Por un Tribunal del Pueblo

Denominándose “Ministerio de Justicia” en vez de como le corresponde “Ministerio de Legalidad” el organismo oficial del que depende su quehacer habitual impostor en su propósito declarado, absurdo en la disposición de sus medios e ineficaz en su resolución a la vista de los resultados obtenidos, el descomunal cuan lentitudinario ejército de abogados, jueces, fiscales, procuradores, notarios y secretarios judiciales que han vivido durante décadas del ejercicio disimulado de su profesión trayendo y llevando papeles, tiene una deuda de lealtad para con la población a la que como gremio han faltado, por no haberse negado a trabajar para un sistema deliberadamente aberrante, que llena las cárceles de pobre gente mientras protege a los grandes delincuentes del país, débito profesional que todavía están a tiempo de amortizar si se aprestan, aunque sea en esta fase de derrumbe del sistema, a conformar Tribunales del Pueblo dispuestos a juzgar y condenar como es debido por medio de publicidad de sus personas, expropiación de sus bienes y auténtica privación de libertad, a cuantos sinvergüenzas habiendo de modo reiterado cometido delitos probados en la realidad de los hechos contra el Estado, la Patria y la Sociedad Civil hayan empero escapado a su merecido castigo durante la Partitocracia que los ha protegido por motivos formales o procesales, permitiéndoles eludir el banquillo, archivar su causa, declarar nulo el procedimiento, prescribir el delito y demás triquiñuelas jurisprudenciales, contempladas en una legislación ideada para controlar a la gente en su vida diaria, mas dejar las manos libres a los criminales de traje y corbata.

Ciertamente, sabemos de su malestar y de sus quejas a través de asociaciones como “Jueces para la Democracia” o incluso pronunciamientos de los máximos responsables del CGPJ. Ellos mejor que nadie conocen de primera mano los desmanes cometidos en los juicios y los vicios del sistema empezando por su falta de independencia e imparcialidad. Pero resulta también y no es dato menor, que ellos son colaboradores necesarios de tan magno despropósito y no parece, en este caso, razón suficiente a esgrimir como justificación de su comportamiento, la obediencia debida a la Ley, no al menos en estas circunstancias donde todo indica que se trata no ya de una ley injusta, desfasada, inapropiada, equivocada, desproporcionada, mal hecha y a mala fe, sino de la entera Legislación, pues, si bien compartimos que el ciudadano particular debe comportase con criterios socráticos ante las leyes singulares aceptando su acatamiento al margen de su particular opinión sobre la calidad de su justicia o injusticia puntual, no así tratándose como se trata, de la mayoría de expertos en la materia. Me explico: Una cosa es la Legislación y otra las leyes que lo integran. Una cosa es un ciudadano común y otra un experto en Derecho. Es posible que tanto un ciudadano común como un Juez deban acatar la ley indistintamente de cuál sea su opinión, para que funcione el Estado de Derecho. Pero, si ya tengo mis reservas éticas sobre si una persona debe respetar un Régimen Legal cuando particularmente está convencido de su invalidez extrema de conjunto, mantengo que cuando la comunidad de expertos en Derecho coinciden en clamar contra los vicios ocultos de la Legislación que la invalidan de raíz para su sano cometido, entonces, existen motivos evidentes para su desobediencia o incumplimiento en las salas y Palacios de Justicia.

Para apoyar esta última mía observación, extrapolemos la situación a otras áreas de actuación funcionarial dependientes directamente de un Ministerio. Evidentemente, la casta docente poco o nada me ayudaría en mantener mi postura; antes reforzaría la actuación de los “puñeteros mangantes” – entiéndase los letrados que visten puñetas en sus mangas – pues no se quedan cortos que digamos en su impostor disimulo a cambio de percibir mensualmente su salario del erario público. Sin embargo, creo que todos ustedes estarán en condiciones de percibir cierto grado de verdad en lo comentado, si ponemos por caso, que la mayoría de médicos, enfermeros, auxiliares, farmacéuticos…despotricaran abiertamente entre ellos, ante sus pacientes y en los medios de comunicación sobre algunos medicamentos nocivos para la salud, sobre ciertos tratamientos peligrosos y acerca de varias prácticas incorrectas. ¿Creen ustedes que pese a las directrices oficiales o facultativas, la mayoría de los profesionales sanitarios continuarían administrando los fármacos, aplicando los tratamientos y realizando dichas prácticas? Yo sé que no. Rápidamente, lo primero que harían en conciencia y bajo su responsabilidad sería dejar de recetar los medicamentos que consideran dañinos para sus pacientes, interrumpir los tratamientos demostrados inadecuados para el enfermo, sin esperar las respuestas institucionales que den a sus posteriores denuncias tramitadas. Porque, cuando se trata de la vida de las personas, no vale salirse por la tangente y echar balones fuera.

Pero, es que la vida de las personas, hoy ya no está en manos sólo de los médicos; también lo está en la de los tribunales de modo directo o indirecto cuando dejan en libertad a quienes roban nuestros ahorros o consienten se ejecuten desahucios a familias sin recursos. Y es de esto de lo que se trata: si los expertos en leyes a quienes forma y confía la sociedad civil velar por la justicia y sus derechos, pueden lavarse las manos tras colgar la toga acabado el pleito, cual mecánico hace al quitarse el mono azul en su taller. Lamentablemente, no parece que la legislación se comporte como un motor inmóvil aristotélico cuya promulgación baste, sea para hacer justicia o injusticia.

Si deseamos evitar que a la actual situación de injusticia institucional le siga otra injusticia sumarísima de carácter popular, urge trabajar desde ya en la creación de Tribunales del Pueblo cuya articulación precisa de todos esos funcionarios que entran y salen de los juzgados echando pestes de las tropelías que se cometen amparadas por ley, al objeto de que la ciudadanía, harta de su inoperancia, no se tome la justicia por su mano, porque cuando acontece, suelen pagar de nuevo justos por pecadores.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *