterrada.
Nosotros fijamos claramente una posición política al separarnos, por dimisión voluntaria, del Gobierno que presidía el Sr. Negrín. En su día, la reprodujimos en el Parlamento. Nuestra actitud de hoy, tampoco es de solidaridad con aquella gestión. Lo que antaño fue oposición es hogaño apartamiento y abstención, tanto de esa política como de las luchas que por consecuencia de la misma o por otros conceptos, puedan entablarse. Queremos mantener libre de todo compromiso nuestra propia personalidad. Admitimos que un día, tal vez próximo, habrá de convenir al interés del pueblo vasco o a los ideales de libertad, democracia y justicia social que nos animan, una colaboración conjunta con otros pueblos u organizaciones políticas de dentro o fuera de la Península. Mas, en ese puesto, aspiramos a ser nosotros mismos quienes, libremente, determinamos los términos y el momento de nuestro concurso. La conducta consecuente que, a nuestro parecer, corresponde a esta norma, es la de abstenernos de colaborar en los términos de su indicación, en la dirección con cargo de confianza, de un organismo que nace en pugna por desplazar al que venía ejerciendo las funciones administrativas del caudal relicto. Este hecho define ya, a nuestra vida, la lucha política en la que nos hemos propuesto estar ausentes.
Separada esa lucha de la gestión puramente administrativa y distribuidora de aquel caudal, nosotros habremos de usar de nuestro derecho. Estimamos como un deber ciudadano irrenunciable el de participar para nuestro pueblo vasco en la porción que le corresponde, sobre los caudales públicos de referencia. El Partido, o por él la minoría parlamentaria, será en su caso, interpretando aquellas normas que inicialmente se trazó, el que acuerde cubrir o no el puesto a que tiene derecho y designar su representante.
Me he extendido en los motivos que proceden, con la esperanza de llevar al convencimiento de usted y del J.A.R.E. la lógica de nuestra posición. No tratamos de hurtar al problema el esfuerzo y la asistencia obligados por el carácter irrenunciable de los derechos del pueblo. Estamos dispuestos a prestar nuestra colaboración en actos, cargos y organismos, cuyo objeto sea administrar, distribuir y liquidar aquel caudal. No hemos de aceptar con este motivo ninguna condicionalidad de sentido político que aún sin pretenderlo sus gestores, tienda a ligar nuestro futuro. El P.N.V. será en cada momento el que aplique esta norma, ínterin no estime que ha llegado el momento de volver a reconsiderarla.
No resiste el tema tratado en esta carta a la contemplación de los sufrimientos y penalidades a que viven sometidos los refugiados, aludida por usted con acierto en documento reciente. Pienso que esa consideración nos obliga, como deber preferente, a realizar el esfuerzo necesario para que la concurrencia de todos los que nos reputamos afectados por un cierto sentido de responsabilidad, separación de los problemas políticos que nos apartan, para obviar los cuales, todo respeto a la opinión ajena será poco. ¡Una nueva lucha, apoyada en los fondos de los refugiados, no, amigo Prieto! Usted es hombre de corazón y entiende perfectamente este lenguaje.
Rendiría usted un señalado servicio (ese es mi leal parecer) a quienes se batieron por la democracia republicana, haciendo posible, desde el lugar prestigioso que ocupa, una solución en armonía con aquellos sagrados derechos, poner término al espectáculo poco edificante de otra guerra civil, aunque en ésta, como en la anterior la legitimidad fura opuesta al arbitrio. No habrían de faltar —de no existir otro medio más idóneo— personalidades europeas o americanas, cuya acusada democracia y prestigio notorio, pudieran merecer de todos la confianza precisa, para dictar un laudo arbitral). Significaría un desvío el negarse a aceptar algún procedimiento honorable que liquidara una posesión de banderío, impropia de la magnitud de la tragedia vivida por el pueblo republicano y de la solemnidad y transcendencia del instante que tenemos la fortuna de vivir quienes seguimos esperando en el triunfo de la democracia.
Perdóname la dureza de mi expresión. Soy amigo de ocupar posiciones definidas. He tratado de llevar a mi exposición la mayor claridad.
Entretanto, aquí me tiene usted, a las órdenes del Partido Nacionalista Vasco como afiliado, a las del Gobierno de Euzkadi como expresión persistente y activa que es de solidaridad vasca, y a su personal disposición, muy suyo y siempre afectísimo amigo que le abraza,
Irujo