El Gobernante Hijoputa y la creación de empresas. Parte V

Aquella tarde, el Príncipe de Orbajosa se la pasó egipciando sobornos y sobresueldos, asunto este que le entusiasmaba. Sin embargo, parecía como ausente; algo le preocupaba…Introduzcámonos en sus pensamientos.
-Príncipe: El Consejero ha aseverado que algunos ciudadanos llegan a albergar dudas filosóficas con respecto al procedimiento de crear empresas. No sé yo si eso es bueno. Los habrá que lleguen a concluir “Pienso luego ¡Insisto!” Por otra parte me inquieta que no esté claro el término con que me hago distinguir como gobernante…habrá que hacer algo.
Ni corto ni perezoso, el Príncipe mandó llamar con carácter de urgencia a un tropel de juristas, sociólogos, psicolingüistas, académicos de la lengua, traductores, periodistas, publicistas, así como representantes varios de instituciones y organismos oficiales.
La inquietud flotaba en el ambiente entre los convocados en el salón de plenos; unos se preguntaban a otros por la razón de su presencia allí. ¿Les solicitaría consejo para mantener altos los precios de la vivienda? ¿Les pediría una lluvia de ideas para abaratar la mano de obra? Todo eso y más ya lo habian hecho, y por consiguiente, nadie sabía de qué se podía tratar. En este estado de incertidumbre hizo su aparición el Príncipe de Orbajosa.
-Príncipe: Os he hecho venir a Palacio porque hay un tema que me preocupa seriamente y creo necesario sea resuelto a no más tardar por ustedes que para algo se les paga, a saber: la Hijoputez. ¡Dejen de murmurar! ¡Y atiendan! Como comprenderán, el asunto es de capital importancia para mi, ahora que ostento el título de “Muy Grandísimo Hijodeputa”. Es mi deseo que esclarezcan la cuestión con brevedad. Para ello permaneceremos aquí hasta tener un informe completo sobre mi escritorio.
Todos se miraban entre si. Unos carraspeaban; otros invitaban al de al lado a levantar la mano. Nadie se atrevía a intervenir primero. Finalmente, un reputado Catedrático, pajarita al cuello, tomó la palabra.
-Catedrático: Agradecemos que el Príncipe haya contado con nosotros para ayudarle en tan dificil asunto. – hasta aquí todo el auditorio asentia con gestos rotundos – Pero – aquí todo el auditorio se quedó helado – creo que antes de abordar el asunto conviene determinar con exactitud si la materia a tratar es ciertamente la Hijoputez y no el Hijoputismo o la Hijoputeidad, que no son lo mismo, para lo cual propongo un aplazamiento, mombrar una comisión de estudio y ya puestos establecer algún tipo de subvención. – En este momento todos los asistentes irrumpieron en aplausos; aplausos que el Consejero se disponía a atajar cuando sorpresivamente un resignado Príncipe le cogio del brazo al tiempo que lo invitaba a escabuirse con él por pasos perdidos, mediante la siguiente confidencia “Haga como yo. No se meta en semántica”.
-Consejero: Es usted muy franco…Es una pérdida de tiempo. No se hable más.
-Príncipe: Pues precisamente es con usted con quien deseo seguir hablando. Usted ha dicho durante el despacho matinal que el procedimiento burocrático que imposibilita la creación de Empresas genera en algunos incontrolados dudas filosóficas. ¿Qué dudas son esas?
-Consejero: Recuerde el Hijoputa que para constituir una Sociedad era preciso acudir al Notario y ya sabe que allí es donde hay un problema de exceso de información a la ciudadanía.
-Príncipe: No me lo recuerde.
-Consejero: Pues bien, esa información que se filtra no siempre es perjudicial a nuestros intereses, porque su conocimiento genera mayor estrés y frustración al emerger en la mente del ciudadano lego en estos asuntos burocráticos múltiples incomprensiones, aberraciones lógicas, contradicciones, despierta fobias y como le anuncié hasta dudas filosóficas, verbigracia la que acontece cuando en la Notaría le exigen que para constituir una empresa es conditio sine qua non, que haya un depósito de 3000 euros en una cuenta corriente a nombre de la empresa.
-Príncipe: Pues lo siento. No veo yo dónde resídela dificultad.
-Consejero: Cómo se ve que usted no ha debido crear una empresa…Hemos quedado que para constituir una empresa es necesario acudir al notario ¿Sí? Pero el notario exige una cuenta con 3000 euros a nombre de la empresa ¿No? El ciudadano puede acabar exausto de intentar comprender cómo va a crear una cuenta corriente en el banco a nombre de una empresa que no existe por no estar constituida. Porque si no puede constituir la empresa en el notario porque no tiene una cuenta corriente a nombre de la empresa, en el banco seguramente le dirán y con más razón todavía, que no le pueden abrir una cuenta corriente a nombre de una empresa que no está constituida. ¿Me he explicado bien?
Las voces de los académicos deliberando sobre la hijoputez y el hijoputismo se escuchaban a lo lejos. El Príncipe, bajo un tenue haz de luz de mediatarde alzó la mirada al cielo con el rostro iluminado recorriendo sus sonrosadas mejillas lágrimas de gozo y alegría junto a los jardines. En este estado de placidez y serenidad permaneció durante unos instantes.
-Príncipe: snif…Me hace usted muy feliz. Snif…Al principio de nuestras investigaciones temía que todo esto me distrajera de mis distracciones favoritas, snif… pero ahora le confieso que hablar de ello me motiva, me relaja y lo prefiero a cualquier otro vicio de los muchos que cultivo. Necesito que me cuente más. Quiero saberlo todo hasta el más insignificante de los detalles. ¿Hay ciudadanos que se han arruinado intentando crear una empresa? ¿Hay alguien que se haya suicidado por no poderla crear? ¿Sabe si alguien se ha vuelto loco por este motivo? ¡Por favor! Se lo ruego, hágame estadísticas como las de los muertos en carretera, suicidios en las cárceles, lleveme la cuenta semana a semana como con las mujeres asesinadas….
-Consejero: Los deseos del Hijoputa son órdenes. Tendrá todo eso y más.
-Príncipe: ¡Qué haría yo sin usted! Lamento haberle interrumpido en su exposición. Pero me he excitado como un colegial. Son estos los placeres del Gobernante que algunos denomnan “Sindrome de Orbajosa”, algo así como el de Stendhal, pero en política. ¡Prosiga! Que quiero conocer el desenlace de tan ocurrente galimatías.
-Consejero: Pues fíjese que el Banco puede hacer, lo que nadie más puede hacer, cuál es, puede hacer una cuenta a nombre de una empresa que no existe con 3000 orbys de depósito y extender un certificado de que esa cuenta existe de verdad, porque la cuenta existe, aunque no exista la empresa.
-Príncipe: Y ¿Cómo es posible? ¿Quién autoriza a la banca a permitir abrir una cuenta corriente a nombre de una empresa inexistente? ¡Ajá! Aquí está el fallo del sistema que andábamos investigando…¡Son ellos! ¡La bbanca! Ellos son los culpables de que los ciudadanos acaben montando empresas al margen del Estado.
-Consejero: ¡Cálmese! Está en un error…el banco lo que hace es una trampita consistente en crear de modo “Provisional” una cuenta corriente a nombre de una empresa que ciertamente no existe pero que puede existir o está en trámites de existir, es decir, está en potencia como diría Aristóteles. Para crear esta cuenta provisional, es necesrio presentar antes el permiso del Registro Mercantil. De este modo, el ciudadano lego se ve obligado a acudir al banco un mínimo de tres veces en el proceso de creación de una empresa: primero a consultar; después para abrir la cuenta provisional antes de ir al notario; luego regresar con el acta notarial para formalizar la cuenta etc. De este modo, su exasperación va en aumento; se le hace perder tiempo y pasan los días del calendario sin que la empresa pueda fuencionar. Por no mencionar lo de exigir ese depósito de 3000 orbys que no todo el mundo está en disposición de satisfacer así como así de entrada. Lo que de momento pocos saben es que podían haberse evitado dicho depósito declarando tener bienes o en especie por dicho importe en la misma notaría donde hacen el acta de constitución. ¿No le parece excelente?
-Príncipe: ¡Hummm! Y nosotros…Si este truco es tan bueno para ralentizar los procedimientos ¿Por qué no empleamos lo de provisional en otros trámites?
-Consejero: Pero ¡Grandísimo Hijodeputa! Es que lo hacemos.
-Príncipe: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
-Consejero: Sea paciente. Todo llegará cuando abordemos dentro de unos meses el asunto del NIF. Todavía queda escudriñar lo del CNAE, la Agencia Tributaria, el ISEMPE…
El Príncipe y el Consejero permanecieron largo rato recostados sobre el banco del jardín contemplando entre risas y rosas la puesta de sol mientras muy lontanos aún se escuchaban los acalorados debates de los expertos en Hijoputerismo.

Falta Justicia y sobra legalidad

Cada vez tengo más claro que necesitamos una Revolución Cultural sin ahorrar esfuerzos en pedagogía e higiene civil que ayude a comprender, a quienes tienen que comprender, que por muy alto que se situe el pistón de las élites extractoras y muy bajo el pueblo al que se disfruta sometiendo a presión y represión, necesariamente habrá un punto sin retorno en el cual, rebasados los límites de la fuerza que los menos pueden ejercer y los más soportar, esta sádica violencia gratuita les será devuelta con creces en forma de estallido social descontrolado, cuando la gente, harta de su despotismo y crueldad, ya no se conformará con que se la atienda o se la entienda, que buscará cumplida física compensación emocional a tanto sufrimiento acumulado.

Sufrimiento psíquico al que somos sometidas todas las personas de bien cuando se nos informa de clamorosas injusticias a manos de los Tribunales, por pasiva, ante banqueros criminales, gobernantes delincuentes y empresarios ladrones a quienes las leyes primero ayudan a cometer sus fechorías y después a esquivar su condena, y por activa, cebándose con extremo celo ante indefensos pagadores de impuestos ignorantes de que la Justicia es fuerte con el débil y débil con el fuerte, como acabamos de volver a comprobar con una buena Señora de 63 años, vecina ejemplar de Fuerteventura con una hija discapacitada, un hijo desempleado y tres nietos menores a su cargo, Doña Josefina Hernández, mujer luchadora, justa, honrada y buena, que por ser pobre fue condenada a derribar su casa y a pagar una multa de 700 euros, con su pensión de 324 euros, recientemente un juez muy hijo putativos de la legislación vigente, le ha denegado la suspensión de la condena en tanto en cuanto se resuelva su solicitud de indulto, por lo que este mismo Viernes, si nadie lo remedia, esta excelente ciudadana será detenida, esposada y conducida al recinto penitenciario de Tahiche por las fuerzas de seguridad del Estado criminal para hacerla cumplir seis meses de privación de libertad.

Doliéndonos humanamente siempre más lo segundo, (que la pobre gente sea víctima de los Tribunales), que lo primero, (que los culpables se vayan de rositas), fundamento del denominado garantismo procesal, en la certeza apuntada por Publio Siro de que, “la absolución del criminal es la condena del juez”, cabe preguntarse dónde quedará situada su figura con la condena del inocente, más todavía, cuando se la hacen cumplir. Bastante sabe el mazo esbirro de su fechoría cuando la prensa evita pronunciar su nombre por miedo a las comprensibles represalias que su crueldad le hubiere generado a manos de la plebe. Porque, todos apreciamos la labor del juez que arriesga su paz espiritual para hacer posible la humana convivencia arriesgándose a cometer equivocación, potestad para la que se prepara profesionalmente y la entera comunidad le faculta sin reprocharle nunca que la misma aparezca dada la falibilidad de nuestra limitada condición cognitiva, pero no el errar a sabiendas, asunto imperdonable en alguien que como él debería tener muy presente que en la actualidad estamos faltos de Justicia y muy sobrados de legalidad.

Son hechos ignominiosos como el presente, los que van cargando poco a poco las pilas de la población que ha aprendido a contestar adecuadamente en las encuestas para que los Poderes que las ordenan y pagan no sepan cuando va a saltar la chispa que encienda el mecanismo de autodefensa que toda sociedad, llegado el momento, por mucho miedo que tenga y por mucha manipulación a la que haya sido sometida, por mero instinto de supervivencia, activará por sorpresa, momento clave, en el cual, con la ayuda de dios que sólo apoya a quien lucha y el amor misericordioso de Nuestro Señor Jesucristo, nuestros verdugos, serán llamados uno a uno por sus nombres y apellidos sumariamente en el Reino de los Cielos, tras pasar aquí por el infierno, que es mejor ser castigado por mano humana y perdonado por la divinidad que no al revés, siendo como es la vida corta y el resto toda la eternidad.

Alfon, o el Principio RENFE de Jurisprudencia

Hace una semana, fue detenido en Madrid “Alfon”, un joven que a decir de sus vecinos, compañeros y amigos, es una excelente persona a quien han condenado a cuatro años de prisión por portar explosivos durante la jornada de Huelga General del 2012 tras confirmarse la sentencia por el Tribunal Supremo al considerar esta Institución dependiente del PPSOE que los artefactos caseros explosivos que obraban en su poder, podrían haber causado daños.
Lo que no aclara tan avanzada sentencia condenatoria es, en qué grado de cumplimiento estima ese “podría haber causado” porque, no creo yo, que se puedan adjudicar, así como así, cuatro años de cárcel a un joven sin especificar si se trata de un “posible” o un “probable” o cuando menos el grado de intención del sujeto si estaba dudando o decidido a cometer el acto. Y tampoco entra a precisar de qué daños se trata, de modo que, se me hace muy difícil entrar a valorar si los cuatro años de condena a este joven, son proporcionados o desproporcionados. Sea entonces, que en una extensión de este ejercicio de Derecho Ficción, hagamos una simulación que ilustre ese “podría haber causado daños” para mejor calibrar la sentencia.
Lo primero que nos tenemos que preguntar, es si el sujeto en cuestión tiene fácil acceso con una bolsa de explosivos a los lugares adecuados para causar daño entre las Elites Extractoras como podría ser bajo la mesa del Consejo de administración de un Banco cuando nos suben los tipos de interés o las hipotecas, en el patio de butacas durante la Asamblea de Accionistas de una Multinacional cuando se disponen a anunciar el reparto del dividendo, en algún complejo de lujo donde se celebran fiestas entre champán y caviar; o si le es sencillo atravesar las medidas de seguridad para colarse entre sus sirvientes y esbirros de la política como, por ejemplo, en el Palacio de la Moncloa, al Congreso o al Senado, donde hacer estallar su artefacto en pleno Pleno pleno haciendo pleno. O en su defecto, si nada de lo anterior pareciera factible, si el susodicho, estaría en disposición de pasar con semejante mercancía por los escáneres y detectores de metales que los medios de transporte en que viajan sobreprotegidos las elites y sus esbirros como son los aviones y el AVE…porque de no ser así, el daño causado, por muy grande que fuera para el resto de la población, entiéndase que hubiera destrozado un nicho de 60 metros cuadrados donde vive una familia en paro, hecho saltar por los aires un utilitario de un albañil, dañado los columpios del parque del extrarradio…como que no sería motivo suficiente para alarmar a la sociedad y menos para emitir sentencia tan grave.
Mi afirmación se corresponde con lo que he denominado Principio RENFE de Jurisprudencia; he podido observar que cuanto más selecto es el pasaje, mayores medidas de seguridad obliga a tomar el Estado a las Compañías de Transporte y mayor celo ponen estas en su cumplimiento, y así como nadie vigila que en el metro o en los autobuses se deje mochilas repletas de explosivos, porque a fin de cuentas estos medios colectivos son utilizados por la mayoría de trabajadores y sus crías a quienes jocosamente en lenguaje empresarial se denomina “recursos humanos”, una compañía como RENFE que visa y revisa a todo el pasaje y todo el equipaje antes de subir al AVE, permite a todo pichichi acceder, cual Perico por su cuadra, a los Cercanías. Pues bien, esta disposición oculta para todo protocolo de Transporte Público, debe actuar también en Jurisprudencia, y mientras los sujetos no amenacen el bienestar de los que mandan y de quienes tienen el poder, entiendo yo que se puede dejar hacer. Y por tanto, juzgo desmesurada la sentencia, pues con un artefacto casero, portado en una bolsa de supermercado, como que a lo más que se podría haber llegado era a haber reventado un botellón en fin de semana.

De la edad penal

Solemos quejarnos de la tardanza de los tribunales a la hora de impartir Justicia, aun cuando la misma refuerza el garantismo procesal. Empero, conviene ir con los pies de plomo a la hora de enunciar las leyes con las que habremos de dispensarla en el día a día de los pleitos, evitando en lo posible legislar a sobresalto de los titulares del Telediario, pues de lo contrario, la misma será conducida por el visceral instinto que nos define como animales, en vez de, por la deseable razón que se predica de lo humano, cosa peligrosa, que muy seguramente haría entonces apetecible que la ahora deplorable lentitud de la justicia, se dilatara en la eternidad por miedo a ver cumplido un código penal demencial nacido de la cólera y el brote pronto insensato.

La reciente tragedia acaecida en el instituto catalán donde un joven de trece años ha matado a un profesor, cuya circunstancia tiene más que ver con un impredecible brote psicótico que con un problema de violencia en las aulas, está siendo irresponsablemente aprovechado por los partidarios de volver a la peor de las disciplinas en una retroalimentada Pedagogía Negra que les hace recordar la mili como el sumun de las experiencias místicas, y así como los partidarios del “Creacionismo” teológico ahora apuestan fuerte por el denominado “Diseño Inteligente” algo más cientificista, los amantes de la violencia como instrumento pedagógico, enarbolan la necesidad de rebajar la edad penal y poder juzgar como adultos a los niños en casos graves como el de asesinato. Analicemos en lo que vale esta propuesta:

Tomando como referente el motivo de este chaval de trece años que ha matado a un profesor, hay mucha gente que en bares y terrazas demanda un escarmiento ejemplar, para mandar un mensaje a la sociedad. Pero ¿Qué mensaje sería este?

El mensaje sería que alguien a quien no se le permite votar si quiera en las municipales; alguien al que no se le concede poderse sacar el carné de conducir; alguien que no puede viajar sólo en avión y menos al extranjero; sujeto al que no se le permite entrar sin un mayor a bares ni cafeterías, pero tampoco acompañado a un bingo, un casino, un sex shop o un puticlub; a quien le está prohibido jugar a las tragaperras; a quien bajo pena de multa no se le puede vender alcohol ni tabaco ni en los supermercados; individuo al que se le remite a la sección infantil de la biblioteca cuando la de mayores está saturada; al que ni siquiera se le concede poder mantener relaciones sexuales consentidas, llegar más tarde de las diez en invierno a casa, al que no se le posibilita acceder al mercado laboral, ni emanciparse de sus padres, alguien todavía sujeto a notas y a quien se mandan deberes de un día para otro…a una persona así, se le puede juzgar como adulto. Mas entonces, ¿en qué queda eso de a iguales derechos iguales obligaciones?

La propuesta de jugar a un niño como adulto se deja arrastrar por la gravedad del delito cometido, cuando la Justicia y la ley deben prestar atención también tanto a las circunstancias del hecho como al sujeto que lo comete, porque la auténtica Justicia, no consiste en tratar a todos por igual, sino a cada cual como se merece. Y si juzgamos a los niños como adultos ¿Cómo juzgaremos a los adultos? ¿Cómo a los niños?

Se mire por donde se mire, la propuesta de rebajar la edad penal para que los menores sean juzgados con mayor severidad en el código penal, no se sostiene desde un punto de vista racional. Ahora, como espectáculo y morbo mediático…ahí ya no tengo dudas: al presencia de niños llorando ante los jueces así como la ejecución en EEUU de menores en los años noventa, elevó los índices de audiencia de los debates de radios y televisiones.

Contra la Usura Legal

Umberto, un infatigable pagador de impuestos, trabajador nato, buen ciudadano respetuoso de la ley y la autoridad, seguramente votonto habitual en las elecciones, vecino del barrio madrileño de Tetuán, ha sido desahuciado con la colaboración de la Policía Nacional este pasado lunes de su primera vivienda tras ponerse los Tribunales de parte de su acreedor Antonio Arroyo Arroyo cuyo nombre habrá de ser recordado por la sociedad para que cobre a su debido tiempo igualmente por vía judicial, quien en calidad de prestamista le concedió un crédito de 4.000 euros en 2011, deuda inicial que por lo que se ve se transformaría en 32.000 euros al cabo de seis meses según Antonio Arroyo por los intereses vencidos, cantidad que evidentemente Umberto ha sido incapaz de afrontar, lo cual le ha supuesto en pleno siglo XXI en un estado miembro de la Unión Europea y con sillón no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, la pérdida legal de su propiedad y ser echado a la calle junto a su mujer y tres niños pequeños en pleno invierno.

Umbertos, lamentablemente hay muchos entre la pobre gente, personas normales, confiadas en que el Estado de Derecho vela por su seguridad contra los ladrones que acechan en las calles que se mantiene vigilante para evitar intoxicaciones alimentarias por parte de la industria del ramo, alerta también ante cualquier manipulación del mercado por parte de las grandes empresas para alterar al alza los precios, comprensible ingenua relajación de su responsabilidad civil de cuantos, además de tener que trabajar todo el día para poder llevar un jornal a casa, son padres que han de educar a sus hijos e hijos que han de cuidar de sus padres mayores, pues bastante contribuyen al Estado de Bienestar, haciendo su trabajo lo mejor que saben, criando como buenamente pueden a los futuros ciudadanos que habrán de pagar nuestras pensiones, como para exigirles lo que se supone es la tarea que tiene encomendada esa gentuza ejecutiva llamada Gobierno, esa calaña legislativa conocida como parlamentarios, esa chusma judicial integrada por abogados, jueces y fiscales y ese aparato represor en el que se integran el Ejército, la Policía y el entero sistema penitenciario, de modo que, en su literal idiotez etimológica, cuando se ven en la necesidad, que no capricho, de adquirir un producto financiero, dígase unas Preferentes, Acciones de Robankia, Bonos del Estado o como es el caso, un microcrédito, lo que menos se puede imaginar un trabajador honrado, ciudadano de un país desarrollado, es que la ley permita que, por no estar en disposición de pagar tan pequeña cantidad, ello suponga la pérdida de su vivienda por ley, la misma que respeta y a manos de la policía, la misma que paga diariamente con sus impuestos. Pero ¿Esto qué es? ¿En qué país vivimos? No se molesten en responder, son preguntas retóricas: Esto es usura y vivimos en un país basura.

Algunos imbéciles en su sentido estricto psiquiátrico, creen que, si hay de por medio un acuerdo firmado, por muy aberrantes que sean las condiciones, este debe ser respetado moralmente y aún defendido por el marco jurídico imperante. Ahora bien, sucede que desde el código de Hammurabi, para que un contrato sea conforme a Derecho, este debe ser contraído por las partes en situación de libertad. Y explíqueseme a mi, en qué grado de libertad se puede hallar alguien que firma cosa semejante; la misma de la que participan los ancianos rodeados de abogados, en su lecho de muerte solos en las residencias cuando entregan cuanto tienen a los apoderados del banco; ¿Qué será lo siguiente? ¿Un contrato presentado a firmar por el cirujano a la entrada del quirófano antes de operarnos a vida o muerte para que le entreguemos las llaves del coche o de lo contrario no interviene? Precisamente, esta es la cuestión sobre la que la autoridad debe poner todo su celo, que los contratos hechos entre las partes sean libres y no sometidos a la coacción de las circunstancias ni suscritos por personas con sus facultades disminuidas, mermadas o alteradas por una necesidad extrema de la que individuos sin escrúpulos pretenden aprovecharse.
Antonios Arroyo, hay muy pocos. Pero muy malvados y sobre todo, muy poderosos, por contar con el apoyo decidido y nada disimulado del Gobernante criminal de turno que sitúa los inhumanos dividendos de las farmacéuticas por encima de la vida de los pacientes, los ingresos de las Grandes Multinacionales por delante de las Pymes, autónomos y pequeño comercio y como hemos podido comprobar a diario durante la Globalstaf, entiéndase crisis, los intereses de la Banca por encima y por delante de los intereses de la población, siendo lo suyo un botón de muestra de lo envilecido que está el sistema.
No sé cómo ni cuando se ha llegado a contemplar por parte de políticos, jueces y policías como legal y ajustado a Derecho que un trabajador honrado, padre de tres hijos pequeños pueda ser desahuciado y ejecutado de su primera vivienda por una deuda de 4.000 euros. Lo que sí tengo muy claro es que en breve les vamos a tomar declaración a todos desde el primero, el Jefe del Estado, hasta el último agente, para que expliquen si les es posible hacerlo, su cruel actuación en estos crímenes cometidos contra la población civil indefensa, a fin de que paguen por su responsabilidad o en su defecto, como le sucederá en el Juicio Final de nuestro Dios Padre a Antonio Arroyo, ser desahuciados y ejecutados en la plaza pública.