De obligado incumplimiento

La democracia es un sistema imperfecto, una poliarquía abierta sin más alternativa que su reforma continua hacia el ideal de libertad y cuyos peores enemigos están en el interior de sí misma: los sumos sacerdotes que la fosilizan en instituciones intocables, la despótica tutela. Un régimen estancado en sus viejas reglas y dominado por el superpoder económico y el control de la información nos conduce a la frustración del sueño de la justicia y la igualdad y de ahí a la apatía social y la tentación totalitaria. La indignación popular que hoy se manifiesta tiene que ver, más que con la búsqueda de culpables de la crisis y la miseria resultante, con la demanda de una democracia verdadera, reconstruida sobre las prioridades humanas y fiel a la ética y la autenticidad como signos de liderazgo. La gente quiere mandar y no sabe cómo porque la han forzado a odiar la política y sus estrechos cauces participativos. Estamos ante el impacto de movimientos de ansiedad democrática, tan cargados de razón como de ira. Cuidado.

La expresión más clara del fracaso del modelo democrático es el descuido de las leyes, cuando estas dejan de observarse, tanto por los gobernantes como por los ciudadanos. La calidad política se mide con arreglo a dos criterios bien sencillos: el grado de respeto a las normas y el nivel de ejemplaridad de los dirigentes públicos. Lo uno tiene que ver con lo otro: no se le pida adhesión al vecino cuando la autoridad se extravía en su conducta. España y Euskadi son dos ejemplos de sistemas deteriorados en los que, por diferentes motivaciones, se practica el obligado incumplimiento de la ley.

Definamos el concepto en sus dos niveles. En España el incumplimiento se refiere a la negligencia calculada en la aplicación de las leyes por invocación de la razón de Estado, de forma que la suspensión del Derecho adquiere el valor de perversa victoria frente a quienes son percibidos como enemigos de la patria. Y en Euskadi es el síntoma de la insostenibilidad de algunos preceptos respecto de la realidad social y no tanto un arbitrario desacato, con lo que cierta insubordinación evita más problemas de los que produciría el estricto respeto de las reglas. Hay una gran diferencia entre violar la esencia ética de las leyes y rechazar normas sobrepasadas por una comunidad cabal.

España no cumple

La democracia española nació de mala madre, la dictadura autotransformada e impune. Y de este origen ilegítimo devienen casi todos sus males, algunos corregidos sobre la marcha y otros, los más graves, pendientes de reparación. La insuficiente autocrítica del sistema y su autocomplacencia impiden que el relevo generacional lleve a cabo una honrosa renovación y revoque las incoherencias heredadas. España presenta brutales excepciones en el respeto de sus propios principios. Y no me voy a remitir al terrorismo de Estado, visualizado en los GAL, la violencia policial tolerada y los numerosos casos de tortura. Me refiero a  la actitud levantisca contra los derechos que amparan al preso Josu Uribetxebarria de la que han hecho gala autoridades y estamentos judiciales. El espectáculo ha sido bochornoso. Por un lado, un Gobierno acomplejado y torpe ante un deber inexcusable, frente al que no ha dudado en contraponer la repugnancia por los delitos cometidos por el ex militante de ETA para retrasar la excarcelación del enfermo. ¿Desde cuándo la ley democrática tiene que humillarse a la irracionalidad de las organizaciones de víctimas y los poderes mediáticos que amparan sus arrebatos? Y por otro, una administración judicial que ha proyectado en sus discordantes decisiones la pugna entre la legalidad y los más innobles sentimientos de venganza y rencor. ¿Y quién sale vencedor de estas miserias? Naturalmente, el victimismo oportunista de la izquierda abertzale y esa mayoría española en la que aún no ha penetrado el civismo y la disciplina moral.

¿Y qué decir de la inobservancia por el Gobierno central de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que recusaba la doctrina Parot, ferozmente aplicada a la reclusa Inés del Río y a varias decenas de presos que siguen privados de libertad? El ministerio del Interior ha optado por la desobediencia con artimañas, prolongando esta perversa línea jurisprudencial que anula los beneficios penitenciarios inherentes a todo condenado. Se trata de otro indecente episodio del obligado incumplimiento legal, como también lo es, y no menos grave, que se niegue a Euskadi la transferencia de la política de prisiones prevista en el Estatuto de Gernika. De la metódica violación de las leyes se llega a un estado de injusticia e iniquidad que contamina de desesperación a la ciudadanía.

Dos retratos más de la impunidad democrática española: El macroproyecto Eurovegas, en Madrid, donde se promete un conjunto de exenciones normativas, privilegios fiscales y privaciones de derechos laborales para facilitar su implantación. Y el hurto en supermercados y la ocupación de propiedades en Andalucía, acciones en las que han  participado algunas autoridades sin que estas reciban la debida respuesta penal y el correspondiente reproche social. España es una juerga de autodesprecio.

Y Euskadi incumple

Las instituciones vascas también participan del destrozo legal, inducidas por las abrumadoras diferencias existentes entre Euskadi y España, especialmente en el terreno de los signos, cuestión no menor. El obligado incumplimiento se produce en la llamada ley de banderas, una norma que pasa por encima de la realidad política y no considera el rechazo que provoca una enseña heredada de la dictadura, un recuerdo insuperable. La desobediencia vasca, hasta donde es posible mediante astucia, no es otra cosa que el síntoma de dos contradicciones: que, más allá de las rotundas aspiraciones soberanistas, Euskadi aún forma parte del Estado y que, por encima de las apariencias, la unidad de España es una farsa chusquera. Es penoso ver a las funcionarios rojigualdos realizando el escrutinio, pueblo a pueblo, de los balcones que no tienen colgado el estandarte y reclamando la imposición manu militari de la norma.

Como no todo es culpa de los otros, interesa subrayar la situación surrealista en la que incurren las fuerzas abertzales por simultanear el rechazo a España con la continuidad de vivir resignados bajo su dominio. Se percibe cierta indolencia a la rebeldía democrática y un activismo menor que el que correspondería con el anunciado de las aspiraciones soberanistas. Es preciso que el nacionalismo vasco tenga un mayor atrevimiento para romper con el Estado y dotarse de un marco propio. El nacionalismo no es un amago o promesa de soberanía, sino una afirmación de su viabilidad.

Quizás es que existe entre nosotros una excitante afición al Pase Foral («se acata, pero no se cumple«), pero su uso es un contrasentido democrático. Esta pertinaz negligencia es un vivir en un limbo jurídico, residual y nostálgico de antiguas formas de independencia que no tienen encaje en nuestra época. Las leyes están para cumplirse o, en su defecto, ser sustituidas por un modelo alternativo. Es ridículo firmar contratos que las partes planean vulnerar. Tal proceder conduce al menoscabo del sistema de libertades y nos involucra en una cultura sociopolítica basada en la trampa y la frivolidad. Va siendo hora de que Euskadi baje del autobús donde los españoles cantan tontamente: “vamos a contar mentiras, tralará”.