Tengo especial devoción por Coca-Cola como marca y como marketing. Sus anuncios son pequeños tratados de humanismo, sociología y cultura, todo en uno, que retratan y ensalzan la naturaleza común de las personas al margen de sus orígenes y proyectos vitales. Eso explica, visto sin prejuicios, por qué es el emblema más universal. La última campaña es un rizo intelectual, burbujeante, entre una propuesta obvia y otra intercalada: sitúa a las sillas (a las que autodenomina “el poder”) como el enemigo que nos condena al sedentarismo y la obesidad, por lo que nos invita a la rebeldía de levantarnos para emprender una vida sana. De ahí deriva al mensaje, netamente subliminal, “¿Y si nos levantamos?”, que suena en su contexto levantisco a una incitación al alzamiento, indeterminado y emocional, pero también orientado, sin decirlo, a responder contra las causas y los efectos de la crisis. Sí, solo es una campaña comercial, llena de juvenil ingenuidad, nada más que una actitud de insubordinación poética; pero que cae sobre el suelo fértil del cabreo social y los deseos colectivos de cambiarlo todo. Hasta donde puede, con matizada ambigüedad, Coca-Cola ofrece su complicidad en el empeño público de una gran catarsis.
El problema es que la insurrección bien entendida exige algo más que sentimientos de indignación y abstractos propósitos innovadores para otorgarle algún crédito. Derribar sillas, sillones, tronos y poltronas -odiosos símbolos del poder- sería apasionadamente inútil si no previéramos desde ahora el resultado de que las mismas sillas, sillones, tronos y poltronas volverán a estar ocupados por otros líderes que nos llevarán a parecidos o peores desastres que el actual. ¿Y qué hacemos después de levantarnos?, esa es la cuestión, pero también cómo y a qué precio hay que llevar a cabo el cambio de nuestro sistema económico y político. De hecho, ya existe una plataforma llamada ¡En pie!, que tiene previsto rodear el Congreso español el próximo 25 de abril. Según mi percepción, coinciden dos perspectivas de futuro contradictorias en la sociedad crispada: una, de radicalismo democrático, aspira a restituir a la comunidad el control de las decisiones públicas y profundizar en la ética y la cooperación como motores de un desarrollo social más justo; y otra, singularmente revolucionaria, confía en una nueva era de soluciones socialistas al constatar el fracaso definitivo del modelo capitalista y también de la democracia representativa. Las dos tienen miedo.
Las formas y el fondo
No conozco ninguna sociedad equilibrada dispuesta a lanzarse a la aventura de la ruptura del sistema. “La solución es un estallido”, declaraba hace poco L. E. Aute. Para que una sublevación sea factible se necesitan tres factores: que la mayoría no tenga nada que perder, que la angustia y el rencor se retroalimenten hasta resultar insuperables y que el futuro sea tan desesperado como el presente. ¿Está dispuesto nuestro artista a perder los privilegios de su acomodada vida? Lo que parece es que hay unas ganas irresistibles de echar abajo el orden actual, pero hasta ahora nadie ha concretado la alternativa que debe sucederle. ¿Qué fue del 15-M? Es algo infantil afirmar vehementemente lo que no se quiere y no saber con certeza lo que se desea, lo que indica que a nuestros objetivos de transformación aún les falta madurez.
Así que, de momento, todo queda en zarandear a los poderes y ejercer pequeños pero trascendentes quebrantamientos de la ley. Jueces, bomberos, policías, cerrajeros y funcionarios se niegan a participar en los desahucios. Algunas instituciones han amenazado (¿o chantajeado?) a los bancos con retirar sus depósitos si ejercen el desalojo de viviendas. Y es probable que la presión social vaya en aumento hasta provocar situaciones límite. En este punto la clase dirigente debería adoptar una actitud menos defensiva y asumir los inconvenientes de los alborotos como tributo a sus errores y como válvula de escape de la cólera ciudadana.
La táctica de los escraches (protestas masivas centradas sobre el domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar) no sería un problema si se reconociese la desigualdad del sufrimiento de los desahuciados con su miseria y los políticos con las protestas. El padecimiento de los gobernantes está implícito en la naturaleza de sus cargos y su salario. El riesgo de este tipo de acoso estriba en que la heterogeneidad de los manifestantes conlleva un cierto descontrol: al final, un exceso o episodio violento puede ser, por las formas, letal para el fondo y razón del ejercicio del reproche personalizado. En todo caso, el debate no está en la legalidad o no del escrache, sino en los motivos y sentimientos colectivos que han activado a este tipo de reacciones agresivas. Ver a políticos culpables zaheridos por las masas es al menos un espectáculo compensador del dolor de los pobres y parados. Una vez más el PP y los poderes mediáticos afines alteran la carga de la prueba criminalizando a airados ciudadanos: el victimismo político frente al pueblo enfurecido es un sarcasmo. Triste gobierno es el que no tiene más defensor que la policía.
La rebelión de los viejos
Los movimientos de protesta serán tanto más radicales cuanto más dura y duradera sea la crisis con sus injusticias y la clase política con su incompetencia y corruptelas. Está por ver hasta qué punto llegan a desafiar los equilibrios del sistema y si produce, como se desea, una aceleración imparable de las reformas democráticas y económicas. ¿Y si a los meritorios grupos contra el desahucio se les uniera un colectivo aún más potente? El de los viejos, jubilados y pensionistas, por ejemplo. Estas personas constituyen una mayoría social, tienen poco que perder en razón de sus reducidas expectativas, les sobra tiempo, poseen experiencia, acumulan mucho conocimiento y podrían están dispuestas al sacrificio por sus hijos y nietos. Son los máximos indignados, no solo porque los recortes sociales se han cebado sobre ellos, sino también porque perciben las injusticias y los abusos de la crisis con más criterio y desde valores más profundos que los que manejan nuestros jóvenes.
Si los viejos se lo propusieran, organizándose en ámbitos específicos (sanidad, servicios sociales, entidades financieras, partidos e instituciones) paralizarían el país y llevarían el sistema al caos. ¿Cargaría a pelotazos la policía contra un escrache o boicot protagonizados por una multitud de ancianos? ¿Se atrevería el Gobierno a enfrentarse a tantos millones de votantes? ¿Qué podría hacer el sector bancario si las personas mayores decidieran vaciar sus libretas de ahorro? Mucho cuidado con esta gente porque su poder de agitación es potencialmente más poderoso que el de todos los sindicatos y grupos cívicos juntos. Quizás decidan pasar de espectadores pasivos de los sufrimientos de sus hijos y de la incertidumbre de sus nietos a activistas de la refundación económica y política: perdida toda esperanza, poco importa perder el pudor a la algarada y el miedo a terminar machacados.
La marea contenida de la rebelión democrática goza de apoyo popular y es mayoritaria. Se trata de una fuerza imprecisa e incluso contradictoria; pero su capacidad de liquidación del sistema es muy potente. Nos estamos aproximando a un punto sin retorno y si quienes tienen que incorporar soluciones justas (trabajo, solidaridad, ética empresarial y responsabilidad política) no proporcionan esperanza, entonces, sí, y no al modo pueril de Coca-Cola, habrá llegado el momento de levantarse. Hoy se advierte la amenaza. Mañana, la certeza. ¿Revolución? Qué extraño, si solo se trata de que se cumpla la voluntad del pueblo soberano.
