Contra la Usura Legal

Umberto, un infatigable pagador de impuestos, trabajador nato, buen ciudadano respetuoso de la ley y la autoridad, seguramente votonto habitual en las elecciones, vecino del barrio madrileño de Tetuán, ha sido desahuciado con la colaboración de la Policía Nacional este pasado lunes de su primera vivienda tras ponerse los Tribunales de parte de su acreedor Antonio Arroyo Arroyo cuyo nombre habrá de ser recordado por la sociedad para que cobre a su debido tiempo igualmente por vía judicial, quien en calidad de prestamista le concedió un crédito de 4.000 euros en 2011, deuda inicial que por lo que se ve se transformaría en 32.000 euros al cabo de seis meses según Antonio Arroyo por los intereses vencidos, cantidad que evidentemente Umberto ha sido incapaz de afrontar, lo cual le ha supuesto en pleno siglo XXI en un estado miembro de la Unión Europea y con sillón no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, la pérdida legal de su propiedad y ser echado a la calle junto a su mujer y tres niños pequeños en pleno invierno.

Umbertos, lamentablemente hay muchos entre la pobre gente, personas normales, confiadas en que el Estado de Derecho vela por su seguridad contra los ladrones que acechan en las calles que se mantiene vigilante para evitar intoxicaciones alimentarias por parte de la industria del ramo, alerta también ante cualquier manipulación del mercado por parte de las grandes empresas para alterar al alza los precios, comprensible ingenua relajación de su responsabilidad civil de cuantos, además de tener que trabajar todo el día para poder llevar un jornal a casa, son padres que han de educar a sus hijos e hijos que han de cuidar de sus padres mayores, pues bastante contribuyen al Estado de Bienestar, haciendo su trabajo lo mejor que saben, criando como buenamente pueden a los futuros ciudadanos que habrán de pagar nuestras pensiones, como para exigirles lo que se supone es la tarea que tiene encomendada esa gentuza ejecutiva llamada Gobierno, esa calaña legislativa conocida como parlamentarios, esa chusma judicial integrada por abogados, jueces y fiscales y ese aparato represor en el que se integran el Ejército, la Policía y el entero sistema penitenciario, de modo que, en su literal idiotez etimológica, cuando se ven en la necesidad, que no capricho, de adquirir un producto financiero, dígase unas Preferentes, Acciones de Robankia, Bonos del Estado o como es el caso, un microcrédito, lo que menos se puede imaginar un trabajador honrado, ciudadano de un país desarrollado, es que la ley permita que, por no estar en disposición de pagar tan pequeña cantidad, ello suponga la pérdida de su vivienda por ley, la misma que respeta y a manos de la policía, la misma que paga diariamente con sus impuestos. Pero ¿Esto qué es? ¿En qué país vivimos? No se molesten en responder, son preguntas retóricas: Esto es usura y vivimos en un país basura.

Algunos imbéciles en su sentido estricto psiquiátrico, creen que, si hay de por medio un acuerdo firmado, por muy aberrantes que sean las condiciones, este debe ser respetado moralmente y aún defendido por el marco jurídico imperante. Ahora bien, sucede que desde el código de Hammurabi, para que un contrato sea conforme a Derecho, este debe ser contraído por las partes en situación de libertad. Y explíqueseme a mi, en qué grado de libertad se puede hallar alguien que firma cosa semejante; la misma de la que participan los ancianos rodeados de abogados, en su lecho de muerte solos en las residencias cuando entregan cuanto tienen a los apoderados del banco; ¿Qué será lo siguiente? ¿Un contrato presentado a firmar por el cirujano a la entrada del quirófano antes de operarnos a vida o muerte para que le entreguemos las llaves del coche o de lo contrario no interviene? Precisamente, esta es la cuestión sobre la que la autoridad debe poner todo su celo, que los contratos hechos entre las partes sean libres y no sometidos a la coacción de las circunstancias ni suscritos por personas con sus facultades disminuidas, mermadas o alteradas por una necesidad extrema de la que individuos sin escrúpulos pretenden aprovecharse.
Antonios Arroyo, hay muy pocos. Pero muy malvados y sobre todo, muy poderosos, por contar con el apoyo decidido y nada disimulado del Gobernante criminal de turno que sitúa los inhumanos dividendos de las farmacéuticas por encima de la vida de los pacientes, los ingresos de las Grandes Multinacionales por delante de las Pymes, autónomos y pequeño comercio y como hemos podido comprobar a diario durante la Globalstaf, entiéndase crisis, los intereses de la Banca por encima y por delante de los intereses de la población, siendo lo suyo un botón de muestra de lo envilecido que está el sistema.
No sé cómo ni cuando se ha llegado a contemplar por parte de políticos, jueces y policías como legal y ajustado a Derecho que un trabajador honrado, padre de tres hijos pequeños pueda ser desahuciado y ejecutado de su primera vivienda por una deuda de 4.000 euros. Lo que sí tengo muy claro es que en breve les vamos a tomar declaración a todos desde el primero, el Jefe del Estado, hasta el último agente, para que expliquen si les es posible hacerlo, su cruel actuación en estos crímenes cometidos contra la población civil indefensa, a fin de que paguen por su responsabilidad o en su defecto, como le sucederá en el Juicio Final de nuestro Dios Padre a Antonio Arroyo, ser desahuciados y ejecutados en la plaza pública.

El efecto sonajero

Cuando le debes al banco cienmil euros, tú tienes un problema. Pero si le debes cien millones, entonces, el problema lo tiene el banco. Esta enseñanza la tienen bien aprendida unos cuantos que viven en chozas como esta, por supuesto...hipotecada.

El llamado “Efecto sonajero” consistente en la devolución del inmueble al banco con el que se haya contrampado la hipoteca, cancelando con ello la deuda, cuyo nombre recuerda al tintineo de las llaves, es una de las medidas recientemente presentada por Cayo Lara (IU) dentro de un paquete mucho más amplio “denominado iniciativa social frente al desempleo y las consecuencias de la recesión”, que requiere mayor atención de mi parte y que la tendrá en breve.

Pero la grave situación -según datos ofrecidos por Cayo Lara del CGPJ, 51.975 ejecuciones hipotecarias de enero a junio de 2010, cifra que alcanzará los 100.000 en Diciembre; el pasado año ya se cerró con 93.319 embargos, un 59% más que en 2008- en la que se encuentran miles de familias desposeídas para siempre de sus ahorros, propiedades y resto de bienes, cuando los hijos de Pato de economistas financieros, banqueros y políticos nos dicen cada dos por tres que la crisis es transitoria y que tras la tormenta saldrá el arco iris…mientras se ceban legal pero injustamente con cuantos se han visto pillados con el paso cambiado a quienes no contentos con cambiarles el paso, les quitan los zapatos, y para que se jodan aún más, les amputan los pies, haciéndoles más difícil salir de la crisis… me obliga a tratar el tema por separado.
Porque, eso es lo que les ocurre a los votantes en la octava potencia económica mundial o la vigésima en calidad de vida, que quedan fuera del mercado laboral sin ingresos, que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca, que los malnacidos de los bancos sin piedad les embarga, desahucia y finalmente subasta el inmueble sobre el que pesaba la hipoteca cuya puja raramente alcanza el valor contraído cuando se adquirió – de ello ya se ocupa otra rama del sector financiero- por lo que el banco echa mano del resto de bienes en su día exigidos como aval, hasta que se liquida el importe total de la hipoteca. Cuando uno tiene todo esto presente le dan ganas de gritar ¡Que vuelvan! Que vuelvan los ¡Gran Política!

La aplicación de esta medida, tiene ciertamente el riesgo que denomino “Defecto sonajero”, cuál es, el de a la mínima, tirar las llaves y ¡Ahí te quedas! que puede propiciar graves crisis como la de las hipotecas basura. No obstante, el espíritu de esta medida que ya se aplica en EEUU o Francia, puede recogerse con las debidas cautelas como, por ejemplo, limitarla a los hogares o más restrictivo aún, a la primera vivienda, para evitar que una familia entera se vea en la calle por estos motivos en un país tan democrático como España en el que sus gobernantes se afanan por cumplir los mandamientos constitucionales como el expresado a una vivienda digna en su artículo 47.
Dos leyes habrían de modificarse de inmediato para hacer posible una devolución más humana de la deuda, a saber: la Ley Hipotecaria, para que “sólo el bien hipotecado responda como garantía del pago del crédito concedido” y por otro, se incluiría la dación en pago en el Código Civil como “procedimiento preferente” para liquidar los impagos de un crédito. Además, IU demanda una Ley de “Endeudamiento Familiar”, a fin de que las familias no puedan entramparse de forma ilimitada. Y yo añado que, el Gobierno de turno, en lugar de dar nuestros impuestos a los usureros para que nos arruinen con ellos… ¡que se lo den a las familias! para que estas hagan frente a la hipoteca y más adelante para que a los ciudadanos no nos haga falta mendigarlo a esos indeseables. Como diría Rouco Varela y Benedicto XVI ¡Muerte a la banca! Y ¡Viva la familia!