Categoría: Derecho

Por un Tribunal del Pueblo

Denominándose “Ministerio de Justicia” en vez de como le corresponde “Ministerio de Legalidad” el organismo oficial del que depende su quehacer habitual impostor en su propósito declarado, absurdo en la disposición de sus medios e ineficaz en su resolución a la vista de los resultados obtenidos, el descomunal cuan lentitudinario ejército de abogados, jueces, fiscales, procuradores, notarios y secretarios judiciales que han vivido durante décadas del ejercicio disimulado de su profesión trayendo y llevando papeles, tiene una deuda de lealtad para con la población a la que como gremio han faltado, por no haberse negado a trabajar para un sistema deliberadamente aberrante, que llena las cárceles de pobre gente mientras protege a los grandes delincuentes del país, débito profesional que todavía están a tiempo de amortizar si se aprestan, aunque sea en esta fase de derrumbe del sistema, a conformar Tribunales del Pueblo dispuestos a juzgar y condenar como es debido por medio de publicidad de sus personas, expropiación de sus bienes y auténtica privación de libertad, a cuantos sinvergüenzas habiendo de modo reiterado cometido delitos probados en la realidad de los hechos contra el Estado, la Patria y la Sociedad Civil hayan empero escapado a su merecido castigo durante la Partitocracia que los ha protegido por motivos formales o procesales, permitiéndoles eludir el banquillo, archivar su causa, declarar nulo el procedimiento, prescribir el delito y demás triquiñuelas jurisprudenciales, contempladas en una legislación ideada para controlar a la gente en su vida diaria, mas dejar las manos libres a los criminales de traje y corbata.

Ciertamente, sabemos de su malestar y de sus quejas a través de asociaciones como “Jueces para la Democracia” o incluso pronunciamientos de los máximos responsables del CGPJ. Ellos mejor que nadie conocen de primera mano los desmanes cometidos en los juicios y los vicios del sistema empezando por su falta de independencia e imparcialidad. Pero resulta también y no es dato menor, que ellos son colaboradores necesarios de tan magno despropósito y no parece, en este caso, razón suficiente a esgrimir como justificación de su comportamiento, la obediencia debida a la Ley, no al menos en estas circunstancias donde todo indica que se trata no ya de una ley injusta, desfasada, inapropiada, equivocada, desproporcionada, mal hecha y a mala fe, sino de la entera Legislación, pues, si bien compartimos que el ciudadano particular debe comportase con criterios socráticos ante las leyes singulares aceptando su acatamiento al margen de su particular opinión sobre la calidad de su justicia o injusticia puntual, no así tratándose como se trata, de la mayoría de expertos en la materia. Me explico: Una cosa es la Legislación y otra las leyes que lo integran. Una cosa es un ciudadano común y otra un experto en Derecho. Es posible que tanto un ciudadano común como un Juez deban acatar la ley indistintamente de cuál sea su opinión, para que funcione el Estado de Derecho. Pero, si ya tengo mis reservas éticas sobre si una persona debe respetar un Régimen Legal cuando particularmente está convencido de su invalidez extrema de conjunto, mantengo que cuando la comunidad de expertos en Derecho coinciden en clamar contra los vicios ocultos de la Legislación que la invalidan de raíz para su sano cometido, entonces, existen motivos evidentes para su desobediencia o incumplimiento en las salas y Palacios de Justicia.

Para apoyar esta última mía observación, extrapolemos la situación a otras áreas de actuación funcionarial dependientes directamente de un Ministerio. Evidentemente, la casta docente poco o nada me ayudaría en mantener mi postura; antes reforzaría la actuación de los “puñeteros mangantes” – entiéndase los letrados que visten puñetas en sus mangas – pues no se quedan cortos que digamos en su impostor disimulo a cambio de percibir mensualmente su salario del erario público. Sin embargo, creo que todos ustedes estarán en condiciones de percibir cierto grado de verdad en lo comentado, si ponemos por caso, que la mayoría de médicos, enfermeros, auxiliares, farmacéuticos…despotricaran abiertamente entre ellos, ante sus pacientes y en los medios de comunicación sobre algunos medicamentos nocivos para la salud, sobre ciertos tratamientos peligrosos y acerca de varias prácticas incorrectas. ¿Creen ustedes que pese a las directrices oficiales o facultativas, la mayoría de los profesionales sanitarios continuarían administrando los fármacos, aplicando los tratamientos y realizando dichas prácticas? Yo sé que no. Rápidamente, lo primero que harían en conciencia y bajo su responsabilidad sería dejar de recetar los medicamentos que consideran dañinos para sus pacientes, interrumpir los tratamientos demostrados inadecuados para el enfermo, sin esperar las respuestas institucionales que den a sus posteriores denuncias tramitadas. Porque, cuando se trata de la vida de las personas, no vale salirse por la tangente y echar balones fuera.

Pero, es que la vida de las personas, hoy ya no está en manos sólo de los médicos; también lo está en la de los tribunales de modo directo o indirecto cuando dejan en libertad a quienes roban nuestros ahorros o consienten se ejecuten desahucios a familias sin recursos. Y es de esto de lo que se trata: si los expertos en leyes a quienes forma y confía la sociedad civil velar por la justicia y sus derechos, pueden lavarse las manos tras colgar la toga acabado el pleito, cual mecánico hace al quitarse el mono azul en su taller. Lamentablemente, no parece que la legislación se comporte como un motor inmóvil aristotélico cuya promulgación baste, sea para hacer justicia o injusticia.

Si deseamos evitar que a la actual situación de injusticia institucional le siga otra injusticia sumarísima de carácter popular, urge trabajar desde ya en la creación de Tribunales del Pueblo cuya articulación precisa de todos esos funcionarios que entran y salen de los juzgados echando pestes de las tropelías que se cometen amparadas por ley, al objeto de que la ciudadanía, harta de su inoperancia, no se tome la justicia por su mano, porque cuando acontece, suelen pagar de nuevo justos por pecadores.

Cántabros y Canarios ¡Tampoco!

A finales de los Ochenta, tras los acontecimientos de las Malvinas asomándose en el horizonte la hora de la devolución de Hong Kong a China, Gran Bretaña, de motu proprio, presentó ante la ONU un proyecto para la descolonización de Gibraltar, cuya Hoja de Ruta preveia una consulta a los llanitos a fin de sondear su parecer al respecto, no fuera a ser, que prefirieran la independencia a su reintegro en la antigua madre patria que la entregara a perpetuidad en el Tratado de Utrecht, consulta a la que España se opuso con uñas y dientes, esgrimiendo precisamente una de las condiciones que rezaban en dicho tratado donde quedaba establecido que en el momento en que Gran Bretaña se desentendiera del Peñón, la colonia volvia de inmediato bajo la soberanía española.

En aquella ocasión, recuerdo que mi adhesión a las tesis del Gobierno de turno fue total. Los gibraltareños, en cuanto Pueblo bajo tutela colonial, no era, ni podía ser, sujeto libre de derecho para decidir sobre su futuro, y en consecuencia, realizar un referéndum sobre su autodeterminación, estaría más que viciado, si el mismo no contara además de con el consentimiento de su actual metrópoli, con el de la Nación que cediera su soberanía temporalmente.

Pero van pasando los años, y poco a poco, me doy cuenta que para el Gobierno de España, sea cual sea este, no es que los gibraltareños no puedan decidir por las razones arriba expuestas; es que no pueden decidir porque aquí, nadie puede decidir por motivos diversos…

Ceuties y melillenses no pueden decidir sobre si desean ser independientes o pertenecer a España o Marruecos, porque son indudablemente España; son tan España como Asturias o Anadalucía. Y si ni a asturianos ni a andaluces se les permite votar para saber su opinión al respecto, menos a ellos que están fuera de la península.

Los vascos, no pueden decidir sobre su relación con el Reino de España, porque mientras haya violencia, es evidente que la gente no podrá votar con libertad; y faltaríamos a la verdad si no reconociéramos que desde hace siglos estas tierras no han gozado de paz ni una generación: banderizos, Guerrras Carlistas, Guerra civil, represión franquista, ciencuenta años de ETA…A lo más que pueden aspirar sus gentes son a pactos y abrazos como los de Bergara o Santoña.

Los catalanes, ¡menos aún! porque pese a reclamar una consulta pacificamente para que sus ciudadanos puedan expresar cómo desean relacionarse con el conjunto del Estado, al desear pronunciarse sobre un tema que afecta al todo, es evidente que un Pais soberano no puede permitir que su Soberania sea parcelada y una parte decida sin el consurso de las demás. Y aunque lo lleven mal, los catalanes deben actar lo que se decide en Madrid que para algo es la capital.

Digamos que hasta aquí, me parece bien que gibraltareños, ceuties, melillenses, vascos y catalanes, no puedan decidir por si solos sobre si desean quedarse o irse de España como si la Patria fuera un club social de amigos o un txoko. Mejor me parecería si España tueviera potestad de convocar un referéndum para su inmediata expulsión en cuanto fuera conveniente si con ello se reajustaran los índices macrieconómicos, porque en asuntos de soberanía, únicamente España es soberana; pero no los españoles. Ningún español es soberano, salvo Vuestra Majestad el Rey. Motivo por el cual, España nunca convocará un referendum para preguntar a todos los españoles sobre si desea vivir bajo una Monarquía o una República, porque la Soberanía no es cuestión cuantitativa, sino cualitativa.

Y si la soberanía de España sirve para prhibir el derecho a decidir a las partes que actualmente la integran o para evitar que los ciudadanos españoles se pronuncien sobre el modelo de Estado que desean, el Bien Común y el Interés General de los que emana, sirve igualmente para desoir la voluntad de toda una región como Cantabria con su parlamento democrático al frente contra la técnica del Fracking o imposibilitar la convocatoria de una consulta en Canarias sobre las prospecciones petroleras en sus costas. Cosa que todo hay que decirlo, me parece excelente, porque ni el suelo de cantabria es de los cántabros, ni las costas de canarias son de los canarios. Son de España.

Lo curioso, es que, a diferencia de otros paises donde junto a las elecciones municipales, regionales y nacionales se dirimen infinidad de asuntos que afectan directamente a toda la población y no sólo a una de sus partes, como por ejemplo: el aborto, la eutanasia, funar en los bares, la marhuana terapeutica, legalización de la prostitución, derecho a portar armas…aquí nunca se consulta nada a nadie, lo que me hace sospechar que en verdad, en España, el Derecho a decidir, es verdad que existe, pero sólo en la Constitución o cuando cada cuatro años se nos da a escoger entre PP-PSOE que como Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto y entre tanto tonto, la que se está montando.

Pena de Muerte para delitos económicos

Hace algunos años, antes de que se empezara a hablar de la crisis, me refiero a esta crisis, no a la anterior, ni a la otra, ni la que está por venir…leí ¡con horror! que en Corea del Norte, Kim Jong Il, había hecho fusilar a su Ministro de Economía por estar implicado aquel en un caso de corrupción. Siempre me había mostrado contrario a la Pena de Muerte por un amplio abanico de argumentos que iban, desde los puramente técnicos sobre el funcionamiento de la silla eléctrica, hasta los de carácter espiritual, pasando por los fundamentos de derecho positivo, la arbitrariedad de su práctica, fallos en el sistema judicial…batalla ética en la que estoy implicado desde mis años universitarios militando en Amnistía Internacional. Si la noticia me hubiera pillado con diecialgo o veintipocos, seguramente mi acto reflejo de rechazo, hubiera reforzado mi convicción ética al respecto; sin embargo, me sorprendió subiendo la cuestecita de los treintaymuchos, cuya experiencia vital hacía tiempo me posibilitaba contemplar como moralmente aceptable la eliminación física de algunos elementos nocivos para la sociedad como podían ser pederastas y tiranos, mas dejando en manos de Dios hacer justicia, que aunque la gente no lo crea, existe, si bien en tiempos de bonanza proviene de Jesús y en momentos de tribulación como los actuales, se la debemos a Jahveh que es más expeditivo. Pues bien, sucedió que, tras el rechazo inicial, empecé a meditar sobre, el cómo y el por qué, en aquellas latitudes se podía llevar al patíbulo a un ser humano por el mero hecho de haber robado dinero; la cantidad era lo de menos, pues si era contrario al máximo castigo incluso por motivos de asesinato, con mejor causa cuando el mismo era aplicado a asuntos económicos.
Procurando ponerme en lugar del gobernante coreano, a fin de comprender qué justificación podía encontrarse para fusilar a un estrecho colaborador por motivos de corrupción, algo que aquí no sólo no recibe castigo, sino que se fomenta desde las más altas Instituciones y la Jefatura del Estado, caí en la cuenta de que, mientras un crimen, por horrendo que sea, sus efectos sobre la sociedad como conjunto menguan conforme se amplía el círculo del afectado, no así ocurre con los delitos económicos cometidos contra el Estado, ya que la corrupción económica, el robo de las arcas Públicas, afecta de lleno a toda la Población de un modo aparentemente incruento pero que los fríos números del presupuesto se encargan de traducir a cadáveres, sangre y sufrimiento, según desaparecen ambulancias muriendo gente por no poder ser atendidos a tiempo; cierran hospitales bajando la calidad sanitaria y sus terribles consecuencias esperando una intervención, un trasplante, una cura; empeorando el mantenimiento de las carreteras causante de muchos accidentes, disminuyendo las prestaciones sociales, y el largo etcétera que nos hacen relacionar con la crisis, como si la crisis existiera por si sola, sin tener nada que ver con el desfalco organizado que durante años, ¡qué digo años! ¡Decenios! hemos sido objeto por parte de nuestros representantes democráticos, sindicalistas, empresarios, banqueros, artistas, deportistas…robo a manos llenas que no se cuenta por miles de euros, ni por millones de euros, sino por miles de millones de euros, cantidades que sinceramente de pensarlas en pesetas, me pueden producir un desmayo. Desde esta perspectiva, la medida aplicada en Corea del Norte, resultaba hasta más adecuada moralmente que la practicada en España.
Desde entonces, vengo proponiendo en cuantos foros me es posible – cosechando el oprobio general del auditorio, si bien cada vez menor – la instauración de la Pena de Muerte por delitos económicos y corrupción contra las Arcas Públicas, castigo que puede ser conmutado desde el momento en que se restituya al Estado del Bienestar, lo indebidamente sustraído, en cuyo caso, podría recobrar la libertad e incluso ser habilitado en su anterior puesto practicándosele una amputación de la mano con que coma la sopa. Mas, si el condenado en firme se negara a devolver el dinero porque le sale a cuenta no hacerlo dada su avanzada edad, dice habérselo gastado todo y sus allegados no quieren o no son capaces de reunir la cantidad exigida, o sencillamente afirma no acordarse de dónde lo tiene, entonces, siempre con las debidas garantías constitucionales, legales, procesales, sanitarias, propias de un Estado de Derecho civilizado y avanzado como el nuestro, el intercepto u intercepta salvaguardando la igualdad de género, sería conducido pacíficamente a las dependencias ecológicas del la Casa de Moneda y Timbre, donde expertos fundidores en ahorro energético y desarrollo sostenible tendrían licuado tres lingotes de oro reciclables provenientes del muy laico Banco Central Europeo al objeto de hacérselo ingerir humanitariamente por medio de un embudo metálico, como hicieron los Partos con el General romano Craso por razones de pedagogía.

¡Oh! Némesis

¡¡oh! ¡Némesis! Esta es la contestación que nosotros, los ciudadanos, implorantes de tu intervención te ofrecemos humildemente a ti, muy grata Diosa de la Justicia, Reina de la Solidaridad, garante del equilibrio social, Señora de la Venganza, al interrogante que amparada en tu fortaleza y templanza nos planteaste para conocer íntimamente nuestra determinación a fin de que el miedo cambie de bando, o lo que es lo mismo, remita entre la población pasando de afectar a los más a incidir sólo en los menos, si bien, por nuestra parte, hubiéramos recibido de mejor gusto ¡oh! ¡Justa entre las justas! que por tu cuenta hubieras atendido las urgentes demandas contenidas en las plegarias a tu dulce figura elevadas desde la más absoluta desesperación, en vez de darnos a conocer por el oráculo simplemente el veredicto de “¡Matadlos!” y al ser preguntada de nuevo ¿A quién? limitarte a un lacónico “¡A todos!” Pues, ¡Oh! ¡Madre de Helena! si el temor a los enemigos nos frena ante el trágico destino que nos aguarda, la indignación liberadora nos empuja a cumplir tus certeros designios, que no habrá hombre, mujer, niño o anciano en el mundo entero que no se llene de gozo ni sienta plenitud de sentido en sus vidas, por haber servido fielmente de brazo ejecutor de eso tantas veces exclamado, voz en alto “¡Hágase tu voluntad! así en la Tierra como en el Cielo”. Mas, ¡oh! Hija de la Noche, de tu quererlo, de hacer tuya nuestra causa, cuán sencillo será para todos reestablecer el orden divino, cuánto sufrimiento no ahorrarás a las gentes de bien al evitarlas comprender de qué va la existencia despertándolas bruscamente de su letargo. Por todo ello, ¡Oh! Dulce Fuente de Derecho, te rogamos de nuevo, te hagas cargo; mas de insistir en que sólo ayudarás a quien esté dispuesto a luchar, aquí nos tienes prestos para el sacrificio. Y aquí nuestra respuesta:

¿Podemos? Claro que podemos. Siempre se ha podido. Siempre hemos podido. Pero muy pocos se han atrevido a pasar de la potencia al acto. Y ¡por los dioses! que no faltan oportunidades…Los enemigos, aparecen sonrientes por todas partes, andan libres por las calles, pasean con sus hijos por los parques y a su lado siempre hay manos amigas que podrían ¡ipso facto! en un, como si dijéramos, ¡aquí te pillo! ¡aquí te mato! sin necesidad de más infraestructura que la gloria de pasar a la historia como mártir de la Democracia real en aras de salvaguardar lo más pacíficamente posible la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad.

¿Queremos? ¡Oh! Diosa mía…No sabes cuanto lo deseamos. Nuestro corazón a ti entregado, no hay día que no palpite durante el Telediario pidiendo, sin querer mal a nadie, la pronta muerte de nuestros enemigos naturales. Es verdad que Zeus, ha prometido matarlos a todos…Pero tratándose de mortales, eso no es suficiente castigo: Queremos que mueran sufriendo, sabiendo que van a morir por el mal que están cometiendo contra nosotros. No es mucho pedir…Bien es verdad, que lo que queremos en realidad, es que alguien como tú, ¡Oh! Bella Oca, se ocupe del asunto, descargándonos de toda responsabilidad espiritual, siempre esperamos la llegada de una auténtica ONG que haga el trabajo sucio y a la cual no dudaremos en tachar de terrorista, o en su defecto, la irrupción de un espontáneo que de cumplimiento a nuestros deseos y al que catalogaremos de loco…Pero al fin y al cabo, ¡Señora de la Venganza! Qué más da el origen de nuestro querer: ¡querer es querer! y querer es poder. Luego queremos y podemos.

¿Debemos? ¡Oh! Diosa de la Noche. Sin duda alguna. Es nuestro más sagrado deber proteger la propia vida y la de nuestros semejantes, nuestros bienes y pertenencias…no hacerlo así, es un sacrilegio, un acto de impiedad, un atentado contra los dioses y el orden celestial. Únicamente los mezquinos, los pusilánimes, los cobardes, los traidores, los insensatos y los más inocentes que quepa imaginar, renuncian a la venganza contra el enemigo. Cierto es, ¡oh! Némesis, que hay algún dios, no sumerio, ni egipcio, ni griego ni latino, que va predicando por ahí el amor a los enemigos; ¿pero qué amor puede ser más grato a un enemigo que el verse tratado como tal? Es nuestro deber vengarnos del enemigo para hacer justicia y sería un cruel e injusto hacer lo contrario, pues desde nuestra insignificante perspectiva humana, se nos antoja preferible que el hombre haga venganza terrenal limitada en el tiempo y los dioses perdonen sus actos para la Eternidad, que no al revés. Conforme a lo expuesto, Debemos, queremos y podemos. La cuestión es, ¿sabemos?

¿Sabemos? ¡Oh! Némesis…lamentablemente la gente se volvió tonta: abrazó el pacifismo, se desentendió del acopio y manejo de armas, confió la seguridad familiar a empresas privadas y la defensa nacional en manos mercenarias, haciendo caso omiso de las advertencias del humanista Maquiavelo, siendo hoy el día en que no sabemos ni disparar en una tómbola de feria. Pero, la población ha recuperado la Filosofía, y la Filosofía nos está enseñando que no es tarde para aprender cuando se está motivado. Y ¡Oh! Gran diosa, estamos más motivados que nunca.

Sobre el aforamiento del Rey

Comprendo como bueno, que las distintas autoridades del país dispongan de un régimen jurídico especial que les proteja ante un mal uso partidista del Código Legal en las disputas políticas, por cuanto, desaparecida toda virtud de las mismas, no sería extraño que para apartar a un rival de escena se le metiera en pleito continuo socavando su imagen pública y aún entorpeciéndole considerablemente su cotidiana labor representativa, entretenido en preparar su defensa con los abogados, acudir al juzgado a recoger citaciones, responder al tribunal en persona o por escrito y dar explicaciones convincentes a los periodistas a ritmo de telediario. Con todo, siempre he tenido por un abuso de nuestra legislación, que dicho régimen especial ataña a la persona sujeto de aforo y no al cargo o más aún, al desempeño de su actividad en calidad del mismo, que si algo he aprendido en Teología es que la famosa “Infalibilidad” atribuida al Papa de la Iglesia Católica, sólo acontece para cuando el Santo Padre se pronuncia como Papa sobre cuestiones fundamentales de la Fe y no sobre un partido de futbol que a tal efecto parece más apropiado dirigirse a Maradona que a Bergoglio.

Porque, parece justo y apropiado que, a nadie se le pueda juzgar y menos culpar, por los resultados del desempeño de una ocupación pública representativa despejada la incógnita de no haber trabajado de modo negligente o irresponsable, pues en tal situación, pocos se animarían a hacerse cargo de la misma. Ahora bien, de ahí a que durante el desempeño de su tarea de servicio a la comunidad, cualquier infracción de tráfico que cometa yendo al volante, cualquier altercado que inicie embriagado, y demás posibilidades que las leyes penalicen al común de los mortales no les afecten de igual modo…entiendo yo, no es preciso haber leído El espíritu de las leyes, del Barón de Montesquieu, para advertir que su aplicación se desvía demasiado, si no de la letra de la ley, si del propósito con el que fuera redactada que es el apuntado al inicio de esta columna.

Dicho esto, también es extraño que asumida la circunstancia por parte de los incautos ciudadanos, para dar cobertura al crimen y delito institucional, con más de 10.000 personas aforadas repartidas estratégicamente por toda la geografía, estemos buscándole tres pies al gato, a fin de otorgarle tan preciado paraguas gubernativo a Don Juan Carlos, simplemente, por haber abdicado de su cargo, obligándole cruelmente a quedar a merced de las leyes y los jueces del Estado como un peatón más, cosa que también comprendo le aterre a él, a sus familiares, a su séquito y toda la Corte, no tanto por tener algo que esconder, cuanto por el funcionamiento de aquella, donde la verdad padece aunque no parece.

Con todo, no entiendo las prisas del Gobierno por otorgar a persona tan noble y campechana como dicen que es Don Juan Carlos, el susodicho régimen especial. Casi parecería que lo fuera a necesitar…Y es aquí, donde uno se pregunta: ¿Está Don Juan Carlos relacionado con algún crimen de Estado asociado a la guerra sucia antiterrorista de los GAL que le pudiera llevar ante el tribunal? ¿Teme alguien que los hechos acaecidos en el Sahara a mediados de los setenta pudieran ser denunciados ante la ONU? ¿Es que acaso, el ciudadano Juan Carlos ha cometido algún delito en su vida privada que durante años no se le ha podido juzgar y ahora se temen salga de nuevo a la luz? ¿A caso tiene intención de perpetrar desconocidas fechorías para la humanidad en el futuro que hagan necesario su blindaje ante la justicia nacional, internacional y hasta Universal?

No lo sé. Supongo que no, porque ya estaríamos al tanto del asunto; y sinceramente, espero que no, porque, pese a mi confesado espíritu republicano, reconozco en la persona un perfil positivo incapaz de haber cometido algo grave. Otorgar por vía urgente el aforamiento a Don Juan Carlos, supone proyectar la sombra de la sospecha, todo un borrón en su carrera, que ni la historia podrá eliminar.