Si no perdemos de vista el axioma sociológico “El Gobernante es enemigo natural del Pueblo”, comprenderemos sin dificultad lo presto que se muestra para cometer toda suerte de ilegalidad contra la mayoría social en beneficio propio, importándole poco o nada, el respeto a la ley, que dicho sea de paso, está hecha por y para quienes gobiernan de verdad: las élites extractoras. De modo que, la población, navega sin saberlo entre Escila y Caribdis, pues si malo es que los gobernantes criminales se salten la ley a la torera, no nos va mejor cuando se esfuerzan públicamente en hacerla cumplir a rajatabla.
Que en pleno siglo XXI una persona trabaje para otra, ya me parece vergonzoso; pero al margen de esta particular apreciación radical, hoy el trabajador, empleado, asalariado, autónomo si se prefiere la expresión, además de a la explotación directa laboral se ve expuesto a otros procedimientos indirectos que actúan a través del mercado, donde los desgraciados no perciben cómo las élites extractoras cuentan con ellos fuera de las cadenas de montaje, de las fábricas, de los talleres, de las oficinas, de los almacenes, de las obras…gracias a la transformación del ciudadano en consumidor, para extraerles de nuevo el mayor beneficio al menor coste durante su tiempo de ocio, por medio de modas culturales estériles, en su propio hogar introduciéndoles mobiliario basura coherente con la birria de vivienda que se le vende, en su alimentación de supermercado donde la mierda compite con el veneno en averiguar cuál perjudica más, y ahora, por lo que se ve, queda evidenciado que lo mismo ocurre cuando el trabajador se pone enfermo.
Esta desalmada realidad, que hasta la fecha, sólo era bien conocida por las gentes de países empobrecidos que veían como sus familiares se morían sin remedio de enfermedades tratables en Occidente por falta de recursos económicos, gracias a la Gran Estafa Internacional, empezamos a experimentarlo aquí, como lo prueba la situación angustiosa en que se encuentran los 700.000 afectados por hepatitis C, que existiendo desde hace tiempo un remedio con una efectividad superior al 90%, no pueden acceder a él de forma individual dado su coste de 90.000 euros, más tampoco parece que su administración por parte de la Seguridad Social esté garantizada, al menos, mientras quienes gobiernen se empeñen en cumplir las leyes internacionales que castigan la producción genérica de un fármaco que cuesta casi 1000 euros la pastilla.
Estamos al corriente de la complejidad que implica cualquier reflexión sobre el reconocimiento del esfuerzo científico-empresarial que hay tras los precios de los medicamentos, perspectiva asumible desde una posición liberal moderada. Pero nunca, cuando la circunstancia es extrema como la de los afectados por hepatitis C, momento en que todo aspecto mercantil debe ponerse entre paréntesis, como le sucede a un terreno privado ante una expropiación o a los Derechos Humanos en periodo de Guerra. Y es llegados aquí, que la gente se indigna, porque dándose los indicadores suficientes para que el Gobierno declare al dichoso medicamento “Bien de Emergencia Nacional” en lugar de dar la orden de ponerlo a producir en los laboratorios militares que tenemos al efecto, se empeña en cumplir la ley internacional que protege la patente, o en el mejor de los casos, anuncia una negociación sin demasiada convicción con la farmacéutica. Pero hay otra forma de hacer las cosas y hasta de negociar con la industria criminal como han demostrado con el SIDA la India, Sudáfrica o Brasil, que no titubearon en despachar los retrovirales con la misma soberanía con que sus bancos centrales emitían moneda.
Tratándose de una enfermedad mortal que afecta a varios miles de ciudadanos, de un medicamento imprescindible para su supervivencia inmediata, de un precio desorbitado para el paciente y demasiado elevado para las arcas del Estado, estaría más que justificado que Rajoy tomara una medida semejante y si no lo hace, es porque tanto él como sus ministros obtendrán mayor beneficio económico cumpliendo la ley internacional de las patentes que protegen a la Industria Farmacéutica, que pasársela por el forro de los cojones, como hace con todo lo demás para defender la vida de sus ciudadanos.
Muy comprensiblemente, la primera reacción del Gobernante Criminal, ha sido procurar impedir con todos los medios a su alcance que una eventualidad como la hepatitis C, detraiga los recursos presupuestados para la corrupción política-institucional; sobrepasada esta primera resistencia, su estrategia ha consistido en dilatar lo más posible dicho contratiempo; únicamente, cuando los afectados se han mostrado dispuestos a luchar por sus vidas, ha anunciado que, algunos de ellos, van a recibir en breve el tratamiento, sufragado por el Ministerio de Salud central y no por las CCAA que tienen trasferida la competencia. ¡Curioso!
¡¡Curiosísimo!! Los mismos que andan mirando el céntimo en el gasto con la excusa de la deuda, se muestran repentinamente generosos en el pago de esta gravosa factura, lo cual, me hace sospechar que se trata una vez más de una intrincada triangulación del beneficio.
Si España paga el medicamento milagro al precio que exige el laboratorio o si a caso tras negociar fuera la mitad, en vez de sacarlo por el precio sensiblemente inferior obtenido por las autoridades sanitarias de Egipto, estaríamos de nuevo ante un caso de Traición a la Patria, pues seguramente quienes dieran el visto bueno a pago tan canalla, de nuestra pérdida colectiva saldrían ganando una alta remuneración tras su salida del Gobierno en forma de acciones, nombramientos en consejos o mediante conferencias sobre salud pública sufragadas por la farmacéutica en cuestión. ¡Matémosles!