Desmarcados

“Los de la tele van a forrarme”, ha anunciado José Bretón, verdugo de sus dos hijos de corta edad a los que hizo desaparecer en una hoguera. Al parecer, ha recibido sustanciosas ofertas económicas a cambio de entrevistas y reportajes. Suena creíble, porque hay un modelo de televisión coherente con la propuesta de presentar a este asesino en el centro del escenario, como hay millones de personas dispuestas a seguir sus palabras sin el menor reproche de conciencia. Y es imaginable ver a Mercedes Milá en el papel de conductora de un programa con ese demoledor contenido. Tal vez haya que esperar un año para que la estrella de Bretón brille en Telecinco; pero, salvo que antes se establezca por ley -y por decencia- la prohibición de que sujetos infames se conviertan en figuras mediáticas, veremos al criminal en la pantalla bajo la excusa del interés periodístico. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar Vasile por la exclusiva de la confesión pública del parricida y el relato salvaje de cómo mató a los niños y los convirtió en cenizas? Una legión de periodistas, asociaciones y medios justificarían este scoop por encima de toda repugnancia deontológica.

Concernida por la culpa y los antecedentes (“excusatio non petita accusatio manifesta”) la directora de comunicación de la cadena berlusconiana, Mirta Drago, se ha apresurado a advertir al condenado “que no cuente con los canales de Mediaset” para su empeño de gloria y dinero. Como la neutralidad es cobardía y puesto que la telebasura jamás ha acatado las normas de autorregulación, es hora de señalar una rotunda línea roja para que un asesino de menores y sus allegados jamás protagonicen una emisión en los medios. Lo prohibitivo es consustancial a la libertad, al tiempo que una sociedad con autoestima no puede aceptar que la ambición comercial destruya el mínimo común ético. La Ley General Audiovisual o el Código Penal esperan para dar cobijo a esta protectora frontera. La alternativa es la furia del boicot publicitario. ¿Bretón forrado y redimido por la tele? Ni por el forro.

 

 

Edward Snowden no es el protagonista de una película de espías como las autoridades norteamericanas nos quieren hacer creer. Las peripecias del caso pertenecen al realismo contemporáneo con una visión aterradora del mundo sometido a la merma y tutela de las libertades individuales y colectivas (empezando por el secreto de las comunicaciones) cuyo propósito es garantizar la hegemonía política, económica y militar de los Estados Unidos. Las películas de espionaje, en todo caso, no serían más que ensayos justificativos, de corte heroico, que avalarían ante las masas el derecho de arbitrariedad que asiste al país dominante en su designio histórico de preservar la democracia y garantizar la seguridad frente a las amenazas del terrorismo. Al fondo se percibe, nítido, un mensaje redentor.

            En esta trama hay buenos y malos, tan desdibujados por el sesgo de la información que puede inducirnos a error en la calificación de sus conductas. Hay también actores secundarios, como Evo Morales, vilipendiado en su condición de jefe de estado en un sainete aeronáutico indigno de las democracias europeas. Por muy antigua y sistemática que sea la vigilancia estadounidense sobre los gobiernos, las empresas y los individuos, esta historia traerá consecuencias y movilizará al mundo, porque si internet facilita y universaliza el espionaje, también permite que la respuesta defensiva vaya más allá del fatalismo conformista con el que tradicionalmente nos hemos tomado el espionaje de las agencias americanas.

            Uno de los protagonistas es un viejo conocido, el discurso paradójico de la libertad, según el cual es inexcusable que los ciudadanos asuman ciertas limitaciones de sus derechos para hacer posible la supervivencia del modelo democrático frente a la acción de sus enemigos, específicamente el terrorismo. Es el cínico mensaje del miedo, tan podrido y falaz hoy como en el período de la guerra fría. Lo ha admitido el presidente Obama, desenmascarado como paladín del cambio ético, al decir que «uno no tiene que sacrificar su libertad para lograr seguridad” y añadir con demoledora indecencia que “eso no quiere decir que no haya precios que uno tenga que pagar por algunos programas”. Claro, uno de esos programas es PRISM, técnica secreta de vigilancia electrónica desarrollada por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) desde 2007, mediante la que se ha husmeado a millones de personas y a los gobiernos nacionales, incluidos los aliados europeos. En esta entidad oficial, además de en la CIA, trabajó el joven Edward Snowden antes de que decidiera exilarse en Rusia y denunciar el escándalo de la vigilancia universal.

No es la democracia lo que está en juego, sino la estrategia del control absoluto, generadora de odios, especialmente entre Oriente Medio, de los que se nutre el terrorismo islámico y su victimismo. Este es el punto de partida de la cadena delictiva de un sistema que no admite ser cuestionado y que por perpetuarse se atreve con la instauración efectiva del Big Brother, terror imaginado por Orwell en su novela 1984. ¿Qué derechos democráticos nos quedan en un régimen de libertad vigilada?

 

Los esbirros

Todo sistema abusivo tiene, además de los medios coercitivos, a sus valedores intelectuales para el ejercicio de la propaganda sedante. En el mundo hispánico es Mario Vargas Llosa quien ejerce de rapsoda del Pentágono. Un esbirro con habilidad dialéctica, como un mago con la chistera, aspira a hacernos creer que la realidad es un espejismo y que los malos son los buenos y los héroes, traidores. En un reciente artículo (El País, 14 de julio), el Nobel peruano hacía suyo el embuste argumental de la libertad restringida, al decir que “por desgracia, mientras existan guerras, los peligros de las guerras y un terrorismo religioso e ideológico que provoca a diario los estragos que sabemos, es prácticamente imposible que los Estados democráticos renuncien a una actividad de la que podrían depender en buena medida la seguridad, políticas eficaces contra la repetición de tragedias como las de las Torres Gemelas o de la estación de Atocha”. ¿Y cómo es que el precio de nuestra privacidad no sirvió para prevenir aquellos y posteriores ataques? La historia nos enseña más que la ingenua ficción del novelista: unos pocos enemigos son la excusa del poder con vocación totalitaria para sostener la vigilancia sobre todos.

            Vargas, revestido con el manto de juez supremo, se ha ocupado, primero, de socavar la gesta de Snowden por “haber roto su compromiso de confidencialidad que tenía contraído con el Estado para el que trabajaba” y, después, amonestar a cuantos hemos ponderado la rebelión del joven analista, al que reprocha no haber recurrido a la denuncia ante la justicia: “¿Por qué Edward Snowden no optó por este camino legítimo, en vez de violentar a su vez la legalidad y convertirse en un instrumento de regímenes autoritarios y totalitarios que se valen de él para atacar el “imperialismo” y rasgarse las vestiduras en nombre de una libertad y unos derechos que ellos pisotean sin el menor escrúpulo?”. Hay que ser muy cínico para soslayar el sacrificio personal de Snowden, quien ha roto su vida para siempre por hacer el favor al mundo libre de revelar las prácticas criminales del gobierno americano. En el colmo del paroxismo inquisitorial, el escritor sentencia que “ni Edward Snowden ni Julian Assange son paladines sino depredadores de la libertad que dicen defender”. Los juicios absolutos de Vargas Llosa nos devuelven a épocas predemocráticas, cuando la libertad era la osadía de los siervos.

Los cómplices

            De la denuncia de Snowden se desprende, además de que Obama es igual de corruptor de la libertad que sus predecesores, la nula fiabilidad que para los usuarios de internet poseen las grandes marcas de comunicación, como Google, Microsoft, Apple y Facebook, que han reconocido su participación activa en el montaje y sostenimiento de la red de espionaje de la NSA. Lo que queda demostrado es que no existe la mínima posibilidad de privacidad en los entornos digitales y que a medida que el mundo avanza en recursos tecnológicos retrocede en libertades fundamentales, lo que nos lleva a deducir un futuro bajo el terror de estar permanentemente observados.

            La complicidad de estas y posiblemente de otras muchas empresas de telecomunicaciones en la red mundial de espionaje nos indica que nada ni nadie dentro del sistema actual es confiable y que en un entorno democrático tan podrido solo se podría sobrevivir con cierta dignidad a costa de asumir cierto aislamiento digital y de reducir el uso habitual de las tecnologías de comunicación. La privacidad, si es que todavía vivía, ha sido asesinada. Los únicos seres humanos felices serán quienes prescindan de las telecomunicaciones, puesto que no hay nadie que no tenga secretos y vida reservada.

            Si se han preguntado por qué al mismo tiempo que avanzan los métodos de vigilancia y control se incentiva la aniquilación de la intimidad individual, sepan que lo uno y lo otro, el espionaje masivo y la degradación de la privacidad, son parte del mismo proyecto deshumanizador y liberticida. ¿Qué le puede importar a una persona que escudriñen sus correos y mensajes, si expone cada día su intimidad en las redes sociales? Varias generaciones de niños y jóvenes están aprendiendo a renunciar a su vida privada e identidad personal para la posterior aceptación de la censura de su libertad. A los adultos solo nos queda no sucumbir, por estupidez o desestima, al efecto contagio.

Vasile es italiano y por algún motivo táctico ha aceptado enmudecer para siempre El Gran Debate de las noches de los sábados. Para el negacionismo informativo del PP, en huida desesperada, era indispensable que cesara el grito de la indignación contra el paro, los desahucios, la corrupción política, las estafas bancarias y los recortes de derechos, todos esos justos y airados reproches que tienen como diana a un gobierno obsesionado con la austeridad. Desde Moncloa han maniobrado, influido y conspirado, incluso han amenazado con represalias, para que la cólera de la gente no tuviera tan potente altavoz y Rajoy pudiese respirar mientras aguarda que algún brote verde le rescate del derrumbe histórico.

¿Qué espera conseguir Vasile con esta cesión estratégica? En realidad, la jugada es múltiple con cinco bazas ganadoras. Primero, se garantiza una disposición favorable del Gobierno para desenredar el mercado audiovisual, complicado por sentencias judiciales contra las fusiones y el redimensionamiento de la TDT. Segundo, desactiva a la competencia dejando sola a La Sexta con la imitación de su debate. Tercero, se asegura una fuerte inyección de publicidad institucional para otoño. Cuarto, reposiciona su errática línea editorial ante la presión de sus accionistas, que le exigen mayor sintonía con el proyecto del PP. Y quinto, salva el chantaje del regreso de la publicidad a TVE, con el que amagó el Ente estatal. Cree, además, que la fórmula del diálogo de actualidad está agotada después de seis años de La Noria y su finiquitado sucesor.

Se equivocan don Paolo y don Mariano.Si las discusiones de la tele callan, la ira se trasladará a la calle con virulencia. Hace falta que el enojo social se canalice en los medios y se exhiban en la picota digital los culpables del empobrecimiento. Alguien tiene que desentrañar con criterio las verdades y mentiras de la crisis. Euskadi tiene mayor conciencia política -aunque algo resentida- gracias a ETB y sus debates de mañana, tarde y noche, mientras España padece una democracia afónica.

No veo motivo de escándalo que Lucía Etxebarria se haya apuntado a Campamento de verano, el último reality de Telecinco, donde se han reunido una docena de frikis -desde la masturbatoria Olvido Hormigos a Karmele Marchante, pasando por la madre de Jesulín- con el propósito de provocar en ese encierro pasiones y odios lo bastante explícitos como para captar el interés de la plebe sedienta de emociones. ¿Qué tienen hoy de mágico los escritores o cualquier artista que expone su obra u ofrece conciertos? Son igual de vulgares que un taxista o un cartero: orinan y defecan como todos y, por supuesto, se sientan cada día delante del televisor para ver las noticias, fútbol y programas basura. Conscientes de que han perdido su superioridad estética, ya no nos miran con la altivez de antaño; ahora se arrastran por los platós suplicando un mendrugo de notoriedad audiovisual.

             La diferencia entre un friki y Etxebarria es el argumentario. Ambos acuden a la tele por dinero; pero la ganadora del Nadal y el Planeta es capaz de añadir cierta épica de disimulo. Lucía se ha agregado al reality porque tiene deudas fiscales. No es por la pasta, no se confundan: es contra la injusticia de Montoro, que quiere embargarle la casa. En esto la novelista recurre al pecado más literario, el cinismo, la incoherencia autojustificada. Y para acreditar su aventura cutre en la pantalla, emitió al mundo un mensaje atormentado: “Ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida. La tomé por mi hija”. Lo dicho, un poco de heroísmo de madre y una pose de damnificada del sistema dan para convencer de su hazaña en el estercolero.

             En pleno paroxismo garbancero, Giménez-Arnau dictó sentencia: “Ofreces silla a los intelectuales en un reality y vienen todos”. Después de la pionera Lucía, ¿por qué no imaginar un Gran Hermano con escritores? Siempre hubo rivalidades: Lope odiaba a Cervantes, Quevedo a Góngora, Sartre a Camus, Hemingway a Faulkner… Se lanzaban sátiras y poemas burlescos y el pueblo se entretenía. Ni versos ni filípicas: hoy solo tendrían que enseñar el culo.

En la retórica política, tan rica en disimulos tácticos y retorcimientos de la verdad, reforma es la antítesis de cambio. O dicho más claramente: reforma se entiende como el remiendo aplicado a un problema al que no se quiere dar solución por incapacidad o conveniencia. El Estado español se parece a un vecino que para resolver las goteras de su casa ordena pintar paredes y techos humedecidos sin afrontar la causa de las filtraciones. Por eso es el país de la chapuza, por su impotencia en afrontar las transformaciones radicales y por su pusilanimidad en la gestión pública. El PP es custodio de ese viejo espíritu quietista que todo lo detiene y que, como máximo, se limita a administrar mezquinamente las averías de un sistema arcaico, amparado por los miedos y la resignación de su gente. España no quiere cambiar, sumido en un bucle de autoengaños y desengaños que se retroalimentan.

 Reforma y no cambio fue la transición que llevó al Estado de una férrea dictadura a una democracia en precario, dejando sin enmienda el modelo autoritario e impunes sus crímenes. Reformas cosméticas fueron los procesos de adaptación de los cuerpos militares y policiales franquistas al sistema neodemocrático resultante, salvando sus responsabilidades genocidas con una oportuna amnistía, unida al terror inoculado durante cuatro décadas. Reforma y no transformación fue lo que siguió al Estado franquista, que conservó los poderes locales y regionales adaptando su nomenclátor. Fueron reformas sucesivas diseñadas para ocultar la podredumbre de un Estado caduco e impedir una auténtica renovación, eternamente aplazada.

 Ahora, el Gobierno de Rajoy nos sirve un nuevo episodio del clásico afán remendista con la Reforma de las Administraciones Públicas, recogida en un mamotreto bajo el encabezamiento de CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), cuya lectura permite adivinar los objetivos ocultos de esta empresa (“épica”, en palabras de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría) y sus propósitos recentralizadores con la útil excusa de la crisis. De este plan acaparador forma parte la anunciada y pretenciosa Ley de Unidad de Mercado, que no pasa de ser un potente aspirador de competencias autonómicas. ¿Unidad de mercado? No, unidad de destino. Como España nunca aceptó de buena gana la descentralización y siempre la consideró concesión acomplejada de un Estado débil a los nacionalistas vascos y catalanes, cree llegada la hora de rescatar poderes para Madrid, de los que se considera legítimo dueño sin acreditar título otorgado por la ciudadanía a lo largo de los años. El viejo Estado quiere reciclarse retrocediendo sobre su historia y tratando de encontrar en este ensimismamiento remedio a su pobreza y fracasos.

 La nueva LOAPA

 En esencia, la reforma presentada es un hábil y pernicioso proyecto de derribo del sistema autonómico, inducido por el sentimiento mayoritario español, a su vez fundado en la incultura y la desidia, según el cual la ruina y el paro tiene su origen en un Estado multiplicado por diecisiete que despilfarra sus recursos de forma irracional y provoca la creación de una casta política incompetente y ratera. La frustración de la democracia averiada mira con ira a sus autores y se dispone a participar en el aquelarre de su sacrificio público. Estamos, en lo fundamental, ante la instauración de una nueva LOAPA, pero bajo una estrategia distinta a la desarrollada en 1982, que fue resultado del éxito parcial del golpe militar producido un año antes.

 El PP quiere conducir la poda autonómica de manera más sutil, pero no menos enérgica que entonces. En vez de entrar a saco el Gobierno central plantea una apariencia de leal negociación con las administraciones periféricas a fin de llegar a un pacto en la rebaja de costes, eliminación de lo obsoleto, fin de las duplicidades, simplificación operativa y reducción de empresas públicas, todo ello virtualmente muy racional y lógico, pero cuyo destino es fortalecer el Estado unitario a costa de debilitar los poderes territoriales. En este empeño subrepticio no tendrá dificultades con los suyos; sin embargo, lo que parecen ser meras propuestas, como la supresión de los tribunales de cuentas y los defensores del pueblo, son órdenes ejecutivas que se llevarán a cabo por las buenas -su sumisa aceptación- o por las malas, mediante leyes orgánicas de obligado acatamiento. El autogobierno vasco, como el catalán, se enfrenta al más agresivo desafío centralista en treinta años, quizás definitivo.

 Hoy son innecesarios el ruido de sables y los tanques de Milans del Boch: basta con el desempleo, la frustración democrática y el apoyo informativo de los grandes grupos mediáticos para socavar los derechos de los únicos pueblos del Estado que exigen libertad para promover su destino y saben gestionar con criterio sus bienes. Que los invitados al “café para todos” no deseen ahora autoadministrarse y prefieran el menú único estatal es muy respetable; pero que, de paso, pretendan menoscabar la dignidad nacional de otros, merece una respuesta rotunda, intensamente defensiva.

 Y mientras en Madrid se urde el ataque al autogobierno, se demoran las duplicidades administrativas más obvias, como la reducción de los efectivos policiales en Euskadi, donde sobran unos 4.000 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional y cuyo repliegue ahorraría a España cientos de millones de euros y no pocos disgustos a los ciudadanos vascos. Esta situación desmiente la coherencia del proyecto de racionalización del Estado, porque si un absurdo factor simbólico (la salida de los cuerpos de seguridad españoles entendida como una derrota política) es más importante que la prioridad de la eficiencia pública, todo en él es arbitrario e impostura.

 El mal ahorro

 El ahorro no es el bálsamo de Fierabrás que todo lo remedia. Este es el otro trágico error de la Reforma de las Administraciones Públicas, una falsificación conceptual, porque el primer objetivo de todo proyecto de eficiencia es hacer más y mejor las cosas, en el menor tiempo posible y con los menos recursos disponibles, de lo que se deriva, como consecuencia natural, un ahorro económico tanto más considerable cuanto mayores sean los defectos a corregir. Sin embargo, Rajoy ha puesto en el frontispicio de su reforma el ahorro, descuidando lo esencial, la solución concluyente a la pésima calidad del funcionamiento del Estado y su histórica irracionalidad funcional.

 El propósito administrativo del Gobierno central es recortar, un contraproducente objetivo económico, lo mismo que ha dispuesto en educación, sanidad, protección social, infraestructuras, cultura, empleo y derechos públicos. La deuda como razón de Estado y como mandato europeo. Es el mal ahorro, el que lejos de reducir gastos resulta más oneroso. Es la estrategia servil de España, vencida a los mercados y al poder financiero. ¿Eficiencia, calidad, cooperación, gestión horizontal, valor, coordinación o trabajo en equipo? De todo eso, que es lo importante, no se habla en el CORA, porque el Estado no aspira a cambiar, ni de mentalidad ni metodología, sino a maquillar su caducidad en una gigantesca operación chapucera.

 Lo peor en los inicios del autogobierno fue caer en el contagio de un Estado inoperante, reproduciendo no pocos de sus defectos de modelo. Aquella improvisación ocasionó enormes ineficiencias que aún seguimos costeando. Más allá de lo que haga España en sus asuntos, Euskadi tiene que emprender con rigor autoexigente la reforma completa de su administración pública y dotarse de una nueva arquitectura interna, así como de un avanzado sistema de gestión cualitativa, coherente con la diversidad territorial. No es una cuestión de leyes, sino de personas e ideas. Y es urgente.