El repentino cambio de posición gubernamental tipificando como delito la conducción temeraria al extremo de acusar de homicidio a los causantes de accidentes mortales, resolución que evidentemente va en contra de los intereses de la todopoderosa industria petrolera del automóvil, me ha hecho sospechar que, detrás de esta medida, como en el caso de las drogas, los inmigrantes ilegales, los manteros y resto de leyes, no hay tanto deseo de corregir el fenómeno, cuanto de lucrarse con él por medio de intermediarios testaferros que inviertan en la prometedora industria de la seguridad, mantenimiento y construcción de centros penitenciarios, pues como sabiamente acertara a advertir el Exministro Asunción al ser interpelado por la crisis de la cárcel como método de reinserción social “¿Crisis? ¿Qué crisis? ¡Cada vez hay más!” De seguir por este camino, en breve veremos enchironar a Okupas, dueños cuyas mascotas dejen sus costas en la vía pública, amigos de las descargas en Internet y a fumadores compulsivos, que con algo hemos de llenar el vacío dejado por la supresión de la ley contra “Vagos y maleantes” y cuantas permitían llevar al calabozo a blasfemos, maricas o traidores a la patria. El caso es, que haya necesidad de cárcel.
En la actualidad hay más de 90 prisiones oficiales – hay cárceles secretas y disfrazadas de centros de internamiento para extranjeros y reformatorios para menores, sin contar calabozos militares – que albergan a una población no inferior a 80.000 reclusos. Esta realidad intramuros esconde además de torturas, vejaciones, crímenes y nuestra hipocresía social, un gran negocio privado a cargo de las cárceles públicas que mueve miles de millones de euros y no pocos intereses de empresas españolas de enorme prestigio internacional dedicadas a maquinar mecanismos de seguridad como torres de vigilancia, cámaras de infrarrojos, aparatos para escuchar en el tumulto, alarmas, e instrumentos como porras eléctricas, esposas, grilletes… y de cuantos gremios intervienen en su mantenimiento, empezando por el grueso de funcionarios que ha de hacerla funcionar en tres turnos de mañana, tarde y noche, psicólogos, cocineros, suministro, electricidad, etc.
¿En qué quedaría el presupuesto dedicado a la construcción, equitación y mantenimiento que supone los centros penitenciarios si de pronto se dejara salir por ejemplo a esa pobre gente encarcelada por estar sin papeles o esa otra, cuyos delitos sean la pequeña posesión de droga o sin ser de sangre estén relacionados con ella? ¡Mejor no pensarlo! Curiosamente, la respuesta sería la misma de plantearse la cuestión ¿Y si sólo fueran a prisión los culpables de delitos de sangre, de corrupción, de delitos económicos, contra la propiedad pública, por estafa alimentaria, por explotación laboral…? Si la respuesta a las preguntas anteriores es sencilla, la solución a tomar no lo es.
De mantenerse la actual tendencia punitiva que recae más en pobres infelices que en los verdaderos causantes del mal, se estará ejecutando una injusticia similar a la cometida con el Conde de Montecristo siendo previsible que la venganza incubada en el resentimiento colectivo aparezca desde cualquier rincón el día menos pensado. La primera vía de solución que les vendría a la mente a quienes hacen las leyes y por consiguiente las trampas, no consistirá comprensiblemente en tirar piedras contra su propio tejado y en consecuencia, apostarían por no perseguir delito alguno; Mas como quiera que precisen de la represión ajena para desde el Poder continuar favoreciendo sus intereses, sea entonces que tipificaran como delitos un buen número de acciones condenadas moralmente por la misma sociedad que las comete con profusión verbigracia las irrefrenables ganas de tener lo mismo que el prójimo que se corresponde jurídicamente con el sacrosanto derecho a la propiedad y su castigo implacable según quien lo cometa y quién lo padezca. Ahora bien: ello, a la larga nos trae a presencia del problema apuntado; Para atajarlo, tanto al ejecutivo canalla, como al legislador criminal, como al juez cómplice, sólo se les ocurre amnistiar, condonar e indultar a los apresados decisión que no pone en tela de julio las leyes injustas que los encarcela, para de este modo, mantener la necesidad de policía que persiga el delito y parezca que se lucha contra el crimen y la delincuencia ante la ciudadanía ingenua y por otra parte, se transmita la imagen de magnanimidad al objeto de atraer hacia la autoridad además del respeto, la adhesión de los corazones. Claro que, esta actitud a la larga, socava los cimientos de la legalidad y la chusma empieza a advertir la incoherencia del sistema contemplando juzgados y comisarías como puertas giratorias. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo salvar el negocio penitenciario? Ante este panorama, los teledurmientes se sobresaltan reclamando el endurecimiento de las penas o el cumplimiento íntegro de las condenas del vigente sistema criminal…dulces compases que con complacencia son escuchados por la demagogia que escudándose en la alarma social abunda en su mezquindad como lo prueba el caso de Miguel Montes Neiro y tantos otros de los que no se sabe el nombre…Sin embargo, al mismo tiempo, sucede que la plebe, aunque haya llegado a ello a través de un camino equivocado, o por películas como “Celda 211” o series como “Los ladrones van a la oficina”, empieza a caer en la cuenta de que, en nuestras mazmorras no están todos los que son, ni son todos los que están alcanzando la conclusión de que, a lo mejor, hay más fuera que dentro. Asunto, éste sí, verdaderamente merecedor de respeto a la maléfica Trinidad del Poder que le fuerza a optar por meter a todos a la cárcel, a saber: políticos corruptos, empresarios estafadores de subvenciones, traficantes de armas, de drogas, de inmigrantes, de órganos, de niños, de mujeres, notarios colaboradores con la burbuja inmobiliaria…
Esta arriesgada apuesta por acercar la legalidad a la justicia para lavar la cara a nuestros vergonzosos Tribunales auténticos focos de inmundicia moral, supone un peaje que la clase dominante ha de pagar si quiere mantener los pingües beneficios visibles e invisibles de la realidad carcelaria. Irónicamente, quién se lo iba a decir, es muy posible que ayude a expandir los réditos del negocio penitenciario hasta límites nunca antes sospechados. Tan prometedor horizonte se lo presenta la oportunidad que supondrán las cárceles privadas imprescindibles para acoger a personas tan distinguidas y de enorme poder adquisitivo como las citadas, cuyas instalaciones ciertamente han de servir para privarles de libertad, pero también garantizarles la seguridad y atenciones que comporta su estatus social, pues la justicia no consiste en tratar a todos por igual, cuanto en hacerlo a cada cual como se merece. Y no sería nada justo que los ricos añadieran a su pena de privación de libertad la de incomodidad, mientras el resto de la población reclusa, casi se encuentran mejor que en casa a ese respecto.