En respuesta a una interpelación muy certera de Rosa Díez, en la que expresaba el actual sinsentido que supone la irresponsabilidad jurídica de Partidos y Sindicatos respecto al comportamiento individual de sus miembros en el ejercicio de los cargos públicos para los que son nombrados en sus respectivas listas, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que estas entidades dejarán de estar exentas de responsabilidades penales y pasarán a tener las mismas que el resto de personas jurídicas, porque así lo contendrá la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal, como corresponde a su auténtica naturaleza.
Asimismo, el Ministro, aun rechazando la solicitud de UPyD de impedir a personas imputadas estar en listas electorales porque stricto sensu la condición de “imputado” es una garantía procesal, no un prejuicio de culpabilidad, ha anunciado que la condición que finalmente se decida en la reforma de la Ley, servirá no sólo para impedir estar en una lista electoral que también para cesar a un cargo público sin esperar, como ahora, a su dimisión o que le deponga su Propio Partido.
Rosa Díez, se ha felicitado porque Gallardón haya recogido el guante y haya accedido a estudiar algunas de sus propuestas. Y yo me congratulo de ambos, porque hace años que vengo reclamando que las Empresas Políticas y sus accionistas los militantes, se hagan responsables, no sé si directos o subsidiarios, del comportamiento de sus altos cargos y representantes, pues si están a las maduras para recibir subvenciones y ocupar puestos bien remunerados, han de estar a las duras cuando se descubren sus corruptelas y desmanes.
En principio, constitucionalmente, el único “Perfecto Irresponsable” jurídico es Vuestra Majestad Don Juan Carlos, quien a efectos judiciales es tratado como un niño inmaduro, un deficiente mental, una persona con sus facultades mermadas a quien no se puede juzgar por sus actos, por estar, no sé si fuera de la Ley o por encima de ella, como corresponde a un Rey. Pero, una vez hemos visto que se le puede echar el guante a un miembro de la Familia Real, no parece de buen gusto que dicho privilegio se mantenga para con los miembros de la Casta Parasitaria por más tiempo, sean Presidentes, Ministros, Congresistas, Senadores o Alcaldes.
Cierto es que los políticos hacen lo que pueden por granjearse las simpatías de los distintos Poderes del Estado, evitando se procese a grandes empresarios, mirando por la amnistía fiscal de las grandes fortunas, promoviendo indultos a banqueros, dando generosas subvenciones a los medios de manipulación… empero su insignificancia para la buena marcha del sistema es de tal calibre ya, que los intereses a los que tan fielmente ha servido parlamentariamente, han empezado a contemplarles más como parte del problema que como herramienta de solución, de modo que, quieran o no quieran, habrán de transitar por la senda de la ejemplaridad, la transparencia y los valores democráticos, si es que desean subsistir en su función mediadora de capataces sociales y sobre todo, habrán de moderarse en la sustracción, de cara a que no ya el Pueblo les vea como ladrones corruptos que son, sino que no lo hagan también los amos para los que trabaja.
No obstante, de llevarse a la práctica esta medida, todavía no sería más que un desplazamiento del problema porque ¿Con qué dinero? ¿Con qué bienes iban a responder de su responsabilidad ante los Tribunales sino es con el que sale de nuestros impuestos? Si este fuera el caso, mejor sería asumir cuanto puedan sustraer como un plus necesario en su gestión para no sumar a la sangría de la corrupción política las minutas de la jurisprudencia, no vaya a ser que por litigar por diez millones de euros, la broma nos salga cien. Por eso, yo creo que debemos ir pensando en la amputación de manos para el que robe las Arcas públicas, cortar la lengua a quien mienta en el presupuesto, afeitar las orejas y sacar los ojos a quien habiendo recibido quejas de malversación sobre un miembro de su Partido se ha hecho el sordo y mirado para otro lado.